Comenzó juicio contra Garzón

Hoy comenzó otro juicio contra el juez español, Baltasar Garzón, por investigar los crímenes del franquismo.

Es acusado de violar una amnistía promulgada en 1977 y declararse competente para investigar desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra civil española de 1936 a 1939 y la dictadura franquista de 1939 a 1975.

Garzón podría ser sentenciado a 20 años de inhabilitación.

La semana pasada el juez enfrentó un juicio por espionaje en el Caso Gürtel, el cual está pendiente de sentencia.

Después enfrentará otro proceso por un supuesto delito fiscal contra el Banco Santander.

Ultimo día de juicio por el Caso Gürtel

Hoy fue el último día de alegatos en el juicio, contra el juez Baltasar Garzón por el Caso Gürtel.

El juez asumió la responsabilidad de los escuchas ilegales que se le imputan.

“Asumo todas y cada una de esas decisiones fueron tomadas, reflexivamente, en cumplimiento de la más estricta legalidad, interpretando las normas de abrir la puerta a la primera injusticia es dejarla abierta para todas las que les siguen”.

Justificó que sus decisiones tenían por objeto evitar que el dinero de la red de corrupción que operaba en el partido popular, desapareciera.

“Las decisiones que tome fueron, en el ejercicio jurisdiccional que todas ellas fueron guiadas a la protección de los derechos de las partes y esencialmente a la protección de los derechos de las personas que viéndose afectadas por la intervención de las comunicaciones, a los internos, pudieran llevar a una afectación al derecho de defensa, se tomaron todas la medidas que entendí que eran necesarias para prevenirlo y creo firmemente que así se produjo”.

Ahora los jueces decidirán la sentencia.

Garzón regresará al banquillo la próxima semana, por el presunto delito de prevaricato en las investigaciones que hizo en torno a los crímenes del franquismo.

Segundo día del juicio contra el juez Baltasar Garzón

Hoy se realizó el segundo día de audiencias del juicio contra el juez español, Baltasar Garzón, por ordenar escuchas ilegales.

Un testigo de la policía corroboró el argumento del juez, en torno a que las grabaciones que autorizó, pretendían evitar el blanqueo de capitales.

Garzón es juzgado por espiar y enjuiciar a los implicados en una red de corrupción al interior del Partido Popular.

El uso de grabaciones ilegales violan las garantías constitucionales y el juez podría ser sentenciado a 17 años de inhabilitación.

 

Comenzó juicio contra Baltasar Garzón

Comenzó en España el juicio contra el juez Baltasar Garzón por escuchas ilegales en el llamado Caso Gürtel.

Es acusado del delito de prevaricación, dictar a sabiendas una resolución injusta, en un caso de corrupción que implica al partido popular.

La fiscalía pidió 17 años de inhabilitación para el juez, por ordenar la grabación de conversaciones telefónicas entre los implicados.

Durante la audiencia, Garzón justificó sus actos argumentando que pretendía ubicar el dinero para evitar que desapareciera y demostrar el blanqueo de capitales.

Garzón tiene pendiente otros dos juicios por haber investigado los crímenes del franquismo y por un supuesto delito fiscal contra el Banco Santader.

Corrupción y crimen

Erradicar la corrupción es un requisito indispensable para tener éxito en el combate al crimen organizado, indicaron participantes en el foro: Seguridad con legalidad, en Xalapa, Veracruz.

Sobre todo, porque las bandas delictivas cuentas con estructuras similares a las corporaciones empresariales, para blanquear sus ganancias ilícitas y para comprar a las autoridades, con el fin de proteger sus actividades.

“Ese dinero como no sea que esté flotando por ahí o debajo de un ladrillo, tiene que estar en algún sitio, y donde está, pues hombre está en campos de futbol, está en grandes obras benéficas, está en financiación de determinados medios, está en financiación de campañas, está en el desarrollo de lobbies de presión”, Baltasar Garzón, Magistrado de España.

Lavado que anualmente supera los 500 mil millones de dólares y para combatirlo se requiere de la cooperación internacional y de investigación profesional.

“Ese material probatorio que nosotros aportamos como fiscales, tiene que ser un materia probatorio puro, no puede venir contaminado, no puede venir contaminado por ejemplo con una declaración, con una tortura por ejemplo”, Dolores Delgado, Fiscal de la Audiencia Nacional de España.

En el caso de México, se mencionó que el cambio de sistema de justicia penal, tiene como fin eliminar la corrupción y la impunidad en materia delictiva.

“Sean ellos, quienes argumenten oralmente en el tribunal, el porqué una persona es responsable o porqué es inocente, eso es transparencia, un eje rector también para prevenir la corrupción y el que no sepa explicar  sus argumentos ante un tribunal se va tener que ir”, Miguel Ontiveros, Subprocurador Derechos Humanos PGR.            

Sin embargo, se reconoció que la debilidad institucional del país, ha impedido erradicar esta práctica, no solo del sistema de justicia, sino en todos los ámbitos de la vida del país.

“La corrupción es un mecanismo ilegal que permite el funcionamiento del mercado y el estado en condiciones de debilidad institucional y de inexistencia de un estado de derecho”, Alberto Olvera, Académico Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Veracruzana.

Se consideró que llegó el momento de que en México se combata la corrupción de manera efectiva, para lo cual se requiere un marco normativo efectivo que incluya sanciones ejemplares a los funcionarios que incurran en esta práctica.

“Que hagan posible verdaderamente sancionar con rigor todas estas prácticas sobre todo en materia de corrupción. Lo que es el juicio político, lo que es la responsabilidad penal, lo que es la responsabilidad administrativa, tal parece que necesitan un replanteamiento de raíz para poder generar altos niveles de eficacia o efectividad”, Manlio Fabio Casarín León, Director Facultad de Derecho, Universidad Veracruzana.

Se recordó que México ocupa uno de los últimos lugares en materia de combate a la corrupción, práctica que genera pérdidas a la sociedad por un billón 64 mil millones de pesos al año.  

José Luis Guerra García

El Juez Baltasar Garzón ante Caso Zedillo

Sobre la posibilidad de que el expresidente Ernesto Zedillo, obtenga inmunidad ante la demanda que enfrenta en una Corte de los Estados Unidos, por crímenes de lesa humanidad, por el Caso Acteal, ocurrido en 1997, el juez Español Baltasar Garzón, quien se encuentra en México, en la ciudad de Xalapa, impartiendo un Seminario de seguridad y justicia, manifestó lo siguiente.

 “No conozco en profundidad el caso tal como está planteado, sí sé que ese caso está desarrollándose, creo que es en la Corte de Massachusetts y que la defensa del señor Zedillo ha planteado como argumento de la misma una inmunidad soberana. Al respecto yo tengo mi criterio que es conocido desde hace muchos años que es el caso Pinochet y la interpretación de lo que es la inmunidad soberana y la extensión o límites de la misma, que no comprende aquellas personas que están ya fuera del ejercicio de, del poder presidencial, eso no quiere decir que no haya otras interpretaciones, pero la mía es esa y está hecha por escrito y en resoluciones judiciales que fueron confirmadas por las cámaras de  los lores en el año de mil 998 y 99. A parte de eso, mí relación personal con el señor Zedillo es de amistad y por tanto no tengo que opinar sobre un tema judicial que tiene un recorrido y que lo que se debe de estar atento y ver si hay algún tipo de responsabilidad que a mí en este momento no se me alcanza a ver”.

Seguridad con legalidad

La participación del ejército en el combate al crimen organizado debe ser temporal y excepcional, afirmó el magistrado Baltasar Garzón.

Al poner en marcha el foro sobre seguridad con  legalidad, indicó que dicha actuación debe darse dentro del marco de la ley y respetando los derechos de la población.

“Esa actuación en ningún caso se convierta en una lucha sucia, en una guerra sucia como se conocía en la época de las dictaduras y demás. Porqué, porque lo que caracteriza y legitima a un estado de derecho como es México, es no quebrantar esos límites”.

Estrategia que además de utilizar la fuerza, debe centrarse en debilitar las estructuras financieras de las organizaciones criminales.

“Conlleve, la condena no solo de las personas que utilizan estas personas jurídicas, sino de las propias jurídicas, de cara a que no pueda perpetuarse o seguirse utilizando este tipo de mecanismo, para o bien realizar actividades delictivas o bien, ocultar los beneficios”, Fernando Andreu, Juez de la Audiencia Nacional de España.

En este sentido el Poder Judicial debe actuar con eficiencia para evitar abusos y garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos.

“Someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, Santiago Pedraz, Juez de la Audiencia Nacional de España.

Se afirmó que el cambio en el sistema de justicia penal, busca agilizar los procesos y que el menor número de casos lleguen a juicio a través del proceso abreviado, mismo que debe limitarse solo al caso de los delitos no graves.

“Luego habría que limitar también los alcances del beneficio y siguiendo el ejemplo de Italia, de España y de Colombia decir que será hasta una tercera parte de la pena, y luego claro está desde luego, habría que quitarle esta facultad exorbitante al ministerio público, conservar la justicia en manos de los jueces”, Jesús Zamora Pierce, Instituto Mexicano de Derecho Procesal.

A pesar de que la inseguridad es un problema grave que genera pérdidas anuales de más de 210 mil millones de pesos a la población, la falta de confianza de la sociedad en las autoridades, impide un combate más efectivo a la delincuencia.

“No obstante este elevado número de delitos y la repercusión económica patrimonial que tuvo, solo en el 8 por ciento de los delitos se interpuso una denuncia o se inició una averiguación previa”, Guillermo Silva Aguilar, Coordinador de Asesores del Abogado General de la UNAM.

En esta primera sesión se mencionó que la cifra negra o el porcentaje de delitos no denunciados asciende al 92 por ciento.  

José Luis Guerra García

Anuncian fecha de juicio contra Garzón

El Tribunal Supremo de España anunció que el juez Baltasar Garzón será enjuiciado en enero, por investigar, sin tener facultades para ello, los crímenes del franquismo… En 2010, el juez fue expulsado de la Audiencia Nacional por este caso.

 

 

Garzón y la justicia universal

El papel de los juzgadores al interpretar la ley debe estar comprometido con el derecho que tienen las víctimas a recibir justicia, sin importar los problemas y presiones que se puedan recibir desde distintos ámbitos, manifestó el juez español Baltasar Garzón, durante una conferencia en el Instituto de la Judicatura Federal.

“Para mí la justicia es un servicio público, que el juez, el fiscal que asume como tal tiene que estar dispuesto a desarrollar ese principio de servicio público, y asumir las consecuencias de la interpretación de la ley en defensa de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas”.

Quien fuera titular del Juzgado Quinto en la Audiencia Nacional Española, destacó que enfrentar a la corrupción y la mafia son los principales escollos que deben sortear los jueces, y quien no esté preparado para asumir esas adversidades, mejor que se dedique a otra cosa.

“Porque entiendo que el juez tiene que interpretar la ley con independencia, imparcialidad y no puede verse sometido a imposiciones concretas… Y cuando me tuve que enfrentar a hechos de la corrupción, cuesta caro, pues tienes que asumir ese coste, sino  no eres coherente,  sino te guías por las convicciones que dice la ley te puedes dedicar a otra cosa, que hay profesiones honestísimas. Estas en un área donde además estás jugando con la seguridad del ciudadano y no haces lo que debes hacer, proteger a esos ciudadanos y tampoco haces lo que debes hacer consintiendo los excesos del poder “.

En una conferencia magistral, en la cual también participaron la fiscal española Dolores Delgado y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo; el juez Baltasar Garzón refirió que el Caso Atenco, es uno de los asuntos mexicanos que han llegado a la Audiencia Nacional de España para ser investigado por la justicia de ese país, y aunque fue archivado en un principio, ahora se encuentra en revisión.

Se consideró que no entraba ese exceso policial o esa muerte sobre una mujer, no integraba el concepto de justicia universal, bueno, está todavía tramitándose en la Corte Constitucional Española que decidirá si esa interpretación es correcta o no es correcta”.

En la conferencia magistral, se abordaron los conceptos de justicia universal y ejemplificaron los casos donde ha procedido su aplicación: el Caso Gadaffi, Sierra Leona, entre otros.

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, admitió que este organismo es una fiscalía “híper selectiva”, ya que en ocho años de existencia, sólo ha aceptado investigar diez casos de siete países, no obstante, que reciben un promedio de tres mil denuncias por año.

Explicó que se concentran en investigar crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad, por lo que temas de tortura individual o crimen organizado se lo dejan a cada país.

Sin embargo, exhortó a no enfocar la lucha contra el crimen organizado persiguiendo solamente a los líderes de las organizaciones criminales.

“La experiencia muestra que en el crimen organizado ponen precio a los cabecillas, pero lo que sucede, es que la gente de abajo va ser promovida y se va convertir en cabecillas, es cierto que, el crimen organizado no se resuelve el problema, deteniendo a los cabecillas”.

Luis Pavón Vásquez

El juez Baltasar Garzón en el foro “Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad

Es un error calificar las acciones de violencia del crimen organizado como narcoterrorismo, con la finalidad de combatirlo fuera del estado de derecho.

Así lo señaló el juez español Baltasar Garzón al ofrecer una conferencia en la Cámara de Diputados, como parte de la segunda fase del foro “Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad, que inició el agosto pasado.

 “No es una adecuada política desde mi punto de vista calificar como narcoterrorismo y consecuentemente amparar bajo esa denominación eventuales acciones exorbitantes a la legalidad ordinaria, el estado de derecho tiene los suficientes mecanismos como para responder a ese fenómeno criminal con una acción global”.

Por su parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, señaló que no hay país en el mundo que pueda enfrentar la violencia del crimen organizado sin apoyo de otras naciones.

 “Una estrategia de crimen global que sea eficaz, que respete derechos humanos, pero que también respete soberanía nacional y creo que esas tres condiciones, respeto por soberanía nacional, respeto por derechos humanos y eficacia es la fórmula que debemos encontrar para enfrentar un mundo que el crimen organizado esta controlando”.

En la conferencia también participó la fiscal de la Audiencia Nacional de España, María Dolores Delgado, quien señaló que tanto el terrorismo como el narcotráfico deben tener el mismo tratamiento penal.

“No es posible dar un tratamiento penal o de persecución diferente porque califiquemos algo de terrorismo, no caben ejecuciones extrajudiciales, no cabe tener la tentación de tomar atajos, porque los atajos nos llevan a laberintos y estos laberintos acaban vulnerando los derechos humanos, los derechos fundamentales”.

Los especialistas coincidieron en que el estado debe combatir de igual forma los grupos paramilitares que actúan fuera de la ley.

Juan Carlos González