El Ministro José Ramón Cossío, advirtió de la creciente participación del mercado en tareas del Estado

El Ministro José Ramón Cossío, así como investigadores y académicos, advirtieron de la creciente participación del mercado en tareas del Estado.

«En qué medida el mercado ha ido teniendo procesos de apropiación crecientes sobre algunas de las tareas fundamentales, incluso de la Constitución simbólica, de una sociedad», José Ramón Cossío, Ministro SCJN.

Dentro del Seminario sobre los Problemas Nacionales y el Derecho, Rolando Cordera, investigador emérito de la UNAM, subrayó que la relación entre el mercado y el Estado sigue sin tener una resolución adecuada en México.

«Desde el punto de vista constitucional y legal no se resolvió la cuestión, no se reguló ni se formuló adecuadamente las formas que debería tener o podría tener la intervención del Estado en la economía. De ahí que tengamos una ley de planeación que todos respetamos, pero a la que no le hacemos ningún caso, no le tenemos ningún cariño porque es una ley que prescribe que la participación democrática, la consulta democrática, sin ningún reglamento claro que diga qué quiere decir esa participación».

Josefina Cortés, académica del ITAM, destacó que en los intentos por delimitar esa relación se han llevado a la Constitución contenidos atípicos y asimétricos.

Basta observar, dijo, las reformas constitucionales de los últimos cinco años.

«Mientras que en la Reforma de Telecomunicaciones y competencia económica al menos desde una perspectiva, sí puede uno notar un set muy relevante de atribuciones del regulador, en materia energética no se nota lo mismo, entonces hay una asimetría».

Indicó que la creación de diversos órganos constitucionales autónomos representa altos retos para la gobernabilidad y que deja muchos espacios para la irregularidad.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Al menos 282 mil personas han sido desplazadas por la violencia desde 2006, según investigadora del ITAM 

La invisibilidad del desplazamiento forzado interno por la violencia en México es tal, que miles de ciudadanos no saben que han sido víctimas, advirtió José Ramón Cossío, Ministro de la SCJN.

“El fenómeno no está imaginado, ni siquiera está construido como para que las personas entiendan que su desplazamiento es forzoso, empiecen a promover acciones judiciales”.

Dentro del Ciclo de Conferencias sobre Problemas Nacionales y Derecho, destacó que son muy pocas las decisiones del Poder Judicial Federal sobre el desplazamiento forzado interno.

“Durante lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, si antes se negaba, ahora no se habla, es un no tema”, Laura Rubio, Investigadora ITAM.

Laura Rubio investigadora del ITAM, explicó, que son al menos 20 estados de la República que han tenido flujo de desplazados por la violencia.

Aseguró que al menos 282 mil personas han sido desplazadas dentro del país por ese motivo desde 2006.

“Hemos registrado 141 eventos de desplazamiento masivo… En la desesperación buscan, si no en la figura del asilo, buscan refugio en otra parte y muchos de ellos han cruzado la frontera con Estados Unidos y Canadá, y vemos que se han triplicado las solicitudes de asilo a estos tres países”.

Un estudio de Parametría estimó que en 2011 había cerca de un millón 600 mil desplazados por la violencia.

La académica subrayó que muchos de los desplazados son revictimizados por estigmas sociales.

Muchos desplazados particularmente de Tamaulipas, Sinaloa, son estigmatizados como si eres desplazado seguro eres un narcotraficante o estás en la cadena de distribución de drogas”.

Lamentó que a nivel federal no hay ninguna ley en la materia, y las que existen a nivel local, en Chiapas y Guerrero no han sido debidamente reglamentadas.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

Realizan encuentro en el ITAM con el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab O J-Pal

Una de cada siete personas en el mundo vive con menos de un dólar con 25 centavos al día, lo que en México equivale a 20 pesos.

Para combatir la pobreza es indispensable la aplicación de modelos efectivos para hacerle frente.

Las políticas públicas de cada país deben integrar un estudio riguroso de su población para identificar necesidades.

 “Uno de los retos de cualquier programa anti pobreza es decidir a quién dirigirlo y cómo aplicarlo”, Abhijit Banerjee, Director J-Pal Global.

En el ITAM se llevó a cabo un acercamiento con el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab O J-Pal, una red de 127 profesores afiliados de todo el mundo, quienes realizan investigaciones para reducir la pobreza.

 “La mayoría de los países subdesarrollados enfrenta el hecho de que entre la mitad y el 90 por ciento de la población  no están en el sector formal, es algo no observado directamente por el sistema de impuestos”.

La evidencia científica aplicada a las políticas públicas potencializa sus resultados.

 “La capacitación no es suficiente a menos que tengas en donde aplicarla, lo que este programa trata de hacer es combinar la capacitación para que puedas hacer algo con el dinero”.

En los últimos meses, el modelo científico de J-Pal se ha aplicado en Honduras, Perú, Pakistán, Ghana, Etiopía e India.

El resultado es un incremento de hasta 400 % en el ingreso de las personas.

Emmanuel Saldaña

‏@emanuelcomunica

Académicos plantean retos para la nueva gestión de la SCJN

Académicos de los principales centros de investigación del país plantearon algunos retos para la nueva gestión de la Suprema Corte de Justicia.

Primero, en materializar el discurso de protección de derechos.

“Una de las preguntas importantes por ejemplo, es ¿cómo se bajan los protocolos? y empezar a ver los protocolos ya en sentencias expresados con toda claridad”, José Antonio Caballero, Investigador CIDE.

“El gran reto en los próximos cuatro años será que las reformas en materia de derechos empezarán a caminar juntas, la reforma en derechos humanos, la reforma en materia de amparo y la reforma del sistema penal acusatorio, y cómo resolver las contradicciones y las tensiones entre estas reformas no es una tarea fácil”, Carlos Pelayo, Investigador IIJ UNAM.

“Si la Corte se concentra demasiado en el rol de difusión de ideas y pierde de vista el rol de rendición de cuentas o de obtención de resultados, lo que corremos es el riesgo de banalización del discurso de derechos humanos”, Karina Ansolabehere, Investigadora FLACSO.

Otro pendiente, indicaron, será privilegiar los casos que involucren los derechos de mayorías.

Poco avance en cosas que realmente cambiarían la vida de todos los mexicanos en dimensiones independientes de su pertenencia a minorías por rasgos que tienen”, Francisca Pou, Investigadora ITAM.

Debe haber innovación procedimental, explicaron, al reforzar figuras como el amicus curiae.

Entre los retos, subrayaron la necesidad que la Corte se abra a la ciudadanía con datos que permitan facilitar el conocimiento de los procesos de impartición de justicia.

Mario López Peña

Derecho penal penitenciario

Inició la segunda etapa del Curso Taller de Derecho Penal Penitenciario, impulsado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Federal de Defensoría Pública y la SETEC.

Este curso es un esfuerzo del Poder Judicial de la Federación por capacitar funcionarios judiciales y defensores públicos como parte de la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

En esta primera sesión, se abordó el derecho al debido proceso.

“El debido proceso no termina con la sentencia, el debido proceso continúa a lo largo de la ejecución de la pena cuando se impone la pena… El debido proceso en materia de ejecución penal empieza no con la sentencia, sino que empieza desde el primer día de internamiento”, Miguel Sarre, Coor. Académico Curso Taller Derecho Penal Penitenciario.

Miguel Sarre, especialista del ITAM y coordinador académico del taller, subrayó que el debido proceso debe entenderse como la justa ejecución de las resoluciones judiciales privativas de la libertad.

Definió la reinserción social como concepto jurídico para que sea armónica con el texto de la reforma constitucional.

“Es el restablecimiento pleno de los derechos de la persona tras haber cumplido una pena con apego a las exigencias constitucionales, con respeto a los derechos constitucionales”.

Esta segunda etapa consistirá en sesiones teóricas y prácticas.

Se analizará la evolución de los artículos 18 y 21 constitucionales.

La protección de los derechos humanos en el ámbito de la ejecución penal-penitenciaría mediante el juicio de amparo.

Las consecuencias de la naturaleza penal de las controversias en reclusión: plazos, no agotamiento de recursos y suplencia.

Las implicaciones de la nueva Ley de amparo en materia de ejecución penal penitenciaria.

Serán impartidas en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia.

Mario López Peña

Derecho penal penitenciario

El juicio de amparo será clave para que el Poder Judicial tome pleno control de la ejecución de la pena ante las autoridades penitenciarias, aseguró Miguel Sarre, investigador del ITAM.

“Esta autoridad auxiliar que se convirtió en la mandamás en el ámbito de la ejecución penal y entonces vamos a tener que revertir esto… Yo le digo que la realidad penitenciaria se va a cambiar a golpe de amparos”.

En el curso taller sobre derecho penal penitenciario impartido en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que el amparo debe ser el recurso para exigir los derechos humanos del sentenciado mientras cumple su pena.

“Cómo poder exigir mediante el juicio de amparo elementos muy cuantificables, muy básicos, como el acceso a agua potable para personas privadas de la libertad… Para exigir lo mínimo para exigir frutas y verduras, cosas muy concretas”.

Lo importante, subrayó, es recuperar el imperio de la ley dentro de la ejecución penal.

“Para que no sea el imperio del más fuerte”.

Es necesario, dijo, que se desarrolle en el país el andamiaje necesario para hacer efectiva la ejecución penal.

Destacó que en unos meses ya habrá una Ley de ejecución penal para todo el país.

Mario López Peña

El Ministro González Salas participó en la Clausura de la Cátedra Ulises Schmill

Fernando Franco González Salas, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación participó en la Clausura de la Primera Edición de la Cátedra Ulises Schmill, impulsada por la Suprema Corte, el ITAM y la Escuela Libre de Derecho.

Destacó la labor académica del ministro en retiro Ulises Schmill.

Las instituciones que honran a quienes destacadamente han servido en ellas, con honorabilidad, excelencia, profesionalismo y eficacia se honran a sí mismas… Es el caso de la cátedra Ulises Schmill”.

Subrayó la participación de Stanley Paulson uno de los pensadores más importantes de la teoría jurídica de nuestro tiempo y autoridad internacional en filosofía del derecho, quien en tres jornadas divulgó aspectos clave de sus investigaciones.

Le reconocemos profesor Paulson haberle dado a esta cátedra de inicio la dimensión académica que se merece”.

En la última jornada de la cátedra, Stanley Paulson pronunció una conferencia en el edificio sede de la Suprema Corte.

Especializado en la obra del jurista vienés Hans Kelsen, ante funcionarios judiciales, expuso algunas de sus reflexiones.

“Las normas básicas sirven para dictar la sistematización de la ley, mi tesis es que el esfuerzo por moldear completamente de nuevo las normas del sistema legal kelseniano en las modalidades de fortalecimiento, responsabilidad, y desde luego, las modalidades de inmunidad y poder representan un programa de sistematización y este programa representa un ideal”.

Argumentó que la postura de Kelsen no busca resolver el problema clásico de la justificación de nuestra obligación de obedecer la ley.

“Está tratando de proveer un fundamento pleno para la ciencia jurídica, es correcto y propio, pensar en Kelsen como un filósofo de la ciencia, de la ciencia jurídica desde luego”.

La Cátedra Ulises Schmill reconoce la labor del Ministro Schmill, con especial atención a su trabajo académico centrado en la obra kelseniana.

Tiene el propósito de explicar que una sólida teoría del derecho para clarificar los problemas jurídicos y avanzar en cualquier tipo de debate.

Mario López Peña

Cátedra Ulises Schmill

Con el propósito de fomentar el desarrollo de la cultura jurídica se puso en marcha la Cátedra Ulises Schmill.

Impulsada por la Suprema Corte, el ITAM y la Escuela Libre de Derecho, como un reconocimiento a la trayectoria y aportes a la ciencia jurídica, del ministro en retiro.

Cátedra en la que se abordará la teoría del derecho de la Escuela de Viena, creada por el jurista austriaco, Hans Kelsen, de la cual, es un apasionado, el Doctor Ulises Schmill.

Teoría sumamente criticada, en la década de los años 60 del siglo pasado, en la Facultad de Derecho de la UNAM.

“Recuerdo en los cursos de introducción al estudio del derecho y de filosofía del derecho, si se mencionaba a Kelsen era para afirmar que su doctrina había sido refutada, desde antes de que fuera publicada y que era una teoría formalista, alejada de la vida real palpitante y por tanto, totalmente falsa y hueca”.

El catedrático estadounidense, Stanley Paulson, indicó que para Kelsen la norma jurídica solo es válida, si pertenece a un sistema jurídico eficaz, en el que la sociedad, acepte someterse a él.

«Ni la teoría del derecho natural, ni el positivismo legal basado en los hechos son, así nos lo ha hecho pensar Kelsen, defendibles… El postulado de pureza de Kelsen destruye toda atracción hacia la tradición”.

Precisó que Kelsen consideraba que una norma solo es efectiva, si existe una autoridad que pueda sancionar al individuo que la viola.

José Luis Guerra García

Conferencia Magistral “La Cátedra Ulises Schmill”

Stanley Paulson, uno de los pensadores más importantes de la teoría jurídica de nuestro tiempo y autoridad internacional en filosofía del derecho, inauguró con una Conferencia Magistral La Cátedra Ulises Schmill, en honor del ministro en retiro, en el ITAM.

Especializado en la obra del jurista vienés Hans Kelsen, Stanley Paulson expuso algunas de sus reflexiones en esta materia.

“Las normas básicas sirven para dictar la sistematización de la ley, mi tesis es que el esfuerzo por moldear completamente de nuevo las normas del sistema legal en las modalidades de fortalecimiento, responsabilidad, representa un programa de sistematización y este programa representa un ideal”.

Planteó elementos para la interpretación del pensamiento de Kelsen, cuya obra ha sido clave para el derecho en buena parte del siglo XX y hasta nuestros días.

“El ideal debe ser distinguido del punto doctrinal que señala que la obligación en la Teoría Pura del Derecho es un concepto derivativo donde la atribución de poder es primaria y fundamental, si mi argumentación en nombre de Kelsen es correcta, estos puntos doctrinales son el caso, la justicia de las normas legales es el caso, la normatividad de la ley es el caso, y así en adelante”.

Argumentó que la postura de Kelsen no busca resolver el problema clásico de la justificación de nuestra obligación de obedecer la ley.

“Está tratando de proveer un fundamento pleno para la ciencia jurídica, es correcto y propio, pensar en Kelsen como un filósofo de la ciencia, de la ciencia jurídica desde luego”.

La Cátedra Ulises Schmill reconoce la labor del Ministro Schmill, con especial atención a su trabajo académico centrado en la obra kelseniana.

La Cátedra tiene el propósito de explicar que una sólida teoría del derecho sirve para clarificar los problemas jurídicos y avanzar en cualquier tipo de debate.

Mario López Peña

Perfil de los nuevos ministros

Además de los aspectos formales, quienes ocupen las vacantes que dejarán los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Salvador Aguirre Anguiano, deberán responder a la realidad  que hoy vive el país.

Durante el foro en el que se abordó el perfil que deben tener los designados, se precisó que es indispensable que cuenten con un amplio conocimiento en materia de derechos humanos, amparo y acciones colectivas.

“En estos casos, creo las ternas integradas por personas que vienen con trayectoria judicial, pues vamos a ver las sentencias y yo creo que eso nos podrá indicar el tipo también de personas, con que expertis vienen en estas materias”, Jorge Carmona Tinoco, Defensor de los Derechos Universitarios, UNAM.

Al momento de elegir, se dijo, el Senado tendrá que tomar en cuenta la formación, la equidad y el cambio generacional, entre otros factores, para fortalecer al Tribunal Constitucional. 

“Para ejercer la función regulatoria del equilibrio entre los poderes y también para ejercer sus labores tutela constitucional de los derechos fundamentales”, César Astudillo, Investigador IIJ-UNAM.

Además, deberán contar con un criterio amplio en la interpretación del derecho.

“Sí lo que se exige es un perfil del ministro de la décima época, tendría yo que exigir un perfil del ministro no del siglo XXI, sino del siglo XXII, cada vez las disciplinas jurídicas se ven ante retos por demás cosmopolitas y repito transdisciplinarios”, María del Pilar Hernández Martínez, Investigador IIJ-UNAM.

Se recordó que la nueva integración de la Suprema Corte, deberá responder a los retos de la transición democrática.

“La persona que llegue a la Suprema Corte debe de entender la circunstancia que está viviendo el país y el papel que le corresponde en términos institucionales a la Suprema Corte para sortear muchos de los retos que tiene”, Saúl López Noriega, Profesor Departamento de Derecho ITAM.

Recordaron que el papel de la Suprema Corte, será cada vez más relevante, pues además de dirimir los conflictos entre poderes, tendrá que ir definiendo los límites y alcances de las atribuciones de cada poder y de los derechos humanos establecidos en la constitución y tratados internacionales. 

José Luis Guerra García