Protección a los derechos humanos de personas en reclusión

 

Es necesario que en México se respeten los derechos humanos de las personas que se encuentran en reclusión, así como de proporcionarles mecanismos efectivos de denuncia.

Así lo señalaron especialistas que participaron en las  Décimo Sextas Jornadas sobre Justicia Penal, que se realizaron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“Las cárceles mexicanas siguen teniendo graves problemas y siguen presentando problemas que son parecidos a los que tienen desde muchos años atrás, sobre todo porque no hay el respeto más mínimo a los derechos esenciales de las personas que habitan ahí, no de todas pero sí de muchas”, Mara Gómez, Investigadora Instituto Belisario Domínguez.

Se dijo que la manera en que las sociedades tratan a los reos es una muestra clara del compromiso que tienen con los derechos humanos.

“Es hora de que les demos voz a los presos, al cuarto de millón de personas que tenemos recluidas en nuestras cárceles que les demos derechos, los que no tienen, que se los consignemos en las leyes, que les demos mecanismos a través de los cuales puedan quejarse, que sean mecanismos efectivos”.

Al analizar el tema de los derechos humanos en el área penal, Mara Gómez explicó que los reos tiene tres tipos de derechos:

Los que se suspenden o limitan, los que se conservan a pesar de privados de su libertad y los que se fortalecen  dentro de la prisión.

“Un reo tiene derecho al trabajo entonces se lo tiene que proporcionar el Estado porque está recluido, tiene derecho a la capacitación para el trabajo… Tiene derecho a la educación, a la salud y al deporte”.

Según cifras oficiales, hasta agosto de 2014 habían en los 386 centros penitenciarios del país poco más de 257 mil personar recluidas, 95 % hombres y el resto mujeres.

De ese total, el 43 % permanecían en prisión preventiva en espera de una sentencia.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Reflexionan sobre el Sistema Nacional Anticorrupción en el IIJ UNAM

El Sistema Nacional Anticorrupción se ha convertido en una reforma problemática y conflictiva, acusaron especialistas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Explicaron que a la fecha, la mayoría de las leyes secundarias se mantienen pendientes, lo que ha dificultado su implementación.

“Sabemos que la corrupción tiene dos polos, un polo está en el agente público y otro polo está en el agente privado, lamentablemente nuestra reforma no establece medidas de control para los agentes privados”, Francisco Ibarra, Secretario Académico IJJ UNAM.

En mayo de este año se publicó la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

Como parte del conversatorio: “Perspectivas acerca de la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción”, los académicos comentaron.

“A veces uno logra ver que en nuestros países hay una corrupción descarada, pero en otras partes la corrupción es muy, muy afilada, es una corrupción que se maneja a unos niveles sofisticados”, Gustavo Quintero, Universidad de Santo Tomás de Colombia.

En este sentido, la autoridad reconoce la amenaza que la corrupción constituye para la legalidad, la seguridad y el progreso de la nación.

Un estudio del Consejo Coordinador Empresarial, reveló que el costo de la corrupción cuesta a México el 10 % de su Producto Interno Bruto.

De acuerdo con el INEGI, el valor del PIB ascendió a 15 billones, 293 mil millones de pesos en el último año.

Entonces, de acuerdo con el dirigente empresarial, el valor actual de la corrupción sería de 1 billón 529 mil 300 millones de pesos en nuestro país.

Oscar González

@okogonzalez08

Académicos plantean retos para la nueva gestión de la SCJN

Académicos de los principales centros de investigación del país plantearon algunos retos para la nueva gestión de la Suprema Corte de Justicia.

Primero, en materializar el discurso de protección de derechos.

“Una de las preguntas importantes por ejemplo, es ¿cómo se bajan los protocolos? y empezar a ver los protocolos ya en sentencias expresados con toda claridad”, José Antonio Caballero, Investigador CIDE.

“El gran reto en los próximos cuatro años será que las reformas en materia de derechos empezarán a caminar juntas, la reforma en derechos humanos, la reforma en materia de amparo y la reforma del sistema penal acusatorio, y cómo resolver las contradicciones y las tensiones entre estas reformas no es una tarea fácil”, Carlos Pelayo, Investigador IIJ UNAM.

“Si la Corte se concentra demasiado en el rol de difusión de ideas y pierde de vista el rol de rendición de cuentas o de obtención de resultados, lo que corremos es el riesgo de banalización del discurso de derechos humanos”, Karina Ansolabehere, Investigadora FLACSO.

Otro pendiente, indicaron, será privilegiar los casos que involucren los derechos de mayorías.

“Poco avance en cosas que realmente cambiarían la vida de todos los mexicanos en dimensiones independientes de su pertenencia a minorías por rasgos que tienen”, Francisca Pou, Investigadora ITAM.

Debe haber innovación procedimental, explicaron, al reforzar figuras como el amicus curiae.

Entre los retos, subrayaron la necesidad que la Corte se abra a la ciudadanía con datos que permitan facilitar el conocimiento de los procesos de impartición de justicia.

Mario López Peña

Pedro Salazar Ugarte nuevo director IIJ UNAM

La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Pedro Salazar Ugarte como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas para los siguientes cuatro años.

Sustituye en el cargo a Héctor Fix Fierro.

Pedro Salazar Ugarte es doctor en filosofía política por la Universidad de Turín, Italia, y licenciado en derecho por el ITAM.

Tiene el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y ha sido docente en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Sus principales líneas de investigación son el  derecho constitucional, derechos humanos, democracia y transparencia.

Testigo protegido y testigo colaborador

La protección de testigos es clave en la persecución de la delincuencia organizada.

Está contemplada en la Ley federal para proteger a personas que intervienen en el proceso penal.

De acuerdo con especialistas, hace falta rigor en las denominaciones de los testigos.

En especial sobre qué es un testigo protegido, qué es un testigo colaborador, sus obligaciones y los riesgos que corren de no aplicarse el régimen de protección.

“Esa distinción entre testigo protegido y testigo colaborador, al que mucho nos llevaron en los últimos años… En este esquema de lucha frontal contra la delincuencia organizada en donde lo mismo era un testigo que un coimputado”, Roberto Ochoa, Investigador IIJ UNAM.

Esto, explicaron, tiene consecuencias importantes en el momento de valoración de las pruebas, por ejemplo, en determinar el origen de la información de testigos y de colaboradores de la justicia.

Por lo tanto existen diversas personas que requieren protección, más allá de la generalidad testigos protegidos.

De acuerdo con la ley, esta protección debe estar apegada a los principios de gratuidad, voluntariedad, celeridad, proporcionalidad y necesidad.

De no haber una adecuada aplicación normativa, advirtieron, se puede atentar contra el derecho de los imputados a la defensa adecuada.

Mario López Peña

La policía y uso de la fuerza en el Distrito Federal

POLICÍA Y USO DE LA FUERZA DF Especialistas aseguraron que la Ley de uso de la fuerza pública, aprobada en 2008, no ha servido para disminuir los casos de abuso policiaco.

“Más o menos a partir de 2009 empieza un aumento en las violaciones o digamos en el uso excesivo de la fuerza por parte de los policías preventivos y por parte de policías judiciales”, Gustavo Fondevila, Profesor Investigador CIDE.

 “Los policías suelen tener la idea de una cultura penal, de que ellos ya pueden de alguna forma castigar al que creen que ya es culpable porque lo están capturando en flagrancia o por el tipo de persona que es”, Carlos Silva Forné, Investigador IIJ-UNAM.

Señalaron que los cuerpos policiacos han demostrado que no permitirán la regulación en el uso de su fuerza.

Pusieron como ejemplo el caso del operativo en la discoteca “News Divine”, donde murieron 10 jóvenes y dos policías en 2008.

 “Al poco tiempo de la Ley de Uso de la Fuerza la policía le explicó a la Asamblea Legislativa que no está dispuesta a ser regulada por un cuerpo civil y que van a seguir usando la fuerza como quieran, en un operativo que tenía sus dificultades pero que realmente no era a nivel policial ninguna ciencia”, Gustavo Fondevila, Profesor Investigador CIDE.

Una mayor transparencia, mejor capacitación  y un control externo, fueron las recomendaciones que emitieron los especialistas para mejorar el uso de la fuerza pública.

La mesa de discusión se realizó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Juan Carlos González

Transparencia y rendición de cuentas en México

Los legisladores nacionales tendrán el reto de desarrollar una ley general que permita el funcionamiento adecuado del sistema de transparencia y rendición de cuentas en México.

De acuerdo con especialistas de la UNAM, el desafío es mayúsculo.

“La Reforma en materia de transparencia quedó mucho mejor perfilada que la Reforma electoral, porque la Reforma en materia de transparencia sí determina claramente que debe existir una ley general y que deben seguir subsistiendo la ley federal y las leyes locales”, César Astudillo, Investigador IIJ UNAM.

“Es una oportunidad para hacer leyes claras, ordenadas, coherentes, accesibles para los gobernados, para los usuarios del sistema, pero también operativas para la autoridad”, Pedro Salazar, Investigador IIJ UNAM. 

Otro tema a destacar, coincidieron, es la forma en que se integrará el nuevo IFAI, en especial, para garantizar la legitimidad de la nueva autoridad.

“Se le debería dar prioridad a la integración del órgano porque de los contrario, la autoridad que existe hoy puede entrar en dinámicas de operación destructivas”.

Deberá desarrollar mecanismos para medir el desempeño institucional de los órganos garantes a nivel nacional.

“Se trata de que ese sistema y esa evaluación de resultados permita ir fortaleciendo este sistema nacional de transparencia y rendición de cuentas”, César Astudillo, Investigador IIJ UNAM.

Integrado el nuevo órgano constitucional autónomo, dijeron, tendrán que trabajar en reconocer los alcances de su autonomía.

Mario López Peña

Explotación laboral infantil en México

La explotación laboral infantil en una de las más graves violaciones a los derechos de los niños.

Práctica, deleznable que no se ha podido erradicar en México, coincidieron funcionarios y especialistas.

“Interfiere  de manera grave en el ejercicio de otros derechos porque tenemos claro como sociedad que niñas y niños deben estar en la escuela, deben estar jugando, deben estar disfrutando su infancia”, Mónica González Contró, Investigadora IIJ UNAM.

Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo, explicó que México tiene compromisos internacionales en la materia con plazos fijos.

“En el 2016 México se ha comprometido a erradicar las peores formas de trabajo infantil o del 2020 de que en ese año en México no exista ningún tipo de trabajo infantil”.

Entre los pendientes del Estado mexicano, señaló, está la ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo.

Así como reformas constitucionales sobre la modificación de la edad mínima, de 14 a 15 años para la admisión al empleo.

La Ley federal del trabajo establece que para  que las personas mayores de 14 años y menores de 16 puedan trabajar es necesario:

Haber terminado educación media superior.

Autorización de sus padres o tutores.

Relación por escrito con quien le contrate, además de las firmas de autorización de quien ejerza patria potestad.

Y; certificado médico.

Su jornada de trabajo diario no debe exceder las seis horas.

Mario López Peña

El Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM presentó una propuesta para restablecer el Estado de derecho en las prisiones del país

El Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM presentó una propuesta para restablecer el Estado de derecho en las prisiones del país.

El estudio estuvo encabezado por Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien calificó como dantesca a la corrupción que hay la mayoría de las cárceles mexicanas.

Aseguró que muchos reclusorios son verdaderos mercados de la miseria humana.

“La corrupción que prevalece en las cárceles es inconmensurable, siguen siendo muchas de ellas lugares de mercado para todos los bienes en que se ha puesto bajo tarifa todo: la vida, la integridad, el alimento, el sexo y la esperanza de una vida mejor”.

Propuso restablecer el Estado de derecho en las prisiones, a través del combate a la corrupción, la capacitación de todo el personal penitenciario y poner límites a la prisión preventiva.

 “Lo que tenemos que hacer ante todo es restablecer en Estado de Derecho en las prisiones y restablecer también los derechos de los que hay que hacer uso en las prisiones, derechos que abarcan también a los custodios”. 

Señaló que se debe barrer todo lo malo que hay en los reclusorios, sin concesiones y sin disimulo.

El estudio propone elaborar programas, diseñar espacios y aplicar recursos que favorezcan el trabajo, la educación, la salud, el deporte y los derechos humanos.

Además, atender las necesidades en materia de alojamiento, alimentación, ropa y medicamentos que permitan una verdadera reinserción social de los sentenciados.

“Nuestro propósito es que las autoridades conozcan estos trabajos y que en algún momento tengan la posibilidad de poner es práctica lo que en estos trabajos se sugieren”, Luis de la Barreda, Coordinador Programa Derechos Humanos UNAM.

En todo el país hay más de 400 prisiones, con cerca de 240 mil internos que se encuentran en condiciones de sobrepoblación.

Juan Carlos González

Seminario “Presente y futuro de la Constitución mexicana”.

El texto constitucional actual está desordenado, asistemático y carente de técnica legislativa, acusó el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro.

“Más que la extensión el problema es el tipo de texto que han generado las reformas… Y es un texto que tiene errorcitos y errores no tan chiquitos con una serie de impactos”.

Destacó disposiciones duplicadas, terminología inconsistente y anticuada, disparidad en el alcance de la regulación y errores de actualización.

“Primero pues tenemos un problema profundo de desconocimiento de la constitución y no estoy hablando nada más de la población en general, tenemos encuestas que dicen que más del 90 % de los ciudadanos consideran que conocen poco o nada la Constitución”.

Al señalar que en los últimos 30 años los avances constitucionales han sido lentos, mencionó tres alternativas:

Hacer una moratoria a la carta constitucional para que ya no haya más cambios, una nueva constitución, o renovar el texto constitucional.

“Como estamos hoy en materia constitucional respecto de los derechos, pues ha habido una inflación constitucional… Hoy tenemos por no citar más que un ejemplo un artículo cuarto que pudiera ser descrito como un verdadero universo de derechos”, Miguel Carbonell, IIJ UNAM.

Pidieron comprender mejor el alcance de los derechos, implementar reformas ante el retraso en la expedición de leyes secundarias, y que la constitución sea más entendible en su lectura.

“En esta dinámica de disminuciones en las atribuciones del presidente hay también el fortalecimiento de otras instituciones como la suprema corte que ha tenido un proceso de fortalecimiento desde 1994, 96, con la última reforma que también los citó como un tribunal constitucional por la interpretación del bloque de la constitucionalidad”, César Astudillo, IIJ UNAM.

Como parte del 97 Aniversario de la Promulgación de la Carta Magna, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo el Seminario “Presente y futuro de la Constitución mexicana”.

Oscar González