Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribió un acuerdo de cooperación con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, por medio de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de actualizar y capacitar permanentemente a todos los jueces y magistrados federales mexicanos, acerca de las fuentes del derechos internacional en materia de derechos humanos y del funcionamiento del sistema interamericano de protección.
En el acto protocolario, en el que participó la Comisionada Dinah Shelton, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, afirmó que este evento es el primer paso para dar carta de naturalización a las relaciones entre el Alto Tribunal de México y la CIDH, además de que se honran los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado Mexicano al adherirse a tratados internacionales en la materia.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de sus atribuciones constitucionales, convencionales y legales y como integrante del Supremo Poder de la Unión, hará lo que esté a su alcance para ayudar al Estado Mexicano a honrar sus compromisos internacionales, pues entendemos que los beneficiarios directos de esa postura somos todos los mexicanos”, subrayó.
Agregó que el único interés que inspira al Alto Tribunal a celebrar este acuerdo, es consolidar a México como una nación en la que se respetan los derechos humanos de las personas, al grado de lograr que el conocimiento de asuntos que involucren a las autoridades mexicanas como probables responsables de la violación de derechos humanos, ante las autoridades del sistema interamericano, sea residual y extraordinario.
El también Presidente del Consejo de la Judicatura Federal aseguró que la forma de este acuerdo obedece a la necesidad de actualizar y capacitar, permanentemente a todo el personal jurisdiccional federal, acerca de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos.
Asimismo, dijo que se intercambiará información más fluidamente en beneficio de ambas instituciones y se alentará el acercamiento de los jueces mexicanos federales a las experiencias de sus pares en la región.
El Ministro Silva Meza se refirió a las recientes Reformas Constitucionales en Materia de Amparo y Derechos Humanos aprobadas por el Congreso de la Unión en México, las cuales significan un cambio profundo del sistema jurídico mexicano, subrayó.
“En este momento de la evolución jurídica de México, las y los jueces federales del país no podemos ni queremos quedarnos atrás: queremos y debemos ser la punta de lanza en la puesta en operación del nuevo sistema protector”, expresó.
Reconoció que la sentencia del llamado “Caso Radilla” puso frente a los juzgadores del país un universo jurídico que amplía el sistema de derecho mexicano.
“Así, al tiempo que conocimos las demás sentencias de la Corte Interamericana en las que el Estado Mexicano ha sido parte, muchas cosas sucedieron y están sucediendo en mi país, que afectan ya el trabajo de la Judicatura Federal, en su conjunto, y de la Suprema Corte, en concreto, y que representan serios retos para nosotros en el futuro”.
Destacó que la atención a las resoluciones de condenan al estado mexicano entre las que se encuentra el “Caso Radilla”, llegaron en un tiempo fértil de creación legislativa en México que no tiene parangón en la historia moderna del país, pues se centraron en la protección y respeto a los derechos humanos.
“El cambio ha sido profundo. Lo que los abogados mexicanos aprendimos por generaciones desde 1917 a la fecha, ha sido modificado de raíz. Queremos que a partir de las recientes reformas, el lenguaje de los derechos humanos y el juzgar desde una perspectiva de derechos, estén plenamente implantados en el inconsciente colectivo de la judicatura”, concluyó.
Por su parte, el Embajador Joel Hernández, Representante Permanente de los Estados Unidos Mexicanos ante la OEA, dijo que en materia de derechos humanos, los tres poderes de México hablan con la misma voz.
A la firma de convenio también asistió José de Jesús Orozco Henríquez, Vicepresidente de la CIDH.
Las comunidades indígenas requieren de una protección especial, debido a la severa discriminación que han padecido a lo largo de la historia.
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