Magistrado de circuito, Juan José Olvera López habló sobre la argumentación en materia de hechos en el IJF

En el Diplomado en argumentación jurídica, que se realiza en el Instituto de la Judicatura Federal, el magistrado de circuito, Juan José Olvera López, retomó el tema de la argumentación en materia de hechos.

Explicó que la argumentación en un caso se facilita cuando el juez tiene pruebas directas de los hechos.

 “Una decisión será correcta sólo en la medida en que los argumentos que se externen para valorar la prueba sean correctos, si los argumentos que se externan para valorar la prueba no son correctos se sigue la incorrección de la decisión”.

Señaló que la situación se complica cuando no hay pruebas directas, porque el juez debe buscar pruebas indirectas o indiciarias, que requieren una mayor argumentación.

 “La prueba indiciaria es la que se construye a partir de hechos base, primer elemento es tenemos hechos base, hechos base que de manera lógica no formalista conducen a la demostración de otros hechos llamados consecuencias”.

El hecho consecuencia, dijo, es una hipótesis que está sujeta a constatación.

Señaló que cuando el juzgador tiene a la mano pruebas directas de un hecho, no necesitas las pruebas indiciarias, porque pueden hacer más largo el proceso.

Juan Carlos González

Derecho de Asistencia Consular

La labor reciente de la Suprema Corte de Justicia ha sido determinante para el avance del derecho a la asistencia consular, advirtió Juan José Olvera López, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Dijo que a raíz de la sentencia del caso Florence Cassez, el tema creció de manera exponencial.

Del 1 de enero de 2011 al 7 de julio de este año, el Consejo de la Judicatura Federal tiene en cuenta sobre asistencia consular, 130 resoluciones.

En el 2011 fueron cinco sentencias, en 2012 incrementó a 23, el año pasado fueron 64 y en lo que va del 2014 son 40 sentencias sobre este tema.

“Pueden ser en recursos de apelación contra el auto de formal prisión, pueden ser en sentencias terminales, puede ser en amparos indirectos y en amparos directos, la mayoría de ellas, la inmensa mayoría aunque no todas, en materia penal”.

Durante el Foro sobre el Derecho de Asistencia Consular, la magistrada Nora Elizabeth Urby recordó el caso de un ciudadano nigeriano que solicitó refugio en México tras ser perseguido por cuestiones religiosas y le fue negado con el argumento de que la violencia en su país, sólo se limita a la zona norte.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió en este caso, que no sólo era aplicable el asilo para Adebola Michael Adesina, sino incluso para su familia.

“Los elementos que sirven de base para tal definición son la amenaza a los derechos a la vida, a la seguridad y a la libertad reconocidos y protegidos internacionalmente y que constituyen la base de la protección de la persona en el derecho internacional”.

La figura del refugiado constituye una garantía para salvaguardar la vida de quienes son amenazados por conflictos internos, violencia generalizada, violación a los derechos humanos, entre otros.

México ha suscrito diversos instrumentos internacionales que lo obliga a brindar protección a extranjeros en calidad de refugiados.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Sistema penal acusatorio, una perspectiva para formación de formadores

Magistrados, jueces y funcionarios judiciales federales, continúan su formación sobre el nuevo sistema de justicia penal.

En el Seminario sobre el sistema penal acusatorio. Una perspectiva para formación de formadores abordaron la relación del nuevo sistema con el juicio de amparo.

Reflexionaron sobre los ajustes que se deben dar en este vínculo.

“Juzgados de distrito, tribunales colegiados y la Suprema Corte han venido estableciendo criterios sobre el modo en que se relaciona el juicio de amparo con el sistema de justicia penal adversarial”, Juan José Olvera López, Magistrado de Circuito.

Buena parte de los criterios establecidos por los órganos competentes, explicaron, se construyeron por contradicción de tesis.

Cuestionaron la vigencia de los criterios establecidos en esas contradicciones de tesis, con el código nacional de procedimientos penales.

“Porque la regla del código se corresponde con la interpretada en la contradicción de tesis”.

Otro reto para el sistema penal adversarial y el amparo, señalaron, está en los cambios procesales en la Ley de amparo, el aumento de protección de derechos contenidos en instrumentos internacionales, y su incidencia en la materia penal.

Sobre este tema, explicaron, será necesario revisar la Ley de amparo y la jurisprudencia.

Mario López Peña

Curso de Sensibilización del nuevo Sistema de Justicia Penal

El Magistrado Federal, Juan José Olvera López aseguró que es un error pensar que con el nuevo Sistema de Justicia Penal los juicios serán más acelerados y más eficaces que en el sistema tradicional.

Al participar en el Curso de Sensibilización del nuevo Sistema de Justicia Penal, el juzgador federal destacó los falsos contrastes que hay entre el sistema adversarial y el inquisitorio.

“Porque quienes están en contra de la idea de eficacia en el adversarial parten de la premisa de que el sistema de justicia no es una empresa que maquila productos, es una empresa que debe resolver problemas de manera individualizada”.

Señaló que es importante identificar en qué lugar se encuentra el Sistema de Justicia Penal que fue aprobado con la reforma constitucional de 2008, para interpretar correctamente las normas secundarias.

“Para luego a la hora de interpretar todas las normas secundarias, todas las instituciones que componen el nuevo sistema, pues  entendamos cuál es su razón de ser. Que no pretendamos que en los acuerdos preparatorios se parta de la base de la presunción de inocencia”.

El Magistrado Olvera López se refirió a las tres constantes que se han presentado en todas las reformas penales, incluyendo la de 2008:

La influencia del sistema del poder, la creciente e irreversible complejidad de las sociedades y la idea de que el hombre ha ido ganando terreno frente al poder.

El curso de sensibilización del nuevo Sistema de Justicia Penal se realiza en el Instituto de la Judicatura Federal.

Juan Carlos González

Testigos protegidos

Los beneficios legales y la protección que se otorga a los testigos colaboradores, la establece el Ministerio Público de la Federación y no un juzgador.

Sin embargo, se desconocen los criterios con que lo hacen y si el apoyo que se les da, equivale al valor probatorio de la información que aportan en el caso penal del cual son parte.

Juan José Olvera López, Magistrado de Circuito, expuso lo anterior al participar en el ciclo de conferencias El testigo protegido y figuras afines, que se llevó a cabo en el Instituto de la Judicatura Federal.

“Ya viene con reserva de identidad, ya tiene una protección, ya se le hicieron saber sus derechos de arrepentirse y dar información. Ya tuvo el primer encuentro con la autoridad para proporcionarle información. Normalmente no vamos a tener problemas con la operatividad”.

Mas no por ello, explicó Olvera López, los jueces aceptan al testigo protegido lisa y llanamente.

“No tomamos la decisión de inicio, pero sí eventualmente estaremos obligados a revisar el otorgamiento, a revisar las condiciones específicas de otorgamiento y eventualmente, al valorar, debemos considerar si la medida de protección incidió o no incidió en la producción probatoria. En ese sentido, es importante entender los alcances de las medidas otorgadas en instancias previas a la judicial”.

Cuestionó que no se procese a los testigos protegidos, a cambio de que se conviertan en colaboradores.

“Tenemos 60 y valdría la pena que nos dijeran cuántos de ellos han sido procesados como tales, en los que recibió sus beneficios por los servicios prestados. No hay procedimientos. Digo, no los hay en estas dimensiones. ¿Significa que no se les está premiando?… Tuvimos casos en los que, la pregunta obligada es: éste me está diciendo, ya en proceso, todo lo que él vivió. Es testigo de la versión de tal, pero ¿él no está siendo procesado?”.

Con la promulgación de la Ley federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, el cinco de junio de 2012, se reconoce oficialmente la colaboración de los testigos protegidos.

Pero a decir de Olvera López, aún no está debidamente reglamentada su participación en el combate a la delincuencia organizada.

Heriberto Ochoa

Testigo protegido

Los testigos protegidos o soplones se utilizan en todo el mundo, pero en México hace falta reglamentar su participación en los casos contra la delincuencia organizada.

Ello porque no todos proporcionan información con el mismo valor probatorio, ni puede creerse todo lo que dicen en contra de las personas que inculpan.

Juan José Olvera López, Magistrado de Circuito, dijo lo anterior al participar en el ciclo de conferencias El testigo protegido y figuras afines, que se lleva a cabo en el Instituto de la Judicatura Federal.

Olvera López ejemplificó con un caso de un testigo protegido, que se usó en contra de un alto mando castrense para inculparlo de protección a una organización delictiva que trafica drogas.

“Entonces él decía: “en tal fecha yo hice esta operación, yo hice esta otra operación y el general me dijo que no tuviera cuidado, que estaba enterado y que estaba al tanto y que había protección. Yo lo hice. Cuando se logra saber su identidad y se piden las informaciones de antecedentes penales, resulta que en el periodo de esos hechos que él dice haber vivido estaba recluido en Guadalajara, estaba recluido por un delito de homicidio y cuando lo recluyeron por ese motivo fue dado de baja del Ejército”

Al testigo protegido se le define como la persona que, por cualquier causa, posee información que puede utilizarse para prevenir o perseguir a quienes cometen algún delito, y por esa razón se encuentra en peligro, tanto por parte de los delincuentes como del estado mismo, por lo que requiere protección.

El impartidor de justicia criticó la poca jurisprudencia que hay al respecto en nuestro país.

“Veamos jurisprudencia y nada más que cuatro o cinco tesis de testigo protegido que tienen que ver con si vale o no como testigo, cuáles son los estándares, que si debe cumplir los de testigo, de que cómo se puede esclarecer si el testigo miente o no miente, que si la pericial es apta, en fin”.

De acuerdo a la clasificación que existe, se les define como: Testigo colaborador, arrepentido, encubierto, confidente o informante, oculto, agente provocador y denunciante anónimo.

Heriberto Ochoa

La reforma constitucional en materia de amparo y su ley reglamentaria

Las sanciones en la iniciativa de Ley de amparo no se modifican lo suficiente de las disposiciones de la ley actual aseguró el Magistrado de Circuito Juan José Olvera López.

“Si me permiten la expresión, se le mete mucha mano para quedar más o menos igual, y en ese sentido, no se gana demasiado”.

En la última sesión del curso La reforma constitucional en materia de amparo y su ley reglamentaria, explicó que en esta iniciativa se incluyen 36 artículos dedicados a las sanciones, de un total 271.

Entre las razones para que se modificara la ley vigente sobre sanciones, dijo, es que no están debidamente sistematizadas y agrupadas.

“Si revisamos el proyecto en los artículos que van del 235 al 271 de la iniciativa, nos encontramos con que en términos generales esta idea de agrupación, esta idea de sistematización se logra, pero se logra a la mitad”.

Destacó la dificultad para la aplicación de las penas.

“Las infracciones que no están aquí contenidas, se encuentran dispersas en toda la ley… Parte de la problemática real de la inaplicación, o de la dificultad para aplicar los delitos que establece esta ley de amparo, es que las remisiones sobre todo a propósito de penas no son del todo claras”.

La incorporación gradual de las sanciones, subrayó, fue una causa para las limitaciones en la aplicación.

Mario López Peña