Resoluciones de las Salas de la SCJN

La Primera Sala de la Corte determinó que en el caso del delito de administración fraudulenta, los socios de la persona moral son sujetos pasivos del ilícito, en consecuencia está facultado para presentar la querella correspondiente, pues cada uno de los socios es dueño del capital y bienes de la empresa.

El criterio se fijó al resolver una contradicción de tesis en la que indicaron que cualquier socio agraviado, puede presentar la demanda en contra del administrador desleal.

Los ministros también declararon la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 199 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, por violar el derecho de acceso pleno a la justicia y al debido proceso.

La norma no contempla la procedencia del recurso de apelación contra las sentencias en las que se autoriza la sustitución de la pena privativa de libertad. La Sala devolvió los autos al Tribunal Colegiado para que resuelva lo conducente.

También fijó como criterio que el cómputo del plazo de prescripción de la acción penal en delitos fiscales que se persiguen por querella debe ser a partir de que la autoridad hacendaria tiene conocimiento del ilícito, lo que acontece a partir del dictamen técnico contable del SAT.

Indicaron que es a partir de ese momento cuando comienza a correr el plazo de tres años, previsto en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, para que la autoridad presente la querella correspondiente.

La Segunda Sala de la Corte confirmó el auto dictado por un juez de distrito que dio entrada a un amparo promovido en contra de una empresa de telefonía fija y la Secretaría de Comunicaciones.

El recurso fue promovido por la comunidad hñahñü de San Ildefonso, en Querétaro, argumentando que la concesionaria violó sus derechos de igualdad, no discriminación, libertad de expresión y acceso a la información al no garantizarles el servicio de telefonía e internet de banda ancha, de manera continua y permanente.

Por mayoría de cuatro a uno, los ministros indicaron que los particulares si son autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando prestan servicios públicos y violan derechos fundamentales, aunque en este caso, deben valorarse los elementos aportados por las partes para determinar si el recurso es improcedente, como lo argumenta la empresa quejosa.

Por mayoría de tres a dos, resolvieron que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando determina el monto y cobra el servicio de energía eléctrica, ni cuando advierte en el recibo el riesgo de corte del servicio en caso de incumplimiento de pago.

Al resolver una contradicción de tesis, indicaron que ello es así, pues el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades, en donde el prestador del servicio y el usuario, adquieren derechos y obligaciones recíprocas.

Al resolver una contradicción más, determinaron que sí es procedente que una autoridad judicial, ordene el embargo, sobre el excedente del salario mínimo para garantizar el cumplimiento de obligaciones civiles o mercantiles contraídas por el trabajador.

Medida que solo procede, respecto del 30 % del excedente del salario mínimo del trabajador. Si el trabajador ya ha visto afectado su salario por el pago de una pensión alimentaria, el 30 % se aplicará el excedente que reste, después de haber descontado la pensión.

También resolvieron por mayoría de tres a dos, que las tarifas que fija el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se equiparan a derechos, ya que se trata de una contraprestación por los servicios que presta que no está prevista en la Ley federal de derechos.

En consecuencia dichas tarifas no se rigen por el principios de justicia tributaria, aunque tampoco implica que las fije de manera arbitraria, para ello debe tomar en cuenta el costo del servicio que presta, para garantizar el principio de legalidad y seguridad jurídica.

José Luis Guerra García

Premio Brainers

México tiene un índice muy bajo de fomento y desarrollo de nuevas tecnologías e inventos.

Mientras países como Corea y Japón tienen un promedio de patentes de 26 por ciento por cada 10 mil habitantes, en México el porcentaje es de 0.05.

A fin de promover el interés hacia la innovación científica en niños y jóvenes, la iniciativa privada en coordinación con instancias del Gobierno Federal, lanzaron la convocatoria del Premio “Brainers”.

“Es una competencia para niños y jóvenes de entre 6 a 17 años que busca promover la ciencia y tecnología en un entorno divertido, mientras la búsqueda y elaboración de inventos creativos”, Cristina Ruiz Velasco, Dir. Nextel Fundación.

 “México, como decíamos ahorita es un país que sigue teniendo atrasos importantes, no es sorpresa que nos rebasen por la izquierda y la derecha otras naciones en el desarrollo”, Gustavo Cantú Durán, Vicepresidente Corporativo Nextel.

Los inventos tendrán que registrarse en la página www.premiobrainers.com

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial reconoció que son bajas las solicitudes de registro de patentes.

Durante el 2011, se registraron mil 065, de las cuales sólo se otorgaron 400.

“Se hace un primer pago al momento de ingresar la solicitud, una vez que sea publicada esta solicitud en la gaceta que es aproximadamente 30 meses de haber ingresado la solicitud se paga la parte proporcional, 50 por ciento de la primera parte que ingresaste que es alrededor de 7 mil pesos”, Yaisú Covarrubias, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las temáticas de los inventos son: “Inventa un juguete”, “Inventa algo que mejore la vida de tu mascota”, “Inventa algo para ayudar a los enfermos”, entre otras.

El premio para el primer lugar será de 40 mil pesos, para el segundo de 25 mil y el tercero de 15 mil pesos, además del registro oficial de su proyecto.

Martha Rodríguez

El valor de la propiedad industrial

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pidió a la población no adquirir  medicamentos piratas que ponen en riesgo la salud y pueden provocar la muerte.

“Este tipo de prácticas desleales de comercio llegan a ser tan nocivas incluso para la salud de las personas que los pueden llevar a la muerte”, José Rodrigo Roque, Dir. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En la inauguración del seminario: “El valor de la propiedad industrial y los tratados internacionales para el desarrollo, la innovación y sus contribuciones a la salud”, indicó los factores clave que revelan la ilegalidad de estos productos.

“Para no jugar con la salud lo primero que tiene que hacer es identificar el precio y en segundo lugar identificar los empaques tratar de conocer el medicamento original para luego hacer la distinción”.

En la mesa relativa al caso  México, Alejandro Luna, catedrático de la facultad de derecho de la UNAM, informó que en promedio en 2009 cada mexicano consumió 16 medicamentos.

Recordó que a principios de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia obligatoria.

“En el sentido de que los patentes de formulación y las de uso por tratarse de patentes de medicamentos alopáticos que contienen principio activo, deben ser publicados en la gaceta del IMPI relativa a medicamentos alopáticos”.

En nuestro país los  medicamentos genéricos y los de patente son 52 por ciento y 22 por ciento, respectivamente, más caros que en el resto del mundo.

Coincidieron en la relevancia de mejorar y agilizar los mecanismos de vigilancia y registro de patentes, que a la fecha, representa una tardanza de entre 4 y 5 años.

 Oscar González