Clausura del Seminario de Derecho constitucional tributario en Iberoamérica

En el modelo constitucional actual el Estado no puede ser neutral respecto al orden económico nacional, advirtió el Ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Al clausurar el Décimo Seminario de Derecho constitucional tributario en Iberoamérica, destacó que no puede ser indiferente frente a un reparto natural de cargas y beneficios fiscales.

“De ahí que debamos poner en el centro del debate la estructura jurídica que sirve de contexto para la actividad económica, no sólo el régimen recaudatorio y de gasto público sino toda la red de normas que impactan en la generación de recursos y articulan la estructura de actividad económica”.

Habló de encauzar la economía y los medios redistributivos para lograr un estándar universal para todos los ciudadanos.

“Resulta indispensable poner en el centro del debate la concepción de justicia distributiva que se busca alcanzar mediante el derecho, de qué forma lograr la igual consideración de todos los ciudadanos mediante los instrumentos de gasto público al alcance del Estado?”.

El Ministro Ortiz Mena dijo que  las políticas recaudatorias y de gasto público del Estado, las leyes y normas de la materia, deben reflejar una filosofía política de lo que debe de ser la justicia redistributiva.

“La discusión de este segmento del derecho debe situar en el centro de su reflexión el significado de conceptos tales como dignidad e igualdad, entendida ésta como la igual consideración de todos los ciudadanos en el reparto de cargas y beneficios”.

El derecho regula el gasto público, pero dijo que no sólo debe tener el acento en la producción de riqueza, sino también en la justicia distributiva.

A lo largo de tres días participaron ponentes de diversos países de la región en el Seminario fue organizado por la Suprema Corte de Justicia.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Participa Ministro Pérez Dayán en el Seminario de Derecho constitucional tributario en Iberoamérica

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayán propuso incluir en la Constitución un catálogo de servicios públicos esenciales que el Estado debe garantizar de forma igualitaria, aun cuando los ciudadanos no tengan para pagarlo.

Al participar en el Seminario de Derecho constitucional tributario en Iberoamérica, el Ministro Pérez Dayán aseguró todos los ciudadanos deben tener acceso a los servicios de salud, agua potable, justicia, seguridad pública y educación.

 “Hoy es tiempo de repensar este tipo de medidas y junto con esta nueva filosofía de los derechos humanos permitirnos una clasificación mínima de los servicios públicos obligatorios y los estándares mínimos de su prestación para que todo aquel que no tenga acceso por la vía económica a estos puede disfrutarlos plenamente”.

Calificó como necesario que desde la propia Constitución se establezca un régimen de financiamiento específico para que el Estado pueda garantizar la prestación de esos servicios esenciales.

 “El sistema de financiamiento puede ser lo suficientemente variado pero siempre uniforme en permitir asegurarnos que estos que son así considerados por la propia constitución esenciales se garanticen en sus prestación mínima en un principio de igualdad a todos los ciudadanos de la República”.

Lamentó que el Estado no tenga previsto un sistema específico de defensa al que puedan acceder los ciudadanos cuando se les niegue el acceso a los servicios esenciales y obligatorios para el Estado.

 “Nos lleva necesariamente a las dos garantías de justicia en esta materia, que es la existencia de los tribunales contencioso administrativos y finalmente el juicio de amparo”.

Consideró necesario realizar una reconfiguración del sistema jurídico para entender que hay servicios públicos esenciales obligatorios del estado que deber ser gratuitos en la medida de los estándares mínimos.

Explicó que estos servicios pueden ser motivo de una tasa o tarifa cuando excedan esos  mínimos esenciales.

Juan Carlos González

Inauguración del Seminario: “Derecho constitucional tributario en Iberoamérica”.

En representación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Juan Silva Meza, la Ministra Olga Sánchez Cordero inauguró el Seminario: “Derecho constitucional tributario en Iberoamérica”.

El gasto público en México debe encaminarse a lograr la eficacia plena de los derechos humanos, afirmó la Ministra Olga Sánchez Cordero durante su participación.

“Así como los términos en los que los ingresos respectivos se destinarán al gasto público, tiene una especial trascendencia para el cumplimiento de los fines redistributivos de este último, el cual consiste en un mecanismo fundamental para paliar la desigualdad”.

Ante estudiantes y especialistas de derecho, destacó la urgencia del combate a la pobreza mediante un correcto uso del gasto público federal.

“Tomando en cuenta la importancia del cumplimiento del deber constitucional de contribuir por una parte a los gastos públicos, pero también, su finalidad eminentemente redistributiva”.

En la mesa: “La vinculación de los impuestos al sostenimiento del gasto público constitucionalmente exigible”, dijo que el destino de los recursos se erige como una garantía contra toda arbitrariedad de gasto de la administración federal.

“Para generar las condiciones jurídicas y materiales para que todas las personas sometidas al orden jurídico del estado mexicano, cuenten con las posibilidades materiales para gozar de los satisfactores indispensables para su desarrollo”.

Añadió que en el gasto público, la sociedad siempre será, constitucionalmente, titular del destino de los recursos tributarios.

El Seminario Derecho constitucional tributario en Iberoamérica culminará este  27 de junio, y contará con la participación de especialistas y autoridades fiscales y judiciales de países como España, Argentina, Colombia, Costa Rica y República Dominicana.

Oscar González

@okogonzalez08

Primera Encuesta Iberoamericana de Juventudes

Los jóvenes mexicanos son menos optimistas sobre sus expectativas hacia el futuro frente a los jóvenes de otros países de Iberoamérica.

Sin embargo, de acuerdo con la primera Encuesta Iberoamericana de Juventudes, sus expectativas sobre el futuro son más positivas que sus miradas sobre el presente.

En este estudio realizado por la Organización Iberoamericana de Juventud, destaca que la violencia y la inseguridad son los dos problemas que más afectan a las juventudes de la región.

“Pero que esencialmente que los jóvenes hoy planteen que la violencia y la inseguridad es su principal problema nos hace reflexionar, porque uno ve los medios de comunicación el problema para la seguridad son los jóvenes, son los victimarios, pero acá nos damos cuenta que también son víctimas”, Alejo Ramírez, Secretario General OIJ.

Los políticos y la policía fueron los agentes del gobierno peor calificados por las juventudes en América Latina y la Península Ibérica.

La encuesta revela que dos de cada tres jóvenes iberoamericanos creen que dentro de cinco años van a estar mejor que ahora.

“La mayoría de los jóvenes creen que ellos van a estar mejor dentro de los cinco años, pero no así sus entornos”.

Los jóvenes mexicanos, españoles y portugueses son los únicos que entienden que los contactos sociales son más importantes que la formación académica para conseguir un buen empleo.

Mario López Peña

Octavo Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica

Es necesario establecer un impuesto predial ejidal eficaz en los municipios afirmó Sergio Valls Hernández, Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

“Siendo que existe la facultad constitucional para gravar la propiedad o posesión de núcleos agrarios, al configurar erróneamente el impuesto, hace que se desaproveche la ventaja de cobrarlo”.

En la tercera jornada del Octavo Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica, señaló que el predial representa el 30 por ciento de la recaudación total de los municipios.

El 54 por ciento de la superficie del territorio nacional corresponde a tierra ejidal, dividida en 31 mil 514 ejidos y comunidades agrarias.

91 por ciento de los ejidos están regularizados.

El Ministro Valls destacó que se deben tener en cuenta los principios constitucionales para evitar que se pierda la recaudación.

“El hecho de que se deje de cobrar el impuesto predial y sean devueltas las cantidades erogadas, debilita sin lugar a dudas, a la hacienda municipal”.

Para evitar la inconstitucionalidad de este impuesto, propuso que el predial ejidal debe establecerse con base en el valor del predio.

Explicó que debe haber transparencia de los recursos provenientes de este impuesto para generar confianza en la ciudadanía, y así estimular el cumplimiento de la obligación.

Mario López Peña

 

Seminario Derecho Constitucional Tributario en Iberoamerica

Con el propósito de reflexionar sobre temas tributarios de gran relevancia en el marco de las reformas constitucionales de 2011, del 27 al 30 de junio se llevará a cabo, en la Ciudad de México, el VIII Seminario Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica “Problemas constitucionales tributarios actuales”, dirigido a abogados, académicos, especialistas y al público en general.

Organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este seminario abordará temas como las bases generales de los sistemas control de la constitucionalidad de la normativa tributaria; el concepto constitucional de tributo; los efectos de las sentencias constitucionales en el ámbito tributario, entre otros.

En el VIII Seminario Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica participarán ponentes de ocho países de Iberoamérica: España, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Perú, Argentina, Portugal y México.

Para los interesados en inscribirse, pueden comunicarse al 4113 10 00 extensiones 2788; 1146; 2174 y 2114 o vía correo electrónico a eventos@mail.scjn.gob.mx

Declaración Cumbre Judicial

Esta Cumbre concluyó con la firma de una Declaración sobre Independencia Judicial en Iberoamérica.

Fue adoptada de manera unánime por los titulares de las cortes  supremas, incluido el Ministro Juan Silva Meza, Presidente del Tribunal Constitucional de México.

La Declaración establece que en  todos los estados debe ser respetada y protegida la independencia de los poderes judiciales.

Contempla respeto al ordenamiento jurídico que cada estado se ha dado libre y democráticamente.

Expresa la necesidad de preservar el Estado de Derecho y garantizar  plena vigencia de la institucionalidad democrática.

Décima Sexta Cumbre Judicial Iberoamericana

La independencia de los poderes judiciales no sólo debe operar frente a los poderes del estado, también debe enarbolarse para hacer frente a las presiones que ejercen hoy los poderes fácticos.

Así lo señaló el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, durante la Sesión Plenaria de la Décima Sexta Cumbre Judicial Iberoamericana, que se realiza en Buenos Aires, Argentina.

Ante 22 presidentes de cortes supremas y tribunales supremos de justicia, el Ministro Silva Meza señaló que hoy con mayor frecuencia, las cortes y tribunales supremos dirimen conflictos de una gran entidad pública, contexto en el que cobra renovada importancia la independencia judicial, a través del respeto cabal e irrestricto a la separación de poderes.

De ahí la importancia, resaltó, de impulsar una auténtica separación y respeto entre los poderes, que permita a la función jurisdiccional, al igual que a la legislativa y a la ejecutiva, cumplir con su cometido institucional, dentro del Estado constitucional y democrático de derecho.

Al resolver los conflictos, los ministros, magistrados y jueces constitucionales fijan su posición dentro de las instituciones del Estado, instrumentan la política judicial, definen el alcance de los derechos de las personas y establecen los limites de las atribuciones del poder público, señaló el Presidente de Tribunal Constitucional de México.

Dijo que a pesar de los resultados que se han obtenido en el marco de las Cumbres Judiciales Iberoamericanas, se deben reconocer los pendientes en la agenda judicial que exigen un mayor esfuerzo, especialmente en materia de respeto a los derechos humanos.

Iberoamérica no puede abstraerse, destacó, de la tendencia que hoy en día se observa en todas las naciones democráticas, donde los derechos humanos se han posicionado como eje articulador de la impartición de justicia y de la vida en sociedad.

Consideró indispensable la adopción de protocolos de actuación, que permitan a los impartidores de justicia formar criterios comunes que fortalezcan la protección de los derechos humanos, con independencia de carácter unitario o federal de los países participantes en esta cumbre.

Informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente aprobó el protocolo de actuación para casos en los que se afecten derechos de las niñas, niños y adolescentes, que podría servir de referente de otros instrumentos de esta naturaleza.

El Ministro Juan Silva Meza, también se refirió a los esfuerzos que ha realizado el Poder Judicial de la Federación de México para cumplir con su obligación constitucional de profesionalizar a sus jueces, consolidar y perfeccionar la carrera judicial, mejorar la calidad de las sentencias, fomentar una cultura de servicio, aplicar estándares de ética profesional, así como impulsar la rendición de cuentas.

Confió en que la Cumbre Judicial permitirá la consolidación de una tutela efectiva en los tribunales iberoamericanos de los derechos humanos, como eje central de su misión institucional.

Señaló que está en impartidores de justicia responder a ese legítimo anhelo de la sociedad y ofrecer un porvenir más justo y prospero para las naciones de Iberoamérica.

Juan Carlos González

Protección del Medio Ambiente

El juicio de amparo y las acciones colectivas son las vías indicadas para la defensa ambiental, se dijo en el último día de trabajos del seminario: Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica que se realizó en León, Guanajuato.

En el caso de las acciones colectivas, corresponde al Poder Judicial Federal conocer de este tipo de demandas, que solo pueden ser promovidas por 7 organismos, entre ellos la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y asociaciones civiles.

“Que estas leyes prevean el contenido, las materias de aplicación de estas acciones colectivas, los procedimientos judiciales, los mecanismos de reparación del daño y una competencia exclusiva para los jueces federales para conocer de estos procedimientos y mecanismos del daño ambiental”, Neófito López Ramos, Mgdo, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, Primer Circuito.

Se mencionó que las recientes reformas a la ley de amparo, abren la posibilidad de impulsar por esta vía, acciones para la defensa del medio ambiente.

“Pero ahora, con este reconocimiento constitucional, tendremos la posibilidad de analizar en sede constitucional los actos administrativos que impliquen afectación al interés legítimo”.

En estos casos, la actuación del juzgador debe ser ejemplar e imponer las medidas cautelares necesarias para detener  posibles daños ecológicos.

“Que aconseja al juez que adopte la medida cautelar de paralización de una actividad, si hay una sospecha, lo dice el tribunal, una sospecha de grave daño al medio ambiente”, Joaquín García Bernaldo de Quiroz, Mgdo, Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España.

Durante la lectura de las conclusiones se reiteró que es indispensable crear nuevas figuras fiscales que ayuden a erradicar todas aquellas actividades que dañen nuestro entorno.

“Se ha hecho hincapié en la conveniencia de que la implantación de nuevas figuras tributarias medio ambientales se limiten a su estricta finalidad técnica, procurando evitar el arribismo fiscal meramente recaudatorio”, Leopoldo González González, Catedrático Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. 

Asimismo, los participantes manifestaron su beneplácito por que en las naciones de Iberoamérica se están modificando las legislaciones ordinarias para proteger el medio ambiente.      

José Luis Guerra García.