Justicia en materia de control constitucional

La reforma en materia de amparo no ha dado los frutos esperados porque en México no se ha logrado consolidar la transición de un Estado legal de derecho a uno  constitucional.

Así lo señaló el investigador de la UNAM, Enrique Carpizo, al iniciar el Curso de actualización en materia de amparo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

 “El tema de la gran reforma en materia de amparo no está dando los frutos que al cabo del tiempo se hubiesen esperado y quizá ello tenga que ver precisamente con ese cambio de paradigma que México aún no ha consolidado del todo”.

Señaló que el verdadero Estado constitucional de derecho requiere asumir varias pautas con el objetivo de hacer viable la reforma en materia de amparo.

Explicó que todavía hay múltiples candados para acceder a la justicia en materia de control constitucional y puso como ejemplo el interés legítimo.

“Vemos que se reconoce en la nueva ley el interés legítimo colectivo o individual pero vemos jurisprudencias que acotan de manera exacerbada precisamente la procedencia o reconocimiento de esos intereses, en donde nos damos cuenta que la mayoría de los jueces federales no han abandonado la tendencia del interés jurídico”.

Lamentó que el interés jurídico, que limita el acceso a la protección de la justicia federal, siga siendo una herramienta primordial en el reclamo de actos, omisiones o leyes que resulten contrarias a la Constitución.

De igual forma, destacó los candados que se impusieron en la nueva Ley de amparo para lograr una declaratoria general de inconstitucionalidad.

Juan Carlos González

El caso Rosendo Radilla y el control difuso de constitucionalidad

A cuatro años de la  sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México en el Caso Rosendo Radilla  sus efectos jurídicos aún están marcando la impartición de justicia y la aplicación del derecho consideraron especialistas.

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal también acata esa sentencia con la realización de eventos que de manera continua capacitan  y sensibilizan a los trabajadores de juzgados y tribunales, entre ellos jueces y magistrados.

En el Seminario Permanente de Sentencias Internacionales en Materia de Derechos Humanos, segunda sesión “El caso Rosendo Radilla y el control difuso de constitucionalidad”, la directora general de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacional del Consejo de la Judicatura Federal, Jaqueline Martínez Uriarte,dijo que más allá de acatar la sentencia, el Poder Judicial cumple con un compromiso social.

“Este caso el de Rosendo Radilla, con todos sus, el impacto que ha tenido y sigue teniendo abre una veta de fortalecimiento de la democracia en México que depende de las y los juzgadores”.

El caso Radilla obligó al Poder Legislativo a  realizar cambios y reformas a la Constitución para que  jueces, magistrados y las autoridades en general  utilicen  las convenciones internacionales  como parámetro para la validez de las decisiones jurídicas  internas.

En el evento se destacó que las y los impartidores de justicia cada vez usan más los instrumentos internacionales además de las leyes nacionales en favor de las personas.

En el seminario participaron secretarios de juzgados, jueces, magistrados, así como defensores públicos federales.

El objetivo del seminario es sensibilizar a todos los  actores jurídicos sobre el control difuso de constitucionalidad, lo que significa  reconocer  derechos y aplicarlos.

“La labor jurisdiccional es una labor técnica pero también una dimensión ineludiblemente social y política y creo que en ese sentido ha sido  ha sido un caso parteaguas con un enorme impacto en  el ámbito jurisdiccional”, Pedro Salazar Ugarte, Investigador IIJ-UNAM.

En el año 2013, la UNESCO registró como Memoria del Mundo la participación del Poder Judicial de la Federación en la resolución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  derivada de la controversia Rosendo Radilla  contra México, por tratarse de un caso ejemplar.

Elsa González

 

Primer Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional

A partir de este lunes, en su portal, www.cjf.gob.mx el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición de todo el público, el primer Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional.

Se trata de un instrumento para fomentar una cultura de protección de los derechos humanos y acercar las herramientas jurídicas necesarias para que diversos sectores de la sociedad involucrados lo hagan posible.

Este diccionario fue elaborado de manera conjunta con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y participaron en su coordinación funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se contó con la participación de más de doscientos autores de 18 países de América Latina y Europa.

Con esta compilación, el Consejo de la Judicatura Federal genera una cultura de legalidad y de la protección de los derechos humanos, propiciando entre la sociedad información y conocimiento para hacerlos valer frente abusos de la autoridad.

El Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal afirmó que el diccionario es producto de un esfuerzo colectivo en materia del derecho procesal constitucional y convencional y que por sus características, representa una herramienta indispensable para todos los juzgadores, académicos, organizaciones de la sociedad y operadores jurídicos y estudiosos del derecho.

Se presentó el libro: Derechos humanos en la Constitución en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

En la 35 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se presentó el libro: Derechos humanos en la Constitución, comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana.

Obra colectiva editada por la Suprema Corte, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la fundación Konrad Adenauer.

En ella se recogen criterios fijados por el Máximo Tribunal del país y la Corte Interamericana, en materia de debido proceso, asistencia jurídica, igualdad y equidad de género, entre otros.

“Y en el artículo se citan los fallos que han por un lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por otra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuyas resoluciones, ambas cortes han reafirmado la validez de estas disposiciones, es decir, de las cuotas de género, como medidas para acelerar la igualdad entre mujeres y hombres”, Regina Tamés Noriega, Directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Obra con la opinión de diversos especialistas, que analizan criterios que dan contenido a diversos derechos humanos.

“Era una cuestión de cotejar no lo que se había estado resolviendo justamente en la Suprema Corte respecto de ciertos temas a mí particular me tocó el artículo 23 sobre el principio non bis in ídem o el principio que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma conducta”, Isabel Montoya Ramos, Presentadora y Autora de uno de los artículos del libro.

“Una forma de lo más concreta de cómo los tribunales han ido resolviendo cuestiones muy puntuales acerca de los derechos, y eso me parece de una gran utilidad”, José Luis Caballero Ochoa, Coordinador del libro.

El libro que consta de dos tomos, cuenta con una presentación del Ministro Presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza en la que retoma su discurso de apertura de la Décima Época en la que afirmó que en la protección de los derechos humanos no habrá marcha atrás.

José Luis Guerra García

Justicia para adolescentes

Antes de que entre en vigor la Ley federal de justicia para adolescentes, el Consejo de la Judicatura Federal capacita a su personal con el Diplomado en justicia para adolescentes, en el Instituto de la Judicatura Federal y las sedes alternas.

Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien impartirá el primer módulo, afirmó que dicha norma servirá para alejar a los menores de los hechos delictivos.

“La justicia para adolescentes es una herramienta estratégica de la seguridad nacional, porque con estos elementos corta la carrera delictiva de los adolescentes que están iniciando y que presumiblemente continuarán en este tipo de actividades”.

González Contró comentó que las 31 entidades y la capital del país ya cuentan con las normas y los jueces correspondientes.

Sin embargo, a nivel federal el retraso de su entrada en vigor, no es un problema porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo suplió al resolver una contradicción de tesis.

“El escenario que tenemos actualmente, todos los delitos, tanto los de competencia del fuero local como los del fuero federal están siendo juzgados por los tribunales especializados en adolecentes  locales de cada uno de los estados y el Distrito Feral. Esto esperamos que cambie precisamente en el 2014, que ya entre en vigor la ley federal de justicia para adolescentes”.

González Contró es autora del libro Propuesta teórico-metodológica para la armonización legislativa desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, y entre sus líneas de investigación está la de justicia para adolescentes.

En México hay 62 centros de tratamientos de menores infractores, en los cuales, de acuerdo al INEGI,  en 2011 había una población de once mil 239 menores en conflicto con la ley.

Heriberto Ochoa

Dicta Ignacio Carrillo Prieto, Conferencia Magistral en el IIJUNAM

Ignacio Carrillo Prieto, quien fuera titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, lamentó que esta Fiscalía haya quedado en el olvido.

Explicó las fallas en su proceso de creación y hasta su desaparición.

“Esta instancia que quedó tirada de cualquier modo, de manera irrespetuosa para las víctimas y los ofendidos en algún patio de la Procuraduría General de la República… Clausurarla dio el siguiente mensaje a todo mundo, no castigar lo de los setenta, dio origen a desaparecer, a 65 mil desapariciones del régimen que concluyó hace un año”.

Uno de los grandes errores de esta Fiscalía, subrayó, fue la falta de lineamientos claros sobre las formas de preservar la memoria histórica de los hechos y los criterios de reparación de daños.

No tenía claro, dijo, el tiempo que iba a existir esta área, cuál iba a ser el alcance personal de los juicios, ni qué antigüedad iban a tener los casos a investigar.

Otro problema, señaló, fueron las presiones exteriores.

“Mis compañeros y yo tuvimos la obligación de citar a Elba Ester Gordillo por la imputación de la autoría intelectual del homicidio en agravio del profesor Misael Núñez Acosta ese fue un grave conflicto en la élite política, esa cita, gravísima”.

Esta Fiscalía fue creada en 2001 y empezó a funcionar a principios del año siguiente.

Desapareció en 2006. Todo el trabajo realizado fue enviado a la Coordinación General de Investigaciones de la PGR.

Mario López Peña

Primer Encuentro Internacional de Pedagogía y Enseñanza del Derecho

Ante los recientes cambios constitucionales es indispensable modificar los métodos de enseñanza del derecho, coincidieron académicos.

Para ello, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, inició una serie de investigaciones a fin de revisar las prácticas y modelos de enseñanza actuales.

Durante el Primer Encuentro Internacional de Pedagogía y Enseñanza del Derecho, se destacó que hay pocas acciones que tiendan a modificar los esquemas de aprendizaje tradicionales.

“Porque si hay algo que nuestros abogados tienen que desarrollar durante su formación tiene que ver con las competencias de comprensión lectora y escriturales, es algo que está presente constantemente”, María Francisca Elgueta, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

“Pero lo más importante no estuvieron hechos para enseñar y menos para enseñar a los alumnos que tenemos ahora, entonces aquí hemos intentado hacer un trabajo de investigación para ver si podemos llegar a hacer un cambio en el primer libro de texto que tiene que ver con la primera signatura que les abre la vida a los que van a estudiar la carrera y que es la introducción al estudio del derecho”, Manuel Morales, Facultad de Derecho, UNAM.

El modelo de enseñanza actual es de aprendizaje memorístico cuyo resultado es un repaso simple.

El de aprendizaje significativo pretende fomentar la participación activa de los alumnos.

“Es tan importante el conocimiento teórico del derecho que es el que a lo mejor nos enseñan en la escuela como el conocimiento práctico”, Marcela Corro, Universidad de las Américas, Puebla.

“Sabemos que los materiales no son lo más idóneo, hay libros muy muy tradicionales, complicados, densos, muchas veces con deficiencias metodológicas impresionantes que se han vuelto clásicos y que se van replicando generación tras generación”, Enrique Cáceres, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Los académicos consideraron que el problema inicia desde la preparatoria e incluso con los libros de texto basados sólo en cuestiones teóricas y no prácticas.

Martha Rodríguez

Curso taller “Tortura en el derecho internacional de los derechos humanos”.

De 1994 a la fecha, México ha recibido 146 recomendaciones internacionales por casos de tortura, denunció la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el Curso taller titulado “Tortura en el derecho internacional de los derechos humanos”, en la Escuela Judicial pidieron erradicar lo que calificaron como aberrante práctica.

“Ninguna confesión obtenida bajo tortura puede ser admitida como prueba, ninguna denuncia de tortura por parte de un presunto delincuente debe ser ignorada por una autoridad judicial, ningún funcionario del poder judicial de la federación debe ser tolerante con la práctica de la tortura, por muy grave que sea el delito cometido o la calidad de las victimas afectadas”, Jesús Peña Palacios, Of. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Manifestaron la preocupación que existe del Comité Internacional contra la Tortura en cuanto a la información presentada por el Estado mexicano, en el sentido que sólo han habido seis sentencias por tortura del año 2005.

Lo anterior, subrayaron, muestra el camino que falta recorrer para combatir la práctica de la tortura.

Por su parte, Carlos María Pelayo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló de los retos a seguir a nivel normativo.

“Y que si esos retos no se superan al corto y mediano plazo la perspectiva respecto a este tema es negativa, y las cosas seguirán igual porque no se podrán atender con efectividad las situaciones que involucran hechos de tortura”.

Ante este panorama recomendaron una mayor capacitación con la impartición de cursos especializados en el tema de la tortura.

Oscar González

Implementación del sistema penal acusatorio

María de los Ángeles Fromow, encargada de supervisar el proceso de implementación del sistema penal acusatorio en el país, llamó a eliminar los mitos sobre este nuevo sistema.

En primer lugar destacó que el no sólo consistirá en  juicios orales.

“Este nuevo sistema son la mediación, la conciliación, la investigación científica, la transparencia, la publicidad, la presencia del juez”.

De hecho, complementó, la intención es lograr que tan sólo un diez por ciento de los casos lleguen a juicios orales.

En conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, rechazó que con la implementación del sistema penal acusatorio, sólo se protegerán los derechos de los imputados.

“No, más que nunca pone la igualdad de las partes, víctimas e imputados”.

Explicó que la conciliación será básica para el pleno funcionamiento de este nuevo esquema al que le restan poco menos de tres años de plazo constitucional para su implementación.

Otro mito que debe desaparecer, indicó, es aquel que cree que va a ganar los asuntos el que mejor habilidad retórica tenga.

“No, aquí se trata de investigaciones científicas que verdaderamente pongan ante el juez los elementos evidentes”.

Negó que el sistema penal adversarial ayude a reducir el problema delictivo en México.

Mario López Peña

Secuestro en México

México atraviesa por el período más alto en materia de secuestros denunció la organización Observatorio Ciudadano.

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM durante la mesa de discusión “Secuestro en México”, Doria Vélez, especialista en este tema señaló.

“De hecho si calculamos la variación porcentual de enero a septiembre de 1997 al mismo período de 2013, vemos que ha habido un aumento de 46.06 %”.

De acuerdo con el INEGI en México se registraron más de 105 mil 600 secuestros en los últimos 12 meses.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, acusó a autoridades y gobernadores de aplicar leyes locales en vez de utilizar la Ley general del secuestro.

“Esto es lo que hoy estamos viviendo en secuestros, por ejemplo en Tabasco están enterrando a las personas vivas, les mandan el video para que puedan pagar el rescate”.

Destacó el trabajo realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ayudar en el combate al secuestro.

“Hay en la Suprema Corte de Justicia siete controversias constitucionales que ya fueron resueltas a los señores gobernadores no puedes consignar los secuestros con la ley local porque para eso hay una ley local y debes de enfocarte a ella”.

Damián Canales titular de la división de investigación de la Policía Federal, pidió ver el problema del secuestro desde su justa dimensión.

“Al que oficialmente se tiene registrado por innumerables razones porque no se denuncia, yo creo que esta es una de las razones principalmente”.

Ana Patricia Bugarín, subprocuradora de personas desaparecidas de Pro Víctima, consideró que como nunca antes nuestro país padece secuestros.

Para colmo, añadió, las autoridades persiguen a quien secuestra pero se olvidan de la víctima.

Oscar González