Auditorías internas

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dio a conocer las disposiciones que norman el tipo de auditorías que podrá realizar la contraloría interna de dicho tribunal; las cuales pueden ser de carácter contable, operacional, de resultados, desempeño, procesos, especial o de seguimiento.

El Pleno determinará si las auditorías ambientales a empresas privadas son información pública susceptible de ser revelada

El Pleno de la Suprema Corte determinará si las auditorías ambientales a empresas privadas son información pública susceptible de ser revelada.

Hay una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Salas de la Corte sobre este tema.

En el 2009 un particular solicitó información derivada de una auditoria a la empresa Dupont.

Los datos estaban en posesión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó que se entregara la información.

La empresa promovió un amparo y la Primera Sala de la Corte se lo otorgó.

“Esta entra dentro de la categoría de confidencial precisamente por tratarse de los procedimientos específicos que se determinan para los procedimientos industriales de la empresa”, Ministra Margarita Luna Ramos.

También en 2009, la Segunda Sala de la Corte amparó a la empresa metalúrgica Met-Mex Peñoles, por considerar que la información que solicitó un particular es pública, pero confidencial.

La PROFEPA consideró que había contradicción de criterios entre las Salas, pero carece de legitimación para denunciarla.

Así que el Presidente de la Corte hizo suya la solicitud de la PROFEPA y el asunto se discutió este jueves.

Algunos ministros consideraron que no existe contradicción.

“Para mi ambas Salas coinciden en que la información privada debe ser reservada, pero la cuestión es, por el sólo hecho de tenerla en posesión debe entregarse o no”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

Por mayoría de seis a tres el Pleno determinó que las Salas si sostuvieron criterios distintos.

Lo que tenemos que dilucidar es hasta dónde llega lo privado de la información, hasta dónde es publicable o no una información que de entrada consideramos pública es una diferencia no de matiz y que si vale la pena que se resuelva”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La tesis propuesta para resolver este asunto es que toda la información ambiental que posean las autoridades es pública.

“Para efectos del derecho de acceso a la información en términos del artículo 6º constitucional… Con las restricciones que establecen y deben valorarse en cada caso concreto”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En el Pleno hubo diversas opiniones, ya que durante el debate se discutió si las empresa gozan del derecho constitucional de protección de datos personales.

Por el hecho de que las autoridades reciban los documentos no hay un arte de magia que los convierta en documentos públicos, siguen siendo documentos privados”, Ministro Sergio Aguirre Anguiano.

Por mayoría de cinco a cuatro el Pleno decidió retirar el asunto para hacer un análisis más detallado.

“Creo que al final de cuentas ganamos más si nos detenemos a analizar estos elementos de personas morales  ¿por qué? Porque la mayor parte de estas auditorías medioambientales y una parte importante de lo que tiene que ver en el futuro con asuntos fiscales van a pasar por personas fiscales y creo que es una definición central que debemos tomar”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Constreñidos al tema preciso, frio de la Contradicción, tiene solución, con los matices apuntados y otros; pero no resolveríamos el tema completo y tenemos la oportunidad de hacerlo”, MINISTRO  presidente Juan Silva Meza.

Así que no se ha dicho la última palabra sobre si los particulares tienen derecho a conocer la información derivada de auditorías ambientales a empresas privadas.

Verónica González

Auditorias al ISSSTE

La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que en lo que va de la presente administración, se han realizado 600 auditorías e investigaciones al ISSSTE, lo que ha dado como resultado que se hayan impuesto 3 mil 704 sanciones a funcionarios de la institución, incluidas 551 inhabilitaciones y sanciones. Además se presentaron ante la PGR, 12 denuncias penales en contra de igual número de servidores públicos, por su aparente responsabilidad en los delitos de fraude,  extorsión, falsificación de documentos y cohecho.