Otorga Primera Sala amparo a indígena mazateco debido a que se vulneró su derecho a la defensa adecuada

La Primera Sala de la Corte otorgó un amparo a un indígena mazateco condenado a 21 años de prisión, por el delito de homicidio, debido a que se vulneró su derecho a la defensa adecuada.

El amparo es para que se tome de nueva cuenta su declaración preparatoria, pues el juez de primera instancia, fue omiso al no respetar sus derechos fundamentales, ya que no estuvo acompañado de un intérprete que conociera su lengua y cultura.

Los ministros también ejercieron su facultad de atracción, para conocer de un amparo vinculado con el accidente de un helicóptero propiedad del Estado y utilizado por la PGR en un operativo en Ciudad Juárez, Chihuahua en mayo de 2006, en el que murieron todos los tripulantes y pasajeros.

Los familiares reclaman responsabilidad civil del fabricante por diseño defectuoso y una indemnización por daño moral, conforme al Código Civil de la Capital.

Asunto que permitirá pronunciarse sobre la aplicación de la Convención de Aviación Civil, que legislación se aplica en este tipo de casos, que debe entenderse como hecho ilícito y que medios de prueba son admisibles.

José Luis Guerra García

Concede SCJN amparo por violaciones al derecho de una defensa adecuada

El Pleno de la Suprema Corte resolvió por mayoría de 6 a 4 conceder el amparo a una persona sentenciada por el delito de robo, porque se violó su derecho a una defensa adecuada.

La mayoría reiteró el criterio que establece que para hacer efectivo este derecho, se debe contar con la asesoría de un abogado.

A pesar de que el artículo 20 constitucional, reformado en 2008, permitía la autodefensa o el apoyo de una persona de confianza.

“No es reposición de procedimiento, no es amparo total, es un amparo para esos efectos de que quede invalidada esta situación, sin afectar las otras constancias o los elementos de prueba que han determinado, en la comprobación del delito en el caso concreto y de la responsabilidad”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

En otro asunto, el Pleno aceptó retirar de última hora, un amparo más, en el que se alegaban violaciones a la misma garantía.

“Debido a las votaciones que mayoritariamente se han tomado en estos temas, quiero solicitar autorización del Tribunal Pleno, para retirar este asunto a efecto de hacernos cargo de una aspecto de inviolabilidad de comunicaciones privadas, el cual de no haber inconveniente por parte de este Tribunal Pleno, podría resolverse en la Primera Sala fijando los precedentes que al efecto tenemos ya integrados en ella”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.

Una vez aceptada la propuesta, el Pleno dio entrada a la controversia constitucional 13/2011 interpuesta por el Municipio de Benito Juárez Quintana Roo, en la que pedía invalidar diversos artículos de la Ley de vivienda estatal.

El Municipio argumentaba que dicha ley, violaba la autonomía municipal en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, mismos que fueron descartados por el Pleno,  confirmando por unanimidad los artículos impugnados.

“La consulta propone que resultan infundados los conceptos de invalidez planteados por la parte actora por una parte, porque los artículos impugnados establecen atribuciones en materia de asentamientos humanos relativas a vivienda en el ámbito estatal, sin violentar lo dispuesta por la citada fracción quinta del artículo 115 constitucional en la que se prevé que los ayuntamientos cuentan con facultades en dicha materia, pero de carácter concurrente”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

El Pleno también desechó por extemporánea una controversia promovida por el Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, por la omisión legislativa de derogar el artículo 48 de la Ley electoral, que exentaba a los partidos políticos, del pago del impuesto predial.

Lo cual se dispuso al reformarse el artículo 115 de la Constitucional federal en 1999.

Yo también considero que la controversia es improcedente, me parece que no debemos olvidar que el mismo municipio actor a través de la diversa controversia constitucional 46/2002, hizo exactamente el mismo planteamiento”, Jorge Mario Pardo, Ministro SCJN.

Lo que se buscaba en el 46/2002 y se limitó a verificar la existencia o no de omisiones respecto a la emisión de normas que regularan la base del procedimiento administrativo municipal, es decir al contencioso administrativo, no la parte sustantiva”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

“Ex extemporánea la demanda y que debe sobreseerse en el caso concreto”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

El desechamiento de esta controversia fue aprobado por mayoría de 6 a 4.

José Luis Guerra García

Hoy en el Pleno de la SCJN

El Pleno de la Suprema Corte inició el estudio del amparo directo en revisión 2809/2012.

El quejoso pide se interprete el artículo 20 constitucional en lo relativo a una adecuada defensa.

El proyecto del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone confirmar la sentencia, al considerar que el inculpado, a quien se condenó por los delitos de homicidio y robo calificado, sí se le respeto este derecho.

Pues fue asistido por una persona de su confianza, como lo preveía el artículo impugnado antes de ser reformado para instaurar el sistema penal acusatorio.

“Por tanto se propone a las señoras y señores ministros determinar que en el presente caso no se vulneró la garantía de defensa adecuada, toda vez que el hoy recurrente ejerció su derecho de designar a una persona de confianza, tal como lo permite el texto constitucional”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Dos ministros, indicaron que al quejoso, no se le podía aplicar la nueva redacción del artículo 20, que señala que dicha defensa debe ser llevada por un profesional del derecho en el nuevo sistema penal acusatorio.

“En el Estado de Michoacán no se ha hecho ninguna adaptación en su legislación ordinaria a la reforma constitucional y por otra, tampoco se ha hecho la declaratoria específica del congreso local para decir que ya entró en vigor el nuevo artículo 20 de la constitución”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

“Nada por encima de la constitución, la constitución es la que determina una actuación y esta es la que se debe cumplir”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN

Cinco ministros se pronunciaron a favor de conceder el amparo, porque  se debe privilegiar la norma que mejor proteja esa garantía al quejoso, con base en artículo primero de la Constitución y al octavo, de la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Que el derecho a una defensa adecuada no es una institución novedosa, una regla privativa del sistema procesal penal acusatorio y por lo mismo, ingrediente esencial y exclusivo del nuevo referido sistema”, Sergio Valls, Ministro SCJN

La interpretación que suspende el reconocimiento de este derecho, en nuestra óptica, atenta contra la protección de los derechos fundamentales, lo que significaría ir en contra de nuestro mandato constitucional”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

“En el caso concreto a mí me parece que resulta mucho más protector la defensa técnica en el caso del artículo 8.2 inciso e de la convención, que respecto de lo que postula nuestra constitución en la parte en que está en vigor, no de la que desde luego no ha entrado en vigor”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

En la sesión de esta martes fijarán su postura sobre el tema el Ministro Presidente Juan Silva Meza y los ministros Alberto Pérez Dayán y Fernando Franco González Salas.

José Luis Guerra García

Asumen defensa de 168 migrantes

El Instituto Federal de Defensoría Pública, dio a conocer que ha prestado servicios de asesoría legal a 48 migrantes más, que denunciaron ser víctimas del delito de secuestro, reveló el director general del organismo, Magistrado Alejandro Roldán Velázquez. 

Precisó que estos casos se suman a los 120 migrantes rescatados en distintos operativos realizados en Tamaulipas, mismos que revelaron que agentes del Instituto Nacional de Migración los habían entregado a bandas de delincuentes.

“Hablamos de un total de 168 casos, desde luego aquí, respecto de estos últimos casos no tenemos ninguna noticia de, de intervención de algunas otras autoridades en, en el delito de secuestro, no tenemos ningún dato”.

Precisó que la institución a su cargo ha prestado todos los apoyos legales que por ley, debe otorgar a las víctimas de secuestro.

“El instituto ha prestado el servicio que conforme a la ley corresponde a, a, a quienes han sido víctimas de secuestro, les ha prestado la asistencia jurídica y sigue hasta el momento haciendo gestiones, respecto de la pretensión de algunos extranjeros de retornar a su país, algunos otros de quedarse en el país a través de alguna visa que llaman de, humanitaria”.

Manifestó que los defensores públicos están obligados a realizar todas las acciones que  consideren pertinentes, para defender de manera efectiva los derechos de las víctimas.

“Estos servidores públicos, se encargan de que todo ciudadano que solicite sus servicios tenga la garantía de una defensa adecuada, que se cumpla el debido proceso”.

Aseguro que los defensores públicos cuentan con total autonomía e independencia para llevar a cabo su trabajo.

José Luis Guerra García