Homicidio por incendio en fábrica

Los dueños de la fábrica donde murieron 314 personas por un incendio en Pakistán, fueron acusados formalmente de homicidio… Luego de darse a conocer que en el lugar, donde trabajaban cerca de mil 500 personas, no se contaba con los requerimientos mínimos de seguridad para el personal… Los propietarios de la planta huyeron luego de la tragedia.

Hoy en el Pleno de la SCJN

Por mayoría de siete a dos el Pleno rechazó el dictamen del Ministro Sergio Aguirre Anguiano para que un militar, acusado de homicidio y robo fuera juzgado por un tribunal militar.

El Ministro argumentó que en este caso todos los involucrados son militares, dos hombres y una mujer.

Señaló que los hechos no afectaron derechos humanos de civiles, y por ello no aplica el criterio de la Corte para limitar el fuero de guerra.

Sin embargo a decir de algunos ministros, los familiares de los dos militares que fallecieron tienen derecho a conocer la verdad y esto sólo sería posible si el asunto pasa a la jurisdicción civil.

“Pueden ser víctimas porque considera este Tribunal violado su derecho a la integridad moral de los familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento que estos han padecido con motivo de las circunstancias de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos”, Ministra Olga Sánchez Cordero.

La mayoría en el Pleno consideró que los delitos que cometió el sargento Victor Manuel Jiménez Pérez no constituyen una falta a la disciplina militar.

“Es evidente que no fue respecto de la disciplina militar ni dentro de las digamos actuaciones propiamente castrense, estamos frente a un delito de tipo pasional conforme a los autos que tenemos a la vista y no tiene nada que ver con cuestión castrense”, Ministro Fernando Franco González Salas

“La competencia si le corresponde a un juez ordinario porque se trata de un delito ordinario no militar y por lo tanto debe conocer la autoridad civil y no la militar”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

Al defender su propuesta, el Ministro Sergio Aguirre Anguiano destacó que el día que ocurrieron los hechos, los militares estaban en servicio.

“El hecho de que dos personas estén en la situación en que se encontraban digámoslo en latín in rebus carnis  pues obviamente no es una función propia del ejército, pero en esa oportunidad y en ese lapso razonable los dos daba servicio en el mismo centro militar de que estamos hablando”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

“En cualquier sitio en que acontezca un delito donde un militar es activo y otro pasivo para mi estamos en presencia contra la disciplina militar, independientemente de cuál sea el resultado de este delito”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

El análisis de este juicio continuará en la sesión del próximo jueves.

La Corte determinará quién es el juez competente para resolver este caso.

Los hechos fueron consignados ante un juez Penal de Primera Instancia en Baja California, quien dictó auto de formal prisión contra el sargento Víctor Manuel Jiménez Pérez.

El militar apeló la sentencia por considerar que el juez civil no era competente, el juez de distrito determinó que el caso debía ser resuelto por un juez militar, como lo proponía el dictamen rechazado por el Pleno.

Verónica González

 

Los militares que cometan delitos contra civiles serán juzgados por la justicia ordinaria

Los militares que cometan delitos contra civiles serán juzgados por la justicia ordinaria.

Así lo determinó la Suprema Corte por mayoría de ocho a dos, al resolver una conflicto competencial entre un tribunal militar y uno civil.

“El concepto de fuero de guerra no puede ser entendido como un privilegio personal que otorga ciertas prerrogativas a ciertos sujetos por la simple situación de pertenecía a un grupo o clases social”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

El Juez Quinto de Distrito, en el Estado de Morelos, resolverá el juicio contra el Coronel José Guadalupe Arias, acusado de encubrir el homicidio de un joven y ordenar su inhumación.

“Estos delitos se cometieron por servidores públicos federales por motivo de sus funciones no en un acto de servicio… Esto sucedió dentro de un campo militar donde se reconoce el mando y jerarquía de sus componentes”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

El Coronel argumentó que el día de los hechos no estaba en servicio, incluso ni siquiera portaba el uniforme.

La Corte señaló que su calidad de militar no depende de eso, sino de que al cometer el delito estaba en activo.

Así, la Corte estableció un criterio sin precedentes que limita el fuero militar.

Aunque en el Caso Radilla ya se había sostenido este criterio, era necesaria una resolución judicial.

“Fue en un expediente no de contenido jurisdiccional y esto fue lo que provocó que en la misma decisión se instará a los órganos jurisdiccionales para que dieran conocimiento a la Corte para que generará los criterios jurisprudenciales”, Ministro Presidente Juan Silva Meza.

Dos ministros objetaron el criterio de la mayoría.

Señalaron que la justicia ordinaria sólo puede resolver los casos en que civiles son coparticipes en delitos cometidos por militares.

El artículo 13 no se refiere en ningún momento a víctimas civiles, sino según mi parecer, a presuntos responsables civiles  y por tanto la restricción de fuero militar sólo opera cuando los civiles están complicados como sujetos activos”, Ministro Sergio Aguirre Anguiano.

“Porque el propio artículo de inicio nos dice en la parte donde está estableciendo el fuero militar, dice subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas, es decir está diciendo, para quién los cometa, de esta manera creo contundentemente que la víctima está excluida”, Ministra Margarita Luna Ramos.

La mayoría en el Pleno se pronunció a favor de una interpretación que proteja los derechos de las víctimas.

“La evolución que ha tenido la doctrina constitucional  tendiendo a la protección de las víctimas nos puede llevar a la conclusión de hacer una interpretación actualizada del 13 constitucional para decir no sólo cuando esté involucrado un paisano sino también cuando haya una víctima”, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

“Porque las víctimas tienen derecho a que haya un tribunal imparcial, no sólo por lo que tiene que ver con reparación del daño sino también por lo que tiene que ver con el derecho de hacer efectiva la verdad y la justicia”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En los próximos días el Tribunal Constitucional resolverá otro conflicto competencial y un paquete de 28 juicios de amparo sobre este mismo tema con el fin de establecer jurisprudencia en esta materia.

Verónica González

Delitos de alto impacto

Las denuncias por extorsión y homicidio total crecieron en el primer cuatrimestre de este año, de acuerdo con el reporte periódico de monitoreo sobre delitos de alto impacto.

Según este reporte del Observatorio Nacional Ciudadano, en el caso de extorsión aumentaron 20.41por ciento, mientras que el homicidio total creció 0.25 por ciento.

“Persiste una situación crítica en materia de seguridad y que por lo tanto sigue siendo urgente la creación de políticas dirigidas al abatimiento de la incidencia delictiva”, Ricardo Sepúlveda, Dir. Gral. ONC.

Por otra parte, disminuyeron, en relación con los últimos cuatro meses de 2011, las denuncias por: Homicidio doloso 4.29 por ciento; el secuestro 5.67 por ciento; el robo con violencia 1.38 por ciento, y el robo de automóvil 3.69 por ciento.

“Mayo del 2012 es el tercer más violento de lo que va de la administración, es difícil por tanto, echar campanas al vuelo”, Edna Jaime, Dir. Gral. México Evalúa.

El Observatorio Nacional Ciudadano puso en duda los resultados debido a que las cifras de denuncia provienen de los datos oficiales que, en muchos casos, carecen de confiabilidad.

“Algunos estados no solamente tienen irregularidades, sino que no reportaron denuncias de delitos, en estos cinco delitos, en este cuatrimestre”, Ricardo Sepúlveda, Dir. Gral. ONC.

Destacaron que las entidades cuyos datos sobre las condiciones delictivas menos consistentes y transparentes son: Baja California Sur, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán.

Mario López Peña

Absuelto de un cargo de homicidio

El tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia absolvió a Radovan  Karadzic de un cargo de genocidio cometido en la guerra de Bosnia en 1992… Los jueces determinaron que no existen pruebas suficientes para comprobar la responsabilidad del acusado… Pese al fallo, Karadzic tiene en su contra el cargo de genocidio por la muerte de 8 mil musulmanes en Srebrenica en 1995.

 

 

Este miércoles la Primera Sala de Corte resolvió 36 de los 43 asuntos listados para su discusión

La Primera Sala ejerció su facultad de atracción para revisar un juicio en el que dos profesores universitarios impugnaron el procedimiento para reelegir al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Al resolver este caso, los ministros determinarán si los particulares pueden impugnar estos actos y si es posible plantear la inconstitucionalidad de normas contenidas en la Ley de amparo.

Al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, se determinó que aunque el quejoso tenga carácter de indiciado, procede la suplencia de la queja, cuando se reclaman actos relacionados con el aseguramiento de bienes en una averiguación previa.

Aunque la ley sólo se refiere al reo y no al indiciado, el aseguramiento de bienes afecta de cualquier modo sus derechos patrimoniales.

En este caso la suplencia de la queja resulta una herramienta efectiva para hacer valer el derecho a una defensa adecuada.

En otro juicio un hombre solicitó su libertad bajo caución después de estar dos años en prisión sin que se le dictara sentencia por el delito de homicidio.

Argumentó que esto viola la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Al negarle el amparo, la Corte señaló que la Constitución prohíbe tal concesión, tratándose de delitos graves, como el homicidio.

Además, durante todo este tiempo, el quejoso no ha dejado de ejercer su derecho de defensa.

Al resolver una contradicción de tesis la Sala determinó que aunque la ley se refiere a libertad preparatoria, quienes se encuentren en los supuestos de excepción, pueden obtener su preliberación.

Los ministros señalaron que uno de los objetivos de la reforma al Código Penal Federal es homologar las reglas para otorgar los beneficios de la libertad preparatoria, el tratamiento de preliberación y la remisión parcial de la pena.

Verónica González

 

Derechos laborales, agrarios y de libertad de expresión en la Primera y Segunda Salas de la Corte

La Segunda Sala determinó que los ejidatarios pueden designar a cualquier persona para sucederlos en sus derechos agrarios.

No es necesario que el heredero tenga reconocido el carácter de ejidatario o avecindado en el núcleo de población.

Ya que la ley permite al ejidatario  elaborar una lista de sucesión donde nombre a su cónyuge, concubina, sus hijos o cualquier otra persona.

En caso de que el ejidatario no deje una lista, tras su muerte se le dará preferencia a estas personas en ese orden.

El criterio se estableció al resolver una Contradicción de Tesis entre tribunales colegiados en materia administrativa en el Estado de México.

Por su parte, la  Primera Sala señaló que las pensiones por jubilación y la integración del salario de los trabajadores  son conceptos distintos a los que no se les pueden aplicar las mismas reglas.

Por lo tanto no se viola la garantía constitucional de no disminuir el salario de los trabajadores, cuando se calcula el monto de una pensión sin considerar el sobresueldo  o las compensaciones por servicios.

Los ministros ejercieron su facultad de atracción para resolver un juicio relacionado con la libertad de expresión y el derecho al honor.

Un hombre reclama una indemnización por daño moral a los periódicos AM Querétaro y Reforma por haberlo señalado como probable responsable de un homicidio, cuando el ministerio público estatal lo dejó libre porque no encontró pruebas suficientes en su contra.

A través de este juicio se establecerán criterios sobre:

La vigencia de derechos fundamentales entre particulares.

El control constitucional y la aplicación retroactiva de las reformas en materia de amparo y derechos humanos.

Verónica González

 

La Primera Sala de la SCJN ordenó la inmediata liberación de un hombre al que no se le acreditó responsabilidad penal

La Primera Sala de la Suprema Corte concedió un amparo a un hombre que fue sentenciado a más de 50 años de prisión con base en la declaración de un solo testigo.

Al pasar por un mercado el quejoso fue detenido por agentes de la policía del Estado de México, luego de que una mujer lo señalara como el responsable de un homicidio.

Pese a que la testigo nunca ratificó su dicho y no existía otra prueba en su contra, el hombre fue condenado a 50 años y 9 meses de prisión.

Este miércoles, por unanimidad, la Primera Sala de la Corte ordenó su liberación porque se violaron sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, la no autoincriminación y a una adecuada defensa.

La sentencia señala que la resolución del juez en primera instancia dejó en estado de indefensión al quejoso, violando gravemente las reglas para valorar una prueba en un proceso penal.

No existe una prueba en sentido procesal, si el dicho de los testigos tiene como fuente la información de un tercero cuya comparecencia nunca se concretó.

La Primera Sala ejerció su facultad de atracción para revisar un juicio de amparo en el que se impugnaron diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal.

El gobierno capitalino promovió un juicio para declarar la pérdida de los derechos de propiedad de un inmueble que se utilizó en un secuestro.

La dueña del inmueble promovió un amparo porque desconocía el uso que se le dio a su propiedad, en su opinión la ley viola el principio de seguridad y certeza jurídica.

Ya que la constitución establece que los gobernados tiene la facultad de demostrar que estuvieron impedidos para conocer la utilización ilícita de sus propiedades.

A través de este juicio los ministros podrán pronunciarse sobre los alcances de la Ley de Extinción de Dominio.

En otro juicio la Primera Sala determinó que la ejecución inmediata de las sanciones administrativas no viola el principio de presunción de inocencia.

Al resolver un amparo, los ministros señalaron que en el derecho administrativo sancionador, la presunción de inocencia termina al emitir la resolución administrativa.

Verónica González

Por homicidio, 70% de los menores recluidos

70 por ciento de los 51 menores, de entre 14 y 18 años, recluidos en el Centro de Internamiento de Morelia, cometió homicidio, informó la Dirección de Integración para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública… De estos menores 4 son mujeres.

 

 

Rechazan indemnizarlos

Un tribunal de Texas rechazó indemnizar a dos mexicanos indocumentados que pasaron 12 años en prisión acusados de un homicidio que no cometieron… Los connacionales pedían 12 millones de dólares cada uno… En 1996 fueron sentenciados, sin tener pruebas contundentes en su contra, a cadena perpetua por el asesinato de una mujer.