Procuraduría de Justicia de Aguascalientes da a conocer acuerdo

En Aguascalientes se dio a conocer el acuerdo de la Procuraduría de Justicia Estatal que considera como reservada toda aquella información bajo su resguardo, cuya divulgación pueda poner en riesgo la seguridad de la entidad, los municipios, de los servidores públicas, víctimas, familiares y testigos, o que pongan en riesgo las investigaciones. Entre estos documentos se encuentran las averiguaciones previas y carpetas de investigación.

80 % de los estados en la República Mexicana carece de mecanismos para defender el acceso a la información

El 80 % de los estados en el país carece de mecanismos suficientes para defender el acceso a la información.

“Sólo los estados de Tlaxcala, Distrito Federal, Durango, Chihuahua y Nuevo León se mantuvieron en el rango entre 60 y 70 puntos”, Gabriela Morales, México Infórmate.

El Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho a la Información, reveló que únicamente Puebla superó a todos los estados con 70.2 puntos.

La entidad peor calificada fue San Luis Potosí con 20.1 puntos, le sigue el Estado de México con 39.2.

“Los titulares evidentemente son difíciles de digerir, la calificación que ustedes pueden ver es preocupante”, Darío Ramírez, Artículo 19.

Tres categorías conforman en Índice del Derecho a la Información.

Transparencia y rendición de cuentas de órganos garantes, promoción del derecho de acceso a la información y resolución de controversias.

“No se puede mantener como un derecho solamente para la sociedad, para aquellas personas que tengan educación o para los académicos o para la sociedad civil”, Ana Cristina Ruelas, Artículo 19.

Entre las entidades mejor evaluadas estuvieron el Distrito Federal con 66.1 puntos, seguido de Durango, Chihuahua y Nuevo León.

Oscar González

Derecho a la información en México

Las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión representan un avance para reglamentar finalmente en México el derecho a la información.

Así lo señaló José Agustín Pineda, del Senado de la República, quien participó en el tercer día de trabajos del Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2013.

 “Ante un retraso de casi 40 años por reglamentar en nuestro país el derecho a la información en varias de sus vertientes, la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica, es un avance mayúsculo”.

El especialista impartió una Conferencia Magistral sobre la importancia de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y su impacto en el derecho a la información y la protección de datos personales.

 “Se reconoció en su magnitud la importancia de la libertad de expresión y el derecho a la información, como piezas básicas para el adecuado funcionamiento de toda democracia participativa”.

Destacó también la decisión que tomó el Congreso para quitar al Presidente de la República la facultad de otorgar las concesiones de radio y televisión.

Explicó que se busca que no sean criterios político-partidistas los que definan quién puede tener concesiones y quien no en nuestro país.

Otro beneficio de la reforma, señaló, es la licitación de dos nuevas cadenas nacionales de televisión, que promoverán una mayor competencia en beneficio de la población.

Juan Carlos González

Resuelve SCJN 99.89 % de las peticiones de acceso a la información recibidas en los últimos 6 meses

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 99.89 por ciento de las peticiones de acceso a la información recibidas en los últimos 6 meses.

De las 25 mil 273 solicitudes recibidas, la corte otorgó acceso pleno a la información a 24 mil 864.

24 mil 47 solicitudes se resolvieron de inmediato el mismo día que se presentaron.

De las 381 solicitudes restantes, 105 se enviaron a la unidad de enlace del Consejo de la Judicatura Federal puesto que es información resguardada.

105 corresponden a prevenciones no desahogadas, 35 pendientes de tramitar por ampliación de plazo y 82 están por resolverse.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con 48 oficinas para presentar solicitudes de información y orientación ciudadana.

En la segunda mitad del año, la Corte realizará los eventos “Agosto, mes de la transparencia” y “Seminario internacional de transparencia 2013”.

A diez años de la tutela efectiva del derecho de acceso a la información

La Relatora para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero, aseguró que deben establecerse mecanismos para lograr la transparencia de los partidos políticos.

“Al menos en lo que se refiere a la financiación de sus campañas y de otros asuntos de enorme relevancia pública, deben estar sometidos al derecho al acceso a la información”.

Reconoció que México está a la vanguardia institucional en materia de transparencia en América Latina.

“El IFAI es la joya de la corona de la transparencia en la región”.

En el foro A diez años de la tutela efectiva del derecho de acceso a la información, organizado por el IFAI, Arcadio Díaz, senador europarlamentario, subrayó que no todas las actividades del Estado deben ser transparentes.

“Hay actividades del estado que deben ser discretas y secretas… Todo aquello que no se mal logre, reitero, todo lo que no se mal logre su función con la transparencia debe ser público, es decir, el nombre de un confidente de la lucha contra el crimen organizado, si se sabe el nombre, se mal logra, no debe ser público”.

Por otra parte, en la conmemoración de diez años del ejercicio de acceso a la información, el Comisionado Presidente del IFAI, destacó que de dotarse de autonomía constitucional al IFAI se daría un paso importante para la democracia en México.

Previo a este acto, se realizó un homenaje a Alonso Lujambio, quien fuera comisionado presidente del IFAI.

Frente al representante del Poder Legislativo, comisionados y familiares, fue inaugurado el Auditorio “Alonso Lujambio” en la sede del instituto.

Mario López Peña

Protección de datos personales

Protección de datos personales

El IFAI debe mantenerse como el garante en la protección de datos personales, aseguró Sergio López Ayllón, Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.

“Frente a una reforma que le otorgará seguramente la autonomía constitucional, se han levantado dudas sobre si podría mantener su función de órgano garante en materia de datos personales o si debe crearse una nueva agencia… Desde el punto de vista constitucional el IFAI podría mantener su posición de órgano garante”.

Ante la propuesta de reforma del marco regulatorio del IFAI, apuntó a la necesidad de un diseño institucional adecuado.

El Comisionado Presidente del IFAI, reconoció que este instituto debe ser el garante en la protección de datos personales, así como en el acceso a la información pública.

La creación de una agencia protectora de datos personales, dijo, puede derivar en conflictos que terminen en órganos judiciales, causando más trabajo a este poder del Estado.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, 74 por ciento de las empresas reconocen qué es la regulación sobre la protección de datos personales en posesión de particulares.

“Eso nos deja ver que hay un 26 por ciento que todavía lo desconoce”, Claudia Ivette García, Dir. Gral. Innovación y Servicios Secretaría Economía.

México es el octavo país del mundo más vulnerable a la clonación de tarjetas de crédito.

Una razón para esto, explicaron los especialistas, está en una falta de cultura del uso precavido de los datos personales.

“No se puede recopilar datos personales sin confianza, esa confianza es el peligro que tenemos ahora con todo el poder de la nueva tecnología… La importancia a la vez, de un régimen jurídico claro y un régimen jurídico flexible como una ventaja económica para las empresas y para el país”, Chantal Bernier, Comisionada Adjunta Oficina Privacidad Canadá.

Max Diener, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, añadió que un sistema de protección de datos efectivo permitirá atraer inversiones por la confianza para iniciar negocios.

Mario López Peña

La Corte responde inmediatamente a peticiones de acceso a la información

Durante el año 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio respuesta inmediata, el mismo día, al 95.15% de las solicitudes de acceso a la información que recibió.

De acuerdo con el Informe Anual de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al Tribunal Constitucional llegaron, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, un total de 55 mil 209 solicitudes de información, de las cuales en 52 mil 532 peticiones, el tiempo de respuesta fue inmediato, a través del procedimiento sumario, es decir, el mismo día en que los peticionarios presentaron su solicitud, se les otorgó el acceso a la información.

Se precisa en el informe que del total de las 55 mil 209 solicitudes, se resolvieron 54 mil 433 (99.87%); mientras que de las 776 solicitudes restantes, 398 se remitieron a la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal por tratarse de información presumiblemente bajo su resguardo; 268 sobre prevenciones no desahogadas; 87 quedaron pendientes por tratarse de engroses de sentencias aún no concluidas y 23 cuyo trámite aún no se había agotado.

Del universo de las 54 mil 433 solicitudes resueltas por la SCJN, sólo en tres casos, es decir el 0.0056%, el peticionario manifestó inconformidad respecto de la respuesta recibida, razón por la cual la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales recibió igual número de recursos de revisión.

“Por lo anterior, se infiere que salvo esa mínima cifra, los peticionarios estuvieron conformes con la información otorgada por el Alto Tribunal o con la respuesta en la que se expresaron los motivos y fundamentos por los cuales no fue posible concederla”, se establece en el documento.

Se detallan, también, en el Informe los tiempos de respuesta en las solicitudes de acceso a la información. Los llamados procedimientos sumarios tienen respuesta inmediata, el mismo día en que se presenta la petición por parte del gobernado.

En tanto que en los procedimientos ordinarios, que se tramitan en la Unidad de Enlace, el tiempo de respuesta promedio es de 8.5 días hábiles, sin contabilizar los asuntos turnados al Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales o aquellos en los que declara la inexistencia temporal de la información.

La Unidad de Enlace entregó a los peticionarios, del 1º de enero al 31 de diciembre del 2012, diversa información en las cantidades y soportes siguientes: 73 mil 247 páginas impresas; 58 mil 930 copias fotostáticas; 13 mil 520 páginas digitalizadas; 536 discos en formato DVD y 408 discos compactos.

Se destaca que es el Distrito Federal la entidad que mayor número de trámites registra en petición de información con el 20.81% de las solicitudes resueltas mediante procedimiento sumario.

Con el propósito de que las personas puedan ejercer su derecho a la información, el Alto Tribunal cuenta con 48 oficinas en todo el país que fungen como módulos de acceso en cada entidad del país, independientemente de que se pueden presentar solicitudes a través del Sistema de Acceso a la Información (Infomex) disponible en el Portal de internet de esta institución.

De lo anterior, se desprende que durante el año pasado, de las 55 mil 209 solicitudes, 49 mil 889 se realizaron de manera presencial; 2 mil 854 a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (Infomex), y 2 mil 466 por otros medios, como son correo electrónico y vía telefónica.

Este informe fue entregado a diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia y rendición de cuentas.

Derecho a la privacidad

Ningún derecho es absoluto, incluido el de acceso a la información.

Manifestó el Ministro Luis María Aguilar, al participar en la mesa sobre El derecho a la privacidad, intimidad y honor, en las resoluciones del Poder Judicial de la Federación.

Indicó que en los casos de acceso a la información, el juzgador debe ponderar entre el interés público, la transparencia y los derechos de terceros.

“La Suprema Corte ha señalado como principio genérico, que el derecho a la información pública encuentra como límite la protección de la seguridad nacional y el respeto tanto de los intereses de la sociedad, como de derechos de terceros, como son su intimidad, su vida privada y cualquier referencia que permita identificarla y cuya conocimiento puede tener incidencia en cualquiera de sus otros derechos”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

Además, a través de diversos criterios en Salas y del Pleno, se ha precisado que la información de los expedientes judiciales en los que no hay una sentencia definitiva es reservada, al igual que las averiguaciones previas que lleve a cabo el ministerio público.

«Las averiguaciones previas se mantienen reservadas en atención a que la difusión de la información contenida en ellas, podría afectar gravemente la persecución de los delitos y con ello, el sistema de impartición de justicia”.

Se precisó que en cada caso en particular se debe analizar qué derecho es el que se potencia, si el de acceso a la información o el de privacidad.

“Normalmente si buscamos el máximo posible de derecho a la información, esto va a generar una disminución a los estándares de vida privada, por otra parte, si buscamos el máximo predominio o la máxima funcionalidad de la vida privada, el derecho a la información pueda llegar a tener mucho menos entidad o mucho menos dimensión”, Jean Claude Tron Petit, Magdo, Cuarto Tribunal Colegiado Materia Administrativa, Primer Circuito.

En el terreno político el derecho a la vida privada, el honor y la intimidad, tienen una menor protección.

«No es lo mismo decir, que un servidor público es corrupto, haber, no voten por él porque es corrupto, eso está permitido en los estándares internacionales, y es bien venido, el otro tiene que decir, no, yo no soy ningún corrupto, ese esto, entregué buenas cuentas, y que el otro trate de demostrar porque si, a decir está financiado por el narcotráfico», Salvador Olimpo Nava Gomar, Magdo, Sala Superior TEPJF.

Sin embargo, se aclaró que existen excepciones en estos criterios, pues en algunos casos se pueden omitir si el interés público es mayor al daño individual, que puede generar la revelación de ciertos datos.

José Luis Guerra García

Privacidad, intimidad y daño moral

Con el acceso a la información y la rendición de cuentas del Poder Judicial, se da cumplimiento a los derechos que sobre estos temas exige la población, advirtió el Consejero de la Judicatura Federal, Ernesto Saloma Vera.

Clausuró el Seminario Internacional de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas del Poder Judicial de la Federación que se realizó en la Ciudad de México durante tres días.

“Estamos seguros que este Seminario habrá de surtir los efectos que se pretenden, la evaluación de los servidores públicos de la Judicatura Federal”.

Previamente se llevó a cabo el panel «Privacidad, intimidad y daño moral», donde especialistas en medios de comunicación advirtieron que las nuevas tecnologías y la libertad de expresión corren el riesgo de judicializarse.

“En torno a una sociedad abierta, de una sociedad democrática, la libertad de expresión es un derecho fundamental, porque es sencillamente la prolongación de la garantía individual de pensar”, Héctor Villarreal, Director de Notimex.

Se habló de los retos que enfrentan autoridades y sociedad ante la penetración de las redes sociales como mecanismos de información.

“Queremos una sociedad plural, tolerante y abierta y el problema es que los nuevos escenarios de comunicación ponen a prueba y desafían mucho esto que hablamos de pluralidad, tolerancia y apertura”, Gabriela Warketin, Catedrática Universidad Iberoamericana.

El Director General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia Jorge Camargo, moderó la mesa.

“Cuando la judicialización del debate es que los grandes acuerdos o los mecanismos de acuerdos institucionales democráticos no están funcionando”.

La Suprema Corte de Justicia ha contribuido con resoluciones sobre temas de información y medios de comunicación.

“Destacan las tesis aisladas, libertad de expresión, derecho a la información, esta es muy importante, la responsabilidad al honor de funcionarios u otras personas con responsabilidad pública solo puede darse bajo ciertas condiciones más estrictas que las que se aplican en el caso de expresiones o informaciones referidas a ciudadanos particulares”, Eduardo Huchim, Académico.

Se destacó la necesidad de crear un modelo de regulación moderno para los medios de comunicación tradicionales y digitales.

Martha Rodríguez

Seminario Internacional de Acceso a la Información del Poder Judicial de la Federación

El acceso a la información es un derecho humano que ayuda a profundizar el estado democrático de derecho, por lo que debe ser garantizado por los jueces.

Así lo señaló la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, quien participó en el Seminario Internacional de Acceso a la Información del Poder Judicial de la Federación.

“Cómo la transparencia cambia la relación entre la persona y el Estado y ya no es el siervo, que obedece y que no pregunta y que no cuestiona sino es la ciudadana, el ciudadano militante que pregunta, cuestiona, interviene, debate, discute y decide porque tiene la capacidad para decidir”.

Destacó que el acceso a la información debe realizarse bajo los principios de máxima transparencia y buena fe.

Para lograr ese objetivo, señaló, los estados deben establecer de forma clara, en una ley, los casos en los que se puede restringir el acceso a la información.

“Porque tenemos que ver que cada que reservamos estamos afectando derechos, principios y garantías constitucionales y eso lo debemos de tener presente… La reserva absoluta no puede existir en el Poder Judicial”.

La Relatora Especial para la Libertad de Expresión reconoció los avances que ha tenido nuestro país en materia de acceso a la información y prueba de ello, dijo, es la realización de este seminario.

“Cómo hacer mejor la función judicial, cómo hacerla más transparente sin violar derechos de otras personas, cómo ganar más legitimidad, cómo permitir mayor y mejor control social, no se deben quitar eso, avanzar hasta el punto en el que ustedes están es dificilísimo”.

Dijo que además de promover el acceso a la información en las sentencias, el Poder Judicial está obligado a hacerlo también en la administración de los recursos y en los procesos disciplinarios.

Juan Carlos González