Hoy en el Pleno de Ministros
07/06/2012 Deja un comentario
El Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero no irá a prisión.
Tras conocer el proyecto de dictamen del Ministro José Ramón Cossío Díaz, que proponía consignarlo penalmente por el incumplimiento de una sentencia de amparo, Aguirre Rivero decidió acatar la orden judicial.
La sesión de este jueves inició con una notificación del juzgado que lleva el litigio por la expropiación de 25 mil 652 metros cuadrados de terrenos en Punta Diamante, en el Puerto de Acapulco.
“En cumplimiento al fallo protector, exhibe original del cheque 268 del 5 de junio del año en curso por la cantidad de 55 millones 252 mil 446 pesos con 95 centavos”, Rafael Coello Cetina, Secretario Gral. Acuerdos SCJN.
El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal ordenó dar vista a los propietarios de los terrenos conocidos como El cerro de las minas y Loma del varadero de la charra.
“Yo solicitaría al Tribunal Pleno retirar este asunto para el efecto de que las partes pudieran acudir al juzgado y ver si son las cantidades que ellos consideran, o si hacen valer sus defensas”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.
Si los propietarios de los terrenos quedan conformes, este podría ser el último capítulo del litigio que lleva más de una década.
En otro asunto el Pleno decidió aplazar la resolución de una demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de reformas a la Ley de extinción de dominio del Distrito Federal.
Y es que, en la Primera Sala de la Corte está pendiente la resolución de un juicio en el que se impugnaron las facultades de la Asamblea Legislativa para emitir esta ley.
“Ahí se están concentrando los asuntos de naturaleza variada que están presentándose, porque hay interconexiones, porque lo que se resuelva en uno va a impactar en los otros para que haya homogeneidad en los criterios y consistencias en los criterios”, Ministro Presidente Juan Silva Meza.
Lo mismo sucedió con una demanda del Gobierno de Quintana Roo relacionada con la prestación de servicios turísticos.
Se aplazó su resolución, porque existe una controversia constitucional que aún no se resuelve sobre los alcances de las facultades del Congreso de la Unión para regular estas actividades.
El Gobierno del Distrito Federal demandó al Congreso de la Unión por considerar que invadió sus competencias al expedir la Ley general de turismo.
“Para que se condicione esta Controversia a lo que se resuelva en la Otra en la que se van a establecer los conceptos fundamentales en la materia que, por cierto, ha sido muy complejo”, Ministro Fernando Franco González Salas.
Verónica González