Hoy en la sesión del Pleno de la Suprema Corte

A petición del Ministro Cossío Díaz, el Pleno de la Corte decidió postergar la resolución de la acción de inconstitucionalidad 63/2012.

Ello porque no se alcanzó la mayoría calificada que se requiere para declarar la invalidez del artículo 129 del Código Penal de Baja California que sanciona el delito de feminicidio.

Solo siete de los 10 ministros votaron a favor de su invalidez, pues no precisaba en qué consistían los 20 a 50 años, con los que se sanciona este delito.

“Al establecer solo la temporalidad pero no la clase de pena que se impone resulta desde luego contraria al artículo 14 constitucional y desde luego, la consecuencia es que al no ajustarse a los requisitos que establece nuestra Carta Magna, sobre todo tratarse de una norma en materia penal, que está regida por el principio de exacta aplicación de la ley, donde esta prohíba la aplicación analógica o de otro tipo es que se llega a la conclusión insisto de la inconstitucionalidad”, Jorge Mario Pardo, Ministro SCJN.

Error que se pretendió subsanar mediante una fe de erratas, que la mayoría de ministros consideró improcedente.

“Sino que se pretende subsanar una omisión en la decisión legislativa, lo cual no es procedente mediante la utilización de la fe de erratas”, Olga Sánchez, Ministro SCJN.

Por la seguridad jurídica, por la estricta interpretación que en materia penal deben tener las normas para su aplicación yo creo que en este caso se cometió un error, no de quien hizo la publicación, sino del propio legislador, que una fe de erratas no puede corregir, porque se estaría suplantando al legislador”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN.

Al momento de votarse, se aprobó una norma, esa norma tal como se aprobó cumple o no cumple con los requisitos de la constitución a mí me parece que no, a mí me parece que viola la seguridad jurídica de los justiciables”, Alfredo Gutiérrez, Ministro SCJN.

La Ministra Luna Ramos, se pronunció por la invalidez de la norma, pero solo por el tiempo en la que no se preciso a qué tipo de pena, se referían los 20 a 50 años.

“Sin embargo, no podemos sobreseer completamente porque la Ley tuvo una vigencia de más de un mes y durante esa vigencia de más de un mes, eventualmente pudo haber sido aplicada”.

Los ministros Franco, Zaldívar y Pérez Dayán, se pronunciaron por su validez, pues aseguraban que era obvio que la intención del legislador era sancionar con prisión de 20 a 50 años, este delito tan grave.

“Lo que aprobó fue un texto que no contenía la palabra de, o la expresión de prisión no significa que eso es lo que votó el legislador”, Fernando Franco, Ministro SCJN.

“Que pudiera tener por consecuencia prevalecer una declaratoria de invalidez por un tiempo más prolongado del que a mí me parece es el que se debe dar, de  suerte que si es esta la expresión entonces, me manifestaría en contra del proyecto”, Alberto Pérez, Ministro SCJN.

José Luis Guerra García

Fracción primera del art. 47 de la Ley del ISR, no viola el principio constitucional de proporcionalidad

Por mayoría de seis a cuatro, el Pleno de la Corte aprobó que la fracción primera del artículo 47 de la Ley del ISR, que regula el ajuste por inflación, no viola el principio constitucional de proporcionalidad.

Sin embargo, precisaron que dicho ajuste, para efectos de deducir o acumular, procederá si los créditos se relacionan con la actividad de la empresa que lo aplique.

“A mí me parece, insisto razonable y no me parece contrario a la proporcionalidad tributaria, la circunstancia de que se excluyan los créditos que se otorguen a personas físicas, que no provengan de sus actividades empresariales, que esto es otro aspecto importante”, Jorge Mario Pardo, Ministro SCJN.

“Yo reitero como lo he hecho consistentemente en pensar que este no es un artículo inconstitucional”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN.

Los ministros que votaron en contra, argumentaron que al excluir algunos créditos, se impedía conocer la verdadera capacidad contributiva de la empresa.

“Entonces, si siendo créditos no se les considera como tales y no se permite la deducción del ajuste inflacionario, para mi gusto sí hay una desproporcionalidad en la fijación de la base impositiva, porque se está tomando en consideración algo que no es real”, Margarita Luna, Ministra SCJN.

En contraste, por mayoría de ocho a dos, el Pleno resolvió que el párrafo segundo del artículo 52 de dicha ley, era inconstitucional, al violar el principio de equidad.

“El proyecto propone la inconstitucionalidad del artículo 52, en la medida en que lo juzga inequitativo, por un trato desigual, en tanto solo opera para las instituciones de crédito, con la aclaración, aceptada el día de ayer, que al permitir la posibilidad a otras instituciones allí descritas en el propio artículo del orden financiero, pudieran llevar a cabo el cálculo del ajuste inflacionario, considerando ese tipo de adeudos, siempre y cuando resultaran afines a su propia naturaleza y objetivos”, Alberto Pérez, Ministro SCJN.

Concluido este asunto, se dio entrada al amparo en revisión 447/2012, promovido por Televisora del Valle de México, en el que se estudiará si la autoridad responsable, está facultada para inaplicar los artículos 59 de la Ley federal de radio y televisión, y el 15 y 16 de su Ley reglamentaria.

Disposiciones que obligan a las estaciones de radio y televisión, a transmitir de manera gratuita, 30 minutos diarios de contenidos educativos, culturales y de orientación social.

Además, piden se interprete el sentido del artículo noveno transitorio del Decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial, el 10 de junio de 2011.

José Luis Guerra García

Hoy en el Pleno de la SCJN

El Pleno de la Suprema Corte resolvió no estudiar la inconstitucionalidad de diversos acuerdos generales que emitió, durante 2008 y 2009.

En ellos, ordenaba a los tribunales colegiados aplazar la resolución de los amparos en revisión, en los que se cuestionaba la validez de diversos artículos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), hasta que fijara los criterios correspondientes.

Medida que prevaleció hasta noviembre de 2010, cuando el Pleno, vía acuerdo general, levanto dicho aplazamiento y ordenó resolver los amparos en cuestión aplicando los criterios fijados en diversas jurisprudencias aprobados por el Pleno y la Segunda Sala.

La decisión se adoptó al considerar que no existían elementos suficientes para pronunciarse sobre la legalidad de los acuerdos impugnados.

“Por la circunstancia de que los agravios que se hacen valer al respecto deben considerarse inoperantes, en razón de que el efecto, de que pudiera tener la posible declaración de inconstitucionalidad de los acuerdos plenarios en mención, consistiría en la inaplicación en perjuicio del quejoso y por tanto que el recurso de revisión reanudara su trámite o envío a la superioridad”, Jorge Mario Pardo, Ministro SCJN.

Precisaron que en el caso concreto de los seis amparos que se analizaron con este mismo propósito, la medida no tendría ningún beneficio, pues los efectos de los acuerdos cuestionados se agotaron.

“En consecuencia ante la inoperancia de los agravios que se hacen valer por virtud de la expedición del acuerdo 16 de 2010, que levantó la suspensión decretada por los acuerdos que en estos asuntos se tachan de inconstitucionales, consideramos que no existe materia para pronunciamiento, respecto de la procedencia o no del análisis de inconstitucionalidad planteado y en esa virtud, simplemente por estas razones, se consulta regresar los expedientes relativos a los tribunales colegiados que corresponda”.

Esta propuesta fue aprobada por el Pleno por unanimidad.

José Luis Guerra García