Presentan libro “La ejecución de medidas aplicadas a los adolescentes infractores”

En el Distrito Federal sólo el 0.9 % de los casi mil adolescentes en reclusión son estudiantes con empleo.

El 70 % de esos jóvenes se encuentran internos por robo.

Situación que demuestra el grado de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes ante la falta de oportunidades y la desintegración familiar.

 “El estado de vulnerabilidad de nuestros niñas, niños y adolescentes hacen que sólo en un paso, en un momento puedan convertirse de ser víctimas a ser victimarios”, Sara Irene Herrerías, Asesora Oficialía Mayor PGR.

En el Instituto Nacional de Ciencias Penales se presentó el libro “La ejecución de medidas aplicadas a los adolescentes infractores” de Sofía Cobo Téllez.

“Entonces, enmarcado en la corriente teórica del garantismo, la doctora Cobo recoge un tema que me parece de lo más importante, el del adolescente como sujeto de derechos, como sujeto sí y no objeto de la sociedad o de sus instituciones”, Federico LeFranc Weegan, Investigador INFOTEC.

“Yo creo que una cosa que no puede permitirse en ningún caso es atentar contra la dignidad humana, implica no cosificar a nadie y mucho menos desperdiciar a nuestra juventud en éstas cosificaciones”, Rafael Estrada Michel, Director General INACIPE.

La responsabilidad penal de los adolescentes ha sido un tema abordado internacionalmente a partir de la creación de cuatro instrumentos básicos de Naciones Unidas.

“Se da una transición de un sistema represivo a una de responsabilidad garantista en el cual la jurisdicción especial propone ampliar garantías y adoptar las medidas orientadas al reparo de la víctima y educación del menor de edad infractor de la ley, relegando a casos estrictamente necesarios su internamiento”, Sofía Cobo Téllez, Autora de la obra.

En el libro la autora plantea que la ejecución de medidas aplicadas a adolescentes infractores debe ser diferenciada y en condiciones de respeto a la dignidad humana.

La obra es resultado de una investigación de 100 expedientes de ejecución de medidas entre 2007 y 2008, para corroborar la aplicación de las reformas constitucionales de 2005 en la materia.

Emmanuel Saldaña

Feminicidio en México

La creación de tipos penales y penas más severas no son los instrumentos idóneos para luchar contra el feminicidio.

Es parte de las conclusiones del libro “Si te callas, te mueres. La violencia contra las mujeres en México”, de Italy Ciani Sotomayor.

Durante la presentación de la obra en el INACIPE, se destacó la importancia de tratar el tema desde una intervención interdisciplinaria.

“Es un grito al sistema penal que no ha cumplido  con las funciones de castigar a quienes violentan a las víctimas especialmente mujeres y sobre todo mujeres, es un grito el libro, al sistema penal dado que éste carece de personal capacitado, con calidad, con calidez y con visión profesional”, Pedro Peñaloza, Catedrático del Inacipe.

El libro plantea una radiografía sobre la violencia contra la mujer en los estados de la República.

Y puntualiza los casos en donde el aborto está penalizado.

“Ante la gravísima realidad de la violencia contra la mujer en países como el nuestro, la perspectiva que aporta la autora es una perspectiva integral del problema, el enfoque es transversal”, Rafael Estrada, Director del INACIPE.

La autora fue subprocuradora de Delitos contra la Mujer en el Estado de México y destacó la urgente necesidad de eliminar políticas públicas, prácticas y marcos normativos que generan violencia estructural y sistemática contra la mujer.

“En la realidad cotidiana, la agencias del Ministerio Público, de los juzgados, de la vida de miles de familias de este país donde las mujeres el lugar donde más seguras debieran estar es en su casa, es en donde es más probable que puedan encontrar la muerte, así que por eso me decidí a escribir este libro para no quedarme con todo esto”,Italy Ciani Sotomayor, Autora.

La obra propone una política criminal basada en los principios de mínima intervención y proporcionalidad con perspectiva de género.

Martha Rodríguez

Dicta Ministra Sánchez Cordero Conferencia Magistral “Juzgar con perspectiva de género” en el INACIPE

Juzgar con perspectiva de género implica que se perciba la existencia de discriminación contra la mujer en la aplicación de la ley, advirtió la Ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero.

Es responsabilidad del juzgador, dijo, establecer los mecanismos que garanticen el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

“Y por ello, y a partir de ello, establezca una estrategia que aminore o que elimine tal aplicación de la ley de manera diferente para hombres y mujeres lo cual el juzgador tiene gran posibilidad de realizar con el actual marco constitucional”.

Durante la Conferencia Magistral “Juzgar con perspectiva de género”, que dictó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Ministra Sánchez Cordero destacó que la Reforma en Derechos Humanos Del 2011, contribuyó a afianzar los derechos de la mujer.

“Los derechos humanos de la mujer no podrían vislumbrarse de otra manera que no fuera bajo el nuevo marco constitucional e interpretados como dice el artículo primero, de conformidad con la Constitución, con los tratados internacionales y favoreciendo en todo momento a la persona, es decir, el principio pro persona”.

El Sistema Interamericano al que pertenece México, hace valer los derechos de las mujeres bajo los principios de igualdad y no discriminación, contenidos en tratados y convenciones internacionales.

“Quienes impartimos justicia debemos hacerlo garantizando los derechos fundamentales a la luz de estos dos principios”.

La Ministra Olga Sánchez Cordero recordó que el Estado mexicano está obligado a proteger jurídicamente y garantizar, a través de sus tribunales nacionales, la protección efectiva de la mujer contra cualquier acto de discriminación.

Martha Rodríguez

CPI recibe tres solicitudes para investigar 90 mil homicidios en México

La Corte Penal Internacional podría pedir a México información sobre las acciones que ha tomado para esclarecer más de 90 mil homicidios, 25 mil desapariciones forzadas, 5 mil casos de tortura y un número indeterminado de ejecuciones extra judiciales.

Crímenes que pueden ser considerados de lesa humanidad y que hasta la fecha, el gobierno no ha investigado para castigar a los responsables.

La Corte  Penal Internacional ha recibido tres peticiones de diversas organizaciones y particulares, pidiéndole a la fiscalía iniciar una investigación sobre estos hechos, se dijo en un foro organizado por el INACIPE.

“Entonces pues con todos estos números, la corte, y el incipiente número de sentencias de funcionarios de alto nivel o de dirigentes que cometieron estos crímenes pues hace posible que la corte pueda poner los ojos en México, para investigarlos”, José Antonio Guevara, Director Ejecutivo Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Una muestra de la omisión de la autoridad responsable, es que no existe ninguna sentencia en la que se castigue a los responsables de estos hechos.

“Yo creo que objetivamente no tendría cómo, el estado mexicano poderle proporcionar información a la corte para decirle mira cuantas sentencias tenemos, en tortura es lo mismo y en ejecuciones extrajudiciales es exactamente lo mismo… No hay sentencias relevantes de tribunales imparciales e independientes que responsabilicen a servidores públicos”.

En las denuncias se señala como responsable de estos hechos, al ex presidente Felipe Calderón.

“Pero tengo información que sí indica, que sí señalan no nada más al ex presidente, sino a otros funcionarios públicos y algunos miembros del crimen organizado”.

Indicó que las pocas sentencias que se han emitido son de tribunales militares, que desde su punto de vista no tienen competencia en este tipo de casos.

José Luis Guerra García

Presentación del libro, Cortes de Cádiz ¿Génesis y topos del liberalismo mexicano?

En las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, se recoge el espíritu protector de las Cortes y Constitución de Cádiz, aseveró el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza.

Durante la presentación del libro, Cortes de Cádiz ¿Génesis y topos del liberalismo mexicano? Indicó que también se encuentra en ellas, el espíritu liberal de José Miguel Guridi y Alcocer y Miguel Ramos Arizpe.

“A partir de nosotros, México, hoy, en estas reformas constitucionales tan importantes, vemos plasmados estos principios de Cádiz, vemos plasmados estos trabajos de estos dos clérigos que los impulsaron que los impulsaron, precisamente, no en un trabajo específico lugar, sino para toda la América y para toda la América a partir de valores universales”.

Las Cortes de Cádiz, fueron la base del constitucionalismo del México independiente, en el que se parte de reconocer derechos civiles y políticos a los ciudadanos.

“Orgullosamente fue la primera América, y de que podemos decirle al Estado de Texas, que insiste en celebrar el ojo por ojo y el diente por diente, que la razón última de su independencia, lo que acabas de mencionar, querer seguir manteniendo esclavos”, Jorge F. Hernández, Historiador.

La Ley suprema desde aquella época, no tenía otro propósito más que el de asegurar la soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos.

“Fíjense Guridi y Alcocer 1811, es más ley que cualquier otra ley, no debe tener más norte que la justicia, esto no se decía tan fácilmente”, Rafael Estrada Michel, Director INACIPE.

Los ideales impulsados por estos dos pensadores liberales mexicanos y que se estudian en la obra, siguen vigentes en la actualidad.

“Estos dos padres del constitucionalismo y porque no, estos dos padres de la patria, fue precisamente el poder lograr no, aquel propósito de Guridi era anhelar la soberanía, la independencia, pero sobre todo obtener la libertad no”, Juan Ignacio Mora Hernández, Autor del libro.

El libro cuenta con una presentación del ministro en retiro, Mariano Azuela Guitrón.

José Luis Guerra García

El juez en el sistema penal acusatorio

El Poder Judicial de la Federación mantiene su esfuerzo por capacitar a los servidores públicos para favorecer la implementación del nuevo sistema penal adversarial.

Por ello llevó a cabo el Seminario El juez en el sistema penal acusatorio.

Isabel Maldonado, especialista en el sistema y catedrática en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, explicó las funciones del juez de control a la luz del anteproyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los jueces de control tienen sustento en el artículo 16 décimo cuarto párrafo de la Constitución.

Su labor es resolver, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial.

“Las medidas de protección persiguen al éxito de la investigación tanto la protección de víctimas y testigos… Las providencias precautorias tienen por objeto garantizar la reparación del daño a la víctima y al ofendido”.

Con ello, explica la Carta Magna, se busca garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos.

La labor del juez de control será clave, dijo la especialista, en determinadas técnicas con las que frecuentemente se cometen violaciones a los derechos humanos.

“Las técnicas de investigación tendientes a esclarecer los hechos generalmente no requieren de una autorización judicial salvo la más común que es la inspección a un lugar cerrado como técnica, que legalmente se llama cateo”.

Recordó que deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y ministerio público y demás autoridades competentes.

Mario López Peña

“La responsabilidad social de la contratación pública en el combate a la corrupción” de Bruno Ariel Rezzoagli

Combate a la corrupción.

La contratación pública es un terreno fértil para la corrupción.

Un ámbito de interacción entre los sectores público y privado  que culmina con la relación jurídica del estado con un tercero.

La corrupción se vincula directamente con el incumplimiento de funciones en detrimento de los bienes públicos, así lo afirmó el investigador Bruno Ariel Rezzoagli.

 “La corrupción estaría vinculada al abuso de la posición que un sujeto ocupa dentro de una determinada estructura, sea esta económica, política o social”.

Señaló que en la contratación pública está involucrada una gran cantidad de recursos, lo que genera incentivos para la corrupción.

Sin embargo, dijo, también puede ser instrumento para su combate.

 “La contratación pública es una de las herramientas más importantes que tiene el Estado contemporáneo para promover la responsabilidad social corporativa e involucrar al sistema empresarial en la promoción de la transparencia y prevención de la corrupción”.

La transparencia, aseguró, es uno de los principales instrumentos para combatir la corrupción.

“El combate a la corrupción, sabemos es un compromiso en este país, porque la corrupción desafortunadamente es una práctica arraigada, un deporte con mayor difusión que el fútbol soccer”, Rigoberto Ortiz, Investigador INACIPE.

Bruno Ariel Rezzoagli presentó su libro “La responsabilidad social de la contratación pública en el combate a la corrupción” en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

En la obra, el autor presenta una serie de recomendaciones de cómo puede incidir la función pública en la responsabilidad social.

Emmanuel Saldaña

El acceso a la justicia es un derecho humano contemplado en la Constitución

El acceso a la justicia es un derecho humano contemplado en la Constitución y en tratados internacionales.

En conferencia en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el juez Antonio Cortés Mayorga afirmó que más que una prestación del Estado, constituye un derecho fundamental.

 “Este derecho de la accesibilidad a la justicia efectiva ha dejado de ser simplemente lo que hasta hace un tiempo se contemplaba, y que me parece equivocado por parte de la autoridad, el servicio de prestación de justicia”.

Sin embargo, dijo, en México existe una problemática social que obstaculiza el pleno goce de este derecho.

La desigualdad económica, la falta de organización de los tribunales y las dificultades procesales.

Señaló que la población que tiene menor acceso a la justicia se encuentra en los que denomina como grupos en condiciones diferentes.

Los niños y adolescentes, las mujeres, los personas con discapacidad, los indígenas y los migrantes.

Este derecho tiene impacto en toda la sociedad por lo que aseguró,  tiene que ser observado desde diversos enfoques.

El económico, político, cultural, psicológico, sociológico y antropológico.

 “Este derecho de acceso a la justicia, al día de hoy no debe ser observado simplemente desde una óptica jurídica o jurisdiccional, este derecho de acceso a la justicia es multidisciplinario”.

Concluyó que el Estado debe garantizar la igualdad más allá de la mera formalidad, para un pleno acceso a la justicia.

Emmanuel Saldaña

Académicos y funcionarios celebraron la puesta en marcha de la Licenciatura en Ciencia Forense

Fue inaugurada la Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM.

Académicos y funcionarios celebraron la puesta en marcha de la Licenciatura en Ciencia Forense.

Coincidieron en que la ciencia será una herramienta clave para la impartición de justicia en nuestro país.

“Aquí en la procuraduría capitalina, nos va a ayudar mucho para los temas ahora que se implemente el nuevo sistema de justicia penal acusatorio”, Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia D.F.

“Todo lo que sea profesionalizar, el hecho de que la prueba sea un instrumento cabal para la toma de decisiones… Es una gran noticia y para eso necesitamos profesionales que se formen desde el primer momento de su carrera universitaria en estar concentrados en la obtención de este tipo de testimonios privilegiados por la ciencia”, Rafael Estrada Michel, Director INACIPE.

“Todo mundo está de acuerdo en que el nuevo sistema de justicia penal pues es un sistema que se tiene que apoyar muchísimo más en los conocimientos científicos, en las pruebas científicas porque eso es lo que se va a examinar eventualmente en los juicios que llamamos orales, entonces el país tiene que preparar a la gente que va a ser capaz de coordinar todas esas actividades de generación de pruebas científicas”, Héctor Fix Fierro, Director IIJ UNAM.

“Yo creo que es fundamental que a la luz de los nuevos retos que impone los cambios que en materia penal estamos teniendo, el cambio hacia la oralidad pues haya una profesionalización de toda la dimensión científica de la procuración de justicia”, Lorenzo Córdova, Consejero IFE.

La primera generación de estudiantes de esta licenciatura confía en que la profesionalización de los estudios de la pruebas en los procesos penales marcará la diferencia en la impartición de justicia.

 “Yo soy un aficionado de las ciencias y creo que nuestro país en estos momentos es lo que necesita, la aplicación de las ciencias para la impartición de justicia”, Antonio Martínez, Estudiante Ciencia Forense.

 “El ver que el país está viviendo una época en la que de verdad se necesita que haya personas preparadas para poder resolver todos los crímenes y que no solamente se queden en papeleo”, Denisse Chávez, Estudiante Ciencia Forense.

La Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM contribuirá a lograr una sociedad más justa y segura.

Emmanuel Saldaña

Cuestan ciberdelitos más de 110 MMDD en 2012

Los ciberdelitos costaron más de 110 mil millones de dólares a nivel mundial en 2012.

En México estos delitos causaron un daño de  2 mil millones de dólares.

Estas cifras se dieron a conocer hoy en la inauguración del Congreso Internacional de Cibercriminalidad, organizado por el INACIPE y la PGR.

En México el robo de propiedad industrial e intelectual corresponde al 35% de los ciberdelitos, seguido por amenazas, difamación, fraude,  abuso de confianza y pornografía infantil.