Participa Ministro Pérez Dayán, en ciclo de conferencias sobre derechos humanos, derechos políticos y justicia electoral

Los derechos humanos deben ser observados en todo su alcance pero en algunos casos deben tener restricciones que son necesarias para la supervivencia de una colectividad.

Así lo señaló el Ministro Alberto Pérez Dayán, al participar en el Ciclo de conferencias sobre derechos humanos, derechos políticos y justicia electoral, que se organizó en la Ciudad de Oaxaca.

Explicó la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013, en la que determinó que los tratados internacionales en materia de derechos humanos están al mismo nivel de la Constitución, pero en caso de haber contradicciones prevalece lo que dice la Carta Magna.

“Las restricciones que tenemos en la Constitución, que son mínimas obedecen a un proceso histórico que nos ha llevado hoy como nación a que aun cuando consideremos que el derecho humano debe ser absoluto, hay todavía condiciones que nos obligan a restringirlo en beneficio de la colectividad”.

El Ministro también reflexionó sobre los casos en que se decidiera poner a los tratados internacionales al mismo nivel de la Constitución y en caso de que haya contradicciones que cada juzgador decidiera aplicar la norma más favorable a la persona.

“También consideramos que permitir que cada operador jurídico, particularmente los Jueces de Distrito, quienes serían los que tendrían en un primer momento el tema por resolver, en ese sistema de interacción hermenéutica, podrían resquebrajar el texto constitucional”.

La inauguración del Ciclo de conferencias estuvo a cargo del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué.

Juan Carlos González

Hoy en la sesión del Pleno

SCJN4El Pleno de la Suprema Corte descartó por mayoría de seis a cuatro, modificar una jurisprudencia, que prevé que la suspensión de los derechos políticos prevalece, a pesar de que una persona obtenga su libertad condicional.

Ello, porque la pena que se le impuso no se ha extinguido, como lo prevé el artículo 38 de la Constitución, motivo por el cual, no puede recuperar el ejercicio de sus derechos políticos.

“Consecuentemente la pena se extingue, sea en prisión o sea que esté suspendida y esté en libertad bajo ciertas condiciones el condenado, una vez que transcurre el tiempo que se le dio a la pena”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Si se considerará que una persona que tiene encima de sí una pena de prisión y está en una libertad relativa, pudiera ser por ejemplo electo para un cargo público, en qué situación quedaría si por no cumplir con las condiciones que se le imponen se le revoca la libertad ya siendo electo para un cargo público, tendría que dejar ese cargo con el perjuicio social que ello implica”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

 “El hecho de que esté suspendida la pena no me parece que equivale a que se haya extinguido la pena corporal, máxime si no cumple con las condiciones de su suspensión se le vuelve a privar de la libertad”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Los cuatro ministros que consideraban procedente la modificación, indicaron que ello era posible, ya que ahora la Constitución obliga a realizar una interpretación pro persona.

Además, de que era necesario armonizar este criterio, con otro, que dispone que la suspensión de derechos políticos solo procede cuando la persona a la que se le dicta auto de formal prisión o se le vincula a proceso, se encuentra en prisión.

“Y me lleva a la conclusión de que entre las distintas interpretaciones posibles, debemos preferir aquella que limita de menos forma el derecho; y es decir, que la suspensión de derechos político existe solamente cuando la persona está privada de su libertad”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

“Yo también me manifiesto respetuosamente por no compartir la propuesta del proyecto, en tanto que yo creo que sí es necesario sustituir la jurisprudencia, a partir, precisamente, vamos de lo que identificamos el nuevo paradigma, el nuevo ejercicio de interpretación que se nos está exigiendo”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

El Pleno también declaró por unanimidad, procedente pero infundada una solicitud de modificación de jurisprudencia más, relacionada con la procedencia del juicio de revisión en el juicio de amparo.

“En virtud de lo anterior el proyecto considera que el criterio imperante continúa siendo que el recurso de revisión procede cuando el tribunal determine la inoperancia, insuficiencia o ineficacia de los conceptos de violación que planteen una cuestión de constitucionalidad o que por olvido, descuido o error no se haga el estudio correspondiente, por el contrario, en caso de sobreseimiento los agravios para combatirlo serían de estricta legalidad, por lo que resultaría inconducente su estudio en el recurso de revisión conforme a la fracción novena del artículo 107 constitucional”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

El Pleno ratificó con ello el criterio que se pedía modificar.

José Luis Guerra García

El Pleno determinó en qué momento pierde sus derechos políticos el ciudadano que está sujeto a un proceso penal

Solo cuando haya privación de la libertad se suspenden los derechos político electorales del ciudadano.

Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte al resolver una Contradicción de Tesis entre la Primera Sala de la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Mientras no exista una sentencia ejecutoria no debe impedírsele el derecho al sufragio activo de un ciudadano”, Ministro Sergio Aguirre Anguiano

Un ciudadano impugnó la negativa del IFE para expedirle su credencial de elector por estar sujeto a un proceso penal.

Argumentó que no estaba preso, sino que gozaba de libertad provisional.

Al resolver este asunto, el Tribunal Electoral señaló que los derechos políticos se suspenden solo cuando el ciudadano está en prisión.

Algunos ministros objetaron este argumento con base en un criterio emitido por el Pleno a resolver una acción de inconstitucionalidad en el 2009.

“La constitución lo que establece es una restricción desde el momento en que se dicta auto de formal prisión hasta que se dicta la sentencia, independientemente de las condiciones”, Ministro Fernando Franco González Salas.

En su opinión este criterio de la Corte dejó sin materia esta Contradicción de Tesis.

La mayoría desestimó este argumento.

“Tenemos que generar una seguridad jurídica sobre todo ante las inminentes elecciones de este año y del año próximo”, Ministra Olga Sánchez Cordero.

“Para quienes pensamos que el asunto está resuelto, pues es tan seguro como que existe un criterio definido”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

“No podemos decir que con el pronunciamiento general que hizo este tribunal pleno en esa acción de inconstitucionalidad este resuelto este tema, simplemente porque no se planteo este tema en aquella acción”, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Luego de tres sesiones de análisis y debate, por mayoría de siete a cuatro, el Pleno determinó que solo cuando haya privación de la libertad se suspenden los derechos políticos de los ciudadanos.

En la sesión de este jueves el Pleno resolvió otra Contradicción de Tesis relacionada con las facultades del Tribunal Electoral para resolver conflictos laborales entre el IFE y sus trabajadores.

El asunto quedo sin materia luego de una reforma legislativa que estableció la siguiente pauta.

“Cuando se trata de conflictos de naturaleza administrativa de servidores públicos por responsabilidades, quien debe conocer es el tribunal de justicia fiscal y administrativa”, Ministra Margarita Luna Ramos.

Verónica González

 

¿En qué momento pierde un ciudadano sus derechos políticos y que criterios rigen las decisiones de los órganos jurisdiccionales en esta materia?

 En la Suprema Corte está a debate la suspensión de los derechos políticos de personas que reciben auto de formal prisión.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que si hay libertad provisional el ciudadano puede conservar sus derechos político electorales.

La Primera Sala de la Corte no comparte este criterio.

Antes de resolver esta Contradicción de Tesis, el Pleno de ministros determinará si la jurisprudencia de la corte es obligatoria para el Tribunal Electoral.

Ya que en el 2009 al resolver una acción de inconstitucionalidad sobre la Ley electoral de Coahuila, el Pleno se pronunció sobre este tema.

Este lunes el Ministro Sergio Aguirre Anguiano señaló que el Tribunal Electoral puede matizar algunos criterios de la Corte.

“Es obligatorio para ese órgano jurisdiccional, pero no de manera absoluta, ya que la obligatoriedad de la jurisprudencia emanada de la jurisdicción constitucional abstracta de la Suprema Corte, no necesariamente anula la capacidad decisoria del Tribunal Electoral”, Ministro Sergio Aguirre Anguiano.

Algunos ministros objetaron este argumento.

“Si esta Suprema Corte de Justicia en cualquier proceso determina el sentido de un precepto constitucional me parece que el Tribunal Electoral está obligado  por cualquiera definición que haga esta Suprema Corte, y no sólo las que resulten de procesos específicos”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

“Cuando este Tribunal valida la regularidad de la norma frente a la Constitución, tampoco podría inaplicarse esa norma por inconstitucional, aún en un caso concreto ―Desde mi punto de vista― En donde podría haber un ámbito es cuando este Tribunal no se pronuncia expresamente”, Ministro Fernando Franco González Salas.

En el centro del debate estuvo la posibilidad de definir qué es la jurisprudencia y cuáles son sus alcances.

“Al emitir jurisprudencia no creamos normas generales, explicitamos el contenido de normas generales ya creadas por otros órganos precedentes, simplemente afloramos el alcance en su más amplio o más reducido significado, pero no estamos creando la norma sino diciendo qué es lo que el legislador quiso decir”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

“¿Somos creadores de derecho con la jurisprudencia? Creo que sí, pero con un derecho muy limitado, que es el derecho que surge de la interpretación constitucional que establecemos”, Ministro Sergio Aguirre Anguiano.

“Por supuesto que creamos normas jurídicas; es decir, esto es una cuestión que es central… No creamos la norma que interpretamos, pero creamos una norma nueva, esa es justamente la función, a mi parecer, de la jurisprudencia. La jurisprudencia es una fuente del derecho y por ende, es un proceso de creación normativo que nos lleva como resultado a esta disposición” Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Sin embargo, algunos ministros consideran que para resolver esta Contradicción de Tesis, sobre los derechos políticos, no es necesario hacer este análisis.

“Yo no estoy de acuerdo en que sea necesario establecer esto, no nos lleva a la solución del caso concreto que ya está planteado y propuesto”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

“¿Qué se entiende por la institución de jurisprudencia? Este libro se llama La Jurisprudencia, lo podríamos vaciar exactamente a este primer punto del proyecto, y creo que tampoco tendría caso sobre todo para contestar una serie de cuestiones que en realidad no nos van a conducir a la resolución”, Ministra Margarita Luna Ramos.

No obstante, para algunos integrantes del pleno este asunto es de vital importancia.

“Estamos tratando temas mucho muy importantes definitivos para el trabajo jurisdiccional tanto de esta Suprema Corte como del Tribunal Electoral”, Ministro  Presidente Juan Silva Meza.

“Máxime cuando estamos muy cercanos al proceso electoral federal que creo que es importante, en la medida de lo posible, que tengamos reglas claras, y es un asunto de gran trascendencia”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

 El análisis de esta Contradicción de Tesis entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Primera Sala de la Corte continuará en la Sesión de este martes.

 Verónica González