El Pleno de la Suprema Corte ordenó a un juez de distrito, realizar un nuevo avalúo, para determinar, lo que debe pagar el Gobierno de la Ciudad de México, por la expropiación de un terreno de 244 hectáreas, en donde hoy se ubica la colonia San Felipe Terremotes, en la delegación Iztapalapa.
Al resolver el incidente de inejecución de sentencia, 699/2012, indicó, que la indemnización de 143 millones 240 mil pesos, se fijó de manera indebida.
Pues, el avalúo se hizo a valor comercial del terreno y aplicando la Ley de Expropiación de 1993.
“Y se deben devolver los autos al Juzgado de Distrito, para que se reponga el procedimiento de inejecución de sentencia, a efecto de determinar la cantidad que por concepto de indemnización, se debe pagar a la quejosa, aplicando el artículo tercero del Decreto Expropiatorio y el artículo 10 de la Ley de Expropiación vigente en 1967”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.
“Es decir, aplicando lo dispuesto en el artículo tercero, en donde se establecía que la indemnización se pagaría tomando como base el valor fiscal de los bienes que figura en las oficinas catastrales o recaudadoras en las oficinas de la Tesorería del Distrito Federal”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.
“Por esa razón, yo también no coincidió con el proyecto, también estoy de acuerdo que debería ser en valor catastral y remitir en su caso el expediente al juez de distrito nuevamente”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.
El Pleno indicó que para fijar el valor de los terrenos, se tendrá que realizar un estudio pericial, en el cual no se tomará en cuenta la propuesta del gobierno de la ciudad, cuando se exigió la indemnización.
“Y les decía que convirtiendo nuevos a viejos pesos, determinó un pago o un monto más bien, un monto por una cantidad que a la mejor resultó ridícula eso todo mundo lo podemos entender 2 mil 448 pesos con 50 centavos y ahí mismo dijeron y ahí está el billete de depósito para cumplir con la resolución”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.
“Yo creo que sería prudente el señalar ciertos lineamientos para que se cumpla nuestra determinación”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.
“Y que no se tomen en cuenta los elementos que sustentaron ese dictamen, porque podríamos llegar al punto de volver a llegar a esa conclusión que ya estimo, no es aceptable para ninguno de nosotros”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.
El proyecto original del Ministro Aguilar Morales, ordenaba a la nueva administración de la capital, pagar la indemnización fijada en más de 123 millones de pesos.
En esta sesión, el Pleno dejó en lista o retiró 13 incidentes más, en los que se pedía sancionar a distintas autoridades por la omisión de cumplir con diversas sentencias de amparo, debido a que de última hora se recibieron documentos que subsanaban el incumplimiento.
“Aquí vale hacer el comentario que reiteradamente hace este Alto Tribunal en relación con el cumplimiento de las sentencias de amparo, sabemos nosotros que uno de los aspectos más importantes que hay dentro del juicio de amparo, no solamente promover, tramitarlo y llegar a un buen puerto si no cuando hay la concesión de un amparo que tenga el debido y oportuno cumplimiento, es nuevamente una exhortación que hacemos a las autoridades responsables”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.
Pidió a las autoridades no cumplir con ello, solo cuando ven cerca la posibilidad de ser removidos y consignados ante el Ministerio Público.
José Luis Guerra García