Toda autoridad está obligada a respetar el debido proceso, consideró el catedrático universitario, Francisco Ibarra.
Precisó que desde el inició de la averiguación, debe respetarse dicho principio, para no violentar el Estado de Derecho y propiciar con ello, una sentencia viciada, al partir de declaraciones obtenidas bajo presión o bien, que el inculpado no haya contado con una adecuada defensa.
“Por ejemplo en el caso de la materia penal, el respeto al debido proceso legal, debe comenzar desde el ministerio público, desde la averiguación previa, y el respeto a estos derechos, al conjunto de derechos que implica el debido proceso, también debe ser efectivo en el procedimiento jurisdiccional correspondiente, de otra manera lo que generarías es una gran incertidumbre una gran inseguridad jurídica no solamente para el indiciado si no para toda la sociedad”.
Sin embargo, se reconoce que es muy común que se viole dicho principio.
Un estudio de la FLACSO sobre las cárceles en México, revela que el 57 por ciento de los presos denunció amenazas y el 60 por ciento, que fue golpeado al momento de su detención.
El 92 por ciento de los reos denunció que no fue informado sobre la diferencia entre la etapa de la acusación y el juicio, 72 por ciento, que tenía derecho a no declarar y 70 por ciento que podía realizar una llamada.
Estas violaciones dan pie a impugnar por la vía del amparo, las sentencias con las que fueron condenados, buena parte de los más de 250 mil reclusos que hay en el país, según cifras de 2005.
Sin embargo, se advierte, que el subsanar estas violaciones no implica impunidad.
“Hay segmentos del proceso que si no se respetaron, serán suficientes para liberar a una persona, pero en otras ocasiones, no será suficiente para liberar a esta persona, se tendrá que repone si es posible esa parte, para que también esta persona sea sometida a un juicio con todas las garantías y no se le exima de responsabilidad antes de tiempo”.
El estudio revela, que más de 81 mil presos en distintas cárceles del país, se encuentra en prisión desde hace más de 2 años, sin que hasta la fecha, se les haya dictado la sentencia correspondiente.
José Luis Guerra García