La jurisdicción y competencia sobre delitos cometidos a través de sistemas de cómputo e internet

Para combatir los ciber delitos es necesario un cambio de paradigma en la aplicación del derecho y actualizar el marco jurídico nacional e internacional.

Son parte de las conclusiones que contiene el libro “La jurisdicción y competencia sobre delitos cometidos a través de sistemas de cómputo e internet”, que se presentó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

“Dicho cambio de paradigma debe consistir en que el derecho penal debe de evolucionar de tal forma que su aplicación no sea excesivamente territorialista, sino que se tomen en cuenta otros factores y principios tales como la nacionalidad de los infractores, el lugar donde se encuentras ubicados los servidores y las víctimas”, Cristos Velasco, Autor de la obra.

El autor de la obra explicó que el internet ha quebrantado completamente todos esos principios internacionales y las normas jurídicas internacionalmente aplicadas por los sistemas de administración de justicia.

Uno de los principales problemas que generan los delitos cibernéticos, dijo,  es determinar la jurisdicción, es decir, establecer en qué país y qué tribunal debe investigar y sancionar a la ciber delincuencia.

Para lograr este propósito consideró necesario reforzar la cooperación internacional.

“Uno de los retos que acarrea el derecho penal es la necesidad de tener que establecer mecanismos más ágiles que permitan la reacción inmediata de las autoridades sin la necesidad de tener que apoyarse de los instrumentos internacionales tradicionales de cooperación jurídica”.

Los especialistas que participaron en la presentación del libro, señalaron que el internet no tiene fronteras y en ese sentido se debe actualizar la legislación.

“Espero que en un futuro cercano no solo tengamos legislación más clara al respecto, acuerdos y cooperación internacional funcional y adecuado para estos temas, sino también modificaciones a los procedimientos penales, principalmente alrededor del tema forense digital”, Andrés Velázquez, Experto en computo forense.

Consideraron necesario también dotar a los tribunales de recursos tecnológicos, financieros y humanos para investigar con eficacia los delitos cibernéticos.

Juan Carlos González

Constitucionalismo y jurisdicción

Cuando un juez o un fiscal abusa de su autoridad contra un imputado, atentan contra la independencia que les otorga el estado.

Además la sentencia que se le imponga  al procesado jamás la olvidará, señaló el teórico italiano del derecho, Luigi Ferrajoli.

“Cada fiscal en su longa carrera, entra en contacto con miles de personas, con imputados, como partes de víctimas, partes ofendidas, actores convenidos y naturalmente no recordará ninguna de estas personas, más cada una de estas personas recordará ese encuentro como una experiencia inolvidable”.

El también juez Ferrajoli impartió la conferencia magistral: Constitucionalismo y jurisdicción, en el Auditorio del Instituto de la Judicatura Federal.

Habló sobre la expansión del Poder Judicial, en la que afirmó que el garantismo es la otra cara del constitucionalismo.

“El constitucionalismo ha ampliado el rol de las jurisdicciones, que es también un rol de controles de legitimidad sobre los actos inválidos de los poderes políticos, actos no solamente administrativos sino también legislativos. Ha producido también la modificación del Poder Judicial como contrapoder”.

La aproximación de la justicia positiva en el estudio del derecho, separando claramente lo jurídico de lo moral, la defensa de la democracia sustancial y la primacía de la eficaz garantía de los derechos fundamentales frente al poder arbitrario del estado y el mercado, son los puntos clave en que se basa su teoría.

El Instituto de la Judicatura Federal le otorgó el nombramiento de profesor honorario. Y será integrante  permanente del Claustro de la Escuela Judicial.

“No queremos ver de lejos a las  grandes figuras del derecho y de la jurisdicción y por esto  nos hemos permitido invitar de manera permanente a los grandes juristas del mundo, en esta ocasión al doctor Luigi Ferrajoli”. Magistrado Leonel Castillo González, Director General IJF.

El teórico italiano dijo que recibir una distinción de este tipo es especial, porque la entrega una escuela de la práctica y no una de la teoría, como sucede con los doctorados honoris causa que otorgan las universidades.

Heriberto Ochoa

Jurisdicción Militar

Legisladores y defensores de derechos humanos, coincidieron en la necesidad reformar el código de justicia militar, para que se  delimiten los alcances del fuero castrense en delitos del orden común.

Durante el foro “Jurisdicción Militar”, se aclaró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el Caso Radilla, se basa en violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, hay otros delitos cometidos por militares que tienen que ser juzgados por autoridades civiles.

“Hoy requerimos de un nuevo instrumento penal militar acorde a los lineamientos constitucionales vigentes; no obstante, la vacatio que avanza y nos recuerda de la necesidad de trabajar con la normatividad secundaria y la cultura militar, por supuesto que no es la excepción”, Alejandro Carlos Espinosa, Juez Ad Hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se destacó que los consejos de guerra que juzgan a militares, no están integrados por jueces especializados, sino por altos mandos castrenses.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia continúa en la revisión de las condiciones en las que se da el fuero militar.

“Aun cuando se integran los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte, estos no pueden entenderse desvinculados de los propios derechos humanos contenidos en la Constitución Mexicana”, Raúl Mejía Garza, SCJN.

La organización “Fundar”, se pronunció por incluir en la Ley de Seguridad Nacional el derecho de la autoridad civil de supervisar a la defensa nacional en casos donde el ejército interviene en el orden público.

“Insistimos, que no se debe aprobar ninguna ley de seguridad nacional, sin antes establecer otros mecanismos en las fuerzas armadas, lo que incluye, la supervisión del Congreso, la participación permanente de la sociedad civil en tareas de vigilancia y monitoreo, al igual que activar, el papel en mecanismos de control no jurisdiccionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información”, Mariana Mora, Fundar, Centro de análisis e Investigación.

El foro que se realiza en el Senado, continuará este jueves, con la participación de académicos y defensores de derechos humanos.

Martha Rodríguez