Las controversias constitucionales

México necesita observadores serios que den seguimiento al trabajo que realiza la Suprema Corte de Justicia, afirmó el Ministro José Ramón Cossío Díaz.

«Es extraordinariamente importante para efectos de un control social sobre un órgano que de suyo no tiene muchos controles más que los controles finales del juicio político«.

Al participar en la presentación del libro Las controversias constitucionales de María Amparo Hernández Chong Cuy, el Ministro señaló que la critica social es subjetiva y sólo considerá lo inmediato.

El Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro, coincidió en que hace falta más análisis sobre las resoluciones del Máximo Tribunal.

«En Estados Unidos hay una legión de estudiosos que se denominan así mismos court watchers observadores de la Suprema Corte… Y esto ha generado una tradición muy rica de estudios con un número grande de trabajos y sobre todo con mucha elaboración conceptual de modelos, de teorías, de interpretación».

El libro de la Doctora Hernández Chong Cuy resulta oportuno ya que describe el rumbo que está tomando la Corte al resolver controversias constitucionales.

Abordando no sólo conflictos entre poderes, sino también entre niveles de gobierno en los que se resuelve sobre el reparto de competencias dentro de la administración publica.

Como fue el caso de las atribuciones de la COFETEL frente a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

«Cómo la corte cuando resuelve este tipo de problemas configura, reconfigura diseña, rediseña las instituciones de manera directa y como ese rediseño institucional tiene un impacto con las funciones del estado», José Roldán Xopa, Doctor en derecho.

El libro Las controversias constitucionales está disponible en las librerías del Máximo Tribunal.

Verónica González

Controversias constitucionales

La controversia constitucional, permitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incursionar en terrenos no explorados.

Afirmó la Coordinadora de la Secretaría Técnica del Máximo Tribunal, María Amparo Hernández Chong Cuy.

“Un proceso progresivo en el que se fueron acumulando muchos conflictos, muchos litigios y se fueron generando importantes criterios constitucionales a cerca de la división de poderes, el federalismo, los municipios mexicanos y avanzando en la generación de un patrimonio jurisprudencial muy amplio a cerca de la organización política del estado”.

Herramienta jurídica, que ha sido utilizada en mayor medida por lo municipios, para denunciar la invasión de atribuciones y competencias.

“Esencialmente son problemas de competencia, pero los problemas de competencia pueden tener distintos trasfondos, a veces políticos, a veces económicos, a veces de prestación de servicios públicos, de invasión, de celo de su independencia de los órganos frente a los otros”.

A través de las resoluciones que la Corte ha adoptado en este tipo de casos, se han ido fijando las reglas del juego que deben de prevalecer entre poderes.

“Yo pensaría que mucho, porque van definiendo las reglas de, del juego entre órganos políticos, entonces de alguna manera van marcando líneas y espacios y límites entre quienes detentan el poder público”.

Dicho recurso, se utilizó de manera recurrente cuando se aprobó la Reforma constitucional en materia de derechos indígenas.

Teniendo su mayor auge, durante el sexenio del Presidente Fox, marcado por la pluralidad y polarización política.

José Luis Guerra García

No proceden las controversias constitucionales para impugnar resoluciones sobre acceso a información pública

Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte al resolver un recurso de reclamación interpuesto por el Poder Judicial de Nayarit.

“La única manera de impugnar decisiones de los Institutos de Transparencia Federal o Estatal son los recursos en sede administrativa ante órganos especializados que manda la Constitución”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En el 2008 Karla Villarreal Arce solicitó información al Consejo de la Judicatura de Nayarit sobre sanciones a jueces y otros funcionarios judiciales.

El Poder Judicial Estatal señaló que los documentos contienen información reservada.

Sin embargo, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Nayarit, el ITAI, ordenó la entrega de la documentación.

El Poder Judicial de Nayarit apeló a la Suprema Corte de Justicia por considerar que el ITAI se excedió en sus atribuciones.

El 10 de noviembre de 2009 la Ministra Olga Sánchez Cordero determinó que la Controversia Constitucional era improcedente.

El Poder Judicial de Nayarit interpuso un recurso de reclamación.

El Ministro Luis María Aguilar Morales propuso al Pleno admitir la  demanda.

“Actualmente el criterio de la Suprema Corte respecto de lo que puede constituir las materias de las Controversias Constitucionales, de admitir el examen de todo tipo de violaciones a la Constitución Federal en cuanto estén relacionadas con la esfera de atribuciones del Órgano que se trate”.

Algunos ministros objetaron este argumento.

“Es evidente que lo que se combate es únicamente la legalidad del acto impugnado, insisto la Controversia Constitucional no se puede constituir en un medio ulterior de defensa”, Ministro Sergio Valls Hernández.

“Estaríamos convirtiendo en una Casación Federal de acceso a la Información a esta Corte y estaríamos permitiendo que se dilataran las decisiones de los 32 Órganos Locales más el Federal a través de este tipo de Controversias”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Al final por mayoría de ocho votos a favor y dos en contra el Pleno confirmó el acuerdo que desecha la demanda del Poder Judicial de Nayarit.

“Sosteniendo el auto de desechamiento que dicte porque en mi concepto no hay ni siquiera un principio de afectación”, Ministra Olga Sánchez Cordero.

En la sesión de este martes el Pleno de la Corte inició el análisis de una Contradicción de Tesis relacionada con las sanciones a Contadores Públicos.

La Primera y Segunda Salas de la Corte sostienen criterios distintos sobre la validez de la norma que regula el plazo para imponer una sanción a los contadores que comenten irregularidades cuando dictaminan estados financieros.

En el Pleno hay distintas opiniones.

“No constituye una sanción administrativa, sino que es el reconocimiento de que se hay dejado de cumplir los requisitos indispensables para contar con el registro para dictaminar estados financieros”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

“Yo estoy en contra de lo que plantea el proyecto porque para mí, en primer lugar si se trata de una sanción”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Tras el intercambio de argumentos el Ministro Luis María Aguilar Morales propuso al Pleno retirar el proyecto para hacerle algunos ajustes.

Verónica González