Analizan política carcelaria en México en diplomado en la UNAM

México no debe seguir el modelo estadounidense de privatización y de control total en las cárceles.

De acuerdo con el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Personas Privadas de la Libertad, James Cavallaro, es demasiado caro y no protege los derechos de los presos.

“Un caso como el Chapo es excelente si uno quiere vender ese modelo, porque va a decir, evidentemente no hay control suficiente… La parte del control no tiene que ver con el edificio, no tiene que ver con los agentes, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el autogobierno”.

En Diplomado en la UNAM, puso el ejemplo del alto costo del modelo privatizado.

Ir a la Universidad de Berkeley, en California, una de las universidades públicas mejor evaluadas a nivel mundial, cuesta casi 46 mil dólares al año.

Cada preso en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos le cuesta a ese país 47 mil dólares anuales.

“En el Plan Mérida hay cierto fondo que tiene conexión con la certificación por las normas del American Correctional Association, que produce estándares… Adicionalmente hay otras formas a través de las cuales este modelo está llegando al sur del Río Bravo, está llegando esta tendencia, yo diría preocupante”.

Lamentó que la política carcelaria en México se base en casos de gran impacto mediático como asesinatos o fugas, pues representan un porcentaje mínimo del total de internos, que, en buena medida, están privados de la libertad por delitos menores.

Mario López Peña

@elogiodeljabon

El CJF recibió al Relator Especial sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad

En una reunión privada, el Consejo de la Judicatura Federal recibió a James Cavallaro, relator especial sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

El encuentro tuvo como propósito el fortalecer la cooperación internacional y compartir experiencias sobre las políticas institucionales adoptadas por el poder judicial de la federación en materia de derechos humanos, amparo y respecto al nuevo sistema penal acusatorio.

En la reunión, que se realizó en la sede del Consejo de la Judicatura Federal, el consejero José Guadalupe Tafoya Hernández explicó la labor que se realiza para poder garantizar la protección de los derechos humanos.

La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de su Libertad fue creada en el 2004, y tiene como mandato informarse de la situación de todo tipo de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión en los estados miembros de la OEA.

Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas de la CIDH

El uso excesivo de la prisión preventiva ha contribuido al hacinamiento en las cárceles mexicanas y a que más de cien mil personas permanezcan privadas de su libertad sin una sentencia.

Así lo revela “El informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”, que el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, presentó en el Senado.

 “Hay un nivel general de hacinamiento del 26 % , también otra cifra que manejamos por distintas fuentes es que hay aproximadamente 40 % de la población penitenciaria en situación preventiva, es decir 100 mil personas que no han sido condenadas en las cárceles mexicanas”.

Calificó como un error, que se comete mucho sobre todo en América Latina, pensar que una mayor utilización de la prisión preventiva, es la vía para erradicar el delito y terminar con la violencia.

El Reporte revela que en el anterior gobierno, el presidente Felipe Calderón presionaba a los jueces que no dictaban la prisión preventiva en casos de alto perfil mediático.

Se señala que el ex mandatario connotaba como impunidad la excarcelación por parte de jueces estatales y federales de personas detenidas por autoridades federales.

La encargada de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, María de los Ángeles Fromow, aseguró que con las recientes reformas constitucionales, México ha avanzado en el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

 “Hoy se regula de manera excepcional en nuestro país el uso de la prisión preventiva, ya se establecen ahora medidas cautelares y se deja en esa excepcionalidad como lo establece este informe en una de sus recomendaciones”.

El tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Guillermo Aguirre, aseguró que en nuestro país persisten las presiones para encarcelar a más personas, a fin de generar un efecto mediático y dar la impresión de que se combate eficientemente el delito.

Juan Carlos González