El Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República firmaron la puesta en marcha del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Iniciará su vigencia en una primera etapa, el 24 de noviembre de 2014 en Puebla y Durango.
Después en Yucatán y Zacatecas.
Luego en Baja California.
Enseguida en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Morelos.
La quinta etapa será en enero de 2016 en los estados restantes.
La implementación de la reforma en materia penal representa un espacio para que el Estado mexicano redefina y perfeccione su política criminal.
Un cambio de cultura que recupere la confianza de los ciudadanos, aseguró el Ministro Presidente de la Suprema Corte Juan Silva Meza.
“En el Poder Judicial de la Federación estamos convencidos de las bondades que tendrá la reforma en los cambios al sistema penal para la sociedad, por lo que hemos iniciado ya un intenso y comprometido proceso de implementación bajo la firme convicción de transformar fundamentalmente la cultura penal y cambiar las actitudes que tradicionalmente han caracterizado la impartición de justicia en esta materia”.
Recuperar la confianza social, dijo, es una oportunidad para robustecer el Estado de derecho.
“La reforma penal nos aclarará a todos que las víctimas del delito no pueden ser revictimizadas por actos de las autoridades, que los procesos no pueden ser víctimas tampoco del estado, que México apuesta por un régimen penal sometido al respeto al estado de derecho y de los derechos humanos”.
Estado de derecho sólido y eficaz, en el que se cumpla la ley sin excepción ni demora, coincidieron Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad y Jesús Murillo Karam, procurador general de la República.
“Se disminuyen los obstáculos técnicos de acceso a la justicia y se genera una misma protección jurídica en todo el territorio nacional, con lo que se favorece la igualdad jurídica de los ciudadanos. se brinda mayor seguridad y certeza jurídica, a la vez que se evita la dispersión legislativa”, Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad.
“El derecho penal es el derecho del mantenimiento de la convivencia y es por eso que es tan importante y es por eso que es tan útil”, Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República.
La declaratoria firmada fue enviada al Congreso de la Unión para ser emitida
Emmanuel Saldaña
@emanuelcomunica