El Pleno inició el estudio de una solicitud de cambio de jurisprudencia relacionada con la suspensión de los derechos políticos

SCJN6El Pleno de la Corte inició el estudio de una solicitud de cambio de jurisprudencia relacionada con la suspensión de los derechos políticos.

Medida que continúa vigente a pesar de que el sentenciado a la pena de prisión, se acoja al benefició de purgar la sentencia en libertad.

El tribunal solicitante, argumenta que conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución, dicha jurisprudencia podría modificarse.

Sin embargo, el proyecto del Ministro Fernando Franco, considera que la misma sigue vigente, pues el inculpado a pesar de gozar de la libertad condicional, sigue purgando una pena, en consecuencia, no puede ser restituido en el goce de sus derecho políticos.

“Por supuesto se podría pensar que al estar libre, el sujeto podría ejercerlos dado que no hay una limitación material, en mi opinión y respetando lo que resuelva este pleno, me parece que aquí hay que distinguir lo que es una simple cuestión material, de lo que es la cuestión formal jurídica de esta sujeto al cumplimiento de una pena”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Hasta el momento tres ministros se han sumado a la propuesta, coincidiendo en que en estos casos, no se pueden restituir los derechos políticos, pues el ciudadano, sigue cumpliendo una condena.

Se esté bajo la condición de pena corporal, con independencia de los beneficios, se da esta situación en la cual es posible constitucionalmente, tener una persona con los derechos políticos suspendidos”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

La interpretación más favorable a la persona, no implica que los derechos humanos no puedan ser suspendidos o restringidos”, Olga Sánchez Cordero, Ministro SCJN.

“Muy riesgoso sería, adicionalmente a todo lo que ya se ha expresado aquí, permitir que en ciertas circunstancias, quien está vigilado por el estado, pudiera ejercer libremente el sufragio”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

En contra del proyecto se manifestaron tres ministros, quienes consideraron que si el inculpado se encuentra en libertad condicional, también debe recuperar el ejercicio de sus derechos políticos.

“Honestamente no veo por qué razón la pena accesoria que corresponde a los derechos políticos no pueda seguir la misma suerte de la principal, si al final de cuenta no es una pena autónoma”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Y si bien el 38 establece como sanción la suspensión de los derechos políticos, también el 18 que acaba de dar lectura la ministra Luna Ramos, es el fundamento constitucional para la concesión de los beneficios sustitutivos de penas”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministra SCJN.

Entonces, si la originalmente impuesta pena corporal se encuentra suspendida condicionalmente, la pena accesoria, suspensión de derechos políticos, también debe ser objeto de ese beneficio”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

El Pleno continuará con el estudio de este asunto en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

Resoluciones de la Segunda Sala de la SCJN

GOC_0049 SESION SEGUNDA SALA SCJN 29012014Por mayoría de tres a dos, la Segunda Sala de la Corte negó el amparo, a una persona que solicitaba una indemnización por el daño moral que sufrió, al ser despedida de la institución financiera en la que trabajaba, por tener sida.

Consideraron que el quejoso no acreditó que haya sido despedido de manera injustificada, motivo por el cual, se le negó la protección de la justicia.

Indicaron que la junta laboral que le negó el amparo, no estaba obligada a pronunciar sobre los actos de discriminación y violación de sus derechos humanos, que le causaron el daño moral que denuncia, lo cual podrá exigir ante los tribunales competentes.

“Ello no es competencia de la junta, que conoció del asunto, consecuentemente también el proyecto se hace cargo de este aspecto no, ratificando esta parte y por supuesto, esto es muy importante, dejando a salvo los derechos del quejoso, en estos aspectos para que los haga valer ante las instancias competentes”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Y se llega al convencimiento de negativa del amparo, precisamente porque no se prueba que haya habido un despido injustificado”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Indicaron que esto no implica que el daño moral que reclama no pueda repararse.

En otro asunto, por mayoría de cuatro a uno, determinaron que la Comisión Federal de Electricidad sí actúa como autoridad cuando realiza visitas de verificación e impone sanciones por diferencias de fluido eléctrico, lo cual puede impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal.

Ello, porque se da el supuesto que prevé el artículo quinto de la nueva Ley de amparo, que considera al particular como autoridad, cuando presta un servicio público y cuyas acciones, pueden afectar a la población

Se considera a la Comisión Federal de Electricidad como autoridad, dado que impone esos tipos de actos, como lo he dicho de manera unilateral, es la única empresa que presta el servicio y consecuentemente los particulares no tienen opciones”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

“Se limita al tema específico de las visitas de inspección y las liquidaciones que con motivo de ellas, genera la Comisión Federal de Electricidad, esto es las que siguen luego de todo procedimiento de verificación que culminan precisamente con un crédito a cargo del consumidor”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Precisaron que la anterior jurisprudencia que considera que la CFE no es autoridad, continuará vigente en todo aquello que no se oponga a la nueva.

Al resolver una contradicción de tesis, fijaron como criterio, que con independencia de que en la etapa de conciliación, el acuerdo entre las partes sea firmado o no por el trabajador, las manifestaciones de su apoderado, sí constituye confesión expresa que debe considerar en el juicio, sin necesidad de que sea ofrecida como prueba por las partes.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Suprema Corte determinó que sí existe contradicción de criterios, entre la Primera y Segunda Salas, en cuanto al ámbito de aplicación del principio de presunción de inocencia.

La Primera Sala estableció que dicho principio no es exclusivo del ámbito penal, mismo que puede ampliarse al derecho administrativo sancionador.

En tanto que la Segunda Sala, precisaba que dicho principio, solo aplica al derecho penal.

“Además con la interpretación más favorable, si en el derecho administrativo sancionado, se dejara de atender el principio de presunción de inocencia, podría surtir violación a los derechos humanos, lo cual cobra sentido en atención tanto al derecho fundamental de defensa, como a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

En principio algunos ministros consideraban que no había contradicción, pues las Salas abordaron temas diferentes.

Sin embargo, se recordó que el Pleno ya había fijado un criterio a este respecto.

“Precisamente de ese desarrollo jurisprudencial que viene dando el Pleno, y ahora en función de esta incompatibilidad que se presenta o de esta diferencia de criterios, entre Primera y Segunda sala, pero a partir de que sí, el Principio de presunción de inocencia pudiere ser aplicable o regir para esta disciplina, siempre y cuando sea compatible con la materia”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Los ministros precisaron que solo se abordaría el tema, en función del procedimiento administrativo sancionador.

“Yo pediría la venia de este Pleno y del señor Presidente para que pudiéramos, a la luz ya de esta definición, no, el jueves entrar al estudio de fondo porque me parece que un primer punto es que vamos a entender por el procedimiento administrativo sancionador”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Concedida la petición, el Pleno dio entrada a una consulta a trámite, en la que no participó el Ministro Presidente Juan Silva Meza, por estar impedido.

El proyecto prevé devolver el expediente a la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo de Baja California, pues ella debe conocer de los requerimientos formulados al Consejo de la Judicatura Federal, para saldar una aparente deuda con el municipio de Mexicali por la prestación de servicios de seguridad de sus instalaciones en ese municipio, máxime cuando el Consejo aceptó esta vía para dirimir el conflicto.

“Lo procedente será entonces no tramitar el expediente de la controversia a que se refiere la consulta, si no devolver los autos del juicio al tribunal estatal y ordenar el archivo del presente expediente”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Algunos ministros no compartieron el proyecto, al considerar que este asunto debía conocerlo el Pleno de la Suprema Corte.

Por ese motivo, se determinó continuar con el estudio del mismo, en la próxima sesión.

José Luis Guerra García

Informe de Labores del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Cada sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ayuda a encontrar una solución pacífica y ordenada a los conflictos entre particulares y la Administración Pública Federal, advirtió su presidente, Juan Manuel Jiménez Illescas.

Al rendir su tercer Informe de Labores, al que asistió el Ministro Fernando Franco González Salas, destacó que hay un importante descenso en el inventario de asuntos, un aumento en el número de resoluciones y la eliminación del rezago.

En el trienio 2011-2013, la Sala Superior reportó 6 mil 755 ingresos, emitió 6 mil 572 resoluciones y las excitativas de justicia disminuyeron 80 %.

“Las excitativas de justicia han disminuido considerablemente y de manera paulatina. Esto se debe sin duda a que los justiciables se quejan cada vez menos del tiempo que nos toma resolver sus asuntos. Dicho en otras palabras, mientras más expedita es la instrucción de los juicios en salas regionales, menor es el número de excitativas de justicia que la Sala superior debe resolver”.

De las 2 mil 402 sentencias emitidas en 2013, sólo fueron impugnadas 595, equivalentes al 25 %.

Además se incrementaron los recursos ya sea a favor de los particulares o del Estado.

“El interés económico de los asuntos del Tribunal ronda los 440 mil millones de pesos, considerando sólo el 60 % de los asuntos, que son los cuantificables en numerario, de ellos, 32 mil millones de pesos corresponden a expedientes tramitados en Sala Superior”.

El presidente del Tribunal rindió cuenta de otras acciones como la creación de plazas de oficiales jurisdiccionales en sala superior, la apertura de nuevas salas instructoras, además de dos salas especializadas y la creación de actuarías comunes para Tijuana y Monterrey.

Martha Rodríguez

Ministro González Salas en el Foro, Derechos humanos de las personas físicas contribuyentes

Los criterios jurisprudenciales  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el mínimo vital se orientan a proteger este derecho de la ciudadanía, aseguró Fernando Franco González Salas, Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

“Estoy cierto de que las condiciones y definiciones actuales sobre el alcance al derecho al mínimo vital no satisfacen a todos pero estoy convencido que la tendencia jurisprudencial que se ha sostenido en la Suprema Corte se orienta en el sentido correcto”.

Definió el mínimo vital como el derecho de toda persona a que se garantice en la medida de sus posibilidades un mínimo de condiciones de subsistencia que le permita llevar una vida digna.

En conferencia dentro del foro Derechos humanos de las personas físicas contribuyentes, subrayó que el salario mínimo debería ser un elemento fundamental para garantizar este derecho en una franja importante de la sociedad.

Las decisiones jurisdiccionales en el país, destacó, indican que existe un derecho a este principio.

“Que descansa en el reconocimiento de que todos tenemos derecho a una vida digna y que el Estado debe procurarla… En la medida de sus posibilidades reales y de los medios con que cuente llevar a cabo todas las medidas legislativas, administrativas e inclusive de políticas públicas a su alcance para garantizar ese mínimo”.

El esfuerzo por procurar el mínimo vital de la población, indicó, fortalece a México como un Estado democrático.

Mario López Peña

Presentan libro “El nuevo juicio de amparo, guía de la reforma constitucional y la nueva Ley de amparo”

José Ramón Cossío y Fernando Franco González Salas, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincidieron en que el éxito de las reformas constitucional en materia de amparo y de la Ley de amparo, no sólo depende de los juzgadores.

“Ahí hay un reto muy importante para que como comunidad académica que debe explicar esto o como comunidad jurisdiccional que tenemos que aplicar estas disposiciones o como comunidad de litigantes que inclusive tienen que hacer trabajos de autoridades para defender la constitucionalidad de sus actos tienen que ser cambios muy importantes en la forma en la comprensión del juicio”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Es compartida por los abogados que llevan los casos ante los jueces, y por las universidades públicas y privadas las cuales deben adaptar sus planes de estudio conforme a lo que llaman el nuevo paradigma constitucional de 2011”, José Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

En la presentación del libro “El nuevo juicio de amparo, guía de la reforma constitucional y la nueva Ley de amparo” de Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Ruben Sánchez Gil, el Ministro Cossío aseguró que es necesario corregir y depurar problemas técnicos en la nueva Ley de amparo.

El Ministro Franco González Salas explicó que los criterios jurisprudenciales servirán para precisar las expresiones normativas poco claras de la nueva Ley de amparo.

El jurista e investigador emérito de la UNAM, Héctor Fix-Zamudio reconoció que se presentarán grandes retos para los jueces de amparo por el número de tratados ratificados por el Estado mexicano.

“Den tener conocimientos muy amplios de lo que son los derechos de los tratados internacionales, por su puesto nadie se espera, ni los jueces más avezados conozcan todos los tratados de los que el gobierno mexicano es parte”.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos de Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos, dijo, deben ser los instrumentos base que deben estudiar los juzgadores.

Mario López Peña

50 Aniversario Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

La nueva Ley de amparo  pretende convertir al principal medio de defensa del ciudadano, en un instrumento sencillo y accesible.

Afirmó el Ministro Arturo Zaldívar, al participar en el ciclo de conferencias, con el que se conmemoró el 50 Aniversario del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

El amparo, dijo, ahora privilegia la defensa de los derechos ciudadanos, en lugar del ejercicio del poder.

“Llamó la atención en un momento como el que estábamos viviendo, que era un momento de una enorme crisis de seguridad, de justicia y de derechos humanos, el poder revisor de la constitución, todas las fuerzas políticas de este país, hayan hecho una apuesta por los derechos humanos, esto quiere decir que se entiende que el gobierno tiene que ser eficaz con absoluto respeto a los derechos humanos y que la defensa de los derechos humanos no es optativo para las autoridades, pero mucho menos, para los jueces, aunque cuando defendamos los derechos podamos ser profundamente impopulares”.

En este marco, el Ministro Fernando Franco González Salas habló de la legislación laboral aplicable a los trabajadores de organismos desconcentrados.

Precisó que el Máximo Tribunal ha decidido que este tipo de trabajadores tanto a nivel federal como local, se rigen por el apartado a, incluidos los trabajadores del ISSSTE.

“En 2008 por el pleno, un amparo en revisión 220/2008, también junto con muchos otros que se refería precisamente al ISSSTE, y aquí se definió que el ISSSTE se rige por el apartado A en cuanto a sus relaciones laborales estrictamente y por el apartado B en cuanto a la seguridad social”.

En este foro también participó el ministro en retiro Mariano Azuela, quien abordó el tema de la ética judicial, precisando que la actuación de los jueces debe regirse por estos principios, al resolver los conflictos que llegan a sus manos.

“La ética judicial es un conjunto de reglas racionales dirigidas al interior de los jueces a fin de que se conviertan en los mejores jueces posibles, a fin de lograr la confianza en la sociedad”.

Requisito indispensable, para que la justicia responda a las exigencias de la sociedad.

José Luis Guerra García

Hoy en el Pleno

El Pleno de la Suprema Corte ordenó a un juez de distrito, realizar un nuevo avalúo, para determinar, lo que debe pagar el Gobierno de la Ciudad de México, por la expropiación de un terreno de 244 hectáreas, en donde hoy se ubica la colonia San Felipe Terremotes, en la delegación Iztapalapa.

Al resolver el incidente de inejecución de sentencia, 699/2012, indicó, que la indemnización de 143 millones 240 mil pesos, se fijó de manera indebida.

Pues, el avalúo se hizo a valor comercial del terreno y aplicando la Ley de Expropiación de 1993.

“Y se deben devolver los autos al Juzgado de Distrito, para que se reponga el procedimiento de inejecución de sentencia, a efecto de determinar la cantidad que por concepto de indemnización, se debe pagar a la quejosa, aplicando el artículo tercero del Decreto Expropiatorio y el artículo 10 de la Ley de Expropiación vigente en 1967”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Es decir, aplicando lo dispuesto en el artículo tercero, en donde se establecía que la indemnización se pagaría tomando como base el valor fiscal de los bienes que figura en las oficinas catastrales o recaudadoras en las oficinas de la Tesorería del Distrito Federal”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

“Por esa razón, yo también no coincidió con el proyecto, también estoy de acuerdo que debería ser en valor catastral y remitir en su caso el expediente al juez de distrito nuevamente”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

El Pleno indicó que para fijar el valor de los terrenos, se tendrá que realizar un estudio pericial, en el cual no se tomará en cuenta la propuesta del gobierno de la ciudad, cuando se exigió la  indemnización.

“Y les decía que convirtiendo nuevos a viejos pesos, determinó un pago o un monto más bien, un monto por una cantidad que a la mejor resultó ridícula eso todo mundo lo podemos entender 2 mil 448 pesos con 50 centavos y ahí mismo dijeron y ahí está el billete de depósito para cumplir con la resolución”,  Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

“Yo creo que sería prudente el señalar ciertos lineamientos para que se cumpla nuestra determinación”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

“Y que no se tomen en cuenta los elementos que sustentaron ese dictamen, porque podríamos llegar al punto de volver a llegar a esa conclusión que ya estimo, no es aceptable para ninguno de nosotros”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

El proyecto original del Ministro Aguilar Morales, ordenaba a la nueva administración de la capital, pagar la indemnización fijada en más de 123 millones de pesos.

En esta sesión, el Pleno dejó en lista o retiró 13 incidentes más, en los que se pedía sancionar a distintas autoridades por la omisión de cumplir con diversas sentencias de amparo, debido a que de última hora se recibieron documentos que subsanaban el incumplimiento.

“Aquí vale hacer el comentario que reiteradamente hace este Alto Tribunal en relación con el cumplimiento de las sentencias de amparo, sabemos nosotros que uno de los aspectos más importantes que hay dentro del juicio de amparo, no solamente promover, tramitarlo y llegar a un buen puerto si no cuando hay la concesión de un amparo que tenga el debido y oportuno cumplimiento, es nuevamente una exhortación que hacemos a las autoridades responsables”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Pidió a las autoridades no cumplir con ello, solo cuando ven cerca la posibilidad de ser removidos y consignados ante el Ministerio Público.

 

José Luis Guerra García

Analizan ministros de la SCJN labor de la Corte Suprema de Estados Unidos

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán, analizaron el desarrollo y labor de la Corte Suprema de Estados Unidos.

En la presentación del libro “La Suprema Corte de Estados Unidos, claroscuro de la justicia”, el Ministro Fernando Franco reconoció que hay mayor cercanía entre los tribunales constitucionales por la preocupación de proteger los derechos humanos con mayor eficacia.

“Nos tenemos que preocupar no nada más de lo que resuelve la Suprema Corte de Estados Unidos, también de lo que resuelve por ejemplo la colombiana que ha sido pionera en los criterios en materia de protección de derechos humanos, o por supuesto el Tribunal Constitucional Español que también ha tenido una gran influencia”, Fernando franco González Salas, Ministro SCJN.

Señaló que debe haber cautela en la selección de las medidas tomadas en los tribunales en otros países que se buscan implementar en México, ante las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos.

“Tengamos que ser cautos con nuevas medidas innovadoras pero que podrían complicar el desarrollo y el asentamiento de todo este nuevo marco jurídico constitucional tan relevante para el Estado mexicano”.

El Ministro Alberto Pérez Dayán destacó la importancia de esta obra para acercarse a la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Es el mayor y el mejor referente que existe en español para todos aquellos que quieren conocer la historia de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América”.

El autor del libro, Mario Melgar reconoció que el sistema judicial mexicano tiene  mucho que enseñar al sistema en Estados Unidos.

Mario López Peña

El Ministro González Salas participó en la Clausura de la Cátedra Ulises Schmill

Fernando Franco González Salas, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación participó en la Clausura de la Primera Edición de la Cátedra Ulises Schmill, impulsada por la Suprema Corte, el ITAM y la Escuela Libre de Derecho.

Destacó la labor académica del ministro en retiro Ulises Schmill.

Las instituciones que honran a quienes destacadamente han servido en ellas, con honorabilidad, excelencia, profesionalismo y eficacia se honran a sí mismas… Es el caso de la cátedra Ulises Schmill”.

Subrayó la participación de Stanley Paulson uno de los pensadores más importantes de la teoría jurídica de nuestro tiempo y autoridad internacional en filosofía del derecho, quien en tres jornadas divulgó aspectos clave de sus investigaciones.

Le reconocemos profesor Paulson haberle dado a esta cátedra de inicio la dimensión académica que se merece”.

En la última jornada de la cátedra, Stanley Paulson pronunció una conferencia en el edificio sede de la Suprema Corte.

Especializado en la obra del jurista vienés Hans Kelsen, ante funcionarios judiciales, expuso algunas de sus reflexiones.

“Las normas básicas sirven para dictar la sistematización de la ley, mi tesis es que el esfuerzo por moldear completamente de nuevo las normas del sistema legal kelseniano en las modalidades de fortalecimiento, responsabilidad, y desde luego, las modalidades de inmunidad y poder representan un programa de sistematización y este programa representa un ideal”.

Argumentó que la postura de Kelsen no busca resolver el problema clásico de la justificación de nuestra obligación de obedecer la ley.

“Está tratando de proveer un fundamento pleno para la ciencia jurídica, es correcto y propio, pensar en Kelsen como un filósofo de la ciencia, de la ciencia jurídica desde luego”.

La Cátedra Ulises Schmill reconoce la labor del Ministro Schmill, con especial atención a su trabajo académico centrado en la obra kelseniana.

Tiene el propósito de explicar que una sólida teoría del derecho para clarificar los problemas jurídicos y avanzar en cualquier tipo de debate.

Mario López Peña