Es inconstitucional embargar a un particular para obligarlo a someterse a una revisión fiscal

Así lo determinó la Corte al resolver una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Sala del Máximo Tribunal.

El Código Fiscal de la Federación permite embargar los bienes de quien se oponga o dificulte el desarrollo de una revisión por parte de la autoridad fiscal.

El Ministro Luis María Aguilar Morales propuso al Pleno sostener el criterio de la Segunda Sala de la Corte.

En el sentido de que esta medida es una herramienta necesaria para que el fisco ejerza su autoridad.

“Esta medida es la más efectiva porque hace que el contribuyente permita inmediatamente para que se le levante este embargo, esta medida coercitiva”.

“No hay idoneidad, efectividad si la hay, en el caso que tuvimos nosotros embargaron las cuentas bancarias, dejaron en completo estado de inopia temporal, al causante y se rindió inmediatamente, bajo banderas y entregó la plaza, efectiva si es, pero lo que decimos es que no es constitucional”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

“No solamente es ante la oposición del contribuyente, también ante la oposición eventual de un responsable solidario… en esta medida me parece que como decía yo el embargo no reúne las medidas de proporcionalidad e idoneidad”, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

“El deudor solidario debe igual que el contribuyente, cualquiera de los dos que cumpla libera la obligación, no veo porque a él se  pretenda que debe tenérsele alguna consideración mayor”, Ministro Sergio Aguirre Anguiano

En opinión de la mayoría esta medida de apremio viola el principio de seguridad jurídica, como lo señala la tesis de la Primera Sala.

“Para que respete el principio de seguridad jurídica es necesario que se establezcan límites dentro de los cuales pueda actuar la autoridad”, Ministro Sergio Valls Hernández.

Advertimos que es totalmente desproporcionada la medida que aloja el artículo 40 en función de que no cumple precisamente con los objetivos fiscalmente que se tienen para estos efectos de comprobación rebasa con mucho, en tanto que lleva a una congelación que produce mucho más perjuicios, existiendo otras medidas”, Ministro Presidente Juan Silva Meza.

“No distingue grados de intensidad en la oposición ni tampoco establece una graduación proporcional o razonable entre las distintas medidas”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Quienes se oponen a este criterio destacaron que se trata de una situación excepcional con la que se pretende garantizar el interés general.

“Esta es una medida de prevención para que la autoridad no quede impedida de realizar sus funciones ante una situación que genera el particular al oponerse a la diligencia”, Ministro Fernando Franco González Salas.

Tras un intenso debate, por mayoría de seis a cinco el Pleno estableció como jurisprudencia que es inconstitucional el aseguramiento precautorio de bienes de contribuyentes que se oponen a una revisión de la autoridad fiscal.

En otro asunto por mayoría de siete a cuatro la Corte modificó una jurisprudencia que consideraba improcedente el juicio de amparo indirecto cuando en asunto laboral se impugnaba la personalidad jurídica.

“Para establecer que no debe de sobreseerse en el juicio de amparo indirecto cuando se encuentra pendiente un problema de personalidad, aún cuando se haya resuelto el laudo respectivo”, Ministra Margarita Luna Ramos.

El criterio a partir de hoy es el siguiente:

Procede  juicio de amparo indirecto en contra del incidente que impugna la personalidad jurídica al dictarse en el propio procedimiento el laudo o sentencia que le pone fin.

Verónica González

No es necesario que la ley establezca un plazo para que la autoridad fiscal emita su resolución…

No es necesario que la ley  establezca un plazo para que la autoridad fiscal emita su resolución sobre el dictamen del estado financiero de un contribuyente.

Así lo determinó el Pleno de Ministros al  resolver una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Salas del Máximo Tribunal.

Por mayoría de seis a cinco se dijo que esto no viola el principio de seguridad jurídica.

“El principio de afectación si existe en todos los casos sólo que se purga interpretando las normas como sistema, y cuál es el sistema el que nos lleva al 67”, MinistroSergio Aguirre Anguiano.

Dicho artículo del Código Fiscal de la Federación, señala que las facultades de la autoridad fiscal para determinar contribuciones omitidas o imponer sanciones se extinguen en un plazo de 5 años.

Así que, con la figura de caducidad se  suple la omisión de la ley  de no establecer un plazo.

La Primera Sala de la Corte sostenía que esta norma era inconstitucional.

“La omisión no pude considerarse subsanada por la existencia de la figura jurídica de la caducidad prevista por el Art. 67 del Código Fiscal de la Federación en virtud de que no es aplicable a las facultades de las autoridades fiscales para cancelar el registro de contador público”, MinistroLuis María Aguilar Morales.

En el Pleno hubo diversas opiniones.

“Para mí la falta de plazo puede traer como consecuencia una actuación arbitraria por parte de la autoridad al quedar bajo su criterio la determinación del momento en el cual emitirá la resolución correspondiente”, Ministra Olga Sánchez Cordero.

“Por qué no la hay,  porque el señor va a seguir trabajando como si no hubiera ningún problema y en el momento en que se emita la resolución pues estará en aptitud de poderla impugnar a través de los medios de impugnación correspondientes pero no hay afectación a su esfera jurídica”, MinistraMargarita Luna Ramos.

“Creo que efectivamente como lo plantea el Ministro Aguilar el Art. 52 ante penúltimo párrafo del código fiscal vigente hasta 31 diciembre de  2008 y el 58 de su reglamento vigente 2009 si tiene problema en cuanto a que afecta la seguridad jurídica del art. 16”, MinistroJosé Ramón Cossío Díaz.

Tras un intenso debate, por mayoría de votos se estableció como jurisprudencia el criterio que sostuvo la Segunda Sala.

En el sentido de que esta disposición no genera incertidumbre jurídica a los contadores públicos que elaboran los dictámenes sobre el estado financiero de los contribuyentes.

Al resolver otra contradicción de tesis entre las Salas de la Corte, se dijo que es válido que el reglamento del Código Fiscal de la Federación establezca el plazo para que la autoridad fiscal ejerza sus facultades de revisión de los estados financieros de los contribuyentes.

“Si la Ley no establece un plazo para que se emita una resolución es legítimo que el reglamento complemente esta deficiencia de la Ley”, MinistroGuillermo Ortiz Mayagoitia.

Esta jurisprudencia se estableció por mayoría de siete a cuatro.

Verónica González

Este lunes el Pleno de Ministros revisará un juicio de amparo relacionado con el derecho de acceso a la información pública

Una mujer impugnó el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que regula el secreto fiscal y establece la excepción a las reservas de la información en esta materia.

Los ministros determinarán si esta norma viola o no el artículo sexto constitucional.

También estará a debate una acción de inconstitucionalidad promovida por diputados del Congreso de Campeche en contra de reformas a la Ley de transparencia y acceso a la información pública de esa entidad.

El asunto está relacionado con el acceso a información pública a través de sistemas electrónicos.