Emilio Álvarez Icaza, actual secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, emitió hoy una carta abierta en la que informa su decisión de no presentarse a la reelección.
Esto a siete meses de cumplirse el periodo para el que fue designado.
Esto, señaló, por motivos familiares, pero principalmente para retomar sus actividades en México.
Textualmente dijo que la situación en nuestro país le duele profundamente, ante lo que dedicará sus esfuerzos para trabajar cercanamente y transformar la crisis de derechos humanos que se vive.
Tras el anuncio, la CIDH deberá llevar a cabo el proceso de selección para designar a un nuevo titular de dicha Secretaría, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 del reglamento de la CIDH.
A 9 años 6 meses de los sucesos de Texcoco y Atenco, integrantes del llamado Comité de Sobrevivientes de la Tortura del Caso Atenco, exigen justicia.
Piden sancionar a los verdaderos responsables de estos hechos, que dejaron como saldo 2 muertos, más de 200 detenidos y 12 personas encarceladas, quienes fueron liberadas 4 años después, debido a que la Suprema Corte los declaró inocentes del delito de delincuencia organizada.
“Y lo único que pretenden es simular justicia y procesar a los más bajos niveles de una cadena de mandos que se niegan investigar, pretenden dejar impunes a los verdaderos autores intelectuales y políticos”, Jorge Orta, Comité de Sobrevivientes de la Tortura del Caso Atenco.
Explicaron que lo que buscan es que se conozca la verdad histórica de estos hechos, se erradique la práctica de la tortura y que el Gobierno Federal, ponga fin a su intención de construir un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco.
“Nosotros reafirmamos también que el proyecto puede llevarse a cabo en Santa Lucía, para que realmente nos dejen de estar acosando a todo lo que es el, los que vimos en la rivera del lago de Texcoco”, Filemón ramos, Comité de Sobrevivientes de la Tortura del Caso Atenco.
Indicaron que las autoridades judiciales del Estado de México pretenden revictimizarlos, al llamarlos a declarar para reconocer a sus aparentes victimarios.
Por ese motivo no descartaron presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que ya estudia si turna a la Corte Interamericana el caso de 11 mujeres que denunciaron ser víctimas de violación, como método de tortura, durante los sucesos de 2006.
México debe rectificar su política migratoria, misma que debe partir de reconocer a las personas en tránsito como sujetos de derechos.
La estrategia actual solo ha favorecido a las bandas delictivas, que han convertido al secuestro, trata y tráfico de migrantes, en un negocio rentable.
Pues exigen a familiares de los migrantes desde 500 hasta 5 mil dólares, para liberar a sus víctimas, ilícitos que se mantienen en la impunidad.
“Para evitar los flujos de la sangre y del dolor, es que son esa, son capitales de muerte, tienen detrás delitos, sufrimiento inagotable de muchas familias y muchos migrantes, es inadmisible que se esté moviendo ese dinero manchado de sangre y que no se detecte lo que pasa”, Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo CIDH.
Delitos en los que existe colusión de servidores públicos, pues resulta sorprendente que no se tomen acciones para atender esta problemática.
“Y se aproximan fenómenos donde hay servidores públicos que participan en el delito o donde se sabe que hay lugares que se están cometiendo delitos y no se previene”.
Durante un foro sobre el tema, se advirtió que México está adoptando una política de contención migratoria, para evitar que indocumentados centroamericanos lleguen a los estados unidos pero además, se está transformando la frontera sur en un gran centro empleador de indocumentados en condiciones laborales precarias.
“Si esta inercia continúa y si la vemos hacía los próximos años, pues en definitiva un escenario en donde pudiéramos parecer ya un país antinmigrantes… La contención migratoria amplifica riesgos y la posibilidad de violaciones de derechos humanos”, Tonatiuh Guillén, Presidente del Colegio de la Frontera Norte.
Indicaron que esta política de contención ha propiciado que en los últimos 2 años se haya deportado a 271 mil centroamericanos.
Explicaron que en tanto no desaparezca el fenómeno de la violencia y la pobreza en esa región, los flujos migratorios continuarán aumentando.
Braceros ganaron un amparo para el pago de un fondo de ahorro a 4.6 millones de ex braceros, sin embargo y hasta la fecha, aseguran, no han recibido pago alguno.
«Aquí hay que distinguir la lucha histórica es por el 10 % que a cada bracero le descontaron durante todo el tiempo que trabajaron en los estados unidos, que afirma que lo envió al de México y como sucede en muchas cosas se desapareció», José Antonio Foronda, Abogado.
En conferencia, indicaron que solo se les ha otorgado un apoyo social por 38 mil pesos a 40 mil de ellos.
Destacaron que la demanda favorece a más de 150 ex braceros del municipio de Ameca, Jalisco y a sus familiares.
«Por considerarse que los denunciantes constituyen un grupo de personas vulnerables compuesto por adultos mayores en promedio de 80 años de edad, de origen humilde y en su mayoría enfermos», María Elena Hernández, Asesora Jurídica.
Señalaron que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados, pidieron tiempo para responder a la demanda.
El plazo para el pago vence en diciembre de 2015.
Añadieron que ya presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Solo a través del respeto a los derechos humanos, el estado podrá realizar investigaciones reales, capaces de desmantelar estructuras criminales, proporcionar acceso a la justicia, a la verdad y reducir la impunidad de manera sostenible.
Demandaron representantes de 29 organizaciones civiles durante la última audiencia pública de México ante la Comisión Interamericana, donde presentaron denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales.
“Casos en que las fuerzas de seguridad ejecutan para luego dar a conocer que las víctimas eran delincuentes que murieron en algún enfrentamiento”, Stephanie Erin Brewer, Centro PRODH.
Acto seguido sellan la escena del crimen impidiendo el acceso.
“Durante este tiempo siembran armas y mueven cuerpos para después anunciar que abatieron delincuentes”.
Asimismo, aseguraron, imputan delitos a cualquier sobreviviente aunque sea inocente.
“Cifras oficiales demuestran que de 2007 a mediados de 2014, por cada elemento militar fallecido en un enfrentamiento fallecieron 19 civiles, sumando aproximadamente 4 mil”.
Ante las denuncias, el estado mexicano respondió:
“Las fuerzas federales conforme al marco legal que les rige y a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúan en auxilio de las autoridades civiles de conformidad con la ley general del sistema nacional de seguridad pública y las leyes orgánicas de las instituciones mencionadas respetando en todo momento los derechos humanos y los protocolos internacionales del uso de la fuerza”, Roberto Campa Cifrián, Subsecretario Derechos Humanos SEGOB.
El vicepresidente de la Comisión Interamericana, James Cavallaro, citó cifras de la SEDENA: 3 mil 967 civiles muertos y 209 militares en enfrentamientos en los últimos años, lo que dijo, supone que sí existe un patrón de las fuerzas de seguridad que lanzan un informe oficial de los hechos, mismo que va perdiendo fuerza conforme a las investigaciones de periodistas y ONG’s.
La Comisión Interamericana constató en terreno, la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia.
Fue parte de las conclusiones de la misión de alto nivel tras finalizar la visita in loco a nuestro país.
“Graves violaciones en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”, Rose Marie Belle Antoine, Presidenta CIDH.
Calificó como alarmante el problema de desaparición forzada, resultado de una situación estructural que padece México desde hace décadas.
En conferencia de prensa, se dio a conocer un informe preliminar tras la visita a la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz, donde la violencia contra los periodistas es grave.
“Constatamos si miramos en los últimos 10 años, que la cantidad de agresiones, amenazas y asesinatos contra periodistas no ha disminuido, lamentablemente puede incluso hablarse de un ascenso”, Edison Lanza, Relator para la Libertad de Expresión, CIDH.
Los comisionados expresaron su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato.
La falta de acceso a la justicia, impunidad y corrupción.
Y acompañaron el informe del grupo interdisciplinario sobre los normalistas desaparecidos.
“No vemos la tragedia de las 43 víctimas como algo aislado estamos igualmente preocupados por el patrón de desapariciones que hemos identificado en México que se han descubierto en Iguala”, Rose Marie Belle Antoine, Presidenta CIDH.
Urgieron al estado mexicano a esclarecer la verdad de los hechos, determinar las responsabilidades penales, designar un nuevo fiscal especial y reorientar la investigación de la PGR.
La CIDH expresó su voluntad de colaborar con el estado en la búsqueda de soluciones que protejan los derechos fundamentales y cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El informe país será presentado durante el primer semestre del 2016.
La misión que se encuentra en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se trasladó a los estados de Guerrero, Tabasco, Nuevo León y Veracruz.
Para entrevistarse con autoridades, organizaciones civiles y agrupaciones de periodistas.
En el caso de Guerrero, sostuvieron reuniones con los familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos, desde hace un año.
En Tabasco, además se reunieron con autoridades de migración y en Veracruz, con el Fiscal Especial para la Atención de Delitos en contra de Periodistas.
En todos estos encuentros recaban información sobre casos de desaparición forzada, tortura y ataques a la libertad de expresión, entre otros.
Una misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició su visita a México, para revisar temas que le preocupan como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
La delegación está integrada por la presidenta Rose Marie Belle Antoine, el primer vicepresidente, James Cavallaro, tres comisionados, el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.
Por la mañana se reunieron con funcionarios federales en la sede de la Cancillería, entre ellos, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa y el de Prevención y Participación Ciudadana, Arturo Escobar.
Posteriormente, acudieron a la PGR a un encuentro con la procuradora, Arely Gómez.
En la cuenta de twitter de la Comisión Interamericana se informó que solicitaron información sobre los canales de comunicación con los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
También tuvieron un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong quien agradeció la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos en la investigación sobre los hechos de Iguala y les aseguró que mientras no tengamos seguridad en los municipios, nos exponemos a casos como el de Ayotzinapa.
La misión de alto nivel estará en México hasta el 2 de octubre y revisará la situación de los derechos humanos en el país.
Parte de su agenda de trabajo incluye reuniones con sociedad civil, organismos internacionales, víctimas de violaciones a derechos humanos, órganos autónomos, así como una visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además de la Ciudad de México, la delegación acudirá a los estados de Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz.
El Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investiga el caso Ayotzinapa vio como positiva la propuesta del Ejecutivo Federal sobre la creación de una fiscalía que investigue la desaparición forzada de los 43 normalistas.
En un conversatorio que sostuvieron con académicos de diversas instituciones, advirtieron que si no hay un cambio en las formas de investigación y en la estructura de las instituciones de impartición de justicia, de nada servirá el trabajo interno ni de los expertos internacionales.
“La importancia de la PGR y de por qué trabajar con la PGR en lo que nosotros siempre hemos dicho nuestro informe no tiene ningún sentido si es que nosotros nos vamos al cabo de la renovación de mandato y las instituciones mexicanas no están más fortalecidas, y no están más capacitadas para investigar, si ese es el resultado, yo por lo menos siento que hemos fracasado”, Francisco Cox, Grupo de expertos CIDH.
Los expertos de la Comisión Interamericana advirtieron que una de las partes fundamentales de su informe son las víctimas, sus familias y el entorno social de desconfianza.
“Hay que tener una manera de enfrentarlas que no sea la minimización o la negación sino que sea la aceptación de la situación como un elemento para poder enfrentarla y para eso hay que hablar con los familiares, hay que escucharles, a veces hay que absorber la rabia que tienen como parte del proceso y hay que cuidar las respuestas”, Carlos Beristáin, Grupo de expertos CIDH.
Contestaron a quienes acusan de tener intereses externos en la investigación sobre los hechos de Iguala.
“En ocasiones auto inculpaciones que quieren exonerar a otros responsables o que quieren simplemente mostrar una verdad pero ocultar una verdad real, esto nos determina una posición del Grupo frente a la verificación de todo el expediente”, Ángela María Buitrago, Grupo de expertos CIDH.
Expertos y académicos advirtieron que además de los protocolos de búsqueda se debe trabajar en la recomposición social.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó que visitará México del 28 de septiembre al dos de octubre próximos.
Realizará una observación en terreno sobre la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
En un comunicado, la CIDH informó que dará atención a la situación de inseguridad ciudadana, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos y también de periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos.
Así como de otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia que vive México.
Los integrantes de la CIDH se reunirán con autoridades de los tres poderes del estado, con representantes de la sociedad civil y recabará testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos en los seis estados que visitarán.
Además, se reunirá con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que envió a México, a fin de dar atención al informe que emitieron sobre el caso Ayotzinapa.
La delegación estará encabezada por la presidenta de la Comisión Interamericana, Rose-Marie Belle Antoine, y participará también el relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.
“Es una instancia importante porque es la preocupación de un organismo internacional de protección de derechos humanos, el más importante a nivel hemisférico en la situación y en estos temas en particular y un capitulo completo de esa visita va a ser relevar la situación de violencia contra comunicadores y periodistas”.
La CIDH presentará sus observaciones preliminares al término de su visita a México, en una conferencia de prensa que se realizará el próximo viernes 2 de octubre.
Canal Judicial 