Emite CNDH recomendación sobre agravios a defensores de derechos humanos

La CNDH denunció el alarmante incremento de agresiones contra defensores de derechos humanos en México.

De 2006 a la fecha, 29 defensores fueron asesinados y desde el 2009, hay 3 desaparecidos.

Además de que la institución cuenta con 380 expedientes de queja por amenazas, agresiones físicas o psicológicas, allanamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos.

Ante ello, el organismo que preside Luis Raúl González Pérez, emitió la Recomendación General Número 25 contra diversas autoridades de los 3 niveles de gobierno en todo el país.

“En ese sentido podemos afirmar que el incremento en las agresiones se puede vincular a los altos índices de impunidad registrados en nuestro país en los últimos años, así como a la reiterada omisión por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno de establecer protocolos de investigación en los que sea obligatorio y prioritario identificar a las personas defensoras víctimas de delitos”.

Los estados con más agravios contra los defensores de derechos humanos son Guerrero, Oaxaca y Chihuahua.

“Se propone que se impulse la promulgación de leyes, leyes que en su caso, prevean la creación de organismos locales tendentes a la protección de personas defensoras de derechos humanos a través de la implementación de medidas eficaces para asegurar el ejercicio de su actividad”, Edgar Corzo, Quinto Visitador de la CNDH.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos instó a las autoridades a crear fiscalías o unidades especializadas de atención a defensores, principalmente en las entidades de mayor riesgo.

Cursos de capacitación a los cuerpos de seguridad pública federales, estatales y municipales, así como campañas educativas para sensibilizar sobre el trabajo que realizan.

Además de hacer un mapa de riesgo sobre las zonas más peligrosas para ejercer la defensoría de derechos humanos en temas como migración, indígenas, conflictos medio ambientales, entre otros.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Descartan autoridades que medidas de vigilancia violen DDHH de Joaquín Guzmán Loera

El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, aseguró que no hay violaciones a los derechos humanos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con las medidas especiales de vigilancia que se han tomado en su reclusión en el Penal del Altiplano.

Dijo que han recurrido a un protocolo especial, pues el narcotraficante se fugó en dos ocasiones de penales de máxima seguridad.

“Son protocolos de seguridad, insisto, especiales amparados en la propia disposición constitucional, al que nos referimos, al artículo 18 constitucional, que señala muy claramente que en casos de delincuencia organizada podrán implementarse protocolos de esta índole”.

En entrevista, detalló que algunas de esas medidas especiales son la vigilancia permanente, física, al pasar lista cada cuatro horas por la noche, y con cámaras de seguridad,  así como la supervisión de alimentos.

“No hay violaciones a los derechos humanos de esta persona de ninguna forma… Cuando algún interno tiene alguna situación de salud se le atiende en el marco de lo preceptuado en los propios reglamentos y en la propia ley”.

Emma Coronel, pareja de Guzmán Loera, anunció que interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el supuesto trato inhumano que ha sufrido “El Chapo” en el Penal del Altiplano.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Defensores de derechos humanos denuncian falta de investigación en casos de tortura en México

La aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar la debe ir acompañada de un verdadero cambio institucional para combatir este delito.

Así lo señalaron especialistas que participaron en la inauguración del Foro Internacional sobre Investigación, Procesamiento y Sanción de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

 “La reforma legal por supuesto que es relevante pero asociemos a la reforma legal una reforma institucional profunda que sea coherente con esa reforma legal, de lo contrario nos vamos a ver en un año, en este mismo lugar en un foro en donde vamos a decir ya tenemos la ley pero tenemos los mismos comportamientos institucionales”, Ernesto López Portillo, Instituto para la Seguridad y la Democracia.

Comentaron que la Procuraduría General de la República tiene abiertas más de mil denuncias por tortura, un fenómeno, que señalaron, apenas comienza a mostrar su verdadera dimensión.

En este foro, defensores de derechos humanos lamentaron que en México no se ha tenido la voluntad de investigar a fondo los casos de tortura.

 “Nosotros estamos convencidos que la ausencia de investigación de la tortura no es un problema de la ley, es un problema de falta de voluntad de que este delito se sancione porque creemos que existe un incentivo por parte de las propias instituciones de procuración de justicia y del propio sistema de seguridad para torturar”, José Antonio Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

En conferencia magistral, Fernando Mariño, de la Organización Mundial contra la Tortura, destacó la importancia que tienen los jueces para que se investiguen estos delitos.

 “El juez de oficio, el procurador si aprecian que hay tortura deben ponerlo de manifiesto e iniciar la investigación, sobre eso no hay duda”.

Lamentó que en varios países han surgido embates contra la prohibición de la tortura para investigar, por ejemplo, casos de terrorismo.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Protección a los derechos humanos de personas en reclusión

 

Es necesario que en México se respeten los derechos humanos de las personas que se encuentran en reclusión, así como de proporcionarles mecanismos efectivos de denuncia.

Así lo señalaron especialistas que participaron en las  Décimo Sextas Jornadas sobre Justicia Penal, que se realizaron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“Las cárceles mexicanas siguen teniendo graves problemas y siguen presentando problemas que son parecidos a los que tienen desde muchos años atrás, sobre todo porque no hay el respeto más mínimo a los derechos esenciales de las personas que habitan ahí, no de todas pero sí de muchas”, Mara Gómez, Investigadora Instituto Belisario Domínguez.

Se dijo que la manera en que las sociedades tratan a los reos es una muestra clara del compromiso que tienen con los derechos humanos.

“Es hora de que les demos voz a los presos, al cuarto de millón de personas que tenemos recluidas en nuestras cárceles que les demos derechos, los que no tienen, que se los consignemos en las leyes, que les demos mecanismos a través de los cuales puedan quejarse, que sean mecanismos efectivos”.

Al analizar el tema de los derechos humanos en el área penal, Mara Gómez explicó que los reos tiene tres tipos de derechos:

Los que se suspenden o limitan, los que se conservan a pesar de privados de su libertad y los que se fortalecen  dentro de la prisión.

“Un reo tiene derecho al trabajo entonces se lo tiene que proporcionar el Estado porque está recluido, tiene derecho a la capacitación para el trabajo… Tiene derecho a la educación, a la salud y al deporte”.

Según cifras oficiales, hasta agosto de 2014 habían en los 386 centros penitenciarios del país poco más de 257 mil personar recluidas, 95 % hombres y el resto mujeres.

De ese total, el 43 % permanecían en prisión preventiva en espera de una sentencia.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Concluye Máster La Protección Constitucional, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Con la finalidad de contribuir al conocimiento técnico y especializado de los derechos fundamentales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid llevaron a cabo el Máster  La Protección Constitucional, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Durante el evento de clausura Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto destacó la importancia de hacer frente a las implicaciones de las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo; en las repercusiones de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La relevancia del derecho constitucional frente a las otras  ramas del derecho ha cobrado un protagonismo inusitado y dentro de este ámbito del estudio y de la aplicación, la agenda de los derechos humanos, los mecanismos de garantía de los mismos, los mecanismos de garantía jurisdiccionales y la agenda de la convencionalidad; tengo para mí que han llegado para quedarse”.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pro de los derechos humanos, control de constitucionalidad y convencionalidad, han generado cambios sustanciales que los juristas deben prever.

“Ha cambiado de tal manera el derecho, ha cambiado de tal manera la manera de interpretar al derecho que existe un reto enorme, digamos de carácter metodológico pero también de carácter sustantivo para entender al derecho en sus nuevas dimensiones y en sus nuevas facetas”.

En septiembre de 2013 la Suprema Corte determinó que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos, forman un solo catálogo y el juzgador está obligado a aplicar, aquel que mejor proteja a la persona.

Sagrario García Torres

@Chariss2118

 

Participa Leticia Bonifaz en Seminario Internacional de Transparencia 2015

Es necesaria una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para superar el conflicto de competencias que creó la Ley General de Transparencia entre la Suprema Corte y el INAI.

Así lo señaló la directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte, Leticia Bonifaz, al participar en el Seminario Internacional de Transparencia 2015.

 “Sí estamos en serios aprietos porque si hay un conflicto de competencias debe haber quién resuelve este conflicto de competencias por esa razón creo que una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación va a ser muy importante y que hasta ahora vamos trabajando con la auto-regulación porque con todo la Corte sí ha sido transparente en caso todos los ámbitos”.

Los especialistas analizaron los alcances y retos de competencia de la Suprema Corte de Justicia y el INAI para la aplicación e interpretación de la Ley General en la materia.

Se explicó por qué el Máximo Tribunal del país no se estableció como sujeto obligado en la Ley de Transparencia y bajo el escrutinio del INAI.

 “O la Corte es tribunal máximo o no lo es, por supuesto que lo es y en consecuencia no era pertinente sujetarla a la competencia de otra instancia”, Adrián Alcalá, Coordinador de Transparencia INAI.

El investigador José Roldán Xopa se refirió a la protección de datos personales que realiza la Suprema Corte en sus proyectos y sentencias.

 “En lo personal me parece que cuando no conocemos los nombres de las personas físicas, cuando no hay buenas razones para ocultarlos evitamos en la lectura del precedente conocer una parte relevante de los hechos del caso”.

Dijo que el hecho de desconocer si se trata de una mujer o un hombre afecta en la aplicación de los precedentes en otros casos.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Inicia 112 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Este miércoles inició el 112 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica.

Emitirán sentencias sobre 6 casos y una opinión consultiva solicitada por Panamá.

El primero se relaciona con la supuesta privación arbitraria de la vida de un joven de 16 años en Ecuador en 1992, por un funcionario de la policía nacional.

Guatemala espera sentencia en dos casos. Uno por su presunto incumplimiento del deber de protección de la vida e integridad personal, falta de investigación y estereotipos discriminatorios, ante la desaparición de una mujer en 2005.

Misma que 24 horas después de haberse reportado como desaparecida, fue hallada sin vida y con señales de violencia, incluido abuso sexual.

“El asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz representa una cuestión de vital importancia para el sistema interamericano. La falta de debida diligencia para prevenir e investigar actor de violencia contra la mujer”, James L. Cavallaro, Vicepresidente CIDH.

En el segundo caso contra Guatemala se denuncian violaciones a los derechos humanos de la señora María Inés Chinchilla Sandoval persona con discapacidad, cuyas omisiones del estado derivaron en su muerte.

Otra sentencia se relaciona con la supuesta responsabilidad de Colombia por discriminación a un hombre.

“Las dificultades que habría padecido por la presunta discriminación de la que habría sido objeto al negársele la solicitud de pensión se supervivencia debido a su orientación sexual”, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario Corte IDH.

Suriname y Perú son los países que también esperen sentencias sobre violaciones de derechos de comunidades indígenas y ataque a un civil por parte de un miembro del ejército.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Análisis estratégico de indicadores para evaluación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México

Funcionarios, representantes de instituciones y académicos coincidieron en la necesidad de contar con indicadores para promover y vigilar el ejercicio de los derechos humanos en México.

En el seminario “Análisis estratégico de indicadores para evaluación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México”, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dijo que el reto está en la implementación de la reforma de 2011.

“Hemos avanzado de manera muy importante en la construcción de toda esta ingeniería de instituciones, de normas que nos permiten decir hoy, que tenemos una enorme fortaleza en nuestro país, el reto hoy es el reto de la implementación, el reto hoy es el reto del cumplimiento, y en este sentido el compromiso de evaluar, el compromiso de medir resulta indispensable”,

Dijo que se requieren indicadores confiables, certeros y sencillos para establecer canales de comunicación entre el gobierno y sociedad.

En el seminario participaron representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la CNDH.

“Qué se busca a través del trabajo en indicadores y la medición de la situación de los derechos humanos en México? Prevenir violaciones a los derechos humanos”, Julieta Morales, Centro Nacional de Derechos Humanos.

“Al final del día la experiencia de México a pesar de que entre nosotras y nosotros puede ser poco conocida, ha servido de base para el establecimiento de semejantes sistemas de información y rendición de cuentas y transparencia en materia de derechos humanos en múltiples países en la región”, Mila Paspalanova, Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México.

Algunos indicadores que ha realizado la ONU en México son sobre el derecho a un juicio justo en la fase de impartición de justicia para todos, sobre el estado de derecho a la salud, educación, libertad de expresión y seguridad, entre otros.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Mecanismo Federal de Protección a Periodistas emite alerta temprana en Veracruz

El Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emitió una alerta por la situación que viven periodistas en Veracruz.

Se convirtió en la primera entidad del país en incorporarse al Sistema Nacional de Alerta, que incluye la creación de un programa con 13 acciones para proteger a los periodistas en la entidad.

Entre ellas, implementar medidas de prevención, organización de cursos sobre coberturas seguras, identificación de amenazas, medidas de autoprotección y la creación de un mapa de riesgos

La capacitación de las fuerzas de Seguridad Pública y ministeriales en materia de libertad de expresión, que busca que se abstengan de estigmatizar o hacer señalamientos incriminatorios en contra de periodistas.

Además, se condenará públicamente cualquier acto de agresión y se eliminarán obstáculos al ejercicio de la labor.

“La prevención debe ser entendida como la principal herramienta del estado para disuadir las agresiones contra periodistas y primordialmente para facilitar el libre ejercicio de la libertad de expresión”, Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos, SEGOB.

Las autoridades de Veracruz están obligadas a emitir un informe público semestral sobre los avances en las investigaciones de crímenes contra periodistas.

El cumplimiento del programa será evaluado cada tres meses a través de la realización de mesas interinstitucionales.

El programa fue diseñado de manera conjunta por el Mecanismo Federal de Protección, el Gobierno de Veracruz, la PGR, y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, en atención a la solicitud de periodistas locales.

Según la PGR, en México cada 27 horas un periodista es agredido, el 89 % de las denuncias permanecen impunes.

Del año 2 mil a la fecha se han registrado 107 asesinatos de periodistas, 25 desapariciones y 47 atentados contra medios.

Veracruz encabeza la lista con 16 asesinatos y 4 desapariciones. Ocupa el segundo lugar del país con el mayor número de indagatorias por delitos contra periodistas y medidas cautelares otorgadas.

La CNDH ha emitido 28 recomendaciones específicas y 2 generales a Veracruz.

Desde la creación del mecanismo de protección a periodistas en México en 2012, 183 personas han acudido al instrumento, siendo Veracruz la segunda entidad con mayor número de profesionales protegidos.

Lorena Sánchez Cabrera

@LoreSan_12

Denuncian violaciones a los DDHH de integrante de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares

La Central de Organizaciones Campesinas y Populares, dio a conocer la violación a los derechos humanos de una de sus integrantes.

En conferencia, informaron que el pasado 27 de octubre, Salomé Ortega fue detenida y trasladada a un penal de alta seguridad en Nayarit.

Lo anterior, luego de haber participado en un cierre simbólico, de un pozo petrolero al norte de Veracruz.

“En este momento estamos negociando su libertad, se está pagando una fianza y la intención es de que pueda ser regresada Gutiérrez Zamora y reintegrada a su comunidad”, José Jacobo Femat, Presidente Nacional COCYP.

Destacaron el estado de gravidez en el que su compañera Salomé Ortega se encuentra, luego de haber dado a luz hace apenas un mes.

“Eso es lo que estamos observando, nos duele que sea el gobierno el que actúe de una manera eh mañosa, tramposa y que esté buscando enlodar el nombre de la compañera y de otras dirigentes del movimiento”

Fue acusada del delito de obstrucción de labores de producción, en la localidad de Macarena de Arrazola de Petróleos Mexicanos.

Aseguraron que la manifestación tenía el objetivo de un cierre simbólico del pozo petrolero.

Tan es así, añadieron, que se pidió el permiso correspondiente a los trabajadores, para no obstruir las labores de la paraestatal, y posteriormente retirarse para descartar la ocurrencia de algún desastre.

Oscar González

@okogonzalez08