Reflexionan sobre Medios de comunicación, cobertura y equidad en el proceso electoral en Observatorio Judicial

El modelo de comunicación político electoral que se creó con la Reforma de 2006, no ha cumplido con sus principales objetivos: reducir el poder de los medios de comunicación y el costo de las campañas políticas.

Así lo señalaron especialistas que participaron en el segundo día del Observatorio Judicial Electoral sobre el Modelo de Comunicación Política.

Propusieron repensar este esquema que  prohibió a los partidos políticos y a los candidatos contratar o adquirir tiempos en radio y televisión y otorgó facultades al INE para ser el único administrador de los tiempos oficiales.

 “Ni hemos reducido el poder de nuestros ogros mediáticos, ni hemos reducido el costo de las campañas políticas y tampoco hemos cerrado en realidad el grifo del dinero en el mercado negro de compra de espacios en la televisión y en la radio”, Saúl López Noriega, Investigador CIDE.

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los expertos analizaron el tema de los medios de comunicación, cobertura informativa y equidad en el proceso electoral.

 “Creo que seguimos sin tener transparencia en los medios de comunicación, la seguimos teniendo porque están apareciendo hoy nuevas modalidades que aquí se han dicho, una muy importante es el hecho de que no sabemos cuándo es una nota informativa y cuándo es una nota propagandística”, Javier Solórzano, Periodista y conductor de radio y televisión.

Se refirieron a las deficiencias de la ley que fue aprobada en el Congreso sobre el derecho de réplica.

 “No cumple con los requisitos mínimos que debe tener el derecho de réplica para ser eso, un derecho fundamental y las garantías que tiene que ofrecer el estado para ejercerlo”, Irene Levy, Presidenta de OBSERVATEL.

Lamentaron que sea el agraviado el que tenga que demostrar que las acusaciones que se hicieron en su contra son falsas.

Juan Carlos González

 @JUANCA72CJ

Desafíos en la implementación de sistemas de transparencia y anticorrupción

Una clara definición de políticas públicas en materia de transparencia y anticorrupción son indispensables para revitalizar la democracia y reconstruir el vínculo de confianza entre la ciudadanía.

Así lo señaló el comisionado del INAI, Joel Salas, al participar en el segundo día de la Semana Nacional de Transparencia.

 “Existe un consenso que la manera de revitalizar nuestra democracia, que la manera de reconstruir el vínculo de confianza entre autoridades y ciudadanía pasa forzosamente por una clara definición de políticas públicas en materia de transparencia y anticorrupción”.

En la antigua sede del Senado, especialistas aseguraron que en México hay una corrupción hecha maquinaria y normalizada que hace muy difícil  su combate.

“No nos va a salir como pensamos, vamos a cometer muchos errores, vamos a tener que aprender en la práctica, vamos a tener que dar de frentazos varias veces durante varios años”, David Arellano, Dir. Gral. División de Administración Pública del CIDE.

Se resaltó la última encuesta del INEGI en esta materia, en la que más del 12 % de la población fue víctima de algún acto de corrupción.

Acción que se percibe muy alta en policías, partidos políticos, legisladores, ministerios públicos e impartidores de justicia.

 “Pero también se percibe alta entre los ciudadanos, es decir uno de cada cinco personas cree que sus vecinos son corruptos o que pueden caer en un acto de corrupción y uno de cada cinco parientes puede caer en un acto de corrupción”, Adrián Franco, Dir. Gral. Estadística, Seguridad Pública y Justicia INEGI.

En 2013 se registraron más de siete millones 400 mil trámites con alguna experiencia de corrupción.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Ximena Medellín analizó la importancia del principio pro persona

En el Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se analizó la importancia del principio pro persona.

Criterio que señala que se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva en caso de que se tengan diferentes opciones para decidir un caso.

“El énfasis, la verdadera naturaleza del Pro Persona está en la interpretación no en la selección de normas, este énfasis de la selección de normas es un residual de nuestra propia inercia formalista pero no es la mejor forma de entender el Pro Persona, lo mejor que podemos hacer es verlo en la vía interpretativa”, Ximena Medellín, Profesora Asociada del CIDE.

La profesora del CIDE Ximena  Medellín destacó la relación que hay entre el principio pro persona con otros principios de favorabilidad, como el interés superior del niño, y con la ponderación de derechos.

 “Creo que hay una gran confusión en el sistema judicial mexicano en el que dicen si están ponderando ya no puedes utilizar Pro persona porque si ponderas ya no estas utilizando la norma más favorable”.

Dijo que en estos casos se debe dar una secuencia de pasos, a través de una metodología escalonada de argumentación.

 “Que eso es mucho de lo que hace la Corte Interamericana, primero construye la argumentación expansiva de cada uno de los derechos involucrados en el caso y no deja un derecho huérfano como el derecho de la madre porque de verdad esos casos están siendo terribles para las madres”.

Después se debe analizar si hay alguna restricción a alguno de los derechos construidos y eso da las bases para hacer la ponderación, según la especialista.

Finalmente aseguró que esta nueva lógica de interpretación da la oportunidad para reivindicar la figura de los jueces y de los abogados.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Llevan a cabo Foro sobre desplazamientos internos forzados en México

El desplazamiento forzoso de personas no es propio de las zonas de conflicto en Medio Oriente o Europa.

En México desde el 2008 a la fecha las cifras de desplazados se estiman entre 160 mil y 700 mil personas.

Principalmente en estados con violencia extrema como Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Michoacán y Guerrero.

“Donde la delincuencia se ha asentado poco estruendosamente, el éxodo de población de condición económica y social ha sido de lo más variada en todo el país y ha permitido caracterizar de entrada al desplazamiento forzado como un problema de seguridad pública que ha afectado de manera indiscriminada de la población”, Ricardo Reynoso, Investigador, Instituto Mora.

Otras entidades del país presentan violencia “sigilosa”, lo que ha provocado, a decir de los especialistas el éxodo de comunidades enteras como en Chiapas o Michoacán.

“Estos 121 episodios de desplazamiento interno en diferentes estados del país desde el inicio prácticamente de la guerra contra el narcotráfico en México, el que ubicamos por ejemplo al estado de Michoacán en el segundo lugar”, Edgar Guerra, Investigador, CIDE.

En un Foro sobre Desplazamientos Internos Forzados en México, organizado por el INACIPE y el Instituto Mora, se puso de manifiesto la necesidad de homologar leyes que tienen que ver con ésta problemática.

Como de atención a víctimas, trata de personas, entre otras.

“Porque desafortunadamente ante una amplitud de leyes se puede causar una confusión para efecto de la solución de éstas problemáticas que son urgentes”, Rigoberto Ortiz Treviño, Director de Investigación, INACIPE.

El desplazamiento forzado en México se asocia a la violencia y representa otra de las formas de violación a los derechos humanos.

Martha Rodríguez

@marthaarod 

Ximena Medellín reflexionó sobre la violación al Art. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos que prevé la integridad personal

El artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé la integridad personal.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, siempre que se viola alguna de las fracciones específicas de este artículo, hay violación al inciso primero que establece las bases de la integridad personal.

“Sobre todo esta relación la ha establecido entre la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y la afirmación general del derecho a la integridad personal”, Ximena Medellín, Investigadora CIDE.

Esta violación tiene distintos grados de severidad y distintas consecuencias, de ahí se deriva la distinción entre tortura y tratos crueles.

“La Corte siempre ha utilizado, siempre ha interpretado el derecho a la integridad personal de manera expansiva, es decir, dándole cada vez más contenido”.

Para la protección de este derecho, es indispensable destacar la obligación del estado a investigar de manera oficiosa, imparcial y exhaustiva.

“Y eso es interesante porque muchas veces cuando la Corte no ha podido probar que fue un agente estatal el que realizó los actos de tortura, por ejemplo, o que la tortura se dio con la ayuda o tolerancia del estado, siempre está esta otra vía para probar la responsabilidad del Estado”.

Si el estado no lleva a cabo la investigación por violación a la integridad personal, la Corte determinará que se violó el mismo.

Emmanuel Saldaña

‏@emanuelcomunica

Académicos del CIDE presentaron el Violómetro Constitucional

Para monitorear el trabajo y los resultados de los diputados federales, académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, presentaron el “Violómetro Constitucional”.

Instrumento digital que ofrece datos cronológicos para medir en tiempo real, las violaciones constitucionales en que incurre el Congreso de la Unión, al no cumplir con sus obligaciones legislativas dentro de los plazos establecidos en la ley.

“Y uno de los grande méritos que tiene este instrumento, es hacer visible el hecho de que las violaciones a los tiempos constitucionales no son anécdotas, no son hechos aislados, sino que son un patrón, un comportamiento sistemático”, Carlos Bravo, Periodismo CIDE.

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, denunciaron que los integrantes de la 62 Legislatura, violaron 22 veces la Constitución Política, de las cuales dos llevan más de siete años sin subsanarse.

De acuerdo con la página, una de las violaciones actuales de los diputados y los senadores tiene que ver con la propaganda gubernamental, el tiempo de violación, desde el 14 de diciembre de 2007, es decir, 7 años 8 meses 18 días y 15 horas, el congreso federal tenía un plazo de 30 días para adecuar la legislación a la reforma constitucional, cosa que no ha ocurrido.

“En relación con estas dolorosas omisiones, en relación con esta dolorosa dejadez que coloca al legislativo mexicano nada más y nada menos que en la ilegalidad”, Roberto Duque, Facultad de Derecho UNAM.

El fin último de este Violómetro es dejar de existir, que llegue el día en que esté vacío, y eso será cuando en México no haga falta un instrumento como éste, porque los legisladores se apeguen a la Constitución y a la ley.

Oscar González

@okogonzalez08

Promueven amparos contra resolución del INE que avaló a partidos políticos conservar dinero no gastado del presupuesto electoral

Es momento para que los ciudadanos acudan a los mecanismos jurídicos para vigilar el destino del dinero público.

“Está abierta la puerta de la justicia, que todos tenemos derecho al acceso a la justicia… Tenemos que ver que el dinero de todos se maneje de mejor forma”, José Roldán Xopa, Investigador CIDE.

Es el mensaje de José Roldán, investigador del CIDE, quien, con 31 ciudadanos y la ONG Transparencia Mexicana promovió dos amparos contra la resolución del Instituto Nacional Electoral que determinó que los partidos políticos podían quedarse cerca de 286 millones de pesos que no gastaron del presupuesto para el proceso electoral 2014-2015.

De acuerdo con la normativa vigente, explicó el académico, el dinero que no se gastaron los partidos políticos deben devolverlo a la Tesorería de la Federación.

“Los partidos políticos tienen derecho a un financiamiento, lo que significa que no son dueños de ese dinero, sino que tienen derecho de gastar hasta cierto límite, porque el financiamiento proviene de los impuestos de todos, si no lo gastan el sobrante tampoco pueden destinarlo a otro gasto”.

El argumento central para acudir a la justicia federal es el interés legítimo.

“La ley de amparo establece que es improcedente cuando se trate de impugnar decisiones de organismos electorales… Lo que estamos reclamando es el cumplimiento de deberes de los partidos en materia de finanzas públicas y la obligación del INE de vigilar que los partidos cumplan con sus obligaciones”.

Los amparos fueron interpuestos ante el Juzgado Segundo de Distrito y ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito, ambos en materia administrativa del DF.

Esperan la respuesta del INE y los partidos políticos.

“Va a ser muy importante la respuesta de los partidos para ver de qué manera quieren justificar que quieren quedarse con un dinero que no es de ellos”.

De no concederse el amparo, destacó Roldán Xopa, el asunto podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Lanzan Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

Más de 50 organizaciones de la sociedad civil unieron fuerzas para lanzar la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Una iniciativa que busca erradicar las causas que generan pobreza y desigualdad en México.

“México es un país rico pero la mayoría de su población vive en pobreza, esto puede cambiar, esto debe cambiar, simplemente para vivir en paz y ser un país próspero es que tenemos que iniciar este movimiento”, Enrique Cárdenas, Dir. Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

“No hay futuro para el país si no logramos esa cohesión social, si no hacemos un frente contra la pobreza y la desigualdad”, Ricardo Raphael, Investigador CIDE.

Destacaron que México esta entre las 15 economías más grandes del mundo, pero ocupa el lugar 71 en el índice de desarrollo humano.

En los últimos 20 años hay 14.5 millones más de personas en pobreza, según los especialistas.

Cifras que hacen necesario, según las ONGs, cerrar filas para combatir este flagelo.

“Buscar desarrollar una estrategia nacional de Estado que priorice una economía incluyente, un sistema de seguridad social que garantice los derechos sociales básicos y mecanismos de rendición de cuentas, vigilancia y exigibilidad con participación ciudadana”, José Manuel Domínguez, Centro de Comunicación Cristiana de Bienes.

Entre los objetivos de la acción ciudadana frente a la pobreza están principalmente promover el presupuesto sin moches, para transparentar los programas sociales, y cero listas de espera, a fin de  garantizar el acceso efectivo a la  salud.

Juan Carlos González

Académicos plantean retos para la nueva gestión de la SCJN

Académicos de los principales centros de investigación del país plantearon algunos retos para la nueva gestión de la Suprema Corte de Justicia.

Primero, en materializar el discurso de protección de derechos.

“Una de las preguntas importantes por ejemplo, es ¿cómo se bajan los protocolos? y empezar a ver los protocolos ya en sentencias expresados con toda claridad”, José Antonio Caballero, Investigador CIDE.

“El gran reto en los próximos cuatro años será que las reformas en materia de derechos empezarán a caminar juntas, la reforma en derechos humanos, la reforma en materia de amparo y la reforma del sistema penal acusatorio, y cómo resolver las contradicciones y las tensiones entre estas reformas no es una tarea fácil”, Carlos Pelayo, Investigador IIJ UNAM.

“Si la Corte se concentra demasiado en el rol de difusión de ideas y pierde de vista el rol de rendición de cuentas o de obtención de resultados, lo que corremos es el riesgo de banalización del discurso de derechos humanos”, Karina Ansolabehere, Investigadora FLACSO.

Otro pendiente, indicaron, será privilegiar los casos que involucren los derechos de mayorías.

“Poco avance en cosas que realmente cambiarían la vida de todos los mexicanos en dimensiones independientes de su pertenencia a minorías por rasgos que tienen”, Francisca Pou, Investigadora ITAM.

Debe haber innovación procedimental, explicaron, al reforzar figuras como el amicus curiae.

Entre los retos, subrayaron la necesidad que la Corte se abra a la ciudadanía con datos que permitan facilitar el conocimiento de los procesos de impartición de justicia.

Mario López Peña

Organiza CIDE Coloquio, “Aire en libertad: Octavio Paz y la crítica.”

La voz crítica de Octavio Paz no sería suficiente para explicar la complejidad que vive el país, en medio de una democracia frágil.

Así lo señaló Ignacio Marván, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, durante el Coloquio: “Aire en libertad: Octavio Paz y la crítica.”

 “La vida política no necesita un Octavio Paz por qué porque finalmente en un mundo cerrado es el que metía orden, daba la crítica y a partir de ahí te posicionabas en un sentido u en otro, ahora en nuestra línea política es tan desordenado y estamos entre un Estado Fallido y una democracia frágil y alta pluralidad de voces que evidentemente no tiene sentido estar pensando que venga un Octavio Paz para que estemos a favor o en contra, para explicarnos cómo está esta complejidad del momento mexicano”.

El poeta Armando González se refirió  al ambiente de polarización que llegó a formarse en torno al escritor Octavio Paz, que sigue generando polémicas póstumas.

 “Siento que el debate en torno a la figura de Paz, este debate ulterior a su muerte se ha centrado muchísimo en su faceta de intelectual público, sobre todo en sus posturas políticas, lo que ha opacado, me parece, la apreciación de sus legado en tres aspectos fundamentales primero como autor de una obra poética fundamental en el siglo XX”.

Se destacó también la pasión crítica que mostró Octavio Paz desde la adolescencia.

 “Paz era un intelectual a la vieja usanza, de esos que hoy difícilmente podemos encontrar pues están condenados a desaparecer, si no es que ya desaparecieron… Su compromiso con el ejercicio de la crítica agobia a los ideólogos de todos colores”, Xavier Rodríguez, Profesor Universidad Pedagógica.

El Coloquio fue organizado por el CIDE para celebrar el centenario del natalicio del poeta mexicano

Juan Carlos González