Clausura del Seminario de Derecho constitucional tributario en Iberoamérica

En el modelo constitucional actual el Estado no puede ser neutral respecto al orden económico nacional, advirtió el Ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Al clausurar el Décimo Seminario de Derecho constitucional tributario en Iberoamérica, destacó que no puede ser indiferente frente a un reparto natural de cargas y beneficios fiscales.

“De ahí que debamos poner en el centro del debate la estructura jurídica que sirve de contexto para la actividad económica, no sólo el régimen recaudatorio y de gasto público sino toda la red de normas que impactan en la generación de recursos y articulan la estructura de actividad económica”.

Habló de encauzar la economía y los medios redistributivos para lograr un estándar universal para todos los ciudadanos.

“Resulta indispensable poner en el centro del debate la concepción de justicia distributiva que se busca alcanzar mediante el derecho, de qué forma lograr la igual consideración de todos los ciudadanos mediante los instrumentos de gasto público al alcance del Estado?”.

El Ministro Ortiz Mena dijo que  las políticas recaudatorias y de gasto público del Estado, las leyes y normas de la materia, deben reflejar una filosofía política de lo que debe de ser la justicia redistributiva.

“La discusión de este segmento del derecho debe situar en el centro de su reflexión el significado de conceptos tales como dignidad e igualdad, entendida ésta como la igual consideración de todos los ciudadanos en el reparto de cargas y beneficios”.

El derecho regula el gasto público, pero dijo que no sólo debe tener el acento en la producción de riqueza, sino también en la justicia distributiva.

A lo largo de tres días participaron ponentes de diversos países de la región en el Seminario fue organizado por la Suprema Corte de Justicia.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Participa Ministra Luna Ramos en Seminario de Derecho constitucional tributario en Iberoamérica

En 2002 la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental fue un parteaguas en la materia.

Revolucionó lo establecido en el Artículo sexto constitucional debido a que instauró la protección de los datos personales.

Y dio origen al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública para mantener informados a los ciudadanos de la actuación gubernamental.

Así lo señaló la Ministra Margarita Luna Ramos.

 “A través de normas claras, a través de normas que de alguna manera nos permitan que cada vez existan menos actos arbitrarios, que sean actos normados, actos que estén contemplados dentro de la ley”.

Al participar en el Décimo Seminario de Derecho constitucional tributario en Iberoamérica, dijo que con la reforma de 2014, el IFAI adquirió el carácter de organismo constitucional autónomo.

 “Y bueno aquí se amplía un catálogo en esta reforma de 2014, que es relativamente reciente, de febrero de este año, en donde se amplía considerablemente este marco, por qué razón, porque primero se amplía el catálogo de sujetos obligados, ahora como novedad se establece dentro de esta posibilidad a los partidos políticos y a los sindicatos y a todas a aquellas personas físicas o morales que de alguna manera ejerzan dineros públicos”.

Con lo que se amplía el criterio sobre acceso a la información que tiene como principio fundamental la máxima publicidad.

 “La autoridad tiene la obligación de recaudar y además la interrelación entre los órganos de gobierno, precisamente para la distribución de esta recaudación y por otro lado como particulares nosotros tenemos la obligación de presentar todas las declaraciones que nos correspondan precisamente para la distribución de ese gasto público”.

Esto, detalló, constituye una relación de transparencia específica en la actividad gubernamental ya que implica la recaudación del gasto público.

Emmanuel Saldaña

‏@emanuelcomunica

Participa Ministro Pérez Dayán en el Seminario de Derecho constitucional tributario en Iberoamérica

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayán propuso incluir en la Constitución un catálogo de servicios públicos esenciales que el Estado debe garantizar de forma igualitaria, aun cuando los ciudadanos no tengan para pagarlo.

Al participar en el Seminario de Derecho constitucional tributario en Iberoamérica, el Ministro Pérez Dayán aseguró todos los ciudadanos deben tener acceso a los servicios de salud, agua potable, justicia, seguridad pública y educación.

 “Hoy es tiempo de repensar este tipo de medidas y junto con esta nueva filosofía de los derechos humanos permitirnos una clasificación mínima de los servicios públicos obligatorios y los estándares mínimos de su prestación para que todo aquel que no tenga acceso por la vía económica a estos puede disfrutarlos plenamente”.

Calificó como necesario que desde la propia Constitución se establezca un régimen de financiamiento específico para que el Estado pueda garantizar la prestación de esos servicios esenciales.

 “El sistema de financiamiento puede ser lo suficientemente variado pero siempre uniforme en permitir asegurarnos que estos que son así considerados por la propia constitución esenciales se garanticen en sus prestación mínima en un principio de igualdad a todos los ciudadanos de la República”.

Lamentó que el Estado no tenga previsto un sistema específico de defensa al que puedan acceder los ciudadanos cuando se les niegue el acceso a los servicios esenciales y obligatorios para el Estado.

 “Nos lleva necesariamente a las dos garantías de justicia en esta materia, que es la existencia de los tribunales contencioso administrativos y finalmente el juicio de amparo”.

Consideró necesario realizar una reconfiguración del sistema jurídico para entender que hay servicios públicos esenciales obligatorios del estado que deber ser gratuitos en la medida de los estándares mínimos.

Explicó que estos servicios pueden ser motivo de una tasa o tarifa cuando excedan esos  mínimos esenciales.

Juan Carlos González

Inauguración del Seminario: “Derecho constitucional tributario en Iberoamérica”.

En representación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Juan Silva Meza, la Ministra Olga Sánchez Cordero inauguró el Seminario: “Derecho constitucional tributario en Iberoamérica”.

El gasto público en México debe encaminarse a lograr la eficacia plena de los derechos humanos, afirmó la Ministra Olga Sánchez Cordero durante su participación.

“Así como los términos en los que los ingresos respectivos se destinarán al gasto público, tiene una especial trascendencia para el cumplimiento de los fines redistributivos de este último, el cual consiste en un mecanismo fundamental para paliar la desigualdad”.

Ante estudiantes y especialistas de derecho, destacó la urgencia del combate a la pobreza mediante un correcto uso del gasto público federal.

“Tomando en cuenta la importancia del cumplimiento del deber constitucional de contribuir por una parte a los gastos públicos, pero también, su finalidad eminentemente redistributiva”.

En la mesa: “La vinculación de los impuestos al sostenimiento del gasto público constitucionalmente exigible”, dijo que el destino de los recursos se erige como una garantía contra toda arbitrariedad de gasto de la administración federal.

“Para generar las condiciones jurídicas y materiales para que todas las personas sometidas al orden jurídico del estado mexicano, cuenten con las posibilidades materiales para gozar de los satisfactores indispensables para su desarrollo”.

Añadió que en el gasto público, la sociedad siempre será, constitucionalmente, titular del destino de los recursos tributarios.

El Seminario Derecho constitucional tributario en Iberoamérica culminará este  27 de junio, y contará con la participación de especialistas y autoridades fiscales y judiciales de países como España, Argentina, Colombia, Costa Rica y República Dominicana.

Oscar González

@okogonzalez08

Ministro Sergio Valls: Derecho Tributario

El manejo sustentable del agua es esencial para su desarrollo, de ahí que las políticas públicas deben estar orientadas a su conservación y cuidado, advirtió el Ministro de la Suprema Corte, Sergio Valls Hernández.

Durante el IX Seminario Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica, destacó que los instrumentos fiscales son clave para incidir en el mejoramiento de los recursos hídricos.

“El reto de las autoridades mexicanas es garantizar que los usos que se den al agua no comprometan su acceso, su disponibilidad, su calidad para las generaciones presentes y futuras”.

El ministro Valls participó en la mesa “La tributación por el aprovechamiento del agua”.

Explicó que la Suprema Corte ha fijado criterios para el legislativo establezca el cobro por el uso, aprovechamiento y explotación del recurso natural, además del servicio de agua potable.

Entre los parámetros está la zona de disponibilidad, la cantidad de agua que se utilice, el uso que se le dé y el costo ambiental que el estado tiene que invertir.

“Que los usos que no causan daño al agua, deben ser diferenciados de aquellos que sí causan daño al agua, por lo que ante esa circunstancia se justifica el trato fiscal diferente al contemplar tarifas distintas ya  que se pretende racionalizar la extracción del agua del subsuelo”, Sergio Valls Hernández, Ministro de la SCJN.

Para fijarse los montos del derecho por el agua se toman en cuenta el hecho de que es un recurso vital y su disponibilidad se encuentra limitada.

“Deben incorporar variables extra fiscales que incidan en la toma de decisiones de los contribuyentes, internalizando conductas negativas y cambiando patrones de comportamiento como la contaminación y el uso desmedido del agua, situación que  ocurre actualmente al establecerse el cobro diferenciado del agua”, Sergio Valls Hernández, Ministro de la SCJN.

La Suprema Corte de Justicia determinó que es válido el cobro diferenciado por el agua y que este no viola los principios tributarios de equidad y proporcionalidad.

Martha Rodríguez

Reflexiones sobre justicia tributaria en el Octavo Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica

Es necesario evitar la doble o múltiple imposición para lograr un sistema tributario justo afirmó Luis María Aguilar Morales, Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

“Toda vez que puede dar lugar a la existencia de cargas tributarias excesivas o desproporcionadas que reduzcan de forma injusta las ganancias que legítimamente se puedan obtener por actividades lícitas”.

En la tercera jornada del Octavo Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica, explicó la importancia de los tratados internacionales en relación con los impuestos.

“Un tratado internacional sí puede válidamente otorgar exenciones aún en relación con contribuciones municipales, en este caso, la potestad no se ejerce mediante una ley, sino mediante la celebración de un pacto internacional en el que interviene la voluntad de todo el Estado mexicano”.

Manuel Vicente Garzón, Magistrado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo del Reino de España, señaló que se debe recuperar la relación entre gastos e ingresos.

“En el camino hemos perdido esa relación de los gastos con los ingresos, y a lo mejor, la tenemos que recuperar muy rápidamente, para evitar que sigan ocurriendo las cosas que están ocurriendo”.

Culminaron cuatro días del Octavo Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica.

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juzgadores y académicos de América Latina y España, participaron con importantes reflexiones sobre justicia tributaria.

Mario López Peña