Tres criterios sin precedentes que estableció la SCJN en torno al fuero militar

Estos son los tres criterios sin precedentes que estableció la Suprema Corte en torno al fuero militar.

Uno: los militares que cometan delitos contra civiles serán juzgados por la justicia ordinaria.

“Se reinterpreta el artículo 13, se restringe el fuero militar, estrictamente a los delitos cometidos en relación a la disciplina militar”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

“El concepto de fuero de guerra no puede ser entendido como un privilegio personal que otorga ciertas prerrogativas a ciertos sujetos”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

“Cuando esta situación se presente en automático, cuando haya víctimas y se lesionen sus derechos humanos en automático conoce la justicia ordinaria, la justicia civil”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Al resolver un conflicto competencial entre un tribunal militar y uno civil, el Pleno decidió que el caso del Coronel José Guadalupe Arias, acusado de encubrir el homicidio de un joven y ordenar su inhumación, será resuelto por un juez federal.

“Estos delitos se cometieron por servidores públicos federales por motivo de sus funciones no en un acto de servicio”, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Ministro SCJN.

Dos cuando los delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas no estén previsto en el Código de Justicia Militar, serán juzgados por tribunales ordinarios, aunque no haya víctimas civiles.

“El tema es, no que haya una víctima formalmente conceptualizada desde el punto de vista penal, sino que haya afectación a derechos humanos de individuos ajenos a las fuerzas armadas”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Con este argumento la Corte ordenó que el Juez 7º de Distrito en Materia Penal de Michoacán resuelva el caso de tres soldados acusados de falsedad de declaraciones judiciales, al sembrar tres kilos de marihuana en el vehículo de una mujer y tratar de inculparla.

Tres es inconstitucional la norma que señala como faltas a la disciplina militar a los homicidios, la tortura o cualquier otra violación a los derechos de civiles.

Por lo que los militares que cometan violaciones a los derechos de civiles serán juzgados en tribunales ordinarios.

No garantiza que los civiles o sus familiares que sean víctimas de violaciones a derechos humanos tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o un tribunal ordinario”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Al resolver el amparo relacionado con el homicidio del indígena Bonfilio Rubio Villegas en el reten militar de Huamuxtitlan, Guerrero, en el 2009, también se reconoció interés legítimo a los familiares de las víctimas para interponer juicio de amparo.

Porque las víctimas tienen derecho a que haya un tribunal imparcial, no sólo por lo que tiene que ver con reparación del daño sino también por lo que tiene que ver con el derecho de hacer efectiva la verdad y la justicia”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional destacan que el fuero de guerra es excepcional y restrictivo.

La justicia castrense sólo puede resolver los casos que atenten contra la disciplina militar; como la deserción, la insurrección o la insubordinación.

Verónica González

El impacto en el Poder Judicial y Legislativo de las sentencias de la CoIDH

La reforma de derechos humanos y el Caso Radilla, se trata de los sucesos más importantes en los últimos 70 años en el ámbito de la justicia.

La Ministra Olga Sánchez Cordero indicó que ello, propició un cambio en la interpretación del fuero militar y el control de convencionalidad.

Pero además, hoy se obliga al Estado Mexicano a investigar posibles violaciones a los derechos humanos y a reparar los daños que originan.

“Sí por supuesto, sería, digamos deseable tener una ley reglamentaria de reparación del daño por parte del estado, pero una interpretación directa de la constitución, ahí está la obligación del estado de reparar las violaciones a los derechos humanos y por supuesto, deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar”.

Al participar en el coloquio en el que se abordó El impacto en el Poder Judicial y legislativo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicó que a la fecha el Estado Mexicano ha sido condenado en 6 ocasiones por violar estos derechos.

Precisó que hoy, todos los jueces están obligados a no aplicar normas que afecten estos derechos o que sean contrarias, a lo plasmado en tratados internacionales.

“Yo quiero manifestarles que, hay una, a veces hasta desconocimiento de las convenciones internacionales por parte de legisladores y de jueces de los diversos estados de la República”.

Indicó que las legislaturas locales y federales deben, armonizar el marco normativo a lo dispuesto en dichos tratados.

Normas por ejemplo sobre interés superior del menor, sobre adopción plena, sobre ninguna forma de discriminación a la mujer, y otras muchas normas, son normas cuya competencia es de los congresos estatales”.

Precisó que ya se han dado algunos pasos en este sentido, en el ámbito judicial, por ejemplo, al limitar el fuero militar.

José Luis Guerra García

Juicios de amparo y conflictos competenciales relacionados con el fuero militar pueden ser resueltos por tribunales colegiados de circuito

La Suprema Corte de Justicia determinó que los juicios de amparo y conflictos competenciales relacionados con el fuero militar ya pueden ser resueltos por los tribunales colegiados de circuito.

Este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo general 10/2012 que levanta el aplazamiento de la resolución de estos juicios establecido el 7 de mayo de este año.

El acuerdo señala que los juicios pendientes se resolverán con base en los criterios establecidos por la corte en agosto y septiembre de este año.

Entre ellos; que el fuero de guerra es excepcional y restrictivo, que los militares que cometan delitos contra civiles serán juzgados por la justicia ordinaria.

Que la justicia castrense sólo puede resolver los casos que atenten contra la disciplina militar; como la deserción, la insurrección o la insubordinación.

Y que los familiares de las víctimas tienen derecho a interponer juicio de amparo para la reparación del daño.

El Tribunal Constitucional resolvió dos juicios de amparo relacionados con el fuero militar

El soldado Carlos Fidel Flores Abrego, uno de los siete militares involucrados en el asesinato del joven Otilio Cantú será juzgado por un tribunal civil.

Así lo determinó por mayoría de nueve a dos el Pleno del Máximo Tribunal.

“Que se ordene remisión inmediata de los autos al juez competente a efecto de que en el plazo constitucional en una misma resolución deje insubsistente el termino constitucional dictado por el juez incompetente y  resuelva la situación jurídica del inculpado”, Ministra Olga Sánchez Cordero.

“Están involucrados, aunque sea indirectamente derechos de civiles y por lo tanto debe ir a la justicia ordinaria este asunto”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

Siete ministros consideraron que el caso de Otilio cantú debe ser resuelto por un juez penal federal; dos se pronunciaron por la justicia local y dos ministros se abstuvieron de emitir su voto.

“A mí me parece que estamos ante un caso de competencia local… Es un delito que se comete directamente en contra de la administración de la justicia local por la naturaleza misma del delito”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Y es que durante el operativo en el que Otilio perdió la vida, realizado en 2011 en Monterrey, Nuevo León, los militares sembraron armas  en su vehículo para inculparlo.

Y por eso fueron acusados de delitos contra la administración de la justicia.

“Es un conjunto de militares que fueron comisionados para realizar actividades directamente relacionadas con la seguridad pública en la entidad correspondiente y en segundo  lugar aquí no hay una falta o un delito militar”, Ministro Fernando Franco González Salas.

Sin embargo, la mayoría consideró que el asunto es de competencia federal.

“Porque, insisto el sujeto activo del delito, se trataba de un militar en activo, que es un servidor público de la federación”, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

“El competente es el juez penal federal en tanto que la naturaleza de las funciones y la comisión que tenía esta persona, el quejoso lo hacía con motivo de sus funciones siendo un servidor público federal”, Ministro Presidente Juan Silva Meza.

Con estos argumentos la Corte envió a la justicia ordinaria federal el caso de Otilio Cantú.

En otro juicio un soldado impugnó el auto de formal prisión que le dictó un juez militar por haber rendido un informe falso sobre la destrucción de un sembradío de marihuana.

El Ministro Sergio Aguirre Anguiano propuso que este caso sea resuelto por la justicia militar.

“En el presente caso no se encuentran involucrados civiles ni se comprometen sus derechos humanos para que pudiera restringirse en este caso el fuero militar”.

En el Pleno hubo diversas opiniones.

“No se trata de un delito del orden militar… Sino de un delito que afecta bienes jurídicos propios del régimen ordinario cuya tutela interesa al Estado y la sociedad en su conjunta se trata de un delito contra la salud”, Ministro Sergio Valls Hernández.

“No es un caso de complicidad en el delito contra la salud sino que hay una infracción estrictamente militar”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

“Habría que añadir un resolutivo tercero donde se haga una declaración de inconstitucionalidad expresa de la fracción II del artículo 57 del Código de Justicia Militar en cumplimiento directo de la sentencia de la CIDH”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

“Si puede hacerlo cuando hay víctimas civiles creo que en este caso cuando hay esta conexión también, porque si no estaríamos extendiendo por otra vía el fuero militar más allá de lo que establece la Constitución en la interpretación vinculante que hizo del artículo 13 la CIDH”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

“Yo estaría con el sentido, en esta parte con el proyecto que concluye que no se trata de un delito que deba de conocer la justicia civil sino el fuero militar”, Ministra Margarita Luna Ramos.

Tras un intenso debate por mayoría de seis a cinco el Pleno determinó que se trata de una infracción al Código de Justicia Militar.

Por lo tanto el juez militar adscrito a la Tercera Región Militar que dictó auto de formal prisión reclamado es competente para conocer de esta causa penal.

Verónica González

 

Hoy en el Pleno de Ministros de la SCJN

El caso del asesinato de Otilio Cantú en 2011, durante un operativo realizado por militares que desempeñaban funciones de seguridad pública en Monterrey, Nuevo León, está a debate en el Pleno del Máximo Tribunal.

El soldado Carlos Fidel Flores Abrego, uno de los siete militares involucrados promovió un amparo contra el auto de formal prisión que le dictó un juez del fuero común.

La Ministra Olga Sánchez Cordero propuso que se remita el expediente a un juez de distrito, con base en los criterios de la corte sobre los límites del fuero militar.

“En suplencia de la deficiencia de la queja que se analice cuál es la jurisdicción competente para conocer de la causa penal de que se trata y por ende para afectar la liberta personal del quejoso”.

Sin embargo, para algunos de sus colegas esto no es posible porque un tribunal colegiado ya resolvió que la justicia militar es competente para resolver este juicio.

“Porque el Tribunal Colegiado justamente analizó los mismos artículos que se están analizando ahora en este asunto… Aún cuando no se hiciera análisis del 13 Constitucional aunque solamente hubiera analizado el artículo 57 para mi habría cosa juzgada”, Ministra Margarita Luna Ramos.

Explicaron que la Corte ha delegado en los tribunales colegiados la facultad de resolver conflictos competenciales.

Es decir la decisión del Tribunal Colegiado en la materia es como si la hubiera dictado directamente esta Suprema Corte”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

La mayoría en el Pleno objeto estos argumentos y así se dio el debate.

“El caso no ha sido resuelto en definitiva en lo principal por lo que no puede considerarse en este sentido que se esté en presencia de cosa juzgada”, Ministro Sergio Valls Hernández.

“Creo que esto es un cumplimiento directo de una sentencia, creo que si tenemos la facultad, por delegada que haya sido, por el cumplimiento directo de una sentencia internacional”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

“Tampoco se pueden desconocer de un plumazo todas las formas o resoluciones que se dicten y que tiene fuerza legal por el simple hecho de que hay que cumplir con la sentencia Radilla”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

Yo asumiendo esa mayoría del expediente 212 estaría de acuerdo en que se analizaran estos temas en estos asuntos sin dejar de reconocer que técnicamente no son idóneos pero de otra manera generaríamos una incertidumbre mayor resolviendo en algunos casos de una manera y en otros de otra”, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Qué es lo que nos está pasando que no estamos teniendo la paciencia necesaria para encontrar el caso ad hoc en dónde poder limpiamente sin truculencias jurídica alguna ir sentando jurisprudencia con el tiempo”, Ministro Sergio Aguirre Anguiano.

“Me parece un poco fuerte y yo no lo aceptaría es que estamos haciendo truculencias jurídicas o procesales para aplicar y ejecutar una sentencia internacional que condena al Estado Mexicano en materia de derechos humanos creo que esto no es así”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Me parece que para esto los atrajimos para eso se admitió a trámite para eso aceptamos que es procedente… Consecuentemente yo me pronuncio por enfocar el asunto respecto del cumplimiento de una sentencia que fue por lo que llegaron aquí estos asuntos”, Ministro Fernando Franco González Salas.

Al final por mayoría de siete a cuatro el Pleno decidió hacer el análisis de la competencia del fuero militar en este caso; en el que seis soldados y un subteniente están acusados de homicidio y delitos contra la administración de justicia por manipular evidencias.

El debate continuará en la sesión de este martes.

Verónica González

 

Histórica decisión de la SCJN: ONUDH

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reconoció como histórica la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el límite al fuero militar en México.

En el marco de los trabajos de la Vigésima Primera Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la funcionaria aplaudió el establecimiento de la jurisdicción civil para casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares.

Destacó que tal y como lo exige el derecho internacional, cualquier violación de derechos humanos perpetrada por miembros del ejército, debe ser juzgada por tribunales civiles.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, es una medida excepcional que debe llevarse a cabo bajo el control civil.

Desde el pasado 17 de julio de 2011, con motivo del Día Internacional de la Justicia Penal, la funcionaria de la ONU, reconoció como un  logro internacional, la sentencia de la Suprema Corte de México, de juzgar en tribunales civiles a militares acusados de violar los derechos humanos de civiles.

Y exhortó a la comunidad internacional a que redoble sus esfuerzos para hacer rendir cuentas a todos los implicados en graves violaciones de los derechos humanos.

Y la responsabilidad de los estados con respecto a esta materia, en especial para investigar y enjuiciar o extraditar a las personas que están implicadas en esos crímenes, sin demora y dentro de sus jurisdicciones.

 Martha Rodríguez

El Pleno de Ministros resolverá más amparos relacionados con el fuero militar

En los próximos días el Pleno de Ministros resolverá un paquete de 20 amparos relacionados con el fuero militar.

La Corte establecerá jurisprudencia relacionada con los límites al fuero castrense en casos en que estén involucrados derechos humanos de civiles.

También se discutirá una demanda promovida por la PGR, en contra de reformas a la Norma 29 de mejoramiento de las condiciones de equidad y competitividad para el abasto público en el Distrito Federal.

Los ministros determinaran si hubo faltas en el procedimiento para modificar los planes de desarrollo urbano de la Ciudad de México.

 

Este lunes el Pleno retomará el debate sobre los límites del fuero militar

Este lunes el Pleno de la Suprema Corte retomará el debate sobre los límites del fuero militar.

Los ministros resolverán 27 juicios de amparo relacionados con la competencia de tribunales ordinarios para resolver casos en que militares cometieron delitos contra civiles.

En otro juicio se analizaran los argumentos del ejido Tila, del Municipio de Tila, Chiapas, en contra del incumplimiento de una sentencia de amparo.

También está listada para su discusión una demanda promovida por la PGR, en contra de reformas a la Norma 29 de mejoramiento de las condiciones de equidad y competitividad para el abasto público.

Los ministros determinaran si hubo faltas en el procedimiento para modificar los planes de desarrollo urbano del Distrito Federal.

 

Histórica resolución de la Corte

Los criterios que ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para acotar el fuero militar, garantizan la protección de los derechos humanos de la población civil.

Así lo señalaron catedráticos universitarios y funcionarios públicos,  que además calificaron estas decisiones como históricas.

Pues en lo futuro, los militares que cometan delitos que afecten a la población civil, serán juzgados por la justicia ordinaria.

“Pues es un asunto de gran importancia y de gran actualidad, dadas las tareas están desempeñando el ejército y las fuerzas armadas en los temas de seguridad pública”, Héctor Fix Fierro, Director IIJ-UNAM.

“Creo que la Suprema Corte, pues ha tomado en cuenta esa situación, ha tomado en cuenta las resoluciones de la Corte Interamericana   que insiste en la necesidad de que cuando se trate de violaciones a los derechos humanos, sea la justicia civil la que los juzgue y yo creo que en ese sentido hay un ajuste importante a ese tema”.

Señalaron que el hecho de considerar contrario a la Constitución la fracción II del artículo 57 del Código Militar, que calificaba como faltas a la disciplina militar las violaciones a los derechos civiles, es una resolución que da certidumbre a la sociedad.

“Por supuesto esto abunda a favor de la seguridad que todos los mexicanos debemos sentir, del respeto a los derechos fundamentales, de la ya consolidada tradición nacional en cuanto a ir incrementando los instrumentos de garantía de nuestros derechos fundamentales y fortalece con eso la confianza de los ciudadanos, de los gobernados en la solidez, en la solvencia, imparcialidad y objetividad de las instituciones, particularmente de la justicia federal mexicana”, Diego Valadés, Investigador IIJ-UNAM.

Resoluciones que en lo futuro, evitarán que el fuero de guerra, se pretenda utilizar para encubrir delitos que afectan a la población.

“Entonces creo que esto sí nos colocaría en una circunstancia en la que estaríamos en condiciones de que el fuero de guerra no se convirtiera en un pretexto para encubrir violaciones a derechos humanos”, Luis González Placencia, Presidente CDHDF.

“Es un buen mensaje para la población civil, particularmente en aquellos espacios en donde las fuerzas armadas están en las calles y están llevando a cabo, pues tareas que le competen a la policía no”.

Manifestaron que se trata de un hecho inédito en el ámbito de la justicia.

“Me parece que es un fallo histórico, la Suprema Corte está pronunciando una sentencia a favor de la garantía de los derechos de los mexicanos, acabando con un privilegio histórico que tenía el ámbito militar para procesar las causas de violaciones graves de derechos humanos, dentro de su propio ámbito de resolución jurisdiccional; y por tanto, el hecho de que hoy las violaciones graves a derechos humanos cometidas por militares se tengan que tramitar en el ámbito de la justicia civil ordinaria, es un gran avance”, Rodrigo Gutiérrez, Investigador IIJ-UNAM.

Afirmaron que dichos fallos, permiten hacer efectivo el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley.

“Esperemos que cada vez esto entre dentro de la consciencia ciudadana y todo mundo esté consciente que en un régimen de derecho, todo mundo debe ser juzgado por las mismas autoridades, pero esto requiere por parte de todos nosotros el que tengamos una consciencia del origen, de la evolución y del estado actual de nuestras instituciones”, Javier Patiño, Investigador IIJ-UNAM.

Indicaron que se trata de un parteaguas en la historia de la justicia mexicana, pues ello evitará que las fuerzas armadas cometan excesos o agredan a la población civil, al participar en acciones de combate a la delincuencia y de seguridad.

José Luis Guerra García

Estos son los tres criterios sin precedentes que estableció la SCJN en torno al fuero militar

Estos son los tres criterios sin precedentes que estableció la Suprema Corte en torno al fuero militar.

Uno: Los militares que cometan delitos contra civiles serán juzgados por la justicia ordinaria.

“Se reinterpreta el artículo 13, se restringe el fuero militar, estrictamente a los delitos cometidos en relación a la disciplina militar”, Ministra Olga Sánchez Cordero.

“El concepto de fuero de guerra no puede ser entendido como un privilegio personal que otorga ciertas prerrogativas a ciertos sujetos”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

Cuando esta situación se presente en automático, cuando haya víctimas y se lesionen sus derechos humanos en automático conoce la justicia ordinaria, la justicia civil”, Ministro Presidente Juan Silva Meza.

Al resolver un conflicto competencial entre un tribunal militar y uno civil, el Pleno decidió que el caso del Coronel José Guadalupe Arias, acusado de encubrir el homicidio de un joven y ordenar su inhumación, será resuelto por un juez federal.

Estos delitos se cometieron por servidores públicos federales por motivo de sus funciones no en un acto de servicio”,  Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Dos: Cuando los delitos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas no estén previstos en el Código de Justicia Militar, serán juzgados por tribunales ordinarios, aunque no haya víctimas civiles.

“El tema es, no que haya una víctima formalmente conceptualizada desde el punto de vista penal, sino que haya afectación a derechos humanos de individuos ajenos a las fuerzas armadas”, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Con este argumento la Corte ordenó que el juez 7º de Distrito en Materia Penal de Michoacán resuelva el caso de tres soldados acusados de falsedad de declaraciones judiciales, al sembrar tres kilos de marihuana en el vehículo de una mujer y tratar de inculparla.

Tres: Es inconstitucional la norma que señala como faltas a la disciplina militar a los homicidios, la tortura o cualquier otra violación a los derechos de civiles.

Por lo que los militares que cometan violaciones a los derechos de civiles serán juzgados en tribunales ordinarios.

“No garantiza que los civiles o sus familiares que sean víctimas de violaciones a derechos humanos tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o un tribunal ordinario”, Ministra Olga Sánchez Cordero.

Al resolver el amparo relacionado con el homicidio del indígena Bonfilio Rubio Villegas en el retén militar de Huamuxtitlan, Guerrero, en el 2009, también se reconoció interés legítimo a los familiares de las víctimas para interponer juicio de amparo.

“Porque las víctimas tienen derecho a que haya un tribunal imparcial, no sólo por lo que tiene que ver con reparación del daño sino también por lo que tiene que ver con el derecho de hacer efectiva la verdad y la justicia”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional destacan que el fuero de guerra es excepcional y restrictivo.

La justicia castrense sólo puede resolver los casos que atenten contra la disciplina militar; como la deserción, la insurrección o la insubordinación.

En los próximos días la Corte resolverá otros 27 juicios de amparo; si se confirma la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar en cinco juicios, este precepto no podrá ser aplicado en ningún caso.

Con la resolución de estos asuntos se establecerá jurisprudencia para que estos criterios sean obligatorios para todos los jueces federales.

Verónica González