Derecho Ambiental en México

En el Diplomado en Derecho Ambiental, jueces y magistrados federales analizaron el derecho humano al agua, que fue incluido en la Constitución mexicana en 2012.

La doctora Alejandra Rabasa, del Instituto de Derecho Ambiental, explicó los problemas que hay en el Congreso para aprobar la ley secundaria, a fin de  hacer viable este derecho.

 “Hay opiniones donde expertos afirman que no podría hacerse una Ley General de Aguas en el sentido de una ley marco que distribuya competencias, porque esta reforma al artículo cuarto de la Constitución no modificó el régimen jurídico de las aguas nacionales”.

Se estima que en México actualmente 9 millones de personas no tienen acceso al agua potable.

Un acceso al agua para consumo personal que debe ser en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, según el artículo cuarto constitucional.

“El derecho humano al agua implica libertades y derechos, las libertades son por ejemplo mantener un suministro de agua necesario y aquí ojo esto es bien importante necesario para usos de consumo persona y doméstico, es decir el derecho humano al agua no implica el acceso ni limitado de agua ni agua para otros usos”.

Explicó que las personas tienen derecho a un suministro mínimo vital de agua, aunque no tengan para pagarlo, de acuerdo a lo que señala el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

La Organización Mundial de la Salud ha establecido que para evitar riesgos a la salud cada persona necesita entre 50 y 100 litros de agua diarios.

Juan Carlos González

Diplomado en Derecho Ambiental

El Poder Judicial de la Federación tiene como meta proteger los bienes y valores legales que representan los recursos naturales, advirtió Joaquín Dávalos, presidente de la Asociación Civil de Desarrollo Sustentable.

Durante el Diplomado en Derecho Ambiental, dijo que la protección de los recursos es un tema tan importante que está contemplado en la Constitución mexicana.

“Se hablaba de una Procuraduría del Medio Ambiente, todavía no teníamos las reformas constitucionales, no estaba la Conferencia de Río precisamente el gobierno Mexicano lleva esta postura el 5 de mayo de 1992 como aportación del gobierno Mexicano a la Conferencia de Río”.

A nivel internacional, 47 países aceptaron la creación de una procuraduría del medio ambiente en el 92.

En la actualidad, todas las naciones afiliadas a la ONU, reconocen los principios de la Convención de Estocolmo, en materia ambiental.

Entre éstos, la obligación de los estados en la preservación de los recursos naturales y desarrollo sustentable.

“El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, igualdad y disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad, tal que le permita llevar una vida digna y le permita gozar de bienestar y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”.

Además de disposiciones legales como formas de control en la protección del medio ambiente.

Se incluyen sanciones administrativas, civiles e incluso penales contra quien o quienes afecten los recursos naturales.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Inauguran Diplomado en Derecho Ambiental

El Instituto de la Judicatura Federal, The Enviroment Law Institute  y la Asociación Civil de Desarrollo Sustentable inauguraron  el Diplomado en Derecho Sustentable.

El director general de la Escuela Judicial, Julio César Vázquez Mellado, dijo que  la protección jurídica del medio ambiente es un tema importante porque es un derecho humano contemplado en la Constitución  y  el Poder Judicial está obligado a protegerlo.

“La Escuela Judicial, su Escuela Judicial tiene que estar  poniendo sobre la mesa de discusión todos los temas que ética y jurídicamente son relevantes para la administración del Poder Judicial de la Federación”.

El director de la Escuela Judicial dijo que México es de los países que cuenta con más leyes en protección de recursos naturales además de que ha suscrito y ratificado 30 tratados internacionales en la materia.

La doctora Alejandra Rabasa directora del Programa Interamericano del Enviroment Law Institute,  dijo que todos los días llegan casos al Poder Judicial Federal y en 2012, la Suprema Corte de Justicia resolvió tres controversias constitucionales relacionadas a la protección ambiental.

“La legislación ambiental en México es de las más avanzadas del mundo, creo que  nos hemos quedado atrás en la aplicación de esa legislación y yo creo que el Poder Judicial es la clave para superar esa barrera y volvernos un modelo en la aplicación de esa legislación tan sofisticada y completa  que tiene México”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil de Desarrollo Sustentable, Joaquín Dávalos,  señaló que el derecho ambiental no es  una moda sino un  modelo legal nuevo y el Poder Judicial Federal tiene como reto  proteger los bienes y valores legales  que representan los recursos naturales.

El Diplomado tendrá una duración de cuatro meses y está dirigido principalmente a operadores jurídicos de juzgados y tribunales.

Elsa González

Foro sobre derecho ambiental y soberanía alimentaria

En el corto plazo México padecerá estrés hídrico, es decir, una agudización de la falta de agua per cápita, denunció la Secretaría del Medio Ambiente.

Y sin un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, advirtieron, tampoco se podrá alcanza la soberanía alimentaria como nación.

“Una amenaza importante para la seguridad alimentaria y los derechos ambientales hoy día es el cambio climático, la producción de alimentos se verá afectada por sequias, por inundaciones y por heladas más intensas”, Norma Munguía, Dir. Gral. Sector Primario y Rec. Nat. SEMARNAT.

En el Centro Libanés se llevó a cabo el Foro Nacional de Derecho Ambiental y Soberanía Alimentaria.

Pobreza, rezago, marginación y escaso financiamiento, son algunos de los problemas que enfrenta la zona sur sureste de México, señalaron.

“FAO establece que un país que produce al menos el 70 por ciento de sus alimentos está dentro de la soberanía alimentaria, México está al 50 por ciento en promedio, tenemos que crecer significativamente”, Jesús Lastra, Dir. Gral. Zonas Tropicales, SAGARPA.

A pesar de ello, denunciaron que el 80 por ciento del agua en nuestro país es utilizada por la agricultura.

Frente a ello recomendaron prácticas comerciales más justas y un mayor consumo de productos nacionales, como factores que bien manejados podrían garantizar la seguridad alimentaria.

Entre otras medidas que permitan reducir la vulnerabilidad, sugirieron acciones de mitigación y adaptación de las cosechas.

Recientemente la Academia Mexicana de las Ciencias, instancia que reúne a 114 de los más destacados científicos del país, alertó que la falta de garantías para proporcionar alimentos a la población se puede transformar en violencia.

Oscar González

La integración del derecho ambiental internacional al sistema jurídico mexicano

La insuficiencia de recursos y la falta de voluntad política, han impedido en varios países la implementación de los tratados internacionales en materia ambiental.

Así lo señalaron especialistas que participaron en el tercer día de trabajos del Programa de especialización judicial para la tutela de los derechos ambientales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La otra cara del problema de la implementación es la falta de voluntad política, eso aplica tanto a países desarrollados como los que están en desarrollo, es mucho más difícil lidiar con esto”, John Pendegrass, Instituto de Derecho Ambiental E.U.

Destacaron la coordinación que debe existir entre las naciones para enfrentar los desafíos globales que hay en material ambiental.

“El cambio climático es un problema severo y esto es tan desafiante que ningún país por sí sólo puede darle solución, hipotéticamente si apagamos todas las luces de los Estados Unidos vamos a solucionar el problema”, Roger Martella Jr., Socio Sidley Austin LLP.

También se analizó el tema de la integración del derecho ambiental internacional al sistema jurídico mexicano.

“Cómo tenemos obligaciones en el ámbito nacional y en el ámbito internacional que también estamos cumpliendo y que lleva la mayoría de las actuaciones a asuntos que terminan en los tribunales”, Gerardo Israel Gordoa, Subprocurador Jurídico PROFEPA.

El Subprocurador Jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, destacó que hay diversos casos en materia ambiental que tendrá que resolver el Máximo Tribunal Constitucional de México.

Juan Carlos González

Libro Sobre Derecho Ambiental

El Procurador Federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada reconoció las deficiencias que existen en la persecución de los delitos ambientales en México.

“Entre tantos problemas que tenemos de seguridad, por ejemplo, en el país pues como que el tema ambiental tiene para la gente un nivel más bajo, es como una ley secundaria cuando es una ley del ambiente, donde vivimos todos y que nos afecta a todos”.

Lo anterior lo señaló durante la presentación del libro “Los retos del derecho ambiental en México.

 “Hay conductas de contaminación más grave que si constituyen delito no están siendo remediadas, se está contaminando las aguas, los mantos freáticos, los ríos y ahí no hay quién sea responsable”, Neófito López Ramos, Mgdo. 3er. Tribunal Colegiado Mat. Civil 1er. Circuito.

Expertos aseguraron que este libro será un apoyo para los integrantes del Poder Judicial de la Federación.

“Hoy en México hay más de 750 obras de derecho ambiental y ésta recoge ya todo ese caudal, toda esa experiencia, todos sus antecedentes, lo mismo jurisprudenciales que doctrinales o doctrinarios que legislativos”, Ramón Ojeda Mestre, Pdte. Academia Mexicana Derecho Ambiental.

Señalaron que se debe actuar de inmediato para combatir y perseguir los delitos ambientales.

“Tenemos que transitar muy rápido, porque se están ocasionando daños irreversibles al medio ambiente y nuestros procesos, nuestros procedimientos, nuestras leyes ambientales están caminando, pero todavía muy lentas”, Benjamín Revuelta Vaquero, Investigador Universidad Michoacana.

En México, los principales delitos ambientales son:

•               Tala clandestina

•               Asentamientos o invasión de áreas en conservación

•               Irregularidades en el uso de suelo

•               Contaminación de agua, aire o tierra por desechos tóxicos y

•               Contrabando o tráfico de animales en peligro de extinción.

Miguel Nila