Constitucionalismo contemporáneo

El presidencialismo y el formalismo son los principales retos para consolidar un derecho común en Latinoamérica que favorezca la protección de los ciudadanos aseguró Héctor Fix-Fierro Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“Creo que hay una imposibilidad en una sociedad tan desigual de aplicar criterios de justicia material y entonces el formalismo es como el punto medio en el que hay un punto medio en el que hay alguna defensa para las dos partes en una controversia… El presidencialismo significa la prevalencia de mecanismos políticos de solución de conflictos”.

Un derecho común, destacó Miguel Carbonell investigador de la UNAM, no debe buscar copiar el contenido de los textos constitucionales de otros estados.

“No se trata tanto de copiar la letra sino de compartir el ánimo que está en los textos constitucionales de tal suerte que no busquemos las palabras sino que sobre todo tomemos la experiencia constitucional de otros países”.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo, no sólo debe considerarse como un criterio orientador.

“Yo creo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria siempre”.

Dentro del Seminario Constitucionalismo contemporáneo en homenaje a Jorge Carpizo, Armin Von Bogdandy, del Instituto Max Planck de Heidelberg, Alemania, señaló que este derecho común favorece la apertura de las cortes a órganos internacionales.

“El nuevo constitucionalismo da mucho más poder a los jueces y este poder debe ser controlado y esa es una manera de hacerlo”.

Un factor clave para el funcionamiento de este derecho común es que las cortes asuman la responsabilidad conjunta para la justicia.

Mario López Peña

Primer Informe Semestral de Trabajo 2012 del Canal Judicial

Ante el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, el Director General del Canal Judicial, Enrique Rodríguez, presentó su primer Informe Semestral de Trabajo 2012 al Consejo Interinstitucional Consultivo del Canal de la Corte.

“Ha sido un informe satisfactorio que da cuenta del buen paso que lleva el Canal, sin precipitaciones, pero al mismo tiempo con firmeza y con espíritu de progreso”, Sergio García Ramírez, Consejero IFE.

“Nos expuso los aspectos más importantes en los que se ha avanzado, los desafíos que presenta el Canal hacia el corto, el mediano plazo”, Héctor Fix Fierro, Dir. IIJ UNAM.

Entre los puntos destacados del informe, señalaron que el Canal Judicial ha logrado mucho con poco.

“Lo veo que va creciendo y lo más impresionante es que trabaja con mucha imaginación, trabaja con creatividad aún con un presupuesto muy bajo”, María Leoba Castañeda, dir. Fac. Derecho UNAM.

“Con un presupuesto muy moderado, el rendimiento de ese muy moderado presupuesto es muy digno de elogio, porque con pocos recursos se ha hecho mucho”, Sergio García Ramírez, Consejero IFE.

Los miembros del Consejo Consultivo subrayaron que el crecimiento del Canal Judicial ha sido acompañado por el compromiso de difundir la cultura de la legalidad.

“Cuando difunde este tipo de asuntos el Canal Judicial despliega con más eficacia sus obligaciones y responsabilidades públicas”, Raúl Trejo Delarbre, IIS UNAM.

“Ha hecho un gran esfuerzo por hacer producciones propias y creo que en ese sentido como comentó algún colega, no se ha detenido, ha seguido adelante y las perspectivas son muy buenas”, Héctor Fix Fierro, Dir. IIJ UNAM.

Su programación a futuro, señalaron, es alentadora por abordar contenidos de alta calidad e incluyentes.

“Me imagino que las autoridades tendrán que incrementar este presupuesto en función de los grandes programas que se tienen para el año que entra”, María Leoba Castañeda, Dir. Fac. Derecho UNAM.

“Destaca la singularidad de un canal que tiene la función de difundir las tareas de uno de los poderes de la unión, que de ninguna manera puede mimetizarse a los modelos comerciales pero que tampoco es igual a otros canales de vocación pública”, Raúl Trejo Delarbre, IIS UNAM.

Los consejeros destacaron que los últimos años el Canal Judicial se ha consolidado como un medio de difusión de los derechos humanos y de la transparencia.

“Un reconocimiento y una felicitación de los miembros del Consejo al Canal y al Director por la labor desarrollada”, Héctor Fix Fierro, Dir. IIJ UNAM.

“Le hemos hecho una felicitación que queda institucionalmente en actas porque como decía yo se trabaja con imaginación con creatividad, con un gran sentido de responsabilidad”, María Leoba Castañeda, Dir. Fac. Derecho UNAM.

“Es un informe muy satisfactorio, hubo un reconocimiento unánime y se asentó en el acta al desempeño de Enrique Rodríguez, el Director del Canal”, Raúl Trejo Delarbre, IIS UNAM.

El Consejo Consultivo sesionó por primera vez el 30 de mayo de 2011.

Está integrado por Sergio García Ramírez, Héctor Fix Fierro, Antonio Navalón, María Leoba Castañeda, Raúl Trejo Delarbre y Soledad Loaeza.

La segunda sesión del Consejo Consultivo del Canal Judicial se realizará antes de que termine el 2012.

Mario López Peña

Reforma constitucional en materia amparo

Con la nueva Reforma Constitucional en Materia de Amparo, los derechos humanos no sólo representan una categoría jurídica, sino también una categoría moral y filosófica, que implica una idea del valor que tiene el ser humano, señaló Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 “El concepto de derechos humanos incluye a los derechos políticos; sabemos que nuestra Suprema Corte de Justicia desde el siglo XIX ha sostenido una jurisprudencia en el sentido de que el juicio de Amparo no es procedente para examinar asuntos político-electorales y yo creo que con buen juicio así se hizo”.

Sin embargo, aclaró Fix Fierro, desde el momento en que se incluyen los derechos humanos en la Constitución y en los pactos o acuerdos internacionales, se involucran los derechos políticos en los derechos humanos.

“Si hubiera alguna ley que tratara de disminuir el ámbito protector del Amparo o del juicio de protección de derechos político-electorales o algún mecanismo de protección de los derechos, esta fracción significa que se hace procedente en el juicio de amparo”.

El Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM inauguró los cursos relacionados con la Reforma Constitucional en Materia de Amparo y su Ley Reglamentaria, en la sede del Instituto de la Judicatura Federal.

“Pareciera que hablar ahora de derechos humanos es simplemente otra manera de referirse a lo que conocemos como garantías individuales y sociales, pero no, la verdad es que no; el hecho de hablar ahora de derechos humanos como objeto de protección del juicio de Amparo pues sí puede introducir novedades importantes sobre todo impredecibles”.

En el curso participan secretarios, jueces y magistrados federales.

“Hemos visto cristalizar esos principios fortalecidos en el Artículo 1º. Constitucional, aunque apenas estamos en espera de la Ley Reglamentaria pues  existen varios proyectos ya presentados en el Congreso de la Unión, pendientes de discusión y aprobación”, Víctor Mota Cienfuegos, Magdo. 3er. Tribunal Colegiado en Materia Civil DF.

El objetivo de estos cursos es profundizar en las nuevas instituciones del juicio de amparo, así como en aquellas que fueron objeto de modificación, a fin de que los juzgadores federales estén capacitados y preparados para enfrentar este nuevo reto.

Miguel Nila

Consejo Consultivo Canal Judicial

El 30 de mayo de 2011 sesionó por primera vez.

Justo cuando el Canal Judicial cumplía su primer lustro.

“Hoy la sociedad puede revisar detenidamente la labor de los juzgadores; puede escrutar que discutamos y resolvemos con rectitud; con honorabilidad, con independencia, con imparcialidad. Eso, no debemos cancelarlo”, Ministro Presidente Juan Silva Meza.

El Consejo Consultivo quedó integrado por Héctor Fix Fierro, Sergio García Ramírez, Soledad Loaeza Tovar, Antonio Navalón, Raúl Trejo Delarbre y Ruperto Patiño Manffer, quien fue sustituido por María Leoba Casteñeda.

Ese día se establecieron las reglas de su funcionamiento.

“El Consejo Consultivo no es un cuerpo de testigos complacientes, como ocurre para reposo de la voluntad y la inteligencia en organismos a los que no se consulta y que no se aconsejan… Este canal no es el vocero del Poder Judicial y tampoco se pone al servicio de una convicción partidaria, moral o religiosa”, Sergio García Ramírez, Consejo Consultivo Canal Judicial.

En esa ceremonia se presentó el Manual de Estilo del Canal Judicial, instrumento que muestra el procedimiento que se sigue para crear contenidos responsables.

Al cierre del año, el 8 de diciembre de 2011 el consejo sesionó.

Tras escuchar el informe que presentó el Director del Canal Judicial los miembros del consejo expresaron su opinión.

“A mí me deja en lo particular un sabor y una impresión muy favorable… Es de agradecer que existan instituciones primero que hagan para lo que fueron fundadas y segundo lo hagan con este nivel de eficiencia austeridad y eficacia”, Antonio Navalón, Consejero Consultivo Canal Judicial.

Abrir La Señal de la Transparencia fue uno de los temas más mencionados durante el encuentro.

“Nos llama la atención, hablo en plural porque fue el sentido de la deliberación hace unos momentos, lo mucho que hace el Canal Judicial con pocos recursos y yo creo que es muy importante que el Canal Judicial tiene ya un perfil que ha adquirido en la sociedad mexicana, le falta mucho, le falta alcanzar más propagación, llegar en un momento a una señal abierta”, Raúl Trejo Delarbre, Consejero Consultivo Canal Judicial.

“Mantener desde luego la calidad que ha mostrado hasta ahora y esa voluntad de hierro de vincularse con la sociedad me parece que sigue siendo un reto y lo es todos los días”, Soledad Loaeza, Consejero Consultivo Canal Judicial.

Hoy se cumple un año de haberse instalado el Consejo Consultivo, que con sus aportaciones ha hecho del Canal Judicial un medio que insiste en ofrecer calidad y contenidos de interés para todo el público.

Verónica González

 

 

México 2012, la responsabilidad del porvenir

Especialistas e investigadores reflexionaron sobre las necesidades de México ante un nuevo sexenio.

Descartaron que los principales problemas en México sean la inseguridad o la pobreza.

“Es de las instituciones que no logran atacar esos problemas porque no hemos hecho los necesario para fortalecerlas”, Héctor Fix Fierro, Dir. IIJ UNAM.

En la presentación del libro México 2012. La responsabilidad del porvenir, explicaron que a pesar de algunos logros, la ciudadanía ha mostrado apatía política.

“Uno de cada cinco adultos hemos hecho alguna acción política en nuestra vida, firmar una carta, manifestarse, protestar, el 80 porciento no participa”, Sergio Aguayo, Inv. COLMEX.

La reforma política, subrayaron, es un logro ciudadano.

“Cuando los ciudadanos de movilizan, y cuando son respaldados por la academia y por los medios de comunicación vienen cambios”.

Apuntaron a la falta de liberalismo como un tema pendiente en México.

“No hemos logrado construir instituciones públicas y sociales independientes, legítimas, eficaces, lejos de toda clase de ataduras e intereses monopólicos”, Héctor Fix Fierro, Dir. IIJ UNAM.

Entre sus recomendaciones destacaron la necesidad de impulsar el turismo.

Llamaron a los académicos a hacer un esfuerzo por acercar sus obras a la ciudadanía.

Mario López Peña

Artículo 29 de la Constitución: Fix Fierro

A pesar del aumento de redes criminales que han generado más violencia en México, no es conveniente aplicar el Artículo 29 de la Constitución, que se refiere a suspender el ejercicio de los derechos y garantías que son obstáculo para hacer frente a este fenómeno.

Así lo señaló el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro.

“Yo si lo veo muy difícil porque ¿qué garantías suspenderíamos?: libertad de tránsito, detención sin orden de aprehensión, esas serían el tipo de cosas que uno tendría que suspender para poder atacar el problema de la delincuencia”.

Fix Fierro aseguró  que el suspender garantías no resuelve el combate a la delincuencia organizada, en todo el país.

“Que uno dijera: suspendo las garantías por 3 meses en el estado de Tamaulipas y ¿pasados los 3 meses se va a ver alterado en lo esencial la situación? Probablemente no, entonces yo sí creo que no es conveniente y que mandaría un mensaje como decir vamos a legalizar por la vía del Artículo 29, lo que de todas maneras muchas veces son las críticas, de abusos”.

Héctor Fix Fierro ofreció conferencia en el Instituto Federal de Defensoría Pública, de donde es miembro de la Junta Directiva.

“La última vez que se hizo uso de este procedimiento de suspensión de garantías fue entre junio de 1942 y septiembre de 1945 con motivo de que México declaró la guerra a las potencias del eje: Japón, Italia y Alemania durante la II Guerra Mundial”.

El Artículo 29 señala que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República, podrá restringir o suspender en todo el país el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente la situación.

Miguel Nila

Jornadas de derecho penal y criminalística

México requiere de una política de seguridad y justicia penal, que devuelva la tranquilidad a la sociedad y que ayude a reducir la incidencia delictiva.

Durante la Inauguración de las jornadas sobre justicia penal, se reiteró que esta estrategia, debe respetar los principios plasmados en la constitución, en materia de derechos humanos.

“Tener seguridad y tener justicia sin abandonar los derechos humanos, sin ceder a la tentación que se cifra en un falso dilema de seguridad o derechos humanos; seguridad o democracia; seguridad o estado de derecho”, Sergio García Ramírez, Investigador IIJ-UNAM.

Falso dilema que de acuerdo a la encuesta sobre seguridad que realizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es respaldado por un tercio de la población.

“Un 30 por ciento al menos de los que contestaron, entre ellos en su gran mayoría jóvenes, jóvenes hasta 29 años de edad, contestan que sí, están dispuestos a sacrificar libertad en aras de la seguridad, yo creo que es un falso dilema y una respuesta equivocada”, Héctor Fix Fierro, Director IIJ-UNAM.

Es por ello, que se consideró que sería un error aprobar la iniciativa presidencial que propone modificar el artículo 13 del código penal para sancionar a quien de manera indirecta participa en un delito.

“Se está ampliando de tal manera los límites de la responsabilidad penal que se está rompiendo con una regla que ha sido enunciada de muy diferentes maneras, pero que básicamente se refiere a esto, en derecho penal nadie debe responder más que de su propia conducta”, Luis de la Barreda, Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.

Lo  que si se consideró positivo, es el hecho de incluir en el marco legal, el principio de responsabilidad penal de la persona jurídica o moral, cuando su actuación dañe a la sociedad.

“Las dimensiones de los daños y su consecuente reparación nos obligarían a reconocer la responsabilidad de la persona jurídica, toda vez que la responsabilidad individual es en mucho de los casos, notoriamente insuficiente, sobre todo desde el punto de vista económico, para poder hacer una justa reparación del daño”, María Eloísa Quintero, Investigadora INACIPE. 

En estas jornadas se abordarán entre otros temas la ley de ejecución  de sanciones penales, reformas a la ley de seguridad nacional, justicia militar, trata de personas y el delito de secuestro en el fuero común. 

José Luis Guerra García

Democracia y Parlamento

En México es necesario que la  ciudadanía conozca a sus representantes en el congreso y el trabajo que realizan, a fin de participar con conocimientos en la evaluación del Poder Legislativo.

Así lo señaló el jurista Diego Valadés, al dictar la conferencia “Evaluación legislativa” en el marco de la apertura de clases del máster “En Democracia y Parlamento”, inaugurado por el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro.  

 “Allí donde una comunidad desconoce el nombre de sus representantes no se puede esperar que conozca la actividad de sus representantes, tiene que comenzar por algo, por conocer ese nombre y luego conocer lo demás para evaluarlo, es el desempeño de ese representante, eso es lo que le da sentido a la representación política y lo que permite la evaluación”.

Propuso cinco indicadores fundamentales para evaluar el desempeño de los legisladores.

 “¿Cómo evaluar la calidad del sistema representativo? Aquí los indicadores serían reelección, rotación de elites, determinar si realmente la no reelección permite la rotación de elites, esto no es así y por el contrario ver si la reelección permite, facilita, faculta o estimula la formación de directivas, de dirigentes”.

Además, señaló que se debe determinar si el número de representantes es suficiente o excesivo, para permitir la representación de grupos minoritarios y de las diferentes corrientes políticas.

El senador Arturo Núñez descalificó las evaluaciones que se han hecho del congreso mexicano sin tomar en cuenta diferentes indicadores.

 “Hay por ahí quienes simple y sencillamente dicen cuantos decretos ley se han promulgado o publicado, cuánto cuesta el poder legislativo y sacan indicadores de supuesta productividad presupuestal o de productividad simplemente a secas de cuantas leyes se han puesto en vigor”.

El Máster en Democracia y Parlamento, que concluirá en octubre de 2012, está conformado por 12 módulos que incluyen temas como Reforma del Estado, Rendición de Cuentas y Sistemas de Gobierno, así como Justicia y Democracia.

Juan Carlos González

Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional

La corrupción y la impunidad son los principales obstáculos para que no se aplique la justicia en México.

Esto revelaron los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: Legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del estado, aplicada personalmente a 2 mil 208 personas de todo el país.

Encuesta que habla en general del sistema de justicia, sin distinguir ni materias, ni fuero federal o fuero común.

Fue elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, encabezados por su titular Héctor Fix-Fierro.

Según esta medición, cinco de cada diez entrevistados, señalaron que no existe un buen funcionamiento de la justicia en México por cuestiones de corrupción, desigualdad, impunidad e incapacidad.

De acuerdo con la encuesta, entre los errores de la justicia, lo peor para una sociedad es encarcelar a un inocente, según  el 44.9 por ciento de los encuestados, mientras que el 42.1 dijo que lo peor sería dejar libre a un culpable.

El estudio arrojó que para el 37. 2 por ciento el amparo sirve “mucho” como una medida de defensa legal frente al gobierno, mientras que para el 47.8 por ciento sirve “poco”.

El 43.3 por ciento consideró muy justas y justas, simplemente, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, mientras que 27.8 las calificó como injustas.

El 47.7 por ciento señaló que los jueces son totalmente y bastante independientes para tomar sus propias decisiones, mientras que el 30 por ciento los consideró poco independientes.

Sobre la posibilidad de que los juicios orales mejoren mucho, algo o poco, la impartición de justicia en el país, 74.4 por ciento se pronunciaron a favor, mientras que 11.2 dijo que no mejoraría.

Para seis de cada diez entrevistados, los derechos humanos en México se respetan poco o nada.

Los primeros en violar las leyes, según los encuestados son los políticos, la policía, la gente y los funcionarios.

Seis de cada diez encuestados están de acuerdo con la revocación del mandato presidencial.

Seis de cada diez señalaron como “bueno” que el congreso de la unión se oponga a las medidas del ejecutivo.

El 51.7 por ciento calificó como positiva la mediación de la Suprema Corte de Justicia en conflictos entre los otros dos poderes.

En materia de seguridad pública, los principales temores son robo con violencia, ser víctima del narcotráfico y el abuso de las fuerzas de seguridad pública.

El 54.8 por ciento respondió que se pueden respetar los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada.

Nueve de cada diez rechazaron ser investigados sin orden judicial en su hogar.

Ocho de cada diez consideraron que la gente no está protegida contra el abuso de la autoridad.

En torno a valores, la seguridad estuvo encima de la libertad.

En materia de confianza el promedio más alto lo obtuvieron las universidades públicas, luego el ejército.

Los partidos políticos, los diputados y la policía, ocuparon los últimos lugares.

Francisco Barradas Ricardez

Cambian mesa directiva del Instituto Federal de Defensoría pública

El Instituto Federal de Defensoría Pública realizó el cambio de 4 de los miembros de su junta directiva, al concluir el periodo 2005 -2011.

El Ministro en retiro, José de Jesús Duarte Cano, y los doctores Ricardo Franco Guzmán, Julio Antonio Hernández Pliego y José Ovalle Favela, fueron quienes terminaron su cargo.

“Formar parte de la Junta Directiva representó un nuevo reto en nuestras vidas, porque tuvimos que conocer el funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública y los ordenamientos que los rigen, para lo cual se conjugaron en los integrantes del cuerpo colegiado conocimientos académicos, de investigación jurídica, de docencia universitaria, de ejercicio libre de la profesión y de juzgadores”, José de Jesús Duarte Cano, Ministro en retiro.

Ricardo Franco Guzmán, uno de los miembros salientes de la junta directiva, aseguró que la labor que desempeñó durante 6 años en este instituto, ha sido una de las más importantes en los 60 años que tiene de carrera en el servicio público.

“El Instituto de la Defensoría Pública Federal es un orgullo de México, los defensores públicos que integran este Instituto son personas muy capacitadas que además ponen todo su empeño, todos sus conocimientos para defender las causas que se les encomiendan”.

El director de éste órgano auxiliar del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal, agradeció su apoyo.

“Concebí proyectos, planes encaminados a que este Instituto tuviera mayor presencia, fuera más conocido y actuara de manera eficaz… En ellos he encontrado un gran apoyo, con ellos fueron modificadas las Bases Generales de Organización y Funcionamiento; se propuso una maestría en Derecho Procesal Penal”, Alejandro Roldán Velázquez, Dir. Gral. IFDP.

Rodolfo Félix Cárdenas, Héctor Fix Fierro, Javier Quijano y Eduardo Ferrer Mac Gregor, son los nuevos integrantes de la Mesa Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Miguel Nila