Derechos humanos y control de convencionalidad

Para garantizar el respeto de los derechos humanos, los jueces deben conocer e incorporar los tratados internacionales, pero sin reemplazar por completo la legislación interna.

Así lo señaló el asociado Senior del Centro Internacional para la Justicia Transicional, Cristián Correa, quien participó en el curso sobre derechos humanos y control de convencionalidad, que se realiza en el Instituto de la Judicatura Federal.

“Esto no es una cosa de que todas las normas del derecho interno ya no son aplicables, sino que es un ejercicio de ponderación, de en qué medida esta norma que parece cuestionada por una de las partes corresponde aplicarla o no corresponde aplicarla, no es un asunto simplemente de borrar a rajatabla con ese sistema”.

Aseguró que es responsabilidad del Estado adecuar la legislación interna para incorporar los tratados internacionales, pero cuando eso no sucede los jueces tienen una labor importante.

“Entonces es obligación de los jueces actuar como los últimos protectores de la coherencia que tiene que tener el Estado para adentro y para afuera y de cómo entonces aquello que ha suscrito y ratificado se incorpore no solamente en la letra de la ley sino que se incorpore en las decisiones concretas de los jueces”.

El especialista internacional también explicó la responsabilidad del Estado en actos internacionalmente ilícitos del Poder Judicial y las distintas formas de reparación a las víctimas.

Juan Carlos González

El impacto en el Poder Judicial y Legislativo de las sentencias de la CoIDH

La reforma de derechos humanos y el Caso Radilla, se trata de los sucesos más importantes en los últimos 70 años en el ámbito de la justicia.

La Ministra Olga Sánchez Cordero indicó que ello, propició un cambio en la interpretación del fuero militar y el control de convencionalidad.

Pero además, hoy se obliga al Estado Mexicano a investigar posibles violaciones a los derechos humanos y a reparar los daños que originan.

“Sí por supuesto, sería, digamos deseable tener una ley reglamentaria de reparación del daño por parte del estado, pero una interpretación directa de la constitución, ahí está la obligación del estado de reparar las violaciones a los derechos humanos y por supuesto, deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar”.

Al participar en el coloquio en el que se abordó El impacto en el Poder Judicial y legislativo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicó que a la fecha el Estado Mexicano ha sido condenado en 6 ocasiones por violar estos derechos.

Precisó que hoy, todos los jueces están obligados a no aplicar normas que afecten estos derechos o que sean contrarias, a lo plasmado en tratados internacionales.

“Yo quiero manifestarles que, hay una, a veces hasta desconocimiento de las convenciones internacionales por parte de legisladores y de jueces de los diversos estados de la República”.

Indicó que las legislaturas locales y federales deben, armonizar el marco normativo a lo dispuesto en dichos tratados.

“Normas por ejemplo sobre interés superior del menor, sobre adopción plena, sobre ninguna forma de discriminación a la mujer, y otras muchas normas, son normas cuya competencia es de los congresos estatales”.

Precisó que ya se han dado algunos pasos en este sentido, en el ámbito judicial, por ejemplo, al limitar el fuero militar.

José Luis Guerra García

Derechos humanos, control de convencionalidad

Tras la reforma constitucional de derechos humanos, el Poder Judicial de la Federación se ha comprometido con la capacitación tanto de juzgadores como de funcionarios judiciales.

En este proceso, uno de los ejes es acercarlos a los instrumentos internacionales de protección de los derechos en esta materia.

En conferencia dentro del curso Derechos humanos, control de convencionalidad, el Tercer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, explicó puntos básicos del sistema interamericano.

Un aspecto que se debe desarrollar y que no contempla la Convención Interamericana, señaló, es la obligación de los particulares a respetar derechos humanos.

“La Convención Americana no reconoce esa obligación de los particulares, reconoce la obligación que tiene el Estado de hacer que los particulares no afecten derechos fundamentales”, José Antonio Guevara, Tercer Visitador Gral. CDHDF.

Otro instrumento a considerar, destacó, es el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, del que México es parte desde 1996.

“De los derechos reconocidos en este instrumento sólo dos de estos derechos pueden ser justiciables ante el sistema de peticiones individuales del Sistema Interamericano… Conocer de violaciones al derecho a la libertad sindical y violaciones al derecho a la educación”.

México ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en 1981.

Para abril de este año, 24 estados miembros de la OEA son parte de esta convención.

Mario López Peña

Control de convencionalidad

El jurista y experto Sergio García Ramírez aseguró que debe regularse el control de convencionalidad para lograr su plena eficacia. 

“No hay que echar a volar la imaginación con el control de convencionalidad, hay que aplicarlo muy justo muy ceñido, muy cuidadosamente”.

Es necesario, dijo, que los legisladores trabajen en la regulación para establecer competencias y evitar improvisaciones.

“Para que establezca las competencias propias de la jurisdicción de los juzgadores que van a conocer el control de convencionalidad y los procedimientos, no se trata de que cada quien a su leal saber y entender actúe, sino de que existan normas que nos den a todos seguridad jurídica”.

En entrevista tras impartir una Conferencia Magistral en la UNAM, estimó que pueden ser pocos los casos de conflicto entre normas internas y los instrumentos internacionales.

“Tampoco espero yo que exista un diluvio de cuestiones de ese carácter, de un diluvio de colisiones o de contradicciones entre la normativa internacional y la normativa nacional”.

Explicó que las recientes reformas constitucionales, entre las que destacan las de derechos humanos, penal y de amparo, no implican que México va a entrar en una nueva realidad.

Hay que centrarse en la construcción de un Estado de Derecho, señaló, muy diferente a un país simplemente de leyes.

Mario López Peña

Derechos humanos, control de convencionalidad

Es necesario que los funcionarios públicos en México asuman que las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos son obligatorias, aseguró el consultor jurídico del Alto Comisionado de la ONU Alan García, en la materia.

“Son recomendaciones que suponen estrictamente sugerencias de buena fe que un organismo con la experticia puede formular a favor de los Estados”.

La Suprema Corte de Justicia, destacó, es un ejemplo sobre la atención a éstas recomendaciones como en el caso del indígena Hugo Sánchez, detenido por más de cinco años.

“¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Adoptó plenamente una opinión que había aprobado el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias… Esto es un muy buen precedente que supone un reto mayor para todos”.

En conferencia dentro del curso Derechos humanos, control de convencionalidad, explicó que México ha recibido más de mil 600 recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

Desde Naciones Unidas, dijo, se ha desarrollado un buscador que extrae las recomendaciones de cualquier tema, e identificar a la autoridad vinculada de cualquier orden de gobierno.

Señaló que las obligaciones internacionales que no están reconocidas en tratados internacionales deben entenderse como interpretaciones autorizadas.

En este sentido, añadió, la Corte mexicana también es un ejemplo en la interpretación generosa de los estándares de derechos humanos.

“La Corte y particularmente, la Corte en esta nueva época no se ha limitado a aplicar exclusivamente los tratados internacionales sino también ha aplicado las declaraciones, las resoluciones, los principios, las directrices, las guías prácticas”.

En este curso se abordarán las funciones de diversos organismos regionales protectores de derechos humanos, el sistema interamericano, reparaciones, entre otros temas fundamentales.

Mario López Peña