35 % de homosexuales mexicanos sufren discriminación laboral

En México uno de cada tres homosexuales sufre discriminación laboral.

De los que trabajan, el 10 % ha sido despedido a causa de su preferencia sexual.

Estos datos los revela la Primera Encuesta sobre Homofobia y Mundo Laboral, realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones sociales en México.

Informaron que al 14 % de la comunidad homosexual se le ha negado un empleo.

Situación de discriminación que ha obligado al 55 % por ciento de homosexuales a ocultar su preferencia sexual.

La próxima semana en el Pleno de la SCJN

En su próxima sesión el Pleno de la SCJN, dará entrada a tres conflictos competenciales.

En los cuales estudiará, a quién corresponde conocer de un juicio de nulidad promovido en contra de una resolución dictada por la contraloría interna del IFE, en la que se impuso una sanción administrativa.

El Pleno deberá determinar si este asunto es competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Además, analizará la constitucionalidad del artículo 387 del Cofipe, que prevé que este tipo de sanciones pueden ser impugnadas de manera directa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal.

Enseguida se encuentra una contradicción de tesis, suscitada entre la Primera y Segunda Salas, sobre el principio de irretroactividad de la ley.

Asimismo, se encuentra  en lista una acción promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cuestiona la validez del artículo 133 quater del Código Federal de Procedimientos Penales, así como 16 y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Los cuales otorgan facultades discrecionales a la PGR y Procuradurías Estatales para ordenar a los concesionarios de redes de telecomunicación, la ubicación de equipos móviles utilizados en acciones de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro y extorsión.

El Pleno deberá determinar si dichas disposiciones violan el derecho a la privacidad, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica, como lo argumenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

José Luis Guerra García