Reconoce INACIPE labor de sus doctores honoris causa

El INACIPE reconoció la labor de sus doctores honoris causa.

Por la defensa que han hechos de derechos humanos a lo largo de la historia.

Los reconocidos fueron, el Ministro Presidente de la Suprema Corte Juan Silva Meza, Sergio García Ramírez, Antonio Sánchez Galindo, Sarah Bialostosky, Olga Islas y Magallanes, Luis Rafael Moreno González, Luis Rodríguez Manzanero, Ricardo Franco Guzmán y Moisés Moreno Hernández, entre otros.

Juristas mexicanos destacados que se han comprometido con esa digna causa.

Homenaje que se realizó en el marco de la Jornada Iberoamericana por la Abolición Universal de la Pena de Muerte.

En un continente en donde sólo 13 países han suscrito un protocolo contra la pena capital, se dijo, es necesario que se defienda el derecho a la vida.

 “Recientemente la protección de la vida se ha incorporado después de la reforma constitucional del año 2011, en el núcleo duro de los derechos humanos poniendo bajo el abrigo de la constitución a la vida”, Sergio García Ramírez, investigador IIJ UNAM.

Juristas cuya lucha constante, cotidiana e impecable por la racionalización del derecho penal ha contribuido a la protección de los derechos humanos en nuestro país.

Emmanuel Saldaña

Ejecución de penas y derechos humanos

En México no se está logrando una efectiva ejecución de penas que garantice los derechos humanos de los sentenciados.

Así lo señalaron especialistas en política criminal y en ciencias penales, al subrayar que no están funcionando los jueces de ejecución de sanciones.

“El tratamiento no debe acrecentar esta exclusión social de los sentenciados, debe concebirlos como parte de la sociedad, inculcar en ellos un sentido de responsabilidad y respeto hacia la misma”, Sofía Cobo, Investigadora INACIPE.

“Promover prácticas de reinserción y de tratamiento exitosas que ya se sabe dónde están y que han tenido éxito y que sin vulnerar los derechos humanos realmente logran la reinserción”, Sergio Correa, Investigador CEPOLCRIM.

Sergio Correa, investigador del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, subrayó que no se están librando las tensiones en la vigilancia de la ejecución de sentencias.

“Algunos creen que nada más que el juez de ejecución, con una varita mágica va a resolver todos los problemas, eso es metafísica”.

Sofía Cobo investigadora del INACIPE, aseguró que se deben establecer tratamientos para los sentenciados vistos como pacientes, enfermos sociales o enfermos mentales.

“La prisión debe de sufrir una transformación en aras del garantismo penal, se deben de proteger los derechos de los sentenciados, se debe mirar por la prevención del delito y se deben de prevenir también las penas arbitrarias y desproporcionadas”.

Coincidieron en que es necesario unificar criterios para guiar la ejecución de sanciones en México.

Mario López Peña

Foro “El Ius Puniendi Mexicano”

Foro “El Ius Puniendi Mexicano”

México sigue en la búsqueda de consolidarse como un Estado constitucional y democrático de derecho.

A 200 años del reglamento del Congreso con que se inauguró la vida parlamentaria del país en Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813, el sistema jurídico mexicano ha evolucionado.

Desde 2008 el proceso penal avanzó hacia un derecho principialista, fijándose en los valores del ordenamiento antes que en las reglas de estricto o no estricto cumplimiento.

Se afirmó en el foro “El Ius Puniendi Mexicano” en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

 “Seguimos entendiendo que un proceso correcto de enjuiciamiento del orden criminal es un pendiente de la República pero es también algo que constituye en sí mismo un orden de libertades, de igualdades, de fraternidades en un país que aspira ser un Estado liberal”, Rafael Estrada Michel , Director General INACIPE.

El foro se realizó para conmemorar los 200 años de los Sentimientos de la Nación y del Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional como orígenes del sistema jurídico mexicano.

Primeras reglas jurídicas que surgieron de la necesidad de un proceso adecuado para encausar principalmente los juicios del orden criminal.

“En donde las partes se hallen en igualdad estricta de posibilidades de defensa y de contra argumentación, en el que también exista la apertura a los medios de conciliación tempranamente vistos por Morelos”.

Se dijo que una vez consolidado el Estado liberalista tras el movimiento de Independencia, la materia jurídico penal se convirtió en uno de los ejes principales de la nación.

Emmanuel Saldaña

Regla de exclusión en el nuevo sistema de justicia

La reforma constitucional en materia penal de 2008 no contempló en forma la regla de exclusión para el nuevo sistema de justicia, aseguró Frank Osorio, profesor del INACIPE.

La Constitución mexicana establece en el artículo 20, apartado a, fracción novena, que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula.

“Implicaría que se deba de admitir y se declare su nulidad hasta el dictado de la sentencia, pero mientras ya contaminó al juez, y si es evidencia muy contundente pues no hay forma de echarla atrás… El problema de la reforma en México es que la estamos mexicanizando y lo estamos haciendo un poquito mal”.

La regla de exclusión se aplica en Estados Unidos desde 1887 y se basa en la protección contra violaciones a las enmiendas constitucionales.

“Cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales deberá ser excluida tuvo que haber dicho la Constitución para qué, para que entonces arropáramos el sistema acusatorio las reglas de exclusión”.

Destacó que para exigir en un proceso la exclusión de una prueba ilícita habrá que citar la jurisprudencia de la Décima Época emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que determinó que la nulidad de este tipo de prueba es una garantía del inculpado.

La regla de exclusión de la prueba ilícita, indica esta jurisprudencia, está implícita en nuestro orden constitucional.

Mario López Peña

Bioética, un acercamiento al derecho

Es necesario acelerar y reforzar los puentes entre la bioética y el derecho, para evitar que los avances científicos afecten el bienestar del ser humano y su entorno.

Así lo señaló la Doctora Ingrid Brena Sesma, investigadora de la UNAM, al participar en el foro: “Bioética, un acercamiento al derecho”, que se realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Explicó que el avance de la ciencia va más rápido de lo que puede ir el derecho, por lo que éste tiene que ser modificado constantemente, con el apoyo de la bioética.

 “Desafortunadamente luego los legisladores les preocupan más cuestiones energéticas o de elecciones que estos temas y los dejan relegados, a pesar de que también son de urgente resolución porque tienen que ver con el bienestar del ser humano, pero desafortunadamente vamos muy lento en materia de legislación”.

Explicó que la bioética es una reflexión multidisciplinaria que tiene como objetivo garantizar el bienestar del ser humano, ante el avance de la ciencia.

Reflexión que, dijo, no sólo debe estar presente en la elaboración de las leyes, sino también en la interpretación y la aplicación del derecho.

 “También los jueces están ávidos de esta reflexión que les ayude a tomar sus decisiones… ¿Qué es lo que quiere el derecho? Necesita información para establecer su reglamentación, su regulación, entonces por eso es muy importante ¿Quién le va a dar esa información? Se la va a dar la bioética”.

Destacó que la relación entre bioética y derecho ha ayudado a revisar conceptos novedosos como la muerte cerebral, la ayuda o inducción al suicidio, la interrupción del embarazo, la manipulación genética, entre otros.

Juan Carlos González

Exposición “Las ciencias del arte”

En el lobby de las salas de seminarios del Instituto Nacional de Ciencias Penales, se lleva a cabo la exposición “Las ciencias del arte”.

“Esta expo es hasta cierto punto insólita porque estamos a que el arte sólo puede estar en museos, galerías o centros culturales, casas de la cultura o universidades”, Jazzamoart, Artista.

Está compuesta por diversas obras cuyo hilo conductor es el lenguaje gestual y expresionista.

Las temáticas van de lo festivo a lo dramático, de lo colorido a lo oscuro, y de la premisa de vincular la cotidianeidad de las ciencias penales con la expresión pictórica.

“Abrirles un poco el panorama y que tengan contacto con el arte con las cosas que provocan los placeres de la vida y que no todo se esté tratando con homicidios, lesiones, violaciones con cosas tan terribles que vemos por acá”, Rafael Estrada, Director General INACIPE.

Esta exposición incluye obras que plasman elementos culturales relacionados con el derecho, la historia y el arte.

Al tlacuilo, es decir, el dibujante de códices prehispánicos.

“Ayudar a la impartición de justicia y a que tengamos una mejor justicia, sobre todo en un México tan difícil que estamos viviendo”, Jazzamoart, Artista.

La exhibición de Las ciencias del arte permanecerá abierta al público hasta el 30 de agosto de 2013.

Oscar González

Detección de mentiras en juicios orales

La psicología jurídica será esencial para la efectividad en la investigación y en los testimonios en los juicios orales, aseguró Juan Fernando González, especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

“El abogado se tiene que regir con nuevas herramientas metodológicas y entender cómo la psicología jurídica va a influir en la cuestión de testimonio”.

En conferencia, explicó que se necesita la capacitación sobre entrevista profunda de los inculpados.

Esta capacitación, dijo, se tendrá que enfocar en protocolos integrados de interrogatorio como:

-La detección de microexpresiones
-El lenguaje corporal
-La proxemia o empleo y percepción que el ser humano hace de su espacio físico
-El sistema ocular

“Lo que es la tecnología en la grabación en el sistema acusatorio nos van a ayudar a aparecer, a detectar esa microexpresión”.

Señaló que deben desaparecer mitos, como el polígrafo como detector de mentiras.

“Un mito que tenemos es en cuestión del polígrafo, el polígrafo no te está diciendo si la persona te está mintiendo o no, lo que te hace es medir las respuestas y los estímulos que aparecen ante la situación de emoción que puede estar viviendo el individuo”.

Los encargados de realizar los interrogatorios, subrayó, tendrán en reto de obtener información clave para un juicio sin atentar contra los derechos humanos del entrevistado.

Mario López Peña

Ministro Cossío en el Encuentro de Derechos Humanos, Jurisprudencia y Presupuestos de la Ética

Es necesario un cambio del discurso emotivo de los derechos humanos a un discurso técnico en la materia, aseguró José Ramón Cossío, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Vamos a acabar generando más resistencias que impulsos y a partir de ahí tenemos que generar un discurso técnico… Mí lo que me da mucho temor es que acabe, en un momento de gran inseguridad en el país, y de muchos problemas, acabe confundiéndose y digan: esos de los derechos humanos son ingenuos, ilusos, naive”.

En el Encuentro de Derechos Humanos, Jurisprudencia y Presupuestos de la Ética, destacó que las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo rebasaron a las instituciones.

Remitió a un caso de protección de los derechos de los pueblos indígenas.

“Hay lenguas para las cuales no hay defensores, hay lenguas donde no hay traductores, no hay, es un problema donde el estándar constitucional se puso muy alto, está bien es una decisión democrática, pero no se ha construido, como creo que pasa en muchas cosas, donde no se ha hecho una construcción institucional que responda a esto”.

Rafael Estrada Michel, Director del INACIPE, destacó que además de la interpretación pro persona, debe haber una interpretación normativa pro dignitate.

“Porque cualquier discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar derechos y libertades de las personas es una discriminación prohibida por nuestro orden constitucional”.

Luis Miguel Cano, asesor en materia de derechos humanos de la Suprema Corte, aseguró que el principio pro personae, debe ser el eje para determinar cuál es la fuente normativa a que se debe recurrir.

“Nuestra constitución nos puede llevar a confusión… Estas confusiones de los artículos constitucionales, creo que han dado la pauta para que haya quien piense que el parámetro de control de constitucionalidad no barca las fuentes convencionales”.

Es necesario establecer parámetros al principio pro personae, destacaron, para que se sepa para qué sirve y no se convierta en un criterio subjetivo.

Mario López Peña

Democracia participativa

Para crear una verdadera democracia participativa es necesario que el Estado permita la intervención de la ciudadanía en asuntos de interés colectivo, así como en el debate, la decisión y la vigilancia de las políticas públicas.

Así lo señaló Rosario Tur, catedrática de la universidad “Miguel Hernández de Elche”, España, durante la conferencia que ofreció en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, sobre la democracia participativa en un contexto multinivel.

Aclaró que la democracia participativa no se da en el papel, sino con acciones concretas que sirvan a la ciudadanía.

 “El proyecto democrático participativo entiende que la participación es el eje de una práctica política que permite que la ciudadanía pueda intervenir en los asuntos de interés colectivo, creando sus propios espacios públicos para el debate, para decidir y para vigilar también las políticas públicas”.

Aseguró que la centralidad de la democracia mexicana dificulta el desarrollo de la democracia participativa, aunque sí se han desarrollado algunas prácticas participativas.

 “Encontramos normativa pero la rentabilidad de esa legislación es escasa y existe un riesgo enorme, que yo creo que hay que tener siempre en mente cuando uno tiene enfrente una ley de participación ciudadana a la simulación, son riesgos normales”.

Los fraudes en las elecciones y el desconocimiento de las leyes por parte de los servidores públicos, son otros de los vicios que mencionó la investigadora española.

Juan Carlos González

Emilio Rabasa Gamboa habla sobre el atraso de la implementación de la reforma penal de 2008

El Embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa, lamentó el gran atraso para la implementación en el país de la reforma constitucional en materia penal de 2008.

En los transitorios de esta reforma, se estableció un periodo de ocho años para su implementación.

“Ya llevamos desde el 2008 al 2013 casi cinco años, ya faltan tres y lamentablemente el atraso en el que nos encontramos es muy crítico, solamente tres entidades federativas, Estado de México, Morelos y Chihuahua lo han completado en un cien por ciento”.

En conferencia en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, destacó que la falta del Código Federal de Procedimientos Penales ha frenado la implementación de la reforma en el ámbito federal.

“Ésta es la que le va a permitir ahora sí hacer efectiva la del 2008, este era el eslabón que estaba condicionando hacer efectiva la de 2008”.

Es necesario, dijo, trabajar en al menos cinco ejes fundamentales de la reforma como son:

La procuración de justicia: con una policía científica y ministerios públicos capacitados.

La defensoría de oficio mejor pagada y de calidad.

Los jueces de control.

La prisión preventiva.

Y; los medios alternos para la solución de controversias.

Mario López Peña