Celebra Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez resolución del INAI para que la SEDENA entregue información sobre casos de desaparición forzada

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez celebró la resolución del INAI que instruyó a la SEDENA a entregar información sobre casos de desaparición forzada cometidos por militares.

Aseguró que la rendición de cuentas por parte del ejército debe ser fundamental.

 “Nos parece fundamental que el Instituto Nacional de Acceso a la Información determine dar efectividad a uno de los mecanismos de rendición de cuentas más importantes que tienen los particulares, cualquier persona, frente a cualquier autoridad, pero sobre todo frente a las autoridades castrenses, que difícilmente se someten a los controles de las autoridades civiles”, Araceli Olivos, Coordinadora Área de Defensa Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En entrevista, la Coordinadora del Área de Defensa del Centro Pro, destacó que a través del cumplimiento de esta resolución se podrá saber si el ejército investigó este tipo de delitos de lesa humanidad.

 “Sea que el ejército diga sí hemos iniciado investigaciones, sí hay procesos los tendrá que transparentar y si dice que no hay, que en todas estas décadas no se ha iniciado una sola investigación por desaparición forzada, sería uno de los escenarios claves para identificar que se sigue incentivando la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de elementos castrenses”.

Resaltó que la SEDENA deberá entregar información sobre casos ocurridos a partir de los años 60’s, fecha en que inició la llamada Guerra Sucia contra grupos sociales.

 “La actuación del ejército en la comisión de graves violaciones y de crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada está documentada por una fiscalía especializada y fue también reiterada así por la Corte Interamericana en un caso contra México”.

Se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana por el caso Rosendo Radilla.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Orden de «abatir», en Tlatlaya, incentivo para violación de derechos humanos, afirma Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, recalcó que con la orden de abatir delincuentes en la base de operaciones en Tlatlaya, la SEDENA dio pie para la violación grave de derechos humanos, sustentada en la cadena de mando.

Es un incentivo para cometer violaciones graves a los derechos humanos… Consideramos que esta es una orden contraria al estado democrático de derecho, la orden debería ser detener personas delinquiendo en hechos de flagrancia y ponerlos ante autoridad competente”.

En entrevista luego de la presentación del informe Tlatlaya a un año, respondió a las declaraciones  del subsecretario de Derechos Humanos de SEGOB, Roberto Campa, quien aseguró que abatir, no significa privar de la vida.

Nosotros no hemos afirmado que abatir es matar, sino que es una orden que genera incentivos para generar o tener como materialización ejecuciones extrajudiciales… Entrar a la significación meramente gramatical y en base al diccionario, de lo que significa abatir, sin duda es una discusión bizantina”.

Dijo que tras la investigación de ocho años de la política de comunicación social de la Secretaría de la Defensa, el uso de la palabra abatir se refiere a las personas privadas de la vida.

Por otro lado, exigió que se haga valer el acotamiento a la aplicación expansiva del fuero militar, es decir, que para efectos de violaciones graves de derechos humanos sea competente el fuero ordinario.

“En casos como el de Tlatlaya tengamos una violación al principio de continencia y de concentración de la causa, porque tenemos un proceso seguido ante un juzgado de distrito en el fuero ordinario, pero tenemos otro proceso seguido ante el juzgado sexto militar, esto significa que podríamos tener dos juicios con resultados distintos”.

La restricción al fuero militar también es urgente, añadió,  debido a que en ese fuero no se tutela ni se da personalidad a las víctimas.

Explicó que ha habido revictimización por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

“Hicieron de manera irresponsable, públicos el monto de un fondo que sería para la indemnización vía compensación para las víctimas del caso Tlatlaya, eso ha generado un contexto de riesgo para las personas que están viviendo en la región”.

Reveló, que con la presentación del informe, se hizo la solicitud de emisión de medidas cautelares a la CNDH, para que la SEDENA deje de emitir órdenes que reproduzcan instrucciones para abatir delincuentes.

Mario López Peña

@elogiodeljabon  

Organizaciones de migrantes llevarán a cabo movilizaciones

Con motivo de la visita del Presidente de Estados Unidos a México el próximo tres de mayo, organizaciones de migrantes llevarán a cabo movilizaciones.

“Y en este ánimo de justicia es que vemos en la próxima visita del presidente Obama una oportunidad para que la ciudadanía presione al gobierno de México, para que asegure que los dos países comiencen a dar los pasos para discriminalizar la migración”, Ilse Islas, Acrtiz.

En el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, migrantes dieron testimonio de su experiencia de deportación.

Denunciaron que la reforma migratoria que se discute en Estados Unidos está incompleta.

Entre las demandas de la declaración por los derechos de las personas migrantes destacaron: alto inmediato a las políticas de criminalización, desvincular el fenómeno migratorio de la estrategia de seguridad nacional, y rechazar la criminalización de asistencia humanitaria.

Oscar González