Alumnos de la UNAM realizaron prácticas profesionales en el IFDP

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, concluyeron su licenciatura después de realizar sus prácticas profesionales en el Instituto Federal de Defensoría Pública.

“Ustedes compañeros, son un grupo distinguido de alumnos porque optaron por el camino más difícil y prolongado para obtener el título de Licenciado en Derecho”, Mario A. Torres López, Director del IFDP.

Fueron 21 alumnos, quienes durante un año apoyaron las labores de defensores públicos y asesores jurídicos federales.

“Se interesaron en aprender cosas que significarían su futuro como si estuvieran labrando precisamente en piedra; ustedes han incursionado en el campo de la praxis legal, cosa que muchos licenciados en Derecho nunca llegan a hacer”.

Es la quinta generación de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios, que se titula bajo la modalidad de hacer prácticas.

“La experiencia de ser practicante en el Instituto Federal de Defensoría Pública es única e inigualable y creo que todos y cada uno de nosotros no lo cambiaríamos por absolutamente nada; tener un tutor que nos guíe es como tener un maestro de vida, un maestro que nos enseña a dar cada paso fuera de estas instalaciones”, Claudia López, Alumna egresada.

El secretario General de la Facultad de Derecho, Miguel Ángel Vázquez Robles reconoció el papel que ha desempeñado el Instituto Federal de Defensoría Pública, en favor de la UNAM.

“La Institución ha sido generosa porque no sólo ha preparado a extraordinarios profesionistas, sino que algunos se han quedado trabajando con ellos, entonces esto ha constituido inclusive una forma de integrar a los muchachos a la sociedad, sociedad que tanto requiere de personas capacitadas, honestos y de buena fe”.

La ceremonia de graduación se realizó en el aula magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Miguel Nila Cedillo

CJF publica acuerdo sobre la integración de peritos ante el IFDP

El  Consejo de la Judicatura Federal publicó el acuerdo que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante el Instituto Federal de Defensoría Pública. Para integrar la lista se lanzará la convocatoria, los interesados deberán contar con título del arte, ciencia o técnica respectiva y gozar de buena reputación.

Concluye Curso de Actualización en Materia Penal de Abogados en Lengua Indígena

El Consejo de la de la Judicatura Federal, a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, en un año actualizó y capacitó en materia de derecho penal a más de 200 abogados que dominan alguna lengua indígena.

Mario Torres López, director general de Defensoría Pública, informó lo anterior al clausurar los trabajos del  “Cuarto Curso de Actualización en Materia Penal de Abogados en Lengua Indígena”.

“De noviembre de 2013 a octubre de 2014, más de 200 abogados en  lengua indígena se han actualizado. Han actualizado sus conocimientos en materia penal”.

Torres López reiteró la importancia de actualizarse en la materia, a dos años de que entre en vigor en su totalidad el nuevo sistema penal.

“Dado que ustedes pertenecen a este grupo selecto de personas que acudieron para recibir, precisamente, conocimientos especializados; hacerles la recomendación de que los compartan, precisamente, con todos esos otros abogados que ustedes conocen y que pertenecen a las comunidades de las cuales son oriundos “.

Gerardo Cerna Lara, director de Acreditación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pidió a los abogados lleven a cabo una defensa adecuada, con pertinencia cultural y lingüística en favor de los integrantes de los pueblos originarios.

Maximino Muñoz de la Cruz, abogado huichol, habló a nombre de los estudiantes.

“Nos vienen retos importantes que afrontar, el nuevo sistema de justicia penal nos exige estar a la altura y al nivel de conocimientos para asesorar y representar los casos en los que se involucren derechos de los miembros de…  de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas”.

Nahua, mixteco, zapoteco, tzotzil, otomí, amuzgo, tlapaneco, tepehuano, ñañú, purépecha, wirikuta, cora, mazateco, triki, pame y mayo, son las lenguas que dominan los litigantes que se capacitaron.

Los participantes provinieron de Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.

Heriberto Ochoa

En los últimos tres años, el IFDP ha atendido a más de 2 mil 500 víctimas de secuestro

En los últimos tres años, el Instituto Federal de Defensoría Pública ha atendido a más de 2 mil 500 víctimas de secuestro, a quienes se les ha brindado representación jurídica, asesoría y orientación.

Desde el 11 de abril del 2011, el Instituto Federal de Defensoría Pública creó un área especializada encargada de la defensa  integral de las personas que son víctimas, ofendidos y/o testigos de algún secuestro, sin importar el nivel socioeconómico, nacionalidad o condición social.

Los asesores están obligados en cada juicio a explicar las etapas y consecuencias legales de cada procedimiento; los asisten en cada una de las diligencias, en las que tengan que intervenir y ejercitan todas las acciones que prevén las leyes ante los órganos de procuración y administración de justicia.

Los asesores jurídicos han garantizado su efectividad a través de diversas acciones realizadas tanto con la interposición de recursos legales ordinarios, como en la promoción de juicios de amparo.

Durante el proceso penal se garantiza que se mantengan en reserva los datos personales e identidad de las víctimas, para lo cual se ha logrado que las diligencias en que participan las mismas, se realicen a través de videoconferencias, sin que se muestren los rostros de los procesados.

Miguel Nila

 

 

Promueve IFDP 18 mil 615 juicios relacionados con la devolución de fondos de la subcuenta de vivienda

El Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de asesores jurídicos, ha promovido 18 mil 615 juicios relacionados con la devolución de los fondos de la subcuenta de vivienda.

De esa cantidad de juicios de demanda, en 11 mil 727 el INFONAVIT ha devuelto un monto superior a los 581 millones de pesos.

La asesoría se deriva de la reforma a la Ley del INFONAVIT, que señala que los trabajadores asegurados que hayan obtenido su pensión bajo el Régimen 73 de la Ley del Seguro Social y que no hubiesen obtenido algún crédito de vivienda por parte de ese instituto, pueden obtener la totalidad de los recursos de la subcuenta de vivienda de 1997.

Los asesores jurídicos federales otorgan el servicio a los trabajadores pensionados, en la modalidad de representación jurídica, clasificando el expediente de control interno en la materia administrativa, con lo que se inicia su intervención al solicitar la devolución de dichas aportaciones ante el INFONAVIT.

Ante el cúmulo de asuntos que se encontraban en estado de ejecución y con el objeto de analizar el cumplimiento por parte del INFONAVIT, el Instituto Federal de Defensoría Pública estableció una mesa de trabajo logrando identificar a los trabajadores pensionados, cuya representación jurídica se encuentra a cargo de los asesores jurídicos federales.

En esta mesa de trabajo se configuró una base de datos que incluye los montos demandados y los administrados por el INFONAVIT en toda la República.

Miguel Nila

Informe Anual de Labores del IFDP

En México, siete de cada diez personas que enfrentan un proceso penal federal son representadas por defensores públicos federales con la mayor calidad y el pleno compromiso de respeto a  derechos humanos.

Al rendir su Informe Anual de Labores ante el pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, su director general, Mario Alberto Torres, dijo que los defensores públicos rigen su actuación bajo  los principios de probidad, honradez  y obligatoriedad que marca la ley.

“Siendo el destinatario de sus servicios cualquier persona que teniendo la calidad de imputado, procesado o sentenciado no cuente con defensor particular”.

En el periodo de junio de 2013 a mayo de 2014, el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal,  presento ante juzgados de distrito un incremento del 10 %  en sus defensas jurídicas.

Torres López explicó que en el caso de la defensa en materia indígena, 24 abogados atendieron  en su lengua de origen mil 76 personas.

El Director del Instituto Federal de Defensoría Pública dijo que este tema de protección a grupos vulnerables fue reconocido a nivel internacional con el ingreso del Instituto  en la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF por sus siglas.

“E importante formar parte de la AIDEF porque cuenta con un convenio tanto con la comisión como con la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el que surge la figura del Defensor Público Interamericano  que actúa en casos donde el demandante no tenga abogado que le asista”.

A nombre de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, el doctor Héctor Fix Fierro, señaló que el informe demuestra el compromiso de los defensores y asesores jurídicos de agotar todos los instrumentos legales para la protección de las personas, lo que habla de un gran compromiso social.

“El informe da plena cuenta de las labores de un instituto no solamente consolidado, sino en crecimiento y consolidación de sus tareas lo que le permite año con año rendir un servicio inestimable a la administración de justicia al Estado de derecho y al país”.

Elsa González

Concluye Curso de Actualización en Materia Penal para Abogados en Lengua Indígena

Más de 40 abogados que dominan una lengua indígena, concluyeron el segundo Curso de Actualización en Materia Penal para Abogados en Lengua Indígena, que se impartió durante una semana en las instalaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Mario Torres López, director general del Instituto, resaltó la importancia de que haya más abogados de este tipo capacitados, a quienes pidió compartir el conocimiento adquirido.

“Ustedes recibieron algún material pero también pueden buscar y que lo puedan utilizar, precisamente, en los casos en que intervienen en la defensa de indígenas y que además lo puedan compartir con otros abogados bilingües que ustedes conocen”.

Refirió los temas  que vieron durante el curso.

“Que abarcó una introducción al Derecho Penal, que abarcó Teoría del delito, que abracó Derecho Penal Procesal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el juicio de Amparo en materia Penal, la Defensa adecuada, la diversidad lingüística de los pueblos indígenas, los derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”.

Francisco Javier Cedillo Tecayéhuatl, director general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, habló del reto que hay por delante en la materia.

“El desafío no es, en absoluto, menor cuando sabemos que en nuestro país existen 68 agrupaciones lingüísticas de las cuales se tienen identificadas 364 variantes. Los 46 abogados bilingües que hoy terminan el presente curso, podrán aliviar buena parte de los requerimientos en esta materia, pero falta mucho camino por recorrer”.

Fabricio Gaxiola Moraila, director general de la Coordinación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, dijo que entre más abogados capacitados haya, se garantiza el debido proceso a los indígenas que cometieron algún delito que les prive de su libertad.

“Los derechos lingüísticos son el derecho ideal para acceder a todos los demás. No hay justicia si no es en la lengua de los involucrados, no hay educación si no es la legua del educando y no hay salud si no es en la lengua del enfermo”.

Tsotsil, Tsetal, Chol, Tepehuana, Mixe, Chinanteca, Zapoteca, Mixteca, Maya, Chontal, Totonaca  y Náhuatl son las lenguas que hablan los 46 abogados, provenientes de Chiapas, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

El segundo Curso de Actualización en Materia Penal para Abogados en Lengua Indígena es parte de las actividades que se incluyen el convenio que firmó el Instituto Federal de Defensoría Pública con  el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Heriberto Ochoa

Informe “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia” de la CIDH

Jueces, fiscales y defensores públicos son indispensables para que en México se garantice el derecho de acceso a la justicia, coincidieron autoridades e integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Analizaron parte del informe “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia”, que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se destacó como obligación del Estado, asegurar la coordinación entre todas las instancias que intervienen en el acceso a la justicia.

“Una de las causas que han detenido el goce y ejercicio de los derechos humanos en México ha sido precisamente la falta de articulación entre los actores responsables, de manera particular la coordinación entre las autoridades”, Lía Limón, Subsecretaria de Derechos Humanos, SEGOB.

La autonomía de los operadores de justicia, es indispensable para garantizar a los justiciables sus derechos.

“Plantea que no puede haber un verdadero proceso de justicia si los operadores no tienen independencia”, Mario Alberto Torres, Instituto Federal de Defensoría Pública.

“Cuando las y los operadores de justicia contribuyen a que se logre el acceso efectivo a la justicia y realizan un esfuerzo especial en un proceso para que se imparta justicia de manera independiente e imparcial y garantizar así los derechos de las víctimas, puede decirse que actúan como defensores de los derechos humanos”, Ximena Medellín, Investigadora del CIDE.

La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia consideró que uno de los mayores avances en materia de garantías lo ha tenido el Poder Judicial Federal.

“Sólo de la conciencia del juez depende actuar con independencia y en cierta medida las recomendaciones a las que se refiere la Comisión sobre las características personales y profesionales de los operadores de justicia, me parece que se encaminan a buscar ese tipo de perfiles”, Armando Maitret, Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da cuenta de recomendaciones relacionadas con la independencia de los operadores de justicia frente a otros poderes u órganos del estado.

Los procesos de selección y nombramiento, separación del cargo y régimen disciplinario, entre otras.

Martha Rodríguez

En el Instituto Federal de Defensoría Pública arrancó el taller “Defensa penal con perspectiva de género”.

La perspectiva de género resulta innovadora en las actividades de todo ser humano; sin embargo, debe estar más presente en la tarea de quienes imparten justicia, aseguró el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, Mario Alberto Torres López.

 “No sólo es una obligación del juzgador, también lo es de la defensora o del defensor de autos, inclusive el papel que en este aspecto tiene la defensa es de importancia primigenia porque el defensor o la defensora deben llamar la atención del juzgador en dicho sentido, señalando circunstancias, brindando interpretaciones de género, descubriendo en qué casos subyace un prejuicio en contra de la mujer y cómo puede trascender a la sentencia definitiva”.

Así se refirió el maestro Torres López al inaugurar el Taller Defensa penal con perspectiva de género, en la sede del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Calificó el taller como ambicioso, actual y prometedor para los integrantes de este instituto.

 “Los defensores públicos federales constantemente tienen a su cargo la defensa de mujeres, aunque cabe decir, que la incidencia femenil en la criminalidad federal es mucho menor que la del hombre”.

El taller es impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres, cuya secretaria ejecutiva lamentó que en el tema de la justicia, la mujer tenga desventaja.

“Lo único que queremos es que las mujeres tengan acceso a la justicia, que tengan un juicio justo, que tengan una sentencia con equidad de género, una sentencia que vea cuál es la realidad de esa mujer, cuál va a ser el impacto de la sentencia en su familia, en sus hijos”, Marcela Eternod Arámburu,Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.

Explicó por qué el género femenino en ocasiones no tiene juicios justos.

 “Porque no tienen recursos, porque no tienen educación y porque finalmente son mujeres y en una sociedad que considera que las mujeres son menos que los hombres pues se pueden cometer mayores exclusiones, segregaciones, marginaciones y discriminaciones”.

El Centro de Derechos Humanos, A.C. también participa en el taller, que durará tres días en el Instituto Federal de Defensoría Pública.

“Las consecuencias de las sanciones penales impactan en forma distinta entre las mujeres y con frecuencia tienen un mayor impacto en sus hijos y su familia; los mecanismo penales, tales como sentencias y encarcelamientos severas para las mujeres con frecuencia resultan en la separación de las familias y el encarcelamiento de los bebés y los niños”, Luz Estela Castro Rodríguez,Centro de Derechos Humanos, A.C.

El taller es dirigido a los 786 defensores públicos federales que existen en el país.

Miguel Nila

Inaugura Ministro Presidente Juan Silva Meza edificio anexo del Poder Judicial de la Federación

El Ministro Presidente Juan Silva Meza refrendó el compromiso indeclinable del Consejo de la Judicatura Federal  de que cada edificio que construya para concentrar órganos jurisdiccionales, será una inversión de largo alcance en favor de los justiciables y del Estado de derecho en México.

Así lo afirmó el Presidente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal  al inaugurar el edificio anexo que albergará juzgados, tribunales, la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en Toluca y la extensión del Instituto de la Judicatura, en el Estado de México.

“Debemos aprovechar esta inauguración para refrendar el compromiso con la obligación invariable por lograr un equilibrio entre los recursos e inmobiliarios, con los que el Poder Judicial de la Federación cuenta y el desempeño profesional, intachable, objetivo que se espera de nosotros. Los espacios para juzgar y ser juzgados deben ser tan dignos, como la conducta de los juzgadores al ejercer sus facultades».

El Ministro Presidente Silva Meza encabezó la ceremonia de inauguración, en la que  afirmó que en el Poder Judicial de la Federación  el ejercicio de los recursos públicos en favor de la sociedad se rige por los más altos estándares de transparencia.

“El empleo de recursos de la sociedad con el fin de edificar obra pública, debe sujetarse a los más altos estándares de racionalidad, de eficiencia, de eficacia y, sobre todo, de rendición de cuentas. Además de seguir estrictos controles en materia de planeación, supervisión y desarrollo en los trabajos”.

Enfatizó ante los juzgadores federales y personal de los órganos jurisdiccionales presentes en la ceremonia, no olvidar que dichos espacios son eminentemente públicos y con hospitalidad para todas las personas que cotidianamente acuden a ellos.

El consejero Daniel Cabeza de Vaca reconoció el compromiso que asumieron la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura al adoptar políticas públicas de largo alcance para enfrentar los retos que las reformas constitucionales penal, de juicio de amparo y derechos humanos imponen al Poder Judicial de la Federación.

“Esas importantísimas reformas, consolidan al Estado de derecho y democrático, al ampliar y precisar las prerrogativas en favor del gobernado, sobre todo, al otorgar a tratados internacionales en la materia el rango constitucional”.

El edifico anexo alberga un Tribunal Unitario de Nueva Creación, un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, cinco juzgados de distrito en materias de amparo y juicios civiles federales, así como a la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública y la extensión del Instituto de la Judicatura Federal.

Heriberto Ochoa