Hoy en la Primera Sala de la SCJN

La Primera Sala de la Corte resolvió ejercer su facultad de atracción para conocer de un amparo en revisión.

Recurso que podría permitir estudiar cuales son las medidas que debe adoptar la autoridad ministerial, en las denuncias para investigar feminicidios y violencia de género.

Este asunto deriva de un caso en la que la muerte de una mujer fue denunciado como suicidio y asesinato, al mismo tiempo.

Aquí se determinará si el ministerio público en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, atendió la denuncia de violencia de género y si lo hizo de manera ágil, conforme a los estándares internacionales.

Además de verificar, si se garantizó el derecho de acceso a la justicia.

También conocerá de un amparo directo en la que una trabajadora de la Junta Local de Conciliación, en Toluca, Estado de México, se queja de acoso laboral, discriminación y marginación

Exigiendo una indemnización para reparar el daño psicológico y físico causado, y el perjuicio ocasionado por la discriminación, al recibir un bono menor al otorgado al resto de sus compañeros.

Caso en el que estudiarán si se violaron los derechos a la libertad de trabajo, igualdad, no discriminación y dignidad de las personas.

Además, si procede analizar el tema de acoso laboral, concepto que no se encuentra expresamente regulado en la ley, si la reparación que se exige se equipara a la prevista para el daño moral y si las partes involucradas en el conflicto se encuentran en un plano de igualdad.

Al resolver un amparo directo en revisión, los ministros determinaron que un juez no está obligado a       desahogar oficiosamente la prueba pericial en los juicios de desconocimiento de paternidad, en los que el cónyuge varón pretende destruir el vínculo paterno filial que lo une a un menor.

Pues la destrucción de ese vínculo podría traducirse en la pérdida de derechos alimentarios y sucesorios, por lo que el interés superior del menor en estos casos, no se circunscribe al conocimiento del vínculo biológico con sus padres.

Situación que contrasta con la indagatoria de paternidad, en la que el juez sí debe recabar la información de oficio, para darle efectividad al derecho a la identidad del menor involucrado.

José Luis Guerra García

La Primera Sala de la Corte resolvió 48 asuntos entre ellos un amparo relacionado con las penas que se imponen por robo en la capital del país

Es válido incrementar las penas por robo, cuando el delito se comete con violencia a un transeúnte.

Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte al negar un amparo a una persona sentenciada por este delito.

El Código Penal del Distrito Federal señala que el robo se castiga con seis meses y hasta diez años de prisión, dependiendo del valor de lo robado.

La pena aumenta  de dos a seis años de prisión en el caso de que el delito se cometa con violencia y otro tanto si la víctima es un transeúnte.

El quejoso argumentó que agravar el delito implica ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Los ministros desestimaron sus argumentos ya que la ley no permite imponer una doble pena al infractor.

Solo se trata de una agravante del delito, lo que no significa calificar dos veces la misma conducta con base en un distinto ilícito.

La Primera Sala de la Corte determinó que los amparos relacionados con los hechos violentos ocurridos en Chimalhuacán, Estado de México, en el 2000 no cumplen los requisitos de trascendencia e interés jurídico, necesarios para que la Corte ejerza su facultad de atracción.

Verónica González

Atrapan al Canas

Juan Carlos Vasconcelos Montalvo, alías “El Canas”, confesó hoy su participación en las ejecuciones múltiples en el Estado de México y el Distrito Federal.

Este hombre fue detenido ayer en Netzahualcóyotl.

En su declaración dijo que ordenó  y participó en los 23 homicidios en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, debido a deudas de droga y  por venganza.

La Procuraduría de Justicia del Estado de México informó que también fueron detenidos en Iztapalapa dos cómplices del Canas, a quien se le acusa de venta de droga al menudeo, robo de vehículos, extorsiones y secuestro.