La Primera Sala emitió una sentencia sobre una condena por daño moral contra un hotel de Acapulco

Por unanimidad la Primera Sala de la Corte condenó al Hotel Mayan Palace de Acapulco a pagar 30 millones de pesos por el daño moral que causo a los padres la muerte de su hijo, debido a las conductas negligentes de la empresa. (Amparo directo 30/2013).

El joven falleció debido a que cayó en el lago artificial que se encontraba electrificado, por una falla en una bomba a la que no se le dio mantenimiento, además no se contaba con servicios de emergencia para atender a la víctima, incumpliendo con la normatividad que regula su funcionamiento.

“Este es un caso muy relevante, es el primer precedente que hay en México, en el cual se hace una condena seria a una empresa por un descuido en sus instalaciones que tuvo como resultado el fallecimiento de un joven”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Los ministros indicaron que en este tipo de casos la indemnización debe ser justa.

“La Primera Sala en este asunto cambia completamente de paradigma de los que se había hecho hasta el momento, el derecho de daño en México se encuentra muy acotado, pero a partir de ahora en casos como este qué elementos se tomaron en cuenta, por lo que hace a la empresa, la gravedad de su conducta, una conducta descuidada, una conducta realmente seria, segundo su capacidad económica, por lo que hace a la víctima, cual fue el tipo de daño, en este caso la pérdida del hijo de las personas que acuden al juicio, en qué condiciones se dio este daño para efecto de ponderar una serie de elementos y que haya un resarcimiento adecuado y justificado a la gravedad de los hechos y a la negligencia de la empresa, y por supuesto que entre estos aspectos no está, ni puede estar el nivel socioeconómico de la víctima porque esto sería absolutamente discriminatorio y atentaría contra el principio de igualdad constitucional”.

En principio la compensación se había fijado en 8 millones de pesos, la cual fue recurrida por la empresa ante la tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la capital.

“Y esta condena fue reducida a un millón de pesos considerando la sala, los magistrados de la sala que no había este, que no se tendría que enriquecer a las víctimas de esta situación, porque además se trataba de personas con una clase social media, son maestros universitarios los padres de Ángel y que además no podría empobrecerse a los responsables con una condena de este tamaño”, Claudia de Buen, Abogada afectados.

Indicó que la sentencia fija como debe interpretarse el Artículo 1916 del Código Civil de la capital.

“Hoy la Corte está saliendo con una resolución que es importantísima no solo para mis clientes sino para el país, porque este artículo se repite en casi todas las legislaciones locales”.

En el caso se considera que la conducta de la empresa afectó gravemente los sentimientos e integridad psíquica de los afectados.

José Luis Guerra García

Primera Sala crea paradigma en materia de daño moral

Por unanimidad la Primera Sala de la Corte condenó al Hotel Mayan Palace de Acapulco a pagar 30 millones de pesos por el daño moral que causo a los padres la muerte de su hijo, debido a las conductas negligentes de la empresa.

El joven falleció debido a que cayó en el lago artificial que se encontraba electrificado, por una falla en una bomba a la que no se le dio mantenimiento, además no se contaba con servicios de emergencia para atender a la víctima y a sus familiares, incumpliendo con la normatividad que regula el servicio de hotelería y sus deberes generales de cuidado.

“Este es un caso muy relevante, es el primer precedente que hay en México, en el cual se hace una condena seria a una empresa por un descuido en sus instalaciones que tuvo como resultado el fallecimiento de un joven”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Los ministros indicaron que en este tipo de casos la indemnización debe ser justa.

“La Primera Sala en este asunto cambia completamente de paradigma de los que se había hecho hasta el momento, el derecho de daño en México se encuentra muy acotado, pero a partir de ahora en casos como este qué elementos se tomaron en cuenta, por lo que hace a la empresa, la gravedad de su conducta, una conducta descuidada, una conducta realmente seria, segundo su capacidad económica, por lo que hace a la víctima, cual fue el tipo de daño, en este caso la pérdida del hijo de las personas que acuden al juicio, en qué condiciones se dio este daño para efecto de ponderar una serie de elementos y que haya un resarcimiento adecuado y justificado a la gravedad de los hechos y a la negligencia de la empresa, y por supuesto que entre estos aspectos no está, ni puede estar el nivel socioeconómico de la víctima porque esto sería absolutamente discriminatorio y atentaría contra el principio de igualdad constitucional”.

En principio la compensación que se había fijado fue de 8 millones de pesos, la cual fue recurrida por la empresa ante la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la capital.

Y esta condena fue reducida a un millón de pesos considerando la sala, los magistrados de la sala que no había este, que no se tendría que enriquecer a las víctimas de esta situación, porque además se trataba de personas con una clase social media, son maestros universitarios los padres de Ángel y que además no podría empobrecerse a los responsables con una condena de este tamaño”, Claudia de Buen, Abogada afectados.

Indicó que la sentencia fija como debe interpretarse el artículo 1916 del Código Civil de la capital.

“Hoy la Corte está saliendo con una resolución que es importantísima no solo para mis clientes sino para el país, porque este artículo se repite en casi todas las legislaciones locales”.

En el caso se considera que la conducta de la empresa afectó gravemente los sentimientos e integridad psíquica de los afectados.

José Luis Guerra García

Hoy en las Salas de la SCJN

La Primera Sala de la Suprema Corte determinó ejercer su facultad de atracción, para resolver un amparo directo en el que un líder petrolero de Tabasco, reclama el pago de una indemnización por daño moral al periódico el Sol del Sureste.

Asunto que permitirá hacer un estudio sobre la regulación del daño moral causado por los medios de comunicación, así como de la aplicación de diversos artículos del Código Civil de esa entidad, para ver si se acredita el daño ocasionado al dirigente sindical, a quien se señala como charro y responsable del delito de fraude en un artículo.

Además permitirá definir si con base en el contrato de edición celebrado entre el autor del artículo y la empresa editorial, existe responsabilidad para ambos.
También decidió reasumir competencia, para conocer de un amparo en revisión, en donde un juez de primera instancia y su secretario de acuerdos, de un Municipio de Colima impugnan los artículos 74, fracción tercera y 123 de la Constitución local.

Mismos que permiten que una autoridad distinta al ministerio público, como lo es el supremo tribunal de ese Estado, ejerza acción penal contra jueces del Poder Judicial Local, por delitos comunes o responsabilidades oficiales.

En este caso, los ministros definirán si son constitucionales o no, dichas disposiciones.

En otro asunto la Primera Sala determinó que es constitucional el segundo párrafo del artículo 74 de la Ley del servicio profesional de carrera en la administración pública federal.

Disposición que permite que el superior jerárquico del área en que se encuentre en concurso una vacante, pueda sustituir al oficial mayor y gozar del derecho de oponer su veto razonado, para no adjudicar la plaza a alguien que hayan ganando un concurso.

La Segunda Sala determinó que los artículos 110, 112 y 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta no violan los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, al gravar la indemnización que se paga a un trabajador con motivo del fin de la relación laboral.

Al resolver un amparo en revisión, indicó que dicho impuesto grava todos los ingresos obtenidos en bienes, efectivo, servicios o de cualquier otra forma, por lo tanto no se puede aducir que la liquidación que recibe un trabajador, se declare exenta del pago de dicho impuesto.

Al resolver una contradicción de tesis, estableció como jurisprudencia que tratándose del pago de indemnización por riesgo de trabajo, el término para que opere la prescripción, empieza a correr a partir de que la enfermedad de trabajo se determina por la junta de conciliación.

Lo anterior se desprende de la interpretación sistemática de los artículos 516 y 519, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo; precisando los ministros, que dicha prescripción no inicia a la conclusión de la relación laboral, ya que puede suceder que la enfermedad se manifieste después de ello.

La Segunda Sala también estableció como jurisprudencia que al resolver un juicio contencioso administrativo, el Tribunal de Justicia Fiscal debe analizar los conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, en atención al principio de mayor beneficio, a pesar de que se advierta de oficio deficiencia en la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada.

José Luis Guerra García

Privacidad, intimidad y daño moral

Con el acceso a la información y la rendición de cuentas del Poder Judicial, se da cumplimiento a los derechos que sobre estos temas exige la población, advirtió el Consejero de la Judicatura Federal, Ernesto Saloma Vera.

Clausuró el Seminario Internacional de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas del Poder Judicial de la Federación que se realizó en la Ciudad de México durante tres días.

“Estamos seguros que este Seminario habrá de surtir los efectos que se pretenden, la evaluación de los servidores públicos de la Judicatura Federal”.

Previamente se llevó a cabo el panel «Privacidad, intimidad y daño moral», donde especialistas en medios de comunicación advirtieron que las nuevas tecnologías y la libertad de expresión corren el riesgo de judicializarse.

“En torno a una sociedad abierta, de una sociedad democrática, la libertad de expresión es un derecho fundamental, porque es sencillamente la prolongación de la garantía individual de pensar”, Héctor Villarreal, Director de Notimex.

Se habló de los retos que enfrentan autoridades y sociedad ante la penetración de las redes sociales como mecanismos de información.

“Queremos una sociedad plural, tolerante y abierta y el problema es que los nuevos escenarios de comunicación ponen a prueba y desafían mucho esto que hablamos de pluralidad, tolerancia y apertura”, Gabriela Warketin, Catedrática Universidad Iberoamericana.

El Director General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia Jorge Camargo, moderó la mesa.

“Cuando la judicialización del debate es que los grandes acuerdos o los mecanismos de acuerdos institucionales democráticos no están funcionando”.

La Suprema Corte de Justicia ha contribuido con resoluciones sobre temas de información y medios de comunicación.

“Destacan las tesis aisladas, libertad de expresión, derecho a la información, esta es muy importante, la responsabilidad al honor de funcionarios u otras personas con responsabilidad pública solo puede darse bajo ciertas condiciones más estrictas que las que se aplican en el caso de expresiones o informaciones referidas a ciudadanos particulares”, Eduardo Huchim, Académico.

Se destacó la necesidad de crear un modelo de regulación moderno para los medios de comunicación tradicionales y digitales.

Martha Rodríguez

Código Penal de Baja California

Entró en vigor en Baja California la reforma al artículo 33 del Código Penal que precisa los alcances de la reparación en el delito de daño moral, el cual deberá contemplar los tratamientos curativos que sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima.

La Primera Sala negó un amparo a La Jornada en el que reclamaba una indemnización por daño moral

En litigios entre medios de comunicación la libertad de expresión está por encima del derecho al honor y la buena reputación.

Por cuatro votos a uno, la Primera Sala de la Suprema Corte negó un amparo al periódico La Jornada en el que reclamaba una indemnización por daño moral.

En el 2004 la revista Letras Libres publicó una columna titulada Cómplices del terror, en la que se dio cuenta de un convenio entre La Jornada y una publicación española que, según la revista, pertenece al brazo político del grupo terrorista vasco ETA.

La Jornada consideró difamatorio el texto y solicitó a la revista que probara su dicho o se retractara… Al no obtener respuesta, la demandó por daño moral.

En noviembre de 2010 la Primera Sala atrajo este juicio porque no había precedentes sobre un litigio sobre libertad de expresión entre dos medios de comunicación.

Este miércoles el Presidente de la Primera Sala, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propuso en su Proyecto de Dictamen negar el amparo a La Jornada.

“El proyecto  sostiene privilegiar la libertad de expresión, en una democracia más vale correr el riesgo de los abusos a que los jueces nos convirtamos en sensores de la palabra y en vigía de los medios de comunicación… Sin libertad en la expresión de ideas y sin libertad en los medios de comunicación no se puede hablar de democracia”.

La mayoría en la Primera Sala coincidió en que el debate sobre temas de interés público debe ser desinhibido y abierto.

“Prohibir el insulto entiéndase como se entienda, sacrifica de manera relevante lenguaje valioso dado su interés público. Hay que admitir que las expresiones analizadas son de suyo fuertes y graves sin embargo esta calificación no las convierte en sí mismas en violatorias del derecho al honor”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

“La libertad de expresión y el derecho a la información son derechos que tiene que ser especialmente protegidos por lo que hace a las partes en conflicto y para asegurar la circulación de las ideas de las opiniones condición indispensable para el buen funcionamiento de esta democracia”, Ministra Olga Sánchez Cordero.

“Nuestra constitución federal reconoce una gran cantidad de derechos fundamentales pero también debemos ser conscientes de que ninguno de ellos puede tener el carácter de absoluto”, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia objetó los argumentos de la mayoría, por considerar que la publicación de la revista Letras Libres si afectó la reputación del periódico La Jornada.

“Con el sólo título el mensaje que se da es que dicho periódico es corresponsable de terrorismo… Expresamente dice que la Jornada está al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas esto no es otra cosa sino una opinión que desacredita al periódico La Jornada al acusarla de servir a un grupo de asesinos de ahí que el calificativo de cómplice si implica atribuirle una conducta ilícita”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En opinión de la mayoría en la Primera Sala, la constitución no reconoce el derecho al insulto, pero tampoco prohíbe las expresiones indecentes, escandalosas o simplemente contrarias a las creencias y posturas de las mayorías.

“Eso no significa que esta Suprema Corte… Comparta manifestaciones o  los juicios expresados por la revista Letras Libres, lo que se sostiene es que constitucionalmente tiene el derecho a emitirlos nada más pero nada menos”, Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 1ª Sala.

“No se está protegiendo el derecho a imputar delitos pues el columnista no acusó a la Jornada de delinquir ni de encubrir delincuentes la postura es que dado el interés público de discutir abiertamente la línea editorial de un periódico nacional la libertad de expresión no debe ceder ante el derecho al honor”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Esta es la primera sentencia en la que la Suprema Corte se pronuncia sobre los alcances de la libertad de expresión bajo el nuevo marco constitucional que protege todos los derechos contenidos en los tratados internacionales.

“Con las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos en México todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la norma fundamental así como en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano”, Ministra Olga Sánchez Cordero.

Verónica González