Sistema penal acusatorio

El Nuevo Sistema de Justicia Penal es una respuesta del Estado Mexicano a la exigencia social de justicia pronta y expedita.

Impartida por instituciones respetuosas de la legalidad y la transparencia.

Exenta de valoraciones basada en pruebas que vulneren los derechos humanos de las partes.

Sistema cuyo éxito depende de un código de procedimientos penales adecuado.

“Mientras no haya salido el Código adjetivo, el Código procesal la reforma penal no puede caminar y ahí estamos atorados , yo he propuesto que sea un código federal, un código nacional o que al menos sea un código procesal tipo para todos los estados de la república, porque no es posible que de una entidad federativa a otro por la comisión del mismo delito cambien las penas, cambien los derechos de las víctimas cambie todo, eso no es posible”, Sergio Armando Valls Hernández, Ministro SCJN.

Al participar en las Jornadas de Actualización Jurisprudencial, el Ministro Sergio Valls, afirmó que lo esencial del nuevo sistema no es el juicio oral, sino los medios alternativos de solución de conflictos.

“Ya que mediante ellos se pretende que no se llegue a un proceso penal, sino que se logren acuerdos preparatorios, es un mínimo de juicios penales a los que se deberá llegar cuando el sistema esté funcionando a plenitud”.

Sistema que crea nuevas figuras como los jueces de control, juicio oral y de ejecución de sentencias entre otros.

 

“Entonces los jueces de ejecución van a velar por los derechos de los sentenciados y van a verificar que las sentencias que les sean impuestas se cumplan en un ambiente respetuoso de los derechos fundamentales conforme a lo establecido en el 18 constitucional”.

Precisó que el éxito del nuevo sistema no depende de la reforma en sí misma, sino de que exista una adecuada coordinación de las instituciones del estado, involucradas en él.    

José Luis Guerra García

Cultura de la legalidad

La violencia es un reto para la enseñanza de la cultura de la legalidad en las escuelas afirmaron defensores de derechos humanos.

“Ahora tenemos el desafío de educar en contextos violentos”, Emilio Álvarez Icaza, Defensor Derechos Humanos.

“El contexto de violencia que estamos viviendo hoy, nos obliga a asumir una línea de continuidad entre la violencia que se da al interior de los salones de clase y la violencia que estamos viviendo afuera”, Luis González Placencia, Pdte. CDHDF.

Jorgan Andrews, representante de la Embajada de Estados Unidos, señaló que la enseñanza de la cultura de la legalidad fortalece a la sociedad frente a la violencia, que es, dijo, una base de la Iniciativa Mérida.

“Disminuyendo la atracción y el poder de las organizaciones dedicadas al crimen”.

En la Comisión de Derechos Humanos del DF, se analizaron los avances de la asignatura estatal Formación ciudadana democrática para la construcción de una cultura de la legalidad.

La asignatura estatal, impulsada por la organización México Unido contra la Delincuencia, se imparte en 24 entidades federativas.

La cursan más de 600 mil estudiantes de primero de secundaria… Cifra que representa el 30 porciento de adolescentes de ese grado escolar en México.

“La secundaria es un periodo vital para nuestros jóvenes, es un periodo donde ellos enfrentan situaciones de riesgo donde definen en gran medida cuál va a ser su situación en el futuro”, Francisco Ciscomani, Subsrio. Educación Básica SEP.

De acuerdo con México Unido contra la Delincuencia, los profesores han mostrado entusiasmo en la enseñanza de dicha asignatura estatal.

Mario López Peña

 

 

Legalidad y seguridad nacional

La Constitución obliga al Presidente de la República a preservar la seguridad nacional, en los términos que prevé la ley.

El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo afirmó lo anterior, al ofrecer una conferencia en el Centro de Estudios Navales.

Ante estudiantes de la Maestría en Seguridad Nacional, reconoció que ésta, se ha visto amenazada por el crimen organizado.  

Fenómeno, que debe combatirse sin violentar el estado de derecho.

“También, tenemos claro, que el ejercicio de las atribuciones relacionadas con la seguridad nacional no pueden ser al margen de nuestro marco constitucional. Es decir no podemos por llamarlo de alguna manera justificar violaciones a nuestro régimen constitucional, diciendo es que es por razones de seguridad nacional”.

Mencionó que en el Poder Judicial Federal, se han creado tribunales especializados.

Su función, es agilizar la autorización de medidas cautelares.

“Son actores clave para la eficacia, transparencia y justicia de las funciones de distintas agencias de seguridad tanto pública, como nacional, de esta manera se garantiza que no se abuse del poder, se protejan los derechos fundamentales y se realice una labor eficaz en la procuración de la seguridad nacional”.

Recordó que el juez, está obligado a corregir cualquier violación al debido proceso.

“Que si no son a través de una orden judicial, la constitución los invalida y luego tenemos los problemas en los procesos de que como hubo un defecto, porque no se solicitó ante un juez por decir algo un arraigo o un cateo, pues todas las actuaciones que derivan de esa, de esa actuación resultan nulas por ser violatorias de la constitución”.

A nombre de los participantes en esta maestría Saúl Luna Jaimes, Brigadier General, alumno de la Maestría en Seguridad Nacional, agradeció al Ministro Pardo Rebolledo, el haber compartido sus conocimientos.

“Sus ejemplos que nos dio sobre Estados Unidos e Israel, nos hizo ver que todo lo que va en contra de la constitución y las leyes va en contra de la esencia del estado y de su responsabilidad de velar por la población”.

Al término de la conferencia, el Ministro Pardo Rebolledo, firmó el libro de visitantes distinguidos del Centro de Estudios Superiores Navales.   

José Luis Guerra García

     

La próxima semana en el Pleno de la SCJN

La Suprema Corte determinará si el estudio de una ley que viola un tratado internacional es cuestión de legalidad o de constitucionalidad.

Del criterio que adopten los ministros dependerá si procede o no que la corte resuelva en estos casos.

En otra Contradicción de Tesis se establecerá la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Además el Pleno se pronunciará sobre los alcances de la jurisprudencia que emiten los tribunales internacionales.

Pacto de legalidad

El IFE dio a conocer el acuerdo que estableció con los partidos políticos, en el que se comprometen a conducirse con apego a la ley durante el proceso electoral y a transparentar la trayectoria de sus candidatos y el destino que den al financiamiento.

Foro: Seguridad con legalidad

La derogación de los artículos primero y 31 de la ley de imprenta en donde se definía el delito de ataques a la vida privada y sus sanciones, es un avance para  la libertad de expresión, afirmó la Ministra Margarita Luna Ramos.

Indicó que este decreto y varías sentencias de la Corte han ido eliminando restricciones al ejercicio de este derecho.

“Que es lo que queda claro con esta derogación que esto ya no constituye prácticamente un delito, y esto no amerita en un momento dado una pena de prisión, sin embargo, esto no quiere decir que no puedan estar exento a que puedan ser demandados por la vía este civil por daño moral o por daños y perjuicio que esto sí prevalece todavía en los artículos del Código Civil correspondiente, del código federal estoy hablando”.

Al participar en Xalapa, Veracruz en el foro: Seguridad con legalidad, señaló que este derecho que ha sido ponderado por la Corte, por encima de intereses particulares, debe ejercerse con responsabilidad para no dañar a las instituciones.

“Hasta donde una situación de esta naturaleza, nos va a llevar a construir un país en el que se va a deleznar diariamente a las instituciones y donde, esto va a permitir que acabemos no creyendo en ellas, eso es una gran responsabilidad y yo creo que también hay que pensar en eso, pero tampoco podemos decir que no existe la obligación de denunciar lo que haya que denunciar y lo que en un momento se considere que no esté correcto”.

Crítica que debe servir para vigilar la actuación de los servidores públicos, pero que en ningún momento debe promover el odio o la discriminación.

“Yo sí creo que una de las función de los medios de comunicación fundamental en cualquier sociedad democrática es la de incomodar al poder, para eso están hechos los medios de comunicación para incomodar, para molestar, para vigilar, para investigar, para caer encima”, Juan Carlos Henao, Presidente de la Corte Constitucional de Colombia.

Se mencionó que el ejercicio de este derecho debe ser garantizado por el estado y los medios, deben coadyuvar con la autoridad para que las políticas criminales sean efectivas.

“Si el gobierno no es capaz de establecer esas condiciones mínimas, si están matando periodistas en muchas partes de la república, pues entonces no hay las condiciones mínimas para que los periodistas, los reporteros puedan realizar la labor que les corresponde y eventualmente contribuir también en el combate a la criminalidad”, José María Serna de la Garza, Investigador IIJ-UNAM.

En esta última sesión, se reconoció que la estrategia del gobierno para combatir al crimen se ha modificado, gracias a la crítica de los medios, las recientes reformas en materia de derechos humanos y a los criterios fijados por la Corte en este tema.

“Están ya en otra situación, porqué, porque el tribunal supremo nuestro, por ejemplo la Suprema Corte cambió e introdujo un factor importantísimo cualquier atentando contra los derechos humanos, lo haga quien lo haga será juzgado en los instituciones civiles y no militares”, Antonio Navalón, Periodista y Organizador Foro: Seguridad con legalidad.

Al clausurarse los trabajos de este foro, se afirmó que ahora, ya no basta con denunciar todo lo que no aguantamos, si no que es lo que la sociedad quiere en materia de seguridad.

José Luis Guerra García

Seguridad con legalidad

La participación del ejército en el combate al crimen organizado debe ser temporal y excepcional, afirmó el magistrado Baltasar Garzón.

Al poner en marcha el foro sobre seguridad con  legalidad, indicó que dicha actuación debe darse dentro del marco de la ley y respetando los derechos de la población.

“Esa actuación en ningún caso se convierta en una lucha sucia, en una guerra sucia como se conocía en la época de las dictaduras y demás. Porqué, porque lo que caracteriza y legitima a un estado de derecho como es México, es no quebrantar esos límites”.

Estrategia que además de utilizar la fuerza, debe centrarse en debilitar las estructuras financieras de las organizaciones criminales.

“Conlleve, la condena no solo de las personas que utilizan estas personas jurídicas, sino de las propias jurídicas, de cara a que no pueda perpetuarse o seguirse utilizando este tipo de mecanismo, para o bien realizar actividades delictivas o bien, ocultar los beneficios”, Fernando Andreu, Juez de la Audiencia Nacional de España.

En este sentido el Poder Judicial debe actuar con eficiencia para evitar abusos y garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos.

“Someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, Santiago Pedraz, Juez de la Audiencia Nacional de España.

Se afirmó que el cambio en el sistema de justicia penal, busca agilizar los procesos y que el menor número de casos lleguen a juicio a través del proceso abreviado, mismo que debe limitarse solo al caso de los delitos no graves.

“Luego habría que limitar también los alcances del beneficio y siguiendo el ejemplo de Italia, de España y de Colombia decir que será hasta una tercera parte de la pena, y luego claro está desde luego, habría que quitarle esta facultad exorbitante al ministerio público, conservar la justicia en manos de los jueces”, Jesús Zamora Pierce, Instituto Mexicano de Derecho Procesal.

A pesar de que la inseguridad es un problema grave que genera pérdidas anuales de más de 210 mil millones de pesos a la población, la falta de confianza de la sociedad en las autoridades, impide un combate más efectivo a la delincuencia.

“No obstante este elevado número de delitos y la repercusión económica patrimonial que tuvo, solo en el 8 por ciento de los delitos se interpuso una denuncia o se inició una averiguación previa”, Guillermo Silva Aguilar, Coordinador de Asesores del Abogado General de la UNAM.

En esta primera sesión se mencionó que la cifra negra o el porcentaje de delitos no denunciados asciende al 92 por ciento.  

José Luis Guerra García

Informe del TEPJF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolverá con apego a la ley, los conflictos que se presenten en los comicios federales de 2012.

“El tribunal no hace política, la política la hacen los actores políticos, el tribunal resuelve jurídicamente. Que nadie venga a hacer política en el tribunal, ya que nadie ganará en la mesa lo que no gano en las urnas”, José Alejandro Luna Ramos, Magdo, Presidente Sala Superior TEPJF.

Al rendir su primer informe de labores ante los Plenos de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral, el Magistrado Alejandro Luna Ramos, anticipó que el próximo año podrían recibir más de 6 mil recursos de inconformidad, relacionados con el proceso federal y 15 locales.

“Garantizar con toda oportunidad los recursos humanos y materiales necesarios para enfrentar la carga de trabajo que podría implicar un alto cúmulo de impugnaciones relacionadas con el proceso electoral federal así como la debida calificación de la elección presidencial venidera”.

Puntualizó que a pesar de la incertidumbre que se vive en el país, producto de la inseguridad, el Tribunal Electoral ofrece garantizar seguridad jurídica a los electores.

“Ratificamos que frente a la incertidumbre que todo proceso electoral competitivo genera, el tribunal garantiza en última instancia, certeza y legalidad”.

Manifestó que en 2012, cuando estarán en disputa más de 9 mil cargos de elección popular, el Tribunal Electoral deberá consolidarse como una institución eficiente y confiable.

José Luis Guerra García

 

El juez Baltasar Garzón en el foro “Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad

Es un error calificar las acciones de violencia del crimen organizado como narcoterrorismo, con la finalidad de combatirlo fuera del estado de derecho.

Así lo señaló el juez español Baltasar Garzón al ofrecer una conferencia en la Cámara de Diputados, como parte de la segunda fase del foro “Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad, que inició el agosto pasado.

 “No es una adecuada política desde mi punto de vista calificar como narcoterrorismo y consecuentemente amparar bajo esa denominación eventuales acciones exorbitantes a la legalidad ordinaria, el estado de derecho tiene los suficientes mecanismos como para responder a ese fenómeno criminal con una acción global”.

Por su parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, señaló que no hay país en el mundo que pueda enfrentar la violencia del crimen organizado sin apoyo de otras naciones.

 “Una estrategia de crimen global que sea eficaz, que respete derechos humanos, pero que también respete soberanía nacional y creo que esas tres condiciones, respeto por soberanía nacional, respeto por derechos humanos y eficacia es la fórmula que debemos encontrar para enfrentar un mundo que el crimen organizado esta controlando”.

En la conferencia también participó la fiscal de la Audiencia Nacional de España, María Dolores Delgado, quien señaló que tanto el terrorismo como el narcotráfico deben tener el mismo tratamiento penal.

“No es posible dar un tratamiento penal o de persecución diferente porque califiquemos algo de terrorismo, no caben ejecuciones extrajudiciales, no cabe tener la tentación de tomar atajos, porque los atajos nos llevan a laberintos y estos laberintos acaban vulnerando los derechos humanos, los derechos fundamentales”.

Los especialistas coincidieron en que el estado debe combatir de igual forma los grupos paramilitares que actúan fuera de la ley.

Juan Carlos González

 

Nuevo derecho público

 El papel de los jueces es cada vez más relevante, al ser los encargados de dirimir conflictos entre poderes, proteger derechos y la legalidad, se afirmó durante el análisis de la obra del catedrático alemán Armin von Bogdandy: Hacia un nuevo derecho público, principios constitucionales y autoridades trasnacionales.

Marco en el que el autor reconoció, que hoy las resoluciones que adoptan los jueces, no solo se sustentan en la constitución; ya que además se ajustan a lo previsto en los tratos internacionales y en los criterios fijados por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

“Se están haciendo actores de un sistema, de un sistema más grande, pero y, se hacen más poderosos, eso me parece un caso también muy claro en el caso ahora de México no, estamos en un momento que los jueces se pueden hacer mucho más poderosos, se hacen más poderosos, se transforman en actores internacionales”.

Bajo estos criterios de interpretación de la ley y para sustentar las sentencias, las decisiones que adoptan, tienen repercusiones más allá de sus fronteras. 

“Y se aplica el convenio, eso seguramente tiene un, un efecto en Honduras, en Guatemala no, yo creo tienen más poderes, pero tienen que tomar en cuenta eso”.

Ante este panorama en el que se globaliza la interpretación del derecho, no se puede descartar la posibilidad de que exista un mundo sin fronteras.

“Yo creo que si hay que atreverse desde la teoría a cuestionar las fronteras, en México sufrimos por las fronteras, padecemos las fronteras,  matan gente las fronteras, las fronteras ponen a prueba la teoría de los derechos fundamentales de que los derechos son universales, no son universales, no podemos ir a ningún lado”, Miguel Carbonell, IIJ-UNAM.

Incluso, se anticipa que las naciones de América del Norte, podrían seguir los pasos de los países que hoy integran la Unión Europea, comenzando por un acuerdo aduanero.

“De ahí pasar a una unión basada en derechos, catálogo de derechos compartidos un Bill of Rights canadiense, norteamericano y mexicano, que incluya por supuesto para que no se asusten nuestros vecinos del norte, pero de una vez que incluya libertad de tránsito”.

Lo que llevaría  más tarde, a una unión política con instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales, compartidas.    

José Luis Guerra García