Publican reglamento para reducir generación de violencia y delincuencia

Se publicó el reglamento de la Ley general para la prevención social de la violencia y la delincuencia, cuyo objetivo es detectar, atender y reducir los factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, además de establecer las bases de coordinación para combatir el delito.

SEGOB firma convenios con 16 entidades del país

La Secretaría de Gobernación dio a conocer los convenios que firmó con 16 entidades del país, a las que transferirá recursos para apoyarlas en el desarrollo de programas en materia de seguridad ciudadana, priorizando un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.

Crean Centro de Prevención de la Violencia y la Delincuencia en Guerrero

En Guerrero se creó el Centro de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, cuya tarea será la de realizar estudios sobre las causas que originan la violencia y estadísticas de victimización, así como evaluar los programas que se implementen para erradicar la inseguridad.

Actividad criminal en México

El fantasma de la criminalidad, al trascender las fronteras, ha obligado a que los sistemas penales se tengan que expandir.

De esta forma, explicó el jurista Sergio García Ramírez, han cambiado las reglas del juego para que el Estado enfrente a los delincuentes.

“Cuanto he dicho alienta una integración en la lucha contra el crimen del mundo entero pero también alienta una recepción de normas, de instrumentos y de acciones por encima de las fronteras que paulatinamente irán diluyendo, o van atenuando o van menguando los viejos instrumentos del Estado nacional”.

Dentro del Seminario sobre Gobernanza Global, García Ramírez destacó que el desbordamiento del crimen ha derivado en graves violaciones de derechos.

“En alguna de sus manifestaciones más agudas, más intensas está lastimando varios de los principios jurídico penales garantistas”.

Con la transformación que ha logrado la actividad criminal, explicó, el individuo dejó de ser la víctima, ahora la víctima, dijo, es la humanidad.

En la sociedad global en la que vivimos, subrayó, el enemigo es más difícil de identificar.

Señaló que la transformación de la delincuencia también genera nuevos bienes jurídicos tutelados, pues, ahora se deben vigilar aquellos que atañen a los grandes conjuntos regionales.

Mario López Peña

Presenta “México Evalúa” resultados del análisis sobre prevención del delito en México

La organización social “México Evalúa” presentó los resultados de su análisis al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Destacó la falta de transparencia en la selección de las  demarcaciones que recibieron recursos del programa.

“Si no logramos identificar el problema, si no logramos identificar donde están estos puntos vulnerables, estos factores de riesgo, el programa no tendrá efecto, habremos invertido tiempo y recursos y las realidades no se habrán transformado mayormente”, Edna Jaime, México Evalúa.

De acuerdo con el estudio, la distribución de recursos no está vinculada a los objetivos del programa de prevención de la violencia y las demarcaciones prioritarias no son las que presentan los mayores niveles de factores de riesgo.

“Es la falta de transparencia o justificación en la selección de las demarcaciones, eso es muy importante siempre en políticas de seguridad pública porque por definición estas políticas de prevención son siempre focalizadas”, Carlos Vilalta, Investigador del CIDE.

“Que muchas veces todos quisiéramos hacer cosas y no nos damos cuenta que los municipios no tienen las capacidades reales para hacerlo y muchas de las organizaciones que trabajan en los municipios tampoco”, María Elena Morera, Causa en Común.

El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB, Roberto Campa, defendió la metodología utilizada para la aplicación del programa.

“Es un trabajo muy complejo, una discusión no solamente en el país sino en el mundo, cómo garantizar que las acciones y los programas de prevención estén fundamentados en evidencia, que realmente lo que hacemos en materia de prevención sirva para enfrentar esos factores de riesgo y convertirlos en factores de oportunidad”.

México Evalúa recomendó a las autoridades establecer diagnósticos de cada demarcación con metas e indicadores que permitan evaluar la efectividad de los programas de prevención de la violencia y delincuencia.

Martha Rodríguez

El Pleno determinó la constitucionalidad de las disposiciones que permiten al ministerio público, solicitar a las empresas de telefonía ubicar un aparato móvil

Por mayoría de ocho a tres, el Pleno de la Corte determinó la constitucionalidad de las disposiciones que permiten al ministerio público, solicitar a las empresas de telefonía ubicar un aparato móvil.

Cuando se encuentre involucrado en una averiguación por delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión y amenazas, sin previa autorización judicial.

La mayoría consideró que la medida no atenta contra el derecho a la privacidad, como lo argumentaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su demanda.

“Y que tampoco en este sentido, si se tratara estimar que se trata de la localización de una persona se viola el derecho a la privacidad, porque simple y sencillamente lo único que se está estableciendo es su localización, nunca se está interfiriendo en cuestiones relacionadas ni con su comunicación, ni con la información a su domicilio”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Explicaron que la medida tenía como propósito fortalecer las facultades de investigación y persecución del delito de la autoridad competente.

“Es razonable, máxime que la simple localización de un equipo móvil no implica afectación de otro derecho constitucional protegido por, como la inviolabilidad del domicilio o la secrecía de las comunicaciones privadas”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

“En el caso estamos frente algo intangible, los datos de localización de un equipo de comunicación desde donde se generó una llamada relacionada con alguno de los delitos a que se refiere la propia ley”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Algunos ministros indicaron que si bien pudiera haber una afectación a la vida privada, la medida se justificaba al buscar un proteger un bien mayor, como el de la seguridad e integridad física de las personas.

“En realidad los delitos de alto impacto a los que se refiere el artículo 133 Quater del Código Federal de Procedimientos Penales que estamos analizando, atentan seriamente contra las instituciones democráticas y justifican que el estado bajo el principio de debida diligencia lleve a cabo las acciones y utilice los medios técnicos adecuados para proteger la integridad de las personas que sufren o son susceptibles de sufrir esos delitos”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

“La Corte abonaría a restringir la posible interpretación extensiva o amplia de lo que debe ser el objeto que está protegiendo, que es la adecuada, inmediata y oportuna investigación de un delito, a través exclusivamente de geolocalización, no permite nada más la norma, cualquier exceso en esto efectivamente haría que la autoridad incurra en un acto arbitrario”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Los ministros de la minoría, indicaron que este tipo de medidas requerían de control judicial, para evitar posibles abusos y excesos de la autoridad.

“En ambos casos, dada la imposibilidad de que el individuo utilice medios de defensa y de control ex ante en contra de un potencial uso arbitrario de esta herramienta, es necesaria la existencia de salvaguardas, estas pueden ser entre otras autorización judicial o simplemente en casos de urgencia y graves, de un aviso”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

“Con todo respeto yo pienso que no deja de ser un acto de buena fe, estimar que es suficiente que en la ley y en la propia sentencia de este tribunal se indiquen reglas o lineamientos que acotan la atribución cuestionada para que no se den excesos o uso indebido en detrimento de los derechos humanos, pero qué o quién lo garantiza, qué o quién lo controla”, Sergio Valls, Hernández, Ministro SCJN.

Se precisó que dicha solicitud de ubicación, solo procede en casos urgentes y el ministerio público, deberá dejar constancia de su necesidad en la averiguación previa.

José Luis Guerra García

SCJN aprueba resolución para ubicar aparatos móviles implicados en delincuencia

La resolución de la Corte que permite al Ministerio Público solicitar a las empresas de telefonía celular, ubicar un aparato implicado en una investigación tiene el propósito de eficientar el combate a la delincuencia y garantizar la seguridad de las personas.

“La resolución que hoy adopta la Corte al analizar la constitucionalidad de estos artículos, básicamente es reconocer que estas normas procesales penales son válidas, en la medida de que estima, que contrario a lo que estima la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se afecta el derecho a la privacidad, ni a la seguridad, ni a la seguridad jurídica de las personas”. Alejandro Cruz Ramírez, Secretario de Estudio y Cuenta SCJN.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Alejandro Cruz Ramírez, explico que con ello se ratificó el criterio de que los derechos humanos no son absolutos, pues en todos los casos enfrentan ciertas restricciones.

“Los ministros consideraron que en estos casos que el derecho a la privacidad de los datos que arrojan los sistemas de comunicación móvil, debe de ceder frente a la investigación de este tipo de delitos”.

Esta disposición, que permite solicitar la ubicación de un teléfono celular, no es ilimitada.

“El propio texto del artículo 133 quater del Código Federal de Procedimientos Penales, lo limita a los delitos contra la salud, extorsión, secuestro y amenazas, es únicamente para estos delitos”.

Las normas revisadas no facultan a la autoridad para ir más allá de la ubicación del aparato utilizado en la comisión de alguno de los delitos señalados.

“De que la norma efectivamente solamente se refería a la localización geográfica en tiempo real de aparatos de comunicación móvil, que no se iban a conocer contenidos, la disposición no permite conocer contenidos porque eso ya cae en el ámbito de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas”.

La resolución que se aprobó no implicó el estudio de un caso concreto, pues los ministros solo estudiaron el contenido de las normas impugnadas.

José Luis Guerra

Radiografía de la juventud mexicana

En México 8 millones de jóvenes se encuentran desempleados, además se enfrentan a la exclusión, marginación y delincuencia.

Durante la presentación del libro “Radiografía de la juventud mexicana”, del investigador Pedro Peñaloza, se destacó que uno de cada 4 jóvenes deserta de la escuela antes de cumplir 15 años.

La mayoría, ha sido víctima de violencia escolar, familiar o urbana.

“Permanentemente se ven acechados, acosados por la trata, por las adicciones, por la explotación sexual, por el sida, por las pandillas, por las riñas, por los abusos policiales, etc”, Luis de la Barreda, Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM.

A la presentación del libro asistió Roberto Campa, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.

Dijo que la mejor manera de atender el tema de la violencia en los jóvenes es la prevención.

“Muchos de nuestros emblemáticos niños homicidas han pasado por un problema de violencia en la escuela, atendidos de manera distinta, expulsados algunos, ignorados otros y hay que reconocer que la mayor parte de esos casos, esos niños son víctimas de violencia en el entorno familiar”.

El autor, Pedro Peñaloza, destacó la necesidad de políticas públicas a favor de la juventud, y un cambio en el modelo de atención, pues el problema no es coyuntural sino estructural.

“Que la única salida que yo veo para que México supere su crisis sistémica en materia de seguridad, vista la seguridad como la visión tradicional, no como seguridad humana, es trabajar, orientar el paradigma de la prevención social para atender el origen del delito desde una visión multisistémica, no hay otra alternativa”.

Se estima que de 2009 a 2011 la tasa de desempleo para universitarios incrementó de 1.9 a 4.3 por ciento.

Martha Rodríguez

Inicia Congreso del Edomex periodo extraordinario de sesiones

Este martes el Congreso del Estado de México inició un periodo extraordinario de sesiones para desahogar 24 iniciativas de ley, entre las que destacan una para modificar la Ley de seguridad pública de la entidad y la que crea Ley para la prevención social de la violencia y la delincuencia.

Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Las secretarías de Educación y Salud presentaron sus ejes de trabajo dentro del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia enfocadas en 57 demarcaciones.

“Construir una escuela inclusiva, con calidad, con equidad y segura y constituye la piedra angular de la estrategia del sector educativo para la prevención de la violencia y las conductas delictivas”, Enrique del Val, Subsrio. Planeación y Evaluación Políticas Educativas SEP.

“Coadyuvando a la disminución de las adicciones en las escuelas, el tratamiento y el tamizaje y la canalización de los que tengan mayor riesgo para las mismas y aquellos que sean consumidores las opciones de tratamiento”, Pablo Antonio Kuri, Subsrio. Prevención y Promoción de la Salud, Secretaría de Salud.

Enrique del Val, Subsecretario de Educación Pública, detalló que la escuela de tiempo completo será la base del modelo pedagógico, con un presupuesto de seis mil millones de pesos.

“Las seis mil 700 escuelas de tiempo completo existentes serán fortalecidas y se incorporarán ocho mil 200 más durante el próximo ciclo escolar… Vamos a agregar 400 horas de trabajo, es decir, el ciclo escolar se aumenta en un 50 por ciento en las escuelas de tiempo completo”.

A partir del próximo Ciclo Escolar 2013-2014, en las 57 demarcaciones en las que se concentra el programa, funcionarán dos mil 400 escuelas de tiempo completo.

Anunció la entrega de laptops en quinto y sexto año de primaria con un presupuesto de mil millones de pesos para este proyecto.

Pablo Antonio Kuri, Subsecretario de Salud, explicó que el eje primordial será la prevención y tratamiento de adicciones en tabaco, alcohol y drogas ilegales.

“Impulsar, esto es muy importante, la detección temprana de riesgos, sobre todo de riesgos, no sólo de la adicción, sino de riesgos de desarrollar una adicción en los municipios prioritarios”.

La estrategia buscará atender a un millón 53 mil adolescentes cada año; tamizar al 50 por ciento de los adolescentes de 12 a 17 años para detección de riesgos; y certificar a 30 mil escuelas como promotoras de la salud.

Mario López Peña