Equidad electoral

Uno de los principales retos de la elección del  1 de julio, es evitar que se utilicen fondos públicos para apoyar a un determinado partido o candidato.

Sin embargo, un obstáculo es la ausencia de la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, que prohíbe el uso de fondos públicos para la promoción personalizada de funcionarios o para apoyar a un determinado partido.

Lo anterior lo destacó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al confirmar la resolución del IFE, que declaró improcedente sancionar a los entonces secretarios de estado, Javier Lozano, Ernesto Cordero, Alonso Lujambio y al ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por aparentes actos anticipados de campaña y promoción indebida de su imagen con fondos públicos.

“Para mí hay 2 bienes jurídicos que consolidan nuestro sistema democrático que hay que resguardar, lo primero es la imparcialidad de los servidores públicos en el desempeño en cuanto al uso de recursos y la equidad en la competencia electoral”, Constancio Carrasco Daza, Magdo, Sala Superior TEPJF.

Mencionaron que los entonces servidores públicos, solo revelaron sus aspiraciones políticas, en ejercicio de su libertad de expresión, sin que ello implicara promoción indebida de su imagen.

“Desde mi perspectiva no se infringe la normativa electoral y concretamente el artículo 134 de la constitución”, María del Carmen Alanis Figueroa, Magda, Sala Superior TEPJF.  

“Pero evidentemente no podemos llegar a la conclusión de que cada manifestación, informe, reporte que hagan los funcionarios públicos, los servidores públicos, los secretarios de estado vaya a ser una promoción personalizada”, Manuel González Oropeza, Magdo, Sala Superior TEPJF.

En esta sesión el Tribunal Electoral resolvió 26 medios de impugnación, de los cuales 8, fueron desechados por actualizarse alguna causal de improcedencia.      

José Luis Guerra García

Hoy en el Pleno de la SCJN

Es inconstitucional exigirle a un ciudadano que quiere ser candidato a un cargo público que se someta a exámenes psicológicos, toxicológicos y poligráficos.

Así lo determinó la Suprema Corte al resolver una demanda en la que la PGR impugnó estos requisitos establecidos en la Ley Electoral de Chiapas.

En junio de 2011 el grupo parlamentario del PAN propuso que fuera obligatorio practicarse este tipo de pruebas.

La mayoría en el Congreso de Chiapas decidió que el requisito fuera opcional.

Este lunes, por mayoría de diez a uno, el Pleno de Ministros anuló esta norma.

“Afecta el principio de certeza que debe ser rector de la función electoral”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

La mayoría en el Pleno consideró que no tiene sustento constitucional la idea de medir el estado físico y mental de quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular.

Además, viola la autonomía e independencia de la autoridad electoral.

Ya que las pruebas las haría el Centro Estatal de Control de Confianza, órgano que depende del Poder Ejecutivo Local.

“No sólo hace las pruebas sino que a su vez conserva todos los datos de los candidatos a elección, lo cual sin duda permite la intromisión del Poder Ejecutivo en una función electoral que no debe de ninguna manera ser”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

Al objetar el criterio de la mayoría el Ministro Fernando Franco González Salas destacó que la aplicación de dichas pruebas no es obligatoria.

“La única interpretación que se le puede dar a este precepto es que deja a libre albedrío, con plena absoluta autonomía a los candidatos para hacerlo o no hacerlo, creo que podría resistir el análisis de constitucionalidad”.

Sin embargo, en opinión de sus colegas, la norma es engañosa ya que el aspirante que no se someta a las pruebas provocará dudas entre el electorado.

“La connotación deóntica del “podrán” yo no la veo tan facultativa como si quiero me apunto y si quiero no me apunto, me parece que está tramposamente hecha para que se tenga que hacer, y si no se queda en una condición muy precaria en el proceso electoral”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

“Hay una vulneración al derecho a ser votado, porque la circunstancia de que alguno de ellos no se sometiera a estas pruebas y otros candidatos sí, en la impresión de la opinión pública los colocaría en una situación desventajosa”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Tras el análisis de esta Acción de Inconstitucionalidad el Pleno anuló el párrafo tercero del artículo séptimo de la Ley Electoral de Chiapas.

Verónica González

Piden investigar a candidato

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la autoridad de Nayarit, investigar si el candidato a gobernador de la coalición Nayarit Nos Une, integrada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, Roberto Sandoval, realizó actos anticipados de campaña, determinar su gravedad e imponer la sanción que amerite.