El Pleno resolvió una contradicción de tesis relacionada con el contenido del Art. 23 de la Ley de amparo

El Pleno de la Suprema Corte resolvió una contradicción de tesis relacionada con el contenido del Artículo 23 de la Ley de amparo. (Contradicción de tesis 221/2014).

Disposición que establece que si alguna de las partes vive fuera de la jurisdicción del órgano que conozca del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado, podrá presentarse en la oficina postal más cercana o vía electrónica.

Por mayoría de votos indicaron que tanto la autoridad, el quejoso y el tercero interesado pueden presentar cualquier medio de defensa por esta vía, no solo la demanda y la primera promoción, siempre que se encuentren fuera de la jurisdicción del órgano en que se lleva a cabo el juicio.

“En cuanto al primer punto, el proyecto sostendría que son todas las partes, incluyendo evidentemente a las autoridades; en el segundo punto, sí es respecto de cualquier promoción en el curso del proceso, yo me decanto porque no sea cualquier promoción, sino que sea como dice la ley, las promociones iniciales, la demanda y la interposición de cualquier medio de defensa”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Con ello, se afirmó se garantiza de manera más amplia el derecho de acceso de la justicia de los involucrados en el juicio.

“En la primera sala hemos interpretado este precepto, en aras de dar una mayor apertura y un acceso a la justicia sin mayores trabas, en el sentido de que no solo debe limitarse a ese tipo de promociones la posibilidad de presentarlo vía postal, sino que puede ser incluso a la presentación de un recurso, como es el caso”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

 “Entonces yo por eso coincido en que el punto de contradicción está bien planteado, nada más se ampliaría en mi opinión para todos, no solamente para las autoridades”, Margarita Luna Ramos, Ministro SCJN.

No existe razón alguna para privar a cualquiera de las partes de la posibilidad de que las promociones y recursos se envíen a su destino por vía postal, pues con ello se fortalece el acceso a la justicia que tutela el segundo párrafo del artículo 17 constitucional”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

 “Simplemente para expresar que yo estoy de acuerdo con lo que ya ha expresado el Ministro Pardo, me parece que si ya vamos a ampliar a todas las partes, pues también a todas las promociones”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Indicaron que el momento en que se interrumpe el plazo para la presentación, es precisamente la fecha del registro en la oficina postal correspondiente.

José Luis Guerra García

Pleno inició el estudio de contradicción de tesis en la que deberá definir la interpretación del Art. 182 de la Ley de amparo

GOC_0020El Pleno de la Suprema Corte inició el estudio de una contradicción de tesis, en la que deberá definir, la interpretación del Artículo 182 de la Ley de amparo, que regula el amparo adhesivo. (Contradicción de tesis 483/2013).

El proyecto del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, considera que el recurso solo procede para fortalecer las razones que le dieron la razón al adherente y cuando existen violaciones al procedimiento que pudieran afectar el resultado de la sentencia.

“El amparo adhesivo solo puede encaminarse a fortalecer, las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente o puede dirigirse a impugnar las consideraciones que concluyan en un punto decisorio que le perjudican, exclusivamente en relación con las violaciones procesales por ser esta, precisamente la materia de su procedencia”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Se puntualizó que en el amparo adhesivo no pueden analizarse violaciones en el dictado de la sentencia, a pesar de que el tribunal colegiado está obligado a resolver integralmente el asunto, propuesta que hasta el momento es apoyada por 2 ministros.

Hay dos hipótesis de procedencia, luego viene el párrafo siguiente y establece conceptos de violación y agrega como un tercer posible concepto de violación el impugnar las que concluyan en un punto decisorio que las perjudiquen”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

La parte que haya tenido sentencia favorable y la que tiene interés jurídico, en que subsista el acto reclamado podrá presentar amparo en forma adhesiva”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

En contra del proyecto se han pronunciado 3 ministros, quienes estiman que en el amparo adhesivo, también pueden impugnarse violaciones en la sentencia.

“Es evidente que el adherente también puede hacer valer tanto violaciones en el dictado de la sentencia, como violaciones procesales que trasciendan o no, al resultado final”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

 “A mí lo que me preocupa es que aquí la ley, autoriza, faculta, da un derecho al recurrente a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudican y este derecho que le da la ley, se le está eliminando con el argumento de que no está en la fracción primera y la fracción segunda”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Lo que a mí entender señalamos en esa tesis, es que en este amparo adhesivo podían hacerse 3 cosas distintas: A, mejorar las consideraciones del acto reclamado; B, hacer valer violaciones procesales; y C, combatir los puntos decisorios que perjudiquen al adherente”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

El Pleno continuará con el estudio de este tema en su próxima sesión.

José Luis Guerra García.

El Pleno determinó que la fracción segunda del Art. 30 de la Ley de amparo abrogada, no viola el derecho de gratuidad en la impartición de justicia.

El Pleno de la Suprema Corte determinó que la fracción segunda del Artículo 30 de la Ley de amparo abrogada, no viola el derecho de gratuidad en la impartición de justicia. (Contradicción de tesis 492/2013).

Disposición que obliga al quejoso a pagar el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado.

Criterio que se aprobó a pesar de que se proponía en este punto declarar sin materia la contradicción, al ser obligatorio para los tribunales en conflicto, un criterio similar establecido por la Primera Sala del  Máximo Tribunal.

Entonces creo yo que el punto de contradicción debiera permanecer para que se convierta en criterio de Pleno, no solamente sea obligatorio por que la Primera Sala lo estableció”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Sin embargo, yo no tendría ningún inconveniente a pesar de esto, si este Tribunal Pleno lo considera conveniente, que se analice el tema y en su caso, haga suya el pleno, porque creo que estaríamos de acuerdo en que haga suyo el Pleno este criterio de la Primera Sala, me parece que incluso ayudaría a evitar posteriores probables contradicciones entre las salas”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Se aclaró que cuando el quejoso no tiene recursos, no se le obliga a cubrir el costo de estos edictos.

También se fijó como criterio no imponer medidas de apremio cuando el quejoso no cumple con esta carga procesal, de pagar la publicación de edictos para emplazar al tercer perjudicado.

“Que además de ya la consecuencia procesal desfavorable, adicionalmente venga una medida de apremio como una multa o alguna otra cuestión de este tipo”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

 “El punto que se ha estado discutiendo es qué consecuencia jurídica se le va a dar al incumplimiento de una carta procesal y se ha propuesto 2 avenidas para resolver, una interpretar integral la norma de tal manera que la consecuencia sea una medida de apremio o integrar la norma de tal manera que la consecuencia, sea el sobreseimiento, como ya leyó el Ministro Zaldívar me parece que la Corte reiteradamente se ha inclinado por el sobreseimiento”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Lo que se dijo y se modificó en la sustitución de jurisprudencia que se hizo en la Segunda Sala, fue que no necesariamente se pueda sobreseer, porque podía darse la circunstancia de que el quejoso no tuviera las condiciones económicas para pagar el edicto y por lo tanto, corría a cargo del estado hacer el gasto a través del Consejo de la Judicatura Federal, para mí esto fue lo que se modificó pero se sostuvo, y yo vote en este sentido de que sí se podía sobreseer”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

En contra de este último criterio se pronunciaron 2 ministros, uno de ellos consideró que no procedía el sobreseimiento en este tipo de casos, pues no era una causal expresamente prevista en la ley.

José Luis Guerra García

Resoluciones de la Primera Sala de la SCJN

La Primera Sala de la Corte determinó que la suplencia de la queja deficiente en materia penal, procede a favor de la víctima u ofendido, sólo cuando acude al juicio en su calidad de quejoso, pero no cuando lo hace como tercero interesado.

Criterio que se fijó al resolver una contradicción de tesis, en donde explicaron que esto no implica que se actúe en contra de la víctima, pues en su calidad de tercero interesado no se ubica en situación de desventaja. (Contradicción de tesis 240/2014).

Indicaron que los derechos de las víctimas y los de los procesados, obedecen a lógicas distintas; para el quejoso, indiciado o acusado deben respetarse los derechos inherentes al debido proceso; en tanto que a las víctimas, a participar en el proceso, la restitución y reparación de los bienes lesionados, acceder a la verdad y a la justicia.

Indicaron que con esta interpretación del Artículo 79; fracción III, inciso B, de La ley de amparo, se mantiene el principio constitucional de respeto a la igualdad procesal.

Por mayoría de 3 a 2, también revocaron una sentencia de un tribunal colegiado, que negó el amparo al grupo TV Azteca, quien se inconformó con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en 2003. (Amparo directo en revisión 2119/2014).

La decisión se adoptó debido a que si bien las cantidades entregadas en depósito, para cubrir los servicios de transmisión de publicidad, representan una entrada de efectivo para la empresa, ello no implica un incremento en su haber patrimonial o ingreso, que puede ser gravado en términos de lo previsto en la ley de la materia.

Por ese motivo se revocó la sentencia reclamada y se devolvieron los autos al tribunal competente, para que emita una nueva, tomando en cuenta la interpretación de la Sala.

José Luis Guerra García

Corte determina que el amparo es improcedente contra decisiones del CJF

El Pleno de la Suprema Corte resolvió por mayoría de 5 a 3, la constitucionalidad de la fracción III del Artículo 61 de la Ley de amparo, que considera improcedente dicho medio de defensa para combatir las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal. (Amparo directo en revisión 1312/2014).

Precisaron que dicha restricción se establece en el párrafo noveno del Artículo 100 de la Constitución; improcedencia que aplica sobre las decisiones que adopta el Pleno o sus comisiones.

Se considera que por regla general que son definitivas e inatacables todas las decisiones que emita el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente tiene encomendadas, esto es las de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, así como las vinculadas por los conflictos de trabajo que se generen entre el Poder Judicial Federal y sus trabajadores”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Se aclaró que existen excepciones en las que dicho medio de defensa, sí resulta procedente en contra del órgano de administración y control del Poder Judicial de la Federación.

“Pues en tanto se reconozca la posibilidad de que hay otros actos que sí son sujetos de control constitucional me parece, como aquí ya se dijo, que se decanta naturalmente la posibilidad de la no necesaria y notoria manifiesta improcedencia del juicio de amparo”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Indicaron que dicha restricción impuesta en la Constitución, debe prevalecer sobre cualquier otra norma, con la que pudiera entrar en contradicción.

Entonces aquí podemos entender que se trata de una restricción de carácter constitucional, establecida por el propio constituyente permanente, en donde se está determinando que este tipo de actos son definitivos e inatacables”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

El penúltimo párrafo del Artículo 100 de la Constitución, dice: las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procede juicio, ni recurso alguno, a mí me parece que el texto es  muy claro, yo estoy a favor del proyecto, no le encuentro motivo de mayor interpretación”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

“A todos nos preocupa que no haya órganos o decisiones que estén exentos del análisis constitucional o que tengan una vía jurisdiccional para poder ser revisados, pero aquí, el constituyente permanente de nuestro país decidió de manera expresa que las decisiones del Consejo no puedan ser revisadas a través de ningún juicio o recurso alguno”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Quienes votaron en contra del proyecto, argumentaron que la disposición restringía derechos humanos y evitaba a los trabajadores del consejo acceder a un medio efectivo de defensa.

“Ambos elementos, la prevalencia de las restricciones y su identificación con las competencias de los órganos del Estado, genera un resultado curioso en el que no son los derechos humanos los que limitan a las competencias, sino exactamente a la inversa, esto no puedo aceptarlo desde el punto de vista de la reforma del Artículo primero constitucional”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Que la Constitución haya generado un órgano irresponsable e irrecurrible para todos los ciudadanos, para los destinatarios de los derechos humanos del país, yo no lo veo así”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

“Pero suponiendo si conceder que allí está la restricción contenida en este diverso Artículo 100, no podemos o cuando menos es mi opinión, de conformidad con este artículo primero constitucional, pudiera haber actos como el que estamos analizando o decisiones, en los que se trastoquen estos derechos fundamentales”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

De la discusión de este asunto, se declararon impedidos de conocer y resolverlo, los ministros Juan Silva Meza y Luis María Aguilar, quienes fungían como presidente e integrante del Consejo de la Judicatura, respectivamente, al momento de suscitarse el conflicto laboral que motivo la demanda de amparo, que se declaró improcedente y se confirmó el sobreseimiento.

José Luis Guerra García

Determina Corte que en el recurso de queja, aplica lo previsto en el párrafo segundo del Art. 64 de la Ley de amparo

El Pleno de la Suprema Corte determinó que en el recurso de queja, aplica lo previsto en el párrafo segundo del Artículo 64 de la Ley de amparo. (Contradicción de tesis 410/2013).

Es decir, el tribunal colegiado cuando advierta alguna causal de improcedencia de una demanda de amparo, no alegada por las partes, ni analizada por el juez de distrito, dará vista al quejoso para que en un plazo de 3 días, manifieste lo que a su derecho convenga.

Propongo como tema que la hipótesis prevista en el párrafo segundo del artículo 64 de la ley de amparo vigente se actualiza tratándose de la segunda instancia, cuando se interponga el recurso de queja, contra el auto que desecha la demanda de amparo”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Medida, se afirmó, con la que se pretende evitar que el ciudadano quede sin defensa alguna, ante una resolución que es definitiva.

Resulta aplicable el segundo párrafo del artículo 64 de la ley de amparo, cuando el órgano jurisdiccional advierte de oficio, una causa de improcedencia novedosa”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Yo comparto la propuesta del proyecto, me parece que aquí es un tema, simplemente de darle oportunidad al quejoso de desvirtuar una nueva causal de improcedencia que se le invoca y que desde luego le impide el acceso al juicio de amparo porque se está desechando”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

De que se trata de la ampliación de un derecho de audiencia, pretende garantizar esa protección, frente a actos concretos que pueden darse, recuerdo que también se habló de ello, en resoluciones terminales”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

Al resolver una contradicción más, determinaron que el momento en que se debe dar vista al quejoso, de la improcedencia de la demanda, es cuando se enlista el asunto para su discusión. (Contradicción de tesis 325/2014).

“Una vez que ha sido listado el asunto para su discusión, ya sea por el Tribunal Colegiado o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se vaya a aplicar la causal y por esa razón el asunto queda aplazado, se ordena la vista por 3 días y la notificación, al menos en la Segunda Sala, hemos ordenado que sea de manera personal”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “La mecánica básica sería en el sentido de que ya en sesión, el Tribunal Colegiado advierta la posible, y esto es importante, la posible actualización de una causa de improcedencia, segundo, que esa causa de improcedencia, desde luego, no haya sido previamente discutida o revisada en alguna otra instancia, lo que generalmente se puede hacer en el amparo indirecto, no en el amparo directo, pero de todos modos, que el asunto continúe en lista para dar vista a la parte interesada con el plazo correspondiente y una vez desahogada la vista, entonces se retome el asunto para decisión”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

El Pleno también desahogó otra contradicción, misma que consideró sin materia. (Contradicción de tesis 23/2014).

José Luis Guerra García

El Pleno de la Corte fijó un criterio relacionado con la nueva Ley de amparo

El Pleno de la Corte fijó como criterio que los plazos previstos en los artículos tercero y quinto transitorios de la nueva Ley de amparo no aplican para promover este medio de defensa contra actos que afecten derechos de ejidatarios, cuando no haya vencido el plazo de 30 días previsto en  el Artículo 218 de la ley derogada. (Contradicción de tesis 397/2013).

Siempre que no se afecten derechos de los núcleos agrarios correspondientes. Precisó que en estos casos los ejidatarios o comuneros se verían beneficiados de los nuevos plazos que prevé la ley de amparo vigente.

“Ante la propuesta legislativa de incrementar el plazo para promover la demanda de amparo para impugnar determinados actos, tratándose del general de 15 a 30 días y del específico para impugnar leyes con motivo de su entrada en vigor con se amplió de 30 a 45 días, estos nuevos plazos también beneficiaron a los quejosos que a partir del 3 de abril de 2013 promovieran la demanda respecto de actos dictados antes de la entrada en vigor de la nueva ley amparo, siempre y cuando en esa fecha no hubieran vencido los plazos previstos en los artículos 21 y 22 también en la legislación abrogada”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

La propuesta que fue aprobada por unanimidad, establece que el plazo comienza a correr a partir de la notificación del acto impugnado.

“Es en función de que en esta interpretación, más que nada, tomando en consideración que se trata de amparo respecto de campesinos en lo individual, respecto de quienes la ley de amparo, tanto la anterior, como la actual, han establecido una amplia suplencia de la queja”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

El Pleno declaró inexistente una contradicción relacionada con la designación del tercero perjudicado en un juicio de amparo indirecto, debido a que la Primera y la Segunda Sala, no se pronunciaron sobre un mismo punto de derecho.  (Contradicción de tesis 454/2013).

Los ministros dejaron pendiente de resolver una contradicción más, relacionada con el plazo que tiene una persona privada de la libertad dentro de procedimiento para promover el amparo indirecto. (Contradicción de tesis 248/2013).

La Ley de amparo en su Artículo 17 fija un plazo de 15 días, disposición que un tribunal determinó inaplicar ya que viola el derecho de acceso a la justicia, postura que comparte el proyecto de la Ministra Olga Sánchez Cordero.

“Constituye una restricción desproporcionada al ejercicio del derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la constitución, que además es violatoria del principio de progresividad y en su vertiente de no regresividad en los juicio de amparo en los que se impugnen actos de esa naturaleza y por lo tanto deberá implicarse el referido plazo de 15 días”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

El Pleno continuará con el estudio de este tema en su próxima sesión

José Luis Guerra García

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 52.252 seguidores