Colegiación obligatoria de abogados en México

Es deber del Estado garantizar el libre ejercicio de las profesiones.

Las asociaciones y colegios de abogados atienden a este principio con la supervisión de su ejercicio, determinan los servicios que proveen, su ética y actualización.

Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se han pronunciado sobre la colegiación obligatoria de abogados en México.

El Ministro Arturo Zaldívar explicó por qué es necesaria la colegiación y cómo hacerlo.

“La falta de capacitación y la falta de ética de los abogados generan una gran cantidad de problemas para la gente, es un problema también sistémico cada vez surgen más universidades o escuelas de derecho que dan los títulos prácticamente regalados… Si vamos a dar esta posibilidad de que haya ciertos colegios que son los que van a cumplir la función constitucional de permitir que alguien ejerza la profesión pues sí necesitamos ver qué colegios, cuántos colegios y con qué requisitos”.

El Ministro José Ramón Cossío destacó que los colegios de abogados son clave para la implementación de las reformas constitucionales de los últimos años en México.

“Nos podemos unir para tratar de llevar a cabo todas esas precisiones, todo ese trabajo dogmático, todo ese trabajo serio que se requiere para articular una reforma tan importante… Creo que muchos colegios desaparecerán otros no tendrán las posibilidades serias de ser constitutivos de la profesión”.

La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos reconoció que permitiría contar con profesionales del derecho con un comportamiento ejemplar y comprometidos con el bien común.

“Es indispensable a través de ella, dar verdadera eficacia a las normas deontológicas internas que regulan la conducta de los profesionales del derecho, donde el proceder logra caminar en férreo maridaje con el profesionalismo y el cumplimiento de la ética, que brinda vigencia al principio de probidad profesional hoy olvidado por algunos y lamentablemente visto con indiferencia por otros”.

En el Senado ya existe una iniciativa de reforma constitucional en la materia y una iniciativa para crear la Ley general para el ejercicio profesional sujeto a colegiación y certificación obligatorias.

Mario López Peña

 

Concluye Seminario: Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Elevar a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos fue un paso decisivo en México para la protección de los mismos.

Y a pesar de las críticas a la contradicción de tesis en torno a las restricciones  constitucionales en esta materia, se avanzó.

Así lo explicó Arturo Zaldívar, Ministro ponente del proyecto ante el Pleno de la Suprema Corte que se resolvió en septiembre pasado.

Logró, dijo, la ampliación del catálogo de derechos humanos de los mexicanos.

“Logramos el rango constitucional de los derechos humanos con lo cual se resuelven el 99.9 %  de los asuntos de este país… Ganamos también la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

El propósito, destacó, era reducir los conflictos de interpretación de jerarquía de tratados internacionales en los tribunales del país.

“Cuando hay una restricción expresa, ojo no estoy hablando de antinomias, de contradicciones, restricción expresa, se estará lo que marca la Constitución”.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro de la Suprema Corte, explicó los factores que tuvieron que considerar los ministros para resolver esta contradicción.

“Cómo vamos a aterrizar estos tratados , estos derechos humanos contenidos en tratados cómo los vamos a hacer justiciables, ese se convierte en el problema central”.

El motivo central de la Suprema Corte de Justicia al resolver esta contradicción de tesis, dijo, fue dotar de seguridad jurídica a los justiciables.

Mario López Peña

Ampara Primera Sala de la Corte a joven con Síndrome de Asperger

Por mayoría de cuatro a uno, la Primera Sala de la Corte otorgó un amparo al joven, Ricardo Adair Coronel Robles, a quien se le diagnosticó Síndrome de Asperger.

Con ello, se revocó la decisión adoptada en un juicio de interdicción, mediante el cual se le asignó un tutor, al considerar el juez de la causa que no estaba capacitado para tomar sus propias decisiones y ejercer sus derechos.

Los ministros revisaron todas las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal, que regulan esta figura, concluyendo que Coronel Robles, tenía la razón.

Por ello establecieron que en estos casos el juez debe definir qué actos puede realizar por sí sola la persona con discapacidad y en cuales debe ser auxiliada por un tutor en la toma de decisiones, respetando su voluntad.

“Con el esquema que se propone en el proyecto, se establecen una serie de obligaciones para el juez en beneficio de las personas con discapacidad para reunirse con ellos para asesorarlos a través de un lenguaje sencillo y claro, y para entender y reconocer cual es la voluntad, que ellos tengan la posibilidad de manifestar, buscando en todo momento lo que es mejor para ellos y respetando su voluntad”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.

El Ministro Cossío Díaz, se pronunció por declarar la invalidez de los artículos 23 y fracción segunda del artículo 450 del Código Civil del DF, y no por reconocer su validez, siempre y cuando se dé una interpretación social a la discapacidad.

La institución de la interdicción parte del fundamento inverso de la restricción a la capacidad de ejercicio, del ejercicio de derechos por medio de sus representantes o inclusive que los mayores de edad no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, desde este punto de partida no puedo llegar a un modelo graduado de asistencia, como se nos propone”.

Sentencia que se considera como un primer paso, para reconocer los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

“Pues por ejemplo decidir dónde y con quien vivir, firmar un contrato ya sea laboral, este financiero, de alguna casa, pero necesitamos saber que decisiones nos vayan a decir que pueda tomar yo solo y que decisiones las tenga que tomar acompañado, dependiendo de lo que dictamine la sentencia del juez”, Ricardo Adair Coronel Robles, Quejoso.

“Lo que sí sabemos y nos dijo el Ministro Zaldívar es que se iba a respetar y que iba a primar la voluntad de la persona con discapacidad, que eso es lo más importante y que pueda asumir el control de su propio destino”, Andrés Aguinaco, Abogado.

Por primera ocasión en todo el mundo, los 10 puntos centrales de la sentencia se redactaron en lectura fácil, para que el interesado pueda asimilar su contenido.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

Por mayoría de 8 a 1 el Pleno de la Corte confirmó la sentencia de un juez de distrito que negó un amparo a Televisora del Valle de México.

Empresa que solicitaba que la autoridad dejara de aplicar los artículos 59 de la Ley federal de radio y televisión, 15 y 16 de su reglamento, que la obligan a transmitir 30 minutos diarios de programas educativos, culturales y de orientación social.

Pues argumentaba que habían quedado derogados por lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

El proyecto del Ministro Franco indicaba que la autoridad administrativa no podía inaplicar normas y que no se podía abordar si eran constitucionales, debido a que en su amparo, no incluyó este argumento.

“En que no quiso impugnar normas que obligan a la transmisión gratuita de 30 minutos diarios con contenido televisivo determinado, porque estos preceptos existen desde antes de que tuviera la concesión”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

“Y es que se queda bajo la especie de que si la norma no fue traída a examen, no se puede concluir su inconvencionalidad, ni tampoco que sea de aquellos supuestos a los que se refirió el noveno transitorio”, Alberto Pérez, Ministro SCJN.

De tal suerte que creo que una reforma como la que tenemos en principio no autoriza a las autoridades a inaplicar las leyes que teóricamente fueron derogadas”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.

 “Al respecto, me pronuncio por considerar que dichas normas no son contrarias a los derechos humanos, que prohíben en nuestra constitución y tratados internacionales los trabajos forzados, porque en realidad estamos en presencia de modalidades válidas condicionantes del servicio concesionado que presta la quejosa y que no inciden en su patrimonio, ni establecen para mí en modo alguno un trabajo forzado”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN.

En contra del proyecto votó el Ministro Cossío Díaz, quien no compartió el argumento para negar el amparo, aunque en el fondo, coincidía en que los artículos que se pedía derogar, no violan el derecho a la libertad de trabajo del quejoso.

“Es verdad que al final del día, coincido en el sentido del punto resolutivo, pero las razones me parecen tan diferentes en el punto de razones que tengo buenas para mí y no pretendo convencer a nadie de sus beneficios, simplemente buenas para mí, que por este motivo señor presidente votaré en contra del proyecto”.

El Pleno ratificó las mismas votaciones en el amparo 509/2012, promovido por Televisión Azteca, pues pedía la derogación de los mismos artículos combatidos por Televisora del Valle de México, argumentos que fueron rechazados por los ministros, confirmando la negativa de concederle el amparo a los quejosos.

José Luis Guerra García

Ministro Presidente a favor de que normas internacionales de derechos humanos sean complementarias a la Constitución

El Pleno de la Suprema Corte continuó con el estudio, del nivel jerárquico que tienen los tratados de derechos humanos, dentro del marco normativo nacional.

Al inicio de la sesión, el Ministro Presidente Juan Silva Meza, se pronunció a favor del proyecto que considera a las normas de derecho internacional, como complementarias de las previstas en la Constitución.

“En mi opinión, en materia de derechos humanos, los tratados internacionales están gozando de supremacía constitucional, y están por así decirlo a disposición y a lado, a la par de la Constitución entendida en sentido amplio, para mejorar, para perfeccionar y esa y no otra es la razón por la que nuestro país los ha ratificado”.

Con el fin de alcanzar un consenso sobre este tema, el ministro ponente, Arturo Zaldívar, propuso modificar su proyecto, para incluir el criterio de la mayoría, aclarando, que él no compartía esta postura.

“Creo que mi obligación como ponente es tratar de buscar y de coadyuvar a que tengamos una opinión de corte en la cual se refleje la opinión de la mayoría… En tal sentido recogiendo estas opiniones de 7 de los ministros integrantes de este tribunal en pleno envié a ustedes una propuesta de modificación del proyecto, en la cual se conserva el rango Constitución de los derechos humanos de fuente internacional, pero se establece también que cuando hay una restricción expresa en la Constitución se tendrá que estar a lo que marca la norma constitucional”.

Antes de concluir la sesión, cuatro ministros se pronunciaron a favor del proyecto modificado.

“Comparto la propuesta modificada que nos circuló el viernes pasado el señor Ministro Zaldívar, en el sentido de adicionar lo relativo a las restricciones que establezca la constitución federal, pues como antes dije, es la propia norma constitucional la que articula el sistema”, Sergio Valls, Ministro SCJN.

“Creo que lo más importante es que, de llegarse a aprobar el criterio, marcará un marco de referencia”, Fernando Franco, Ministro SCJN.

“Considero que recoge como lo ha dicho el ministro ponente una gran cantidad y diversidad de lecturas que se han hecho a la Constitución y a los tratados internacionales y creo que podemos convenir en lo sustantivo con este proyecto”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN.

 “También para expresar en términos generales mi conformidad con el proyecto modificado, que nos ha hecho favor el señor Ministro Zaldívar de darnos a conocer”, Jorge Mario Pardo, Ministro SCJN.

En contra de la modificación se pronunció el Ministro José Ramón Cossío, al considerarla ambigua.

“Me parece que la única solución normativa que se está implicando ahí, es la norma de jerarquía y en ese sentido, insisto, hay aquí una contradicción”.

El Pleno continuará con la discusión de la nueva propuesta en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

El Pleno de la Suprema Corte continuó con el estudio de la contradicción de tesis 293/2011

El Pleno de la Suprema Corte continuó con el estudio de la contradicción de tesis 293/2011.

Para definir si las normas de derechos humanos incluidas en tratados internacionales se encuentran al mismo nivel de la Constitución o por debajo de ella.

El proyecto del Ministro Arturo Zaldívar, precisa que en este caso se trata de un solo catálogo de derechos, en el que no procede fijar una jerarquía, si no una interpretación armónica y coordinada.

Hasta el momento, nuevos ministros han fijado posición; cinco, se han pronunciado en contra del proyecto,  argumentando que ninguna norma puede estar por encima de la Constitución.

Precisaron que lo que el artículo uno de la Carta Magna, prevé en este caso, es solo un criterio de interpretación de dichas normas de origen externo, sin eliminar el principio de supremacía constitucional.

Resultaría inadmisible, siquiera suponer que el texto supremo, sucumbe frente a una norma derivada”, Alberto Pérez, Ministro SCJN.

“Un modelo garantista de interpretación de los derechos humanos, no implica un atropello de la soberanía, sino solamente su optimización dentro del orden jurídico en forma prudente y ordenada. Si bien es cierto que los derechos fundamentales tienen un carácter universal, sus restricciones se instituyen a nivel constitucional y legal en el ámbito doméstico”, Margarita Luna, Ministra SCJN.

«Es necesario entonces establecer expresamente que la constitución tiene un carácter preminente de supremacía sobre toda otra norma jurídica, interna o externa, de origen internacional o con motivo de reconocer un derecho humano”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN

El Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, indicó que no hay duda que los tratados se subordinan a la Constitución, pero en el caso de derechos humanos, se han incorporado a la Carta Magna con independencia de su origen.

“En un análisis formal de jerarquía de normas la norma que no está conforme con la norma superior, queda expulsada del sistema, en materia de derechos humanos eso no sucede, en materia de derechos humanos se ponderan los derechos en una igualdad de jerarquía, por eso yo no puedo aceptar el análisis de jerarquía”.

 “Tratándose de normas relativas a los derechos humanos, estas se sustraen de la referida jerarquía y su primacía atiende más bien a un criterio de material, atento al principio pro persona, al efecto armónico o la conformidad que existe entre los enunciados normativos cuyo contenido es propio de los derechos humanos de fuente nacional o de fuente internacional”, Olga Sánchez, Ministro SCJN.

Hasta el momento cuatro ministros se han pronunciado a favor del proyecto. En la próxima sesión, el Pleno continuará con el análisis de este tema.

José Luis Guerra García

Otorgan amparo, no libertad

El Pleno de la Suprema Corte concedió un amparo a una persona sentenciada por los delitos de robo y homicidio.

De ninguna manera ordenó su liberación.

Se le otorgó porque no contó con una defensa adecuada.

La decisión bajo ninguna circunstancia implica la liberación del sentenciado.

El Ministro Arturo Zaldívar, explicó el sentido de la propuesta.

“Anular la diligencia en la cual el inculpado negó los hechos ante la autoridad ministerial, la cual evidentemente no contienen dato incriminatorio alguno, de ahí que tal anulación no se traduzca en que el quejoso recupere su libertad, pues los demás elementos de prueba  que obran en la causa, podrían ser  en su caso, aptos y suficientes para acreditar tanto el delito como la plena responsabilidad del quejoso en su comisión”. 

 “Por lo tanto, mi voto será porque se conceda el amparo solamente para el efecto de que se revoque la sentencia y se dicte otra en plenitud de jurisdicción en la que no se tome en cuenta dicha diligencia ministerial rendida sin la presencia de un profesional del derecho”, Sergio Valls, Ministro SCJN.

Quienes votaron en contra del proyecto, afirmaron que conceder el amparo resultaba intrascendente, pues había elementos suficientes, que probaban la responsabilidad del inculpado.

En cuanto sale de la casa lo detienen en flagrancias; entonces, también están todas la pruebas que de alguna manera están determinando que es el culpable y esto, independientemente de que cuándo hizo su declaración ministerial, que tengo a la mano, estuvo asistido de persona de su confianza a la que él designó, entonces para mí no hay ninguna violación al artículo 20 constitucional”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Sobre esta base y pronunciándome en relación con el amparo que propone el proyecto, yo estaría en contra, insisto, porque aun partiendo de la base de que existiera una afectación a la debida defensa, ésta resulte intrascendente”, Jorge Mario Pardo, Ministro SCJN.

“Los elementos que se toman en cuenta fundamentalmente para acreditar este delito pues son las declaraciones de las personas de servicio que se encontraban en el interior de este domicilio y que fueron testigos presenciales de los hechos”, Jorge Mario Pardo, Ministro SCJN.

“Señalé muy claramente que para mí no había la necesidad de concederle el amparo porque había pruebas suficientes y que por eso era inútil concederle el amparo”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN.

El amparo atiende a lo que obliga la constitución en materia de derechos humanos y debido proceso.

“Esto ni es culpa de la Suprema Corte de Justicia, ni la Suprema Corte de Justicia lo está provocando, lo que está provocando esto es la situación de inseguridad del país, me parece; aquí a nadie se está liberando, se está diciendo: tómense dos pedazos de un proceso, de esos pedazos anúlense o retírense el valor probatorio que pudieran llegar a tener, y con base en el resto del material probatorio que está establecido en el proceso, díctese la resolución que corresponda”, José Ramón Cossío, Ministro SCJN.

“A nadie se está echando a la calle, a nadie se está entrando en una posición de excluir su responsabilidad”, José Ramón Cossío, Ministro SCJN.

Consecuencia que se remarcó por los ministros de la mayoría.

“¿Y cuál es la consecuencia? La propuesta que se está haciendo no es la de la revocación para efectos de poner en libertad, eximir de responsabilidad, la propuesta es anular una diligencia, que ya se ha dicho aquí y esto es cierto, no va a tener un impacto real”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

“Creo que efectivamente aquí el tema no es estar en un lado o en otro, sino encontrar la mejor interpretación para un sistema, y sobre todo para temas tan delicados como el que estamos discutiendo”, Fernando Franco, Ministro SCJN.

De manera que el homicida no saldrá libre.

Simplemente se le otorgó el amparo porque en su momento contó con la asesoría de la persona que él eligió, pero no contó con una defensa adecuada como lo establece la nueva reforma en materia de derechos humanos.

José Luis Guerra García

El Pleno resolvió tres contradicciones de tesis, suscitadas entre las Salas

El Pleno de la Suprema Corte resolvió tres contradicciones de tesis, suscitadas entre la Primera y Segunda Salas.

En la primera contradicción, se fijó como criterio que la revisión adhesiva en el amparo, solo procede para fortalecer argumentos en aquello que benefició al recurrente.

“Y lo que la constitución quiso fue, evitar estos amparos de rebote en donde el que perdió promueve un amparo, gana regresa, el que había ganado ahora pierde y ahora regresa a impugnar violaciones procesales”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN

El proyecto original del Ministro Arturo Zaldívar, proponía que en la revisión también se pudieran impugnar aquellos aspectos que no le fueran favorables al recurrente, lo que se rechazó por mayoría de 5 a 4.

“El permitir que en la revisión adhesiva, se planteen agravios, tanto en la parte que beneficia como en la parte que perjudica, ayuda a una mejor economía procesal, a una justicia más completa, creo que se privilegia el fondo, frente a la técnica y que es completamente acorde a la naturaleza del juicio de amparo como defensor de los derechos humanos”.

El engrose de este proyecto con la visión de la mayoría será elaborado por el Ministro Alberto Pérez Dayán.

En otra contradicción, por mayoría de 7 a 2, el Pleno fijó como criterio, que el recurso de queja, si procede contra el auto en el que se omite llamar a juicio a quien la quejosa atribuye el carácter de tercero perjudicado

“Simplemente quiero decir que en la segunda sala yo fui minoría, entiendo que con el ministro Valls y consecuentemente en principio estoy de acuerdo con el proyecto que nos están presentando”, Fernando Franco, Ministro SCJN.

La minoría argumentó que el recurso de queja era improcedente, ya que no se generaba ningún efecto irreparable con ello.

Y por último no reparable en la sentencia definitiva, bueno, aquí tan es reparable en la sentencia definitiva, que el propio artículo 91 de la ley de amparo, establece incluso la posibilidad de que se reponga el procedimiento oficiosamente”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

En una contradicción más, por mayoría de 7 a 2, se fijó como jurisprudencia,  que cuando se desecha un recurso de revisión en amparo directo, porque no se declaró la inconstitucionalidad de una norma, ni se interpretó algún artículo de la Constitución, procede aplicar la multa prevista en el artículo 90 de la Ley de amparo.

Hacer énfasis que esto es con independencia de la buena o mala fe con que se haya interpuesto el recurso y que hay casos en los que pudiera no interponerse, a valoración de los señores ministros que lo resuelvan, multa por tratarse de ciertos sujetos específicamente determinados”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN.

Entre ellos, algunos reos, trabajadores y campesinos.

La sesión del Pleno que fue presidida por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, concluyó con la resolución de este asunto.

José Luis Guerra García

50 Aniversario Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

La nueva Ley de amparo  pretende convertir al principal medio de defensa del ciudadano, en un instrumento sencillo y accesible.

Afirmó el Ministro Arturo Zaldívar, al participar en el ciclo de conferencias, con el que se conmemoró el 50 Aniversario del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

El amparo, dijo, ahora privilegia la defensa de los derechos ciudadanos, en lugar del ejercicio del poder.

“Llamó la atención en un momento como el que estábamos viviendo, que era un momento de una enorme crisis de seguridad, de justicia y de derechos humanos, el poder revisor de la constitución, todas las fuerzas políticas de este país, hayan hecho una apuesta por los derechos humanos, esto quiere decir que se entiende que el gobierno tiene que ser eficaz con absoluto respeto a los derechos humanos y que la defensa de los derechos humanos no es optativo para las autoridades, pero mucho menos, para los jueces, aunque cuando defendamos los derechos podamos ser profundamente impopulares”.

En este marco, el Ministro Fernando Franco González Salas habló de la legislación laboral aplicable a los trabajadores de organismos desconcentrados.

Precisó que el Máximo Tribunal ha decidido que este tipo de trabajadores tanto a nivel federal como local, se rigen por el apartado a, incluidos los trabajadores del ISSSTE.

“En 2008 por el pleno, un amparo en revisión 220/2008, también junto con muchos otros que se refería precisamente al ISSSTE, y aquí se definió que el ISSSTE se rige por el apartado A en cuanto a sus relaciones laborales estrictamente y por el apartado B en cuanto a la seguridad social”.

En este foro también participó el ministro en retiro Mariano Azuela, quien abordó el tema de la ética judicial, precisando que la actuación de los jueces debe regirse por estos principios, al resolver los conflictos que llegan a sus manos.

“La ética judicial es un conjunto de reglas racionales dirigidas al interior de los jueces a fin de que se conviertan en los mejores jueces posibles, a fin de lograr la confianza en la sociedad”.

Requisito indispensable, para que la justicia responda a las exigencias de la sociedad.

José Luis Guerra García

El Pleno inició el estudio de la controversia 84/2010, promovido por el Congreso de Baja California

El Pleno de la Corte inició el estudio de la controversia 84/2010, promovido por el Congreso de Baja California, en contra de las observaciones que hiciera el gobernador de esa entidad, al decreto de reformas a su ley orgánica, publicadas en la Gaceta Parlamentaria en octubre de 2010.

El proyecto del Ministro Arturo Zaldívar propone invalidar dicho veto, pues las observaciones violan los principios de autorregulación  y de división de poderes.

“Desde esta perspectiva el proyecto concluye que la facultad de veto no puede válidamente proyectarse sobre los decretos que expida o reformen las leyes orgánicas de los congresos locales, aún a falta de disposición expresa en ese sentido, pues ello se traduciría en una intromisión o interferencia del poder ejecutivo en una cuestión propia del legislativo, como es la de darse las normas que rijan su funcionamiento y organización”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.

Durante la discusión se precisó que la facultad de veto no es ilimitada y no puede ejercerse, para subordinar a otro poder.

“El uso de veto, respecto de este tipo de legislación, desde mi óptica personal genera sí subordinación de un poder a otro”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

 “Los congresos locales, gozan de independencia para establecer la rectoría de su propio funcionamiento en lo relativo a la organización y desempeño de sus funciones, por lo que la facultad de veto, no puede válidamente ejercerse sobre su ley orgánica”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

 “Pudiera verse severamente limitada, cuando en la organización de uno de los poderes, pudiera tener injerencia algún otro, que será precisamente a quién le perjudique alguna de estas disposiciones”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Quienes no apoyan el proyecto argumentaron que no existía una prohibición expresa de improcedencia del veto en este caso y negaron que se tratara de una intromisión.

“Qué quiere decir que se establezca la condición de un veto, simple y sencillamente que el presidente de la república o en el caso concreto el gobernador hace observaciones, para qué efectos, para tratar de mantener de manera preventiva y política un control de constitucionalidad”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

 “A mí me parece que la pregunta central es puede el legislador ordinario privar al ejecutivo del contrapeso del veto y la respuesta para mí es no”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

 “Partiendo de la base de la libertad de configuración, me parece que está dentro del ámbito de la legislatura o el constituyente local  establecer cuáles son los casos de excepción al derecho de veto del ejecutivo local y en este caso de manera expresa no se incluyó el relativo a la ley orgánica del poder legislativo”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

“Con estas disposiciones se corría el riesgo de que se hicieran gastos exagerados y se pudiera ampliar innecesariamente la estructura orgánica del poder legislativo”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN.

En la sesión de este martes continuará la discusión de este asunto.

José Luis Guerra García