Retos del próximo gobierno

El próximo Presidente de la República deberá tomar en cuenta a la sociedad civil, para definir su programa de gobierno.

La investigadora universitaria, Yolanda Meyenberg, indicó que su prioridad, será la de atender los grandes problemas que afectan al país.

Tal es el caso de la inseguridad, la desigualdad, la pobreza y la impunidad, por citar algunos.

“Una mayor representación de la sociedad en todo lo que tiene que ver con los planes y programas de gobierno, una mayor rendición de cuentas y una agenda que no obedezca solamente a los intereses de los partidos, si no que de veras se enfoque a resolver estructuralmente los grandes problemas de la sociedad”.

Consideró, que para elaborar los programas y estrategias de gobierno, tendrá que tomar en cuenta los puntos de vista de los sectores académico, científico, empresarial y de la sociedad civil en su conjunto.

“No solamente escuchar a la sociedad civil, sino tener una visión integral en la que haya una participación de la sociedad civil, o sea, una visión que no solamente escuche a la sociedad civil, si no que vaya al corazón de los problemas y que escuche evidentemente al cúmulo de investigación, de experiencia, de participación que se da en colectivos como este”.

Asimismo, consideró que un requisito indispensable del próximo gobierno será la transparencia.

Estará obligado a revelar, la manera en que toma las decisiones y la forma en que ejerce los recursos públicos.

Ello con el fin de poner fin a las prácticas de corrupción y a la impunidad.

José Luis Guerra García

Crimen organizado

Un estudio del Instituto de Acción Ciudadana revela que el crimen organizado tiene presencia en el 71.5 por ciento de los municipios del país. En ellos, se ha detectado corrupción y complicidad de las autoridades, lo que ha permitido a la delincuencia operar con total impunidad.

La denuncia formal

Los altos niveles de impunidad en el país, es consecuencia de la desconfianza que existe en las policías, lo que inhibe a la sociedad a denunciar los delitos.

“En México entre el 75 por ciento y el 85 por ciento de los delitos no se denuncian y el 98 queda impune, quedan impunes, por eso digo que el libro es deprimente, porque de que sirve que yo denuncie si no me hacen caso”, Gerardo Laveaga, Director INACIPE.

Lo anterior se describe en el libro: “La denuncia formal, Un laberinto de impunidad” en el que se deja de manifiesto que el formalismo de la denuncia es lo que genera la impunidad y corrupción en el sistema penal.

“Entonces poco a poco se van dando cuenta los operadores que esto está inhibiendo seriamente la investigación de ciertos delitos, y entonces empiezan a surgir estas figuras de la denuncia anónima, que de acuerdo a las tesis que cita Bernardo, la tesis de la Suprema Corte que resuelve una contradicción de 2 colegiados, parece ser que le da ese valor para iniciar una investigación a la denuncia anónima, lo que no le da es un valor probatorio”, Alejandro Ponce de León, Programa USA-México.

En esta obra de la autoría de Bernardo León, se anticipa que de no dejar de ser tan formal la denuncia de un delito, persistirá ese cuello de botella que origina que solo el 14 por ciento de los delitos se investiguen.

“Y con estos instrumentos que han burocratizado la denuncia, como punto de arranque de la investigación se ha entorpecido y se ha generado esta enorme impunidad”, Guillermo Zepeda, Abogado Litigante.

Se afirmó que el cambio en el sistema de justicia penal, obliga a cambiar el modelo, ya que si los delitos no se investigan en las primeras 8 horas, el 90 por ciento de los casos irán al fracaso.

“A mí me parece absolutamente inconcebible que ante un delito que se percibe de oficio como un secuestro todavía se diga no, o un homicidio se diga es que no tenemos la denuncia y no podemos investigar”, Alejandro González, Presidente TSJ Estado de Michoacán.

En el libro se propone que la denuncia debe hacerse ante el policía y no ante el ministerio público, sin mayores formalismos de lo contrario el nuevo sistema de justicia penal ira al fracaso.

“Tenemos que reparar el sistema de denuncia, de investigación y de persecución del delito, o nos vamos a enfrentar a que el sistema que con tanto idealismo y con tanto cariño hemos estado haciendo fracase”, Bernardo León, Autor del libro.

De no darse esos cambios, persistirá la tendencia de que pocos delitos serán denunciados y de ellos, en menos del 10 por ciento se concluirá la investigación.

José Luis Guerra García

Justicia y equidad

Para consolidar la transición de un régimen autoritario en el que prevalecía la violación sistemática de derechos a uno plural y democrático, es indispensable recuperar el pasado histórico y castigar a los responsables de estos delitos, se dijo durante la Segunda Jornada del Ciclo de Conferencias Equidad y Democracia.

Mecanismo indispensable, que debe incluir la reparación del daño material y simbólico a las víctimas de estas violaciones, con el fin de que la sociedad tenga confianza en las nuevas instituciones del estado.

“Es decir que todas estas medidas configuran un esquema normativo a propósito de la regeneración del tejido institucional democrática y la confianza social que son necesarios, para completar la transición a la democracia”, Mario Alfredo Hernández, Catedrático UAM.

Para ello es indispensable crear una comisión de la verdad que investigue dichos sucesos, señale a los responsables y precise las sanciones del caso, para evitar que el ejercicio arbitrario del poder y la violación de derechos queden en la impunidad.

“Porque la confianza y el capital social que permiten hacer justas y eficientes a las instituciones resultantes de la transición, dependen de que se cubran simultáneamente y no de manera segmentada las medidas de reconstrucción plural del rato histórico, de compensación por el daño inmerecido de procesamiento penal de los cómplices y responsables, y también de reconfiguración del texto constitucional y en su caso de los instrumentos internacionales para evitar la recurrencia del daño”.

En el caso de México, la fiscalía que se creó para investigar delitos del pasado, dejó de cumplir con esta función, al dejar impunes desapariciones forzadas y  crímenes en contra de luchadores sociales.

“No toda la justicia transicional se tiene que cargar del lado penal, porque como decías tú, no todos los criminales son juzgados, hay cuestiones políticas que pesan para decir, quien si va y quien no va”.

Situación que ha dificultado la consolidar la transición hacia la democracia y la vigencia del estado de derecho en el país.     

José Luis Guerra García

No habrá impunidad con servidores públicos corruptos

El Consejo de la Judicatura Federal es uno de los primeros en denunciar irregularidades y delitos cometidos por sus servidores públicos, aseguró el consejero, Jorge Moreno Collado.

“Haciendo las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para que se persigan las malas conductas de los jueces y magistrados o secretarios en algún caso; estamos hablando de un secretario últimamente, que traicionan al Poder Judicial y que traicionan al pueblo de México”.

Afirmó que en el Consejo de la Judicatura Federal ni en otra estructura de gobierno, debe existir la impunidad.

En cuanto se detecte, hay que combatirla, aseveró Moreno Collado.

“Corrupción que debemos de extirpar del Poder Judicial Federal; no podemos negar de que se dan casos de corrupción, pero que allí donde tengamos los elementos suficientes, las pruebas suficientes, las acusaciones de quienes estén dañados o victimizados por los miembros del Poder Judicial, actuaremos con todo rigor”.

El Consejero fue entrevistado durante la inauguración del Seminario de Transparencia Judicial Federal.

Afirmó que la transparencia se da desde el momento en que las resoluciones y sentencias de los jueces y magistrados, se dan a conocer en las versiones públicas, a través de internet.

Miguel Nila

 

Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional

La corrupción y la impunidad son los principales obstáculos para que no se aplique la justicia en México.

Esto revelaron los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: Legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del estado, aplicada personalmente a 2 mil 208 personas de todo el país.

Encuesta que habla en general del sistema de justicia, sin distinguir ni materias, ni fuero federal o fuero común.

Fue elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, encabezados por su titular Héctor Fix-Fierro.

Según esta medición, cinco de cada diez entrevistados, señalaron que no existe un buen funcionamiento de la justicia en México por cuestiones de corrupción, desigualdad, impunidad e incapacidad.

De acuerdo con la encuesta, entre los errores de la justicia, lo peor para una sociedad es encarcelar a un inocente, según  el 44.9 por ciento de los encuestados, mientras que el 42.1 dijo que lo peor sería dejar libre a un culpable.

El estudio arrojó que para el 37. 2 por ciento el amparo sirve “mucho” como una medida de defensa legal frente al gobierno, mientras que para el 47.8 por ciento sirve “poco”.

El 43.3 por ciento consideró muy justas y justas, simplemente, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, mientras que 27.8 las calificó como injustas.

El 47.7 por ciento señaló que los jueces son totalmente y bastante independientes para tomar sus propias decisiones, mientras que el 30 por ciento los consideró poco independientes.

Sobre la posibilidad de que los juicios orales mejoren mucho, algo o poco, la impartición de justicia en el país, 74.4 por ciento se pronunciaron a favor, mientras que 11.2 dijo que no mejoraría.

Para seis de cada diez entrevistados, los derechos humanos en México se respetan poco o nada.

Los primeros en violar las leyes, según los encuestados son los políticos, la policía, la gente y los funcionarios.

Seis de cada diez encuestados están de acuerdo con la revocación del mandato presidencial.

Seis de cada diez señalaron como “bueno” que el congreso de la unión se oponga a las medidas del ejecutivo.

El 51.7 por ciento calificó como positiva la mediación de la Suprema Corte de Justicia en conflictos entre los otros dos poderes.

En materia de seguridad pública, los principales temores son robo con violencia, ser víctima del narcotráfico y el abuso de las fuerzas de seguridad pública.

El 54.8 por ciento respondió que se pueden respetar los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada.

Nueve de cada diez rechazaron ser investigados sin orden judicial en su hogar.

Ocho de cada diez consideraron que la gente no está protegida contra el abuso de la autoridad.

En torno a valores, la seguridad estuvo encima de la libertad.

En materia de confianza el promedio más alto lo obtuvieron las universidades públicas, luego el ejército.

Los partidos políticos, los diputados y la policía, ocuparon los últimos lugares.

Francisco Barradas Ricardez

Piden a la ALDF llamar a comparecer a funcionarios

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pidió a la Asamblea Legislativa  llamar a comparecer a los titulares de las dependencias que se han negado a aceptar de manera integral, 9 de las 13 recomendaciones que emitió durante 2010. 

Manifestó que los responsables son los titulares de las secretarías de Gobierno, Salud, Seguridad Pública, Procuraduría de Justicia, Jefatura de Gobierno, Oficialía Mayor, Instituto de Educación Media Superior y Delegación Venustiano Carranza.

“De forma sistemática rehúsan aceptar en su totalidad estas resoluciones y con frecuencia condicionan el cumplimiento de los puntos recomendatorios que si deciden aceptar, sin reparar en que estas prácticas implican evadir la responsabilidad que tienen frente a las víctimas y en reiteradas ocasiones utilizan argumentos de extremo formalismo jurídico para cuestionar la validez o el contenido de las mismas recomendaciones”, Luis González Placencia, Presidente CDHDF.

En la mayoría de casos se negaron a aceptar la reparación del daño económico y moral ocasionado a las víctimas de estas violaciones o bien, a suspender obras que afectan el medio ambiente de los habitantes de la capital.

“Relativo al caso de la supervía, en el que el gobierno del Distrito Federal no ha acatado algunos puntos recomendatorios, sobre todo aquellos que tienen que ver con la protección a la ecología, al agua, a la vivienda”, Manuel Fuentes Núñez, Consejero CDHDF,

Reconocieron que de manera paralela, se han iniciado diversos procedimientos en contra de los servidores públicos que se niegan a cumplir con estas recomendaciones.

“En realidad es parte de las determinaciones que las recomendaciones señalan, el inició de los procedimientos penales y administrativos, de hecho los estamos ya iniciando durante la investigación porque se trata de, de jurisdicciones distintas”, Luis González Placencia, Presidente CDHDF.

Recordaron que los servidores públicos están obligados moral y legalmente a acatar las recomendaciones de la comisión, pues su incumplimiento, lo único que genera es impunidad. 

José Luis Guerra García.

La impunidad en delitos de trata de personas alcanza niveles de más del 90%

En México, la impunidad en delitos de trata de personas alcanza niveles de más del 90%.

De acuerdo con especialistas, esto responde a las limitaciones legales, la dificultad de prueba del delito y la ausencia de denuncia.

“La trata interna, se da, existe, es un fenómeno casi 100 veces más grande que la trata internacional y lo han dejado a los congresos de los estados y cada estado ha hecho barbaridades con sus leyes”, Teresa Ulloa, Dír. Regional Coalición Contra Tráfico de Mujeres y Niñas.

“Cuando el padrote le dice a la mujer que prostituye, mira los policías van a querer extorsionarte, van a querer tener relaciones contigo, protégete, no digas tu nombre, de dónde vienes, ni nada, es exactamente cuando el discurso se vuelve realidad y vienen los operativos y las tratan y violan los derechos humanos de estas mujeres”, Óscar Montiel, Investigador CIESAS.

En mesa de discusión en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, los investigadores señalaron que hay usos y costumbres en México que fomentan el delito de la trata.

“Una región, compuesta de alrededor de 11 municipios que se caracterizan por la producción de proxenetas en esas comunidades se enseña a los hombres cómo hablarle a las mujeres, cómo enamorarlas y cómo iniciarlas en la prostitución”, Óscar Montiel, Investigador CIESAS.

Destacaron que estudios realizados en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, revelan que, desde 2007, hay un incremento del 50% en el número de hombres que se dedican a traficar mujeres.

Dijeron que  entre los 12 y 13 años de edad, es la etapa de mayor vulnerabilidad para que las menores sean inducidas para la trata.

Mario López Peña

Llaman a firmar acuerdo nacional

Líderes empresariales, académicos y representantes de la sociedad civil hicieron un llamado a firmar un acuerdo nacional, para combatir la pobreza, violencia, impunidad y corrupción que lastiman al país.

 “La realidad de México duele profundamente y me niego a aceptar eso, hay tramos de nuestra realidad que indignan, de justicia, de derechos humanos, de economía y me niego a aceptar que esa es la herencia a mis hijas, a mi hijo, me duele profundamente que tengan miedo de salir a la calle, me avergüenza explicarles la impunidad”, Emilio Álvarez Icaza, Ex Ombudsman Capitalino

En conferencia de prensa, los promotores del acuerdo nacional explicaron que el objetivo es que los ciudadanos y los políticos se den la mano para buscar el bien de México.

“Exigimos nosotros los ciudadanos un avance sin pausa hacia un pleno Estado de Derecho y por tanto un drástico abatimiento de la impunidad y la corrupción, causas principales del avance del crimen organizado”, Alberto Núñez Esteva, Presidente de Sociedad en Movimiento.

 “Lo que necesitamos es sumarnos a más mexicanos que estén deseosos de tener un mejor país… Podemos exigirles a nuestras autoridades, exigirles a nuestros políticos que el país que hoy tenemos no es el país en el que nosotros queremos vivir”, María Elena Moreira, Presidenta de Causa Común.

El acuerdo nacional es impulsado por el grupo “México a Debate”, que desde hace dos años ha sumado el apoyo de 214 organizaciones de la sociedad civil y más de 100 mil ciudadanos.

“Y el resultado final de este gran esfuerzo, de este gran movimiento de todos ustedes, de todos los mexicanos, tiene que ser impulsar una nación justa, una nación libre, una nación de oportunidades y una nación prospera para todos, en donde todos los mexicanos tenemos derechos y tenemos obligaciones”, Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente de COPARMEX.

Las organizaciones que impulsan el acuerdo nacional aseguraron que lo más urgente que requiere el país es concretar la reforma política.

“Si no arreglamos la política no vanos a poder arreglar la economía, no vamos a poder arreglar ningún otro problema de México, necesitamos reglas del juego que incentiven el buen trabajo político, el buen trabajo legislativo, la productividad, la legitimidad, el poner enfrente las necesidades ciudadanas”, Patricia Mercado, Ex Candidata Presidencial.

Pidieron el apoyo de todos los sectores de la sociedad  para que se firme el acuerdo nacional lo más pronto posible y así alcanzar los acuerdos que necesita el país.

Juan Carlos González