Hoy en la sesión de las Salas de la Suprema Corte

La Primera Sala de la Corte determinó que las penas previstas en los códigos penales federal y de Nayarit, que sancionan a los abogados que abandonan la defensa de su cliente sin motivo justificado, causándole un daño, son autónomos y no agravantes.

Criterio que fijó al resolver una contradicción de tesis, en la que indicaron que si bien se trata de normas que protegen el mismo bien jurídico, también protegen el daño que ocasiona al afectado, esta conducta omisiva.

Este delito es sancionado por ambos códigos con prisión de 3 meses a 3 años.

En otro asunto, negaron el amparo a una persona que fue sentenciada a 26 años, 3 meses de prisión, por la violación de 7 personas y una, en grado de tentativa.

El quejoso alegaba que la pena impuesta conforme a lo previsto en el artículo 79 del código penal de la capital, era desproporcionada, argumento que fue desestimado, debido a que no se presentó en el momento procesal oportuno, estó es, cuando interpuso su primer amparo.

Al resolver un amparo en revisión, determinaron que la fracción décimo séptima del artículo 381 del Código Penal Federal, no viola el principio de exacta aplicación de la ley.

Precepto que establece que además de la sanción prevista para el delito de robo, se aplicará una más que va de 2 a 7 años de prisión, por tratarse de un ilícito cometido en vías o equipo ferroviario.

Por este motivo negaron el amparo a 2 personas sentenciadas por el delito de robo, en perjuicio de la empresa Ferrocarril Mexicano.

Por mayoría de 3 a 2, la Segunda Sala, estableció que el FOVISSSTE, está facultado para ordenar a las dependencias donde laboran los trabajadores asegurados  realicen los descuentos por concepto de crédito de vivienda.

Incluso, está obligada la dependencia a retener, los pagos correspondientes, que no se realizaron al momento de otorgar el crédito respectivo.

Indicaron que cuando el FOVISSSTE ordena la retención por pagos atrasados, actúa como autoridad, para efectos del juicio de amparo.

Al resolver un amparo en revisión, determinó que el párrafo quinto del artículo 57 de la Ley de obras públicas del Distrito Federal, viola la garantía de seguridad jurídica.

Ello debido a que no prevé la obligación de que la dependencia notifique a la empresa que realiza una obra, la liquidación del contrato, lo que impide al particular, una adecuada defensa de sus intereses.

José Luis Guerra García

Resoluciones de las Salas de la SCJN

La Primera Sala de la Corte ejerció su facultad de atracción, para conocer de un amparo en revisión, que le permitirá definir la naturaleza de las comisiones de derechos humanos y de sus recomendaciones.

Además, fijará los alcances del artículo 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, que precisa que la autoridad que haya aceptado una recomendación, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento.

Determinará las diferencias entre las recomendaciones emitidas y las aceptadas, a partir de cuándo se tiene por aceptada y si su incumplimiento, actualiza un acto de autoridad por omisión, que puede ser impugnado vía amparo.

El recurso fue promovido ante el supuesto incumplimiento en el que incurrió la Procuraduría capitalina, de una recomendación que se le hizo por la detención ilegal de tres personas, por su aparente responsabilidad en los delitos de robo y secuestro exprés, agravado en pandilla.

Por otra parte, resolvieron ocho juicios de amparo, en los que determinaron los alcances de la aplicación de la jurisprudencia de rubro: conexidad de delitos, la facultad del juez de distrito para conocer de los del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, no implica que las conductas deben analizarse a la luz del Código Penal Federal.

Establecieron que la conexidad derivada de la aplicación del artículo 73, fracción XXI constitucional y 10 del Código Penal Federal, no implica la federalización de los delitos locales.

Ante el incorrecto ejercicio de dicha competencia, la Primera Sala concedió el amparo a los quejosos, para que se reponga el procedimiento, con el fin de tipificar el delito conforme

A su naturaleza, es decir, si es de fuero federal o local, y continuar con el proceso hasta el final, sin que esto implique la libertad de ninguno de los quejosos.

La Segunda Sala de la Corte por mayoría de cuatro a uno resolvió que los artículos de la Ley orgánica de la PGR, que regulan el servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, no viola la garantía de libertad de trabajo.

Pues el condicionar su permanencia a la aprobación de evaluaciones, solo busca garantizar la prestación del servicio de seguridad que tienen encomendado.

Se argumentó que esta restricción se justifica, ya que la sociedad debe tener la certeza de que son aptos para cumplir con la delicada tarea que tienen encomendada.

Asimismo, estableció la validez de la prueba de polígrafo, aclarando que su resultado, no puede servir como único motivo para despedir a un elemento, pues se debe acompañar de otros datos  que confirmen su condición de no apto para desempeñar el cargo.

José Luis Guerra García

Código Penal Federal

Este sábado entran en vigor las reformas a la fracción décima séptima del artículo 381 del Código Penal, con el fin de tipificar el robo de vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten por este medio, cuyas penas van de los 3 días a 10 años de prisión.

Los elementos de los tipos del Código Penal Federal

Imprecisiones de la reforma penal de 2008 llevan al retroceso en la investigación de los delitos, aseguraron especialistas.

“Es preocupante la reforma constitucional de 2008 en la que se habla de hecho ilícito, noción que sido incluida ya en los nuevos juicios orales… Es un concepto genérico, amplio, en blanco, ambiguo”, Aarón Hernández López, Profr. Fundador Fes Acatlán.

“Los legisladores no saben lo que hacen”, Griselda Amuchategui Profesora INACIPE.

En presentación de libro Los elementos de los tipos del Código Penal Federal, recomendaron el uso de mapas conceptuales para los procesos penales.

«Permitirán empatar la información contenida en una carpeta de investigación con estas estructuras y de esa forma adelgazar las manifestaciones y la exposición que realice un postulante ante un tribunal”, Jorge Gutiérrez Muñoz, Investigador INACIPE.

Este método, dijeron, es una forma de eficientar los procesos judiciales.

“El juzgador o el tribunal según sea el caso podrá hacerse cargo de dicha información y emitir con la mayor prontitud posible las resoluciones penales”, Jorge Gutiérrez Muñoz, Investigador INACIPE.

Afirmaron que los mapas conceptuales son indispensables para la labor del Ministerio Público en la integración de las investigaciones.

La obra hace un estudio esquemático de los 26 títulos que componen el Código Penal Federal.

Mario López Peña