Seguridad con legalidad

La participación del ejército en el combate al crimen organizado debe ser temporal y excepcional, afirmó el magistrado Baltasar Garzón.

Al poner en marcha el foro sobre seguridad con  legalidad, indicó que dicha actuación debe darse dentro del marco de la ley y respetando los derechos de la población.

“Esa actuación en ningún caso se convierta en una lucha sucia, en una guerra sucia como se conocía en la época de las dictaduras y demás. Porqué, porque lo que caracteriza y legitima a un estado de derecho como es México, es no quebrantar esos límites”.

Estrategia que además de utilizar la fuerza, debe centrarse en debilitar las estructuras financieras de las organizaciones criminales.

“Conlleve, la condena no solo de las personas que utilizan estas personas jurídicas, sino de las propias jurídicas, de cara a que no pueda perpetuarse o seguirse utilizando este tipo de mecanismo, para o bien realizar actividades delictivas o bien, ocultar los beneficios”, Fernando Andreu, Juez de la Audiencia Nacional de España.

En este sentido el Poder Judicial debe actuar con eficiencia para evitar abusos y garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos.

“Someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, Santiago Pedraz, Juez de la Audiencia Nacional de España.

Se afirmó que el cambio en el sistema de justicia penal, busca agilizar los procesos y que el menor número de casos lleguen a juicio a través del proceso abreviado, mismo que debe limitarse solo al caso de los delitos no graves.

“Luego habría que limitar también los alcances del beneficio y siguiendo el ejemplo de Italia, de España y de Colombia decir que será hasta una tercera parte de la pena, y luego claro está desde luego, habría que quitarle esta facultad exorbitante al ministerio público, conservar la justicia en manos de los jueces”, Jesús Zamora Pierce, Instituto Mexicano de Derecho Procesal.

A pesar de que la inseguridad es un problema grave que genera pérdidas anuales de más de 210 mil millones de pesos a la población, la falta de confianza de la sociedad en las autoridades, impide un combate más efectivo a la delincuencia.

“No obstante este elevado número de delitos y la repercusión económica patrimonial que tuvo, solo en el 8 por ciento de los delitos se interpuso una denuncia o se inició una averiguación previa”, Guillermo Silva Aguilar, Coordinador de Asesores del Abogado General de la UNAM.

En esta primera sesión se mencionó que la cifra negra o el porcentaje de delitos no denunciados asciende al 92 por ciento.  

José Luis Guerra García

Foro sobre Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad

El combate al crimen organizado debe hacerse mediante una política legislativa eficaz, con sanciones proporcionales a la gravedad del delito y con respeto a los derechos humanos, se afirmó durante el último día de trabajos del foro: Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad.

En donde el juez de la Audiencia Nacional Española, Fernando Andreu, afirmó que el éxito de esta lucha depende de un combate efectivo a sus fuentes de financiamiento.

“Donde más daño y donde más, mayores logres se van a conseguir es a través de la confiscación del patrimonio criminal, mediante la retirada de los bienes que han obtenido ilícitamente”.

Para ello, es necesario conocer cómo operan estas bandas y allegarse pruebas que permitan, incautar sus activos financieros.

“Porque la prueba tiene que ser una prueba obtenida de manera lícita, válida y eficaz, para que cuando lleguemos a un juicio oral podamos utilizarla, porque si nos la anulan nos hemos quedado sin prueba y si nos hemos quedado sin prueba, necesariamente vamos a ir a una absolución”, Dolores Delgado, Fiscal de la Audiencia Nacional Española.

Lucha en la que es indispensable que exista una separación efectiva del Ministerio Público y el Poder Ejecutivo.

“Pero el sistema como tal, puede haber puntos de colisión más evidentes en determinados casos investigación que afecten o que puedan afectar a estructuras del propio poder del que se detenta, eso ha ocurrido en muchos países entonces hay que avanzar hacía mecanismos de procuración de justicia cada vez más autónomos, garantizando la independencia o mecanismos claramente establecido de no interferencia por parte del Poder Ejecutivo en la acción”, Baltasar Garzón, Juez Español.

Esta dependencia en el caso de México, aunada al hecho de que para fincar responsabilidades no se aporten pruebas contundentes ha propiciado que de 2004 a 2010, de 500 casos consignados ante un juez, solo en 53 la PGR haya obtenido sentencias condenatorias.

“Esto quiere decir, que muchos, muchos ciudadanos, fueron detenidos, fueron procesados y al final, fueron liberados o bien porque no se les pudo acreditar que participaron en el crimen organizado o bien, simple y sencillamente porque eran inocentes y este es el peor de los fracasos de un estado de derecho”, Enrique Díaz Aranda, IIJ-UNAM.

Situación que refleja que la procuración de justicia se encuentra en crisis.

“Creo que en México vivimos zona de desastre, ministerios públicos que no solamente dejan de investigar ciertos delitos, porque no conviene a sus jefes, sino que fabrican culpables porque así conviene a sus jefes, esto no puede sino conducir a resultados desastrosos”, Luis de la Barreda Solorzano, Director Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.

Ante este panorama, se afirmó que México requiere un cambio de fondo que permita recuperar la credibilidad en las instancias de procuración de justicia, para evitar que se repitan sucesos lamentables como los de Nuevo León.

“Necesita que la legalidad, garantice la seguridad, garantice el desarrollo, garantice el trabajo, garantice la educación, garantice los derechos humanos”, Leoluca Orlando, Ex Alcalde de Palermo, Italia. 

Se concluyó que la única ruta para garantizar en México una seguridad estable a largo plazo,  será aquella que se explore a través del derecho, de los derechos humanos y de las instituciones democráticas. 

José Luis Guerra García