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30/10/2013 Deja un comentario
Se publicó en el Diario Oficial el decreto que adiciona un artículo 97 Bis, al Código Penal Federal, que faculta al Ejecutivo Federal para conceder el indulto, por cualquier delito, cuando se demuestre que el condenado no representa un peligro para la sociedad y cuando se hayan violado sus derechos humanos.
17/10/2013 Deja un comentario
La Corte dio a conocer el acuerdo 16/2013 que regula las solicitudes de atención prioritaria del Ejecutivo Federal o de alguna de las cámaras del Congreso, para resolver aquellos asuntos que tengan un alto impacto social o de orden público. El Ministro Presidente revisará si el asunto cumple con los requisitos de ley y lo listará para sesión privada, a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud.
04/07/2012 Deja un comentario
El Ejecutivo Federal regresó a la Cámara de Diputados el proyecto de la Ley general de atención a víctimas de delito por considerar que presenta imprecisiones.
Además de propuestas para enriquecer y fortalecer el proyecto, el Ejecutivo busca no ser el único responsable ante las víctimas de la delincuencia y compartir esta obligación con los gobernadores y alcaldes.
Esta ley obligaba al Estado Mexicano a proteger a quienes padecieran algún delito o fueran víctimas de violación de derechos humanos por parte de alguna autoridad o grupo delictivo.
El Ejecutivo aclaró que no se trata de un veto a esta legislación sino que es un esfuerzo para mejorar la ley para que garantice la protección y reparación del daño por los tres niveles de gobierno.
16/01/2012 Deja un comentario
No se ha dicho la última palabra sobre la validez de los acuerdos de equivalencia que expidió la Secretaria de Economía en agosto del año pasado.
En ellos se igualan las normas oficiales mexicanas con las de Estados Unidos y Canadá para la importación de aparatos electrodomésticos y de oficina.
El Senado demandó al Ejecutivo Federal por considerar que invadió sus competencias para legislar en materia de comercio exterior.
El Ministro Sergio Valls Hernández propuso al Pleno de la Suprema Corte desechar la demanda.
“Estoy planteando sobreseer en el Juicio por considerar que la actora, la Cámara de Senadores, carece de interés legítimo para promover la Controversia Constitucional”.
La mayoría objetó este argumento porque en otros juicios la Corte ha señalado que si procede la demanda cuando un reglamento desvirtúa las leyes emitidas por el congreso.
“Yo creo que por la forma en que estas normas generales fueron establecidas, por la manera en que están construidos estos supuestos, puede darse esta invasión de competencias y por ello no puede ser desechada esta demanda”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.
“Se nos plantea un verdadero problema de competencias constitucionales y una cuestión de estricta legalidad y por ello no comparto la propuesta de sobreseerlo”, Ministra Olga Sánchez Cordero.
“Yo me sumaría a la mayoría, yo comparto en principio respecto de que si existe interés legítimo para estar en esta Controversia habida cuenta de que hay un principio de afectación”, Ministro Presidente Juan Silva Meza.
Algunos incluso consideran que la Controversia Constitucional no se limita a combatir normas generales.
“Puede haber ciertos actos individualizados que por sí mismos invadan la esfera de competencias del Poder Legislativo y los que hemos sostenido este criterio consideramos que si puede haber una afectación”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
“En este caso coincido en que esto puede ser una cuestión en que el acto administrativo excede e invade las facultades de otro Poder y por tanto la Controversia Constitucional está promovida correctamente”, Ministro Luis María Aguilar Morales.
Tras escuchar los argumentos de sus colegas, el Ministro Valls Hernández tomó una decisión.
“Retiro el proyecto y ofrezco hacer uno nuevo entrando al fondo y respetando los criterios que aquí se han señalado”.
Así que el asunto volverá a ser discutido por el Pleno considerando que la mayoría opina que la demanda es procedente.
El Senado argumentó que los acuerdos de equivalencia ponen en peligro la economía nacional porque someten al estado mexicano a directrices extranjeras, que podrían perjudicar a los consumidores nacionales.
El Gobierno Federal argumentó que dichos acuerdos se emitieron como parte de una estrategia para impulsar la economía eliminando trámites que elevan los costos de transacción.
Verónica González
Canal Judicial 