El Pleno de la Corte fijó un criterio relacionado con la nueva Ley de amparo

El Pleno de la Corte fijó como criterio que los plazos previstos en los artículos tercero y quinto transitorios de la nueva Ley de amparo no aplican para promover este medio de defensa contra actos que afecten derechos de ejidatarios, cuando no haya vencido el plazo de 30 días previsto en  el Artículo 218 de la ley derogada. (Contradicción de tesis 397/2013).

Siempre que no se afecten derechos de los núcleos agrarios correspondientes. Precisó que en estos casos los ejidatarios o comuneros se verían beneficiados de los nuevos plazos que prevé la ley de amparo vigente.

“Ante la propuesta legislativa de incrementar el plazo para promover la demanda de amparo para impugnar determinados actos, tratándose del general de 15 a 30 días y del específico para impugnar leyes con motivo de su entrada en vigor con se amplió de 30 a 45 días, estos nuevos plazos también beneficiaron a los quejosos que a partir del 3 de abril de 2013 promovieran la demanda respecto de actos dictados antes de la entrada en vigor de la nueva ley amparo, siempre y cuando en esa fecha no hubieran vencido los plazos previstos en los artículos 21 y 22 también en la legislación abrogada”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

La propuesta que fue aprobada por unanimidad, establece que el plazo comienza a correr a partir de la notificación del acto impugnado.

“Es en función de que en esta interpretación, más que nada, tomando en consideración que se trata de amparo respecto de campesinos en lo individual, respecto de quienes la ley de amparo, tanto la anterior, como la actual, han establecido una amplia suplencia de la queja”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

El Pleno declaró inexistente una contradicción relacionada con la designación del tercero perjudicado en un juicio de amparo indirecto, debido a que la Primera y la Segunda Sala, no se pronunciaron sobre un mismo punto de derecho.  (Contradicción de tesis 454/2013).

Los ministros dejaron pendiente de resolver una contradicción más, relacionada con el plazo que tiene una persona privada de la libertad dentro de procedimiento para promover el amparo indirecto. (Contradicción de tesis 248/2013).

La Ley de amparo en su Artículo 17 fija un plazo de 15 días, disposición que un tribunal determinó inaplicar ya que viola el derecho de acceso a la justicia, postura que comparte el proyecto de la Ministra Olga Sánchez Cordero.

“Constituye una restricción desproporcionada al ejercicio del derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la constitución, que además es violatoria del principio de progresividad y en su vertiente de no regresividad en los juicio de amparo en los que se impugnen actos de esa naturaleza y por lo tanto deberá implicarse el referido plazo de 15 días”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

El Pleno continuará con el estudio de este tema en su próxima sesión

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno de la SCJN

El Pleno de la Suprema Corte aprobó una jurisprudencia que establece que la aclaración de sentencia, prevista en el último párrafo del Artículo 74 de la Ley de amparo, solo procede de oficio. (Contradicción de tesis 230/2014).

“Es el sentido de que la aclaración de sentencia, al no constituirse como un recurso o medio de defensa, únicamente procede de manera oficiosa, sin embargo, tal circunstancia no impide que las partes insten al órgano jurisdiccional para que aclare una ejecutoria cuando estimen que adolece de un error o imprecisión materia que pudiera trascender su ejecución, ya que ello es acorde con el derecho de acceso a la justicia”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Indicaron que el presidente del tribunal colegiado, solo podrá desechar la petición previa consulta a sus contrapartes.

“Diría aclaración de sentencia en materia de amparo cuando se solicite por las partes, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, no está facultado para decidir en principio sin consulta sobre su procedencia”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

 “De entrada no tiene legitimación, no tiene legitimación por esa razón, alguno de los integrantes de ese órgano colegiado, o el propio presidente puede decir si hay mérito para poder tramitar la aclaración, pero estamos en la parte previa”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Dado que estamos aceptando que las partes pueden instar al órgano, que el presidente al recibirla lo pondrá en conocimiento de los demás integrantes a efecto de que determinen si la hacen suya o no”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Concluido este asunto, el Pleno inició el estudio de un amparo, en el que definirá si fue correcta la resolución de un tribunal colegiado, que consideró legal que un militar acusado de delitos contra la salud fuera procesado en el fuero castrense, interpretación que considera correcta, el proyecto del Minisro Jorge Mario Pardo Rebolledo. (Amparo directo en revisión 3633/2013).

“Se considera correcta la interpretación realizada por el octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito en la que sostuvo que el delito contra la salud puede juzgarse por el tribunal militar cuando se comete por un miembro del ejército al realizar las funciones encomendadas”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Propuesta que no fue compartida por los ministros José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero.

“Por tanto, si no existe una declaración de guerra, un decreto a disposición de las fuerzas armadas o un decreto de suspensión de derechos, todas las acciones de militares en activo fuera de los espacios definidos por la segunda parte del Artículo 129 deberán ser juzgados por la justicia ordinaria”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Si los actos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Los ministros continuarán con la discusión de este asunto en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno de la SCJN

GOC_0039El Pleno de la Corte determinó que la jurisprudencia que emite, no puede ser sometida a control de constitucionalidad o convencionalidad, por órganos jurisdiccionales inferiores. (Contradicción de tesis 299/2013).

El criterio aprobado por mayoría de siete a dos, precisa que conforme a la Constitución y la Ley de amparo, dicha jurisprudencia es obligatoria para todos los jueces del país.

“Por eso el proyecto está basado sobre la, sobre el pilar fundamental de la  obligatoriedad de la jurisprudencia, para todas las autoridades del país, en términos del Artículo 94 que no se ha hecho ningún análisis ni de inconvencionalidad, ni de otro tipo, para inaplicar el propio artículo constitucional”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Explicaron que la jurisprudencia busca unificar criterios, interpretar artículos de la Constitución o de leyes generales, y brindar seguridad jurídica, misma que solo puede ser modificada por el propio tribunal constitucional.

“Yo creo que sí es una norma general, que sí está supeditada al principio de constitucionalidad y de convencionalidad pero que es la propia ley de amparo, apoyada o más bien reglamentando a la propia constitución, la que establece medios indirectos de regularidad de la propia jurisprudencia, precisamente para no trastocar el sistema jurídico”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Luego el ejercicio de convencionalidad realizado por el juzgador en términos explicados, o sea, sobre la jurisprudencia nada más, sobre el texto jurisprudencial, daría como resultado la inaplicación de una jurisprudencia, pese a que el precepto que obliga a su aplicación está plenamente vigente y no ha sido objeto de control alguno”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

Quienes votaron en contra del proyecto, explicaron que el único límite que debe tener este tipo de control, solo debe ser el principio pro persona.

Yo comparto la propuesta en el sentido de que la jurisprudencia emitida por este alto tribunal es obligatoria, sin embargo, me aparto de la consideración de que los jueces no pueden dejar de aplicarla, bajo el principio pro persona”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

 “Yo no puedo encontrar, cual es la diferencia, insisto, para que nosotros, hubiéremos autorizado a los juzgadores a desaplicar ese tipo de normas y no a desaplicar las normas que nosotros mismos generamos”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Los ministros rechazaron el proyecto que proponía declarar sin materia una contradicción, en la que tendrían que definir cuál es la integración adecuada, con la que pueden funcionar los tribunales colegiados. (Contradicción de tesis 257/2014).

EL pleno inició el estudio de una contradicción más, en la que deberá definir la interpretación del último párrafo del Artículo 74 de la Ley de amparo, relacionado con la aclaración de sentencias.

“El punto de contradicción a dilucidar consiste en establecer si de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 74 de la ley de amparo en vigor, la aclaración de sentencia únicamente procede de manera oficiosa y si los magistrados presidentes de los tribunales colegiados de circuito, puede decidir sobre la procedencia de la misma”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Los ministros continuarán con el estudio de este tema, en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

Aplaza Pleno resolución de contradicción de tesis, en la que debe definir la interpretación del Art. 181 de la Ley de amparo

El Pleno de la Corte aplazó la resolución de una contradicción de tesis, en la que debe definir la interpretación del Artículo 181 de la Ley de amparo. (Contradicción de tesis 55/2014).

El proyecto del Ministro Luis María Aguilar establece, que en el acuerdo de admisión, se debe especificar el plazo con que  cuentan las partes, para presentar alegatos o promover amparo adhesivo, con el fin de brindar certidumbre jurídica.

“Debe interpretarse en el sentido de que el auto admisorio de una demanda de amparo directo, debe contener la orden del presidente del tribunal colegiado de circuito para señalar en él, expresamente a las partes que tienen 15 días para formular alegatos o interponer el amparo adhesivo”.

Criterio que para algunos puede tener consecuencias que afectarían la agilidad que se pretende dar al nuevo juicio de amparo.

“Entonces la consecuencia es que tiene que reponerse el procedimiento cuando no se cumpla con esta formalidad, yo creo que no, yo creo que al final de cuentas esto lo único que va a hacer es retrasar, retrasar el procedimiento en el juicio de amparo”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Si nosotros creemos que se debe hacer, pues porque no lo decimos claramente, ahora si creemos que se debe hacer, pero también entendemos las complicaciones prácticas que alude la Ministra Luna Ramos, pues también seamos claros que lo hacemos como una conveniencia, como una exhortación, que no tendrá efectos invalidantes”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Además, podría afectarse el principio de concentración.

“Prácticamente, desde mi percepción, no es tanto el principio de certeza, no es despreciable para nada, pero el que es fundamental es de concentración sí, prácticamente este precepto alude a la concentración, que sea en un solo acto en función de la lentitud tradicional del amparo directo”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Los ministros también dejaron pendiente de resolver, una contradicción más, en la que debe definir el sentido que debe darse a la fracción octava del Artículo 107 de la Ley de amparo. (Contradicción de tesis 146/2014).

Donde se establece, que el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución del tribunal que declina conocer de un asunto por competencia.

El proyecto de la Ministra Olga Sánchez Cordero, precisa que solo debe aceptarse dicho juicio, si la declinación afecta derechos sustantivos.

“Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes, inciso B, contra actos en juicio cuya ejecución sean de imposible reparación”.

El Pleno retomará la discusión de estos asuntos en su próxima sesión.

José Luis guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

GOC_0026El Pleno de la Suprema Corte definió cómo debe interpretarse el segundo párrafo del Artículo 64 de la Ley de amparo vigente. (Contradicción de tesis 426/2013).

Disposición que obliga a dar vista al quejoso, cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia del amparo, no alegada por el quejoso y que no hubiera sido estudiada por el órgano de primera instancia.

Los ministros indicaron que deben darse los dos supuestos, para que la vista proceda, tanto en el amparo directo como en el indirecto, aunque en este último caso, solo aplica en la segunda instancia.

“Creo que aquí lo que hay que analizar es donde opera, en qué clase de juicio de amparo, que es prácticamente lo que estamos viendo, y el diseño en relación con las causas que llevaron al legislador, desde mi punto de vista, fue a evitar precisamente a dejar inaudita a una de las partes y propiciar la defensa adecuada, cuándo, cuando es un órgano terminal, una instancia terminal”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Con este criterio, se busca evitar se viole la garantía de audiencia del ciudadano y asegurar, un acceso efectivo a la impartición de justicia.

“Que lo que se pretende es precisamente no dejar a las partes en estado de indefensión, cuando el juzgado de oficio, que este es el punto, detecte una causal y la hace valer y es darle la oportunidad de que alegue lo que a su derecho corresponda”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Mi conclusión sería en indirecto no aplica en primera instancia el 64, en segunda instancia sí aplica, en directo sí aplica en unistancial y también aplica en directo en revisión”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

 “Entonces por eso yo digo, este artículo es aplicable en recurso de revisión, sea al juicio de amparo indirecto o al juicio de amparo, cuándo, cuando se dan los dos requisitos”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Los ministros acordaron dejar en lista ocho contradicciones más, en las que deberá definir los supuestos en que procede aplicar dicha interpretación o bien, si con el criterio que ya se determinó, se declaran sin materia.

“Esta contradicción como acaba de dar cuenta el señor secretario, es la segunda del paquete que se mencionó en la presentación del asunto anterior, en el cual estimo que también existe dicha oposición de criterios, pues esta radica en establecer si la hipótesis contenida en el artículo 64, párrafo segundo de la ley de amparo, se surte o no, solo tratándose de la queja interpuesta contra el desechamiento de la demanda del amparo directo”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

El Pleno adelantó que el próximo lunes iniciará la segunda fase de estudio del paquete de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, que deben quedar resueltas antes de que concluya el presente mes de septiembre.

José Luis Guerra García

En la próxima sesión del Pleno de la SCJN

El Pleno de la Suprema Corte retomará el estudio de una contradicción de tesis, en la que debe definir la interpretación que debe darse al segundo párrafo del Artículo 64 de la Ley de amparo vigente. (Contradicción de tesis 426/2013).

Disposición que establece la obligación de dar vista al quejoso, cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes, ni analizada por el órgano que en primera instancia conoció del caso.

El proyecto de la Ministra Olga Sánchez Cordero, sugiere el siguiente criterio de interpretación.

“Cuando el tribunal colegiado de circuito, tratándose del amparo directo o del recurso de revisión advierta de oficio que se actualiza alguna causa de improcedencia tendrá que dar vista al quejoso o al recurrente, según sea el caso para que manifieste lo que a su derecho convenga. 109, siendo suficiente para ello la actualización de los 2 requisitos previstos, a saber que la causa de improcedencia no haya sido alegada por las partes, ni examinada por el inferior”.

Se trata de un criterio trascendente en materia del juicio de amparo.

“En ambas y en todas las demás, están permeando dos principios fundamentales, rectores de cualquier proceso y más en el proceso de amparo, la garantía de audiencia, por un lado y la oportunidad de una defensa oportuna y adecuada, son dos principios fundamentales del proceso”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

En este asunto, cuya discusión fue aplazada, para dar entrada a diversas acciones de carácter electoral, debe definirse si la medida está orientada a la segunda instancia en las dos vías de tramitación del juicio de amparo, que compete conocer al tribunal colegiado o a la Suprema Corte, según sea el caso.

En lista se encuentran ocho contradicciones más, en las que se debe estudiarse el mismo tema de conflicto.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Suprema Corte decidió aplazar el estudio de nueve contradicciones de tesis, en las que debe definir la interpretación del párrafo segundo del Artículo 64 de la Ley de amparo.

Disposición que fija un plazo de tres días para dar vista al quejoso, cuando el órgano jurisdiccional advierta de oficio una causa de improcedencia de la demanda.

“Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, tratándose del amparo directo o del recurso de revisión advierta de oficio que se actualiza alguna causa de improcedencia tendrá que dar vista al quejoso o al recurrente, según sea el caso para que manifieste lo que a su derecho convenga. 109, siendo suficiente para ello la actualización de los dos requisitos previstos, a saber que la causa de improcedencia no haya sido alegada por las partes, ni examinada por el inferior”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Explicaron que se trata de un criterio sumamente trascendente, para la interpretación de la nueva Ley de amparo.

En ambas y en todas las demás, están permeando dos principios fundamentales, rectores de cualquier proceso y más en el proceso de amparo, la garantía de audiencia, por un lado y la oportunidad de una defensa oportuna y adecuada, son dos principios fundamentales del proceso”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Aspectos que consideraron no podían abordar con el rigor necesario en una sola sesión, pues el próximo lunes deben iniciar el estudio de diversas acciones de inconstitucionalidad, relacionadas con la reciente reforma electoral.

“Que también motivo de los tiempos en forma inusual, el cumulo de ellas ha rebasado todas las expectativas posibles llegan a casi sesenta acciones de inconstitucionalidad que, cuyos procesos inician en el mes de octubre y tienen que estar resueltas, recordamos que en materia electoral no hay rezago posible, tienen que estar resueltas con toda oportunidad y ese fue el compromiso de este Tribunal en Pleno de fijar una fecha, de violentar inclusive las posibilidades de respuesta de los señores ministros en la proyección de los asuntos y enfrentarlas el día primero”.

Estas acciones fueron promovidas por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano y en ellas cuestionan la constitucionalidad de diversas disposiciones que regulan el proceso electoral, las candidaturas independientes y la creación de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.

El proceso electoral federal de 2015, inicia el próximo 1 de octubre, mismo que coincidirá con 17 procesos estatales, en nueve de los cuales, se renovará gobernador.   

José Luis Guerra García

Resoluciones de las Salas de la SCJN

La Primera Sala de la Corte reasumió su competencia para conocer de un amparo en el que una persona cuestiona la validez del artículo 147 de la Constitución de Colima y diversos artículos de los Códigos de Procedimientos Civiles y Civil de esa entidad. (Reasunción de competencia 19/2014).

Disposiciones que definen el matrimonio como la unión de una mujer y un hombre, con el fin de perpetuar la especie, excluyendo a las parejas de homosexuales.

Asunto que permitirá definir si las normas impugnadas son heteroaplicativas o autoaplicativas, la procedencia del amparo contra leyes y si tales disposiciones, violan los principios de equidad y no discriminación.

La Segunda Sala de la Corte, determinó que la Comisión Federal de Electricidad es autoridad cuando emite actos relacionados con la prestación del servicio eléctrico de manera exclusiva. (Amparos directos en revisión 491, 909 y 34/2014).

Con lo que se interrumpió un criterio en contrario. Con ello, se considera que los contratos para el suministro de energía son de carácter administrativo, pues no se dan en un plano de igualdad y porque la comisión, no persigue un fin de lucro.

Se indicó que en contra de los actos de tal organismo, proceden los recursos de revisión y el juicio de nulidad en el ámbito administrativo, sin perjuicio de que proceda el amparo cuando se cuestionen normas generales.

También declararon legal el desechamiento del recurso de revisión, interpuesto contra lo resuelto en una queja por un Tribunal Colegiado de Circuito, desechando una demanda de amparo contra el procedimiento de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. (Recurso de reclamación 555/2014).

Los ministros declararon infundado el recurso de reclamación, que cuestionaba la decisión de la Presidencia del Máximo Tribunal, de desechar el recurso.

Explicaron que el artículo 81 de la Ley de amparo, no prevé en ninguno de los supuestos, la procedencia del recurso de revisión en contra de la determinación que recae en un recurso de queja,

Indicaron que con ello se garantiza la vigencia de la Constitución y el sistema jurídico, sin que esto implique una violación a los principios de legalidad y acceso a la justicia.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

GOC_0019Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte resolvió que todos los proyectos de amparo, en los que se estudie la constitucionalidad o convencionalidad de una norma, deberán ser publicados. (Contradicción de tesis 134/2014).

Criterio que fijó al resolver una contradicción entre tribunales colegiados, con lo que define cómo debe interpretarse el párrafo segundo del Artículo 73 de la Ley de amparo.

“Esto es aplicará para todos, se particulariza específicamente que solo aquella parte que atiende al planteamiento y pronunciamiento concreto en materia de constitucionalidad, será la que genere la publicación respectiva, esto es eliminando los datos sensibles”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Explicaron que con ello, se cumple con el principio de máxima publicidad y se protege los datos personales de los involucrados en el juicio.

“Desde mi perspectiva estas conclusiones son completamente compatibles con una lectura de la Ley de amparo, a la luz del principio de máxima publicidad, al tiempo que se salvaguardan eventuales derechos que pudieran estar involucrados como es el de la privacidad y la protección de datos personales”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

 “Plantearse en la tesis que es, que las resoluciones en los amparos indirectos se publiquen completas y en lo que hace a los de amparo directo, sea la parte de constitucionalidad y convencionalidad”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN

Aceptado ese cambio, yo me podría acercar al proyecto también”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

El Pleno también resolvió dos incidentes, en los que ordenó consignar ante el juez de distrito a tres ex funcionarios del Municipio de Torreo, Coahuila por cumplir de manera extemporánea, sin justificación con dos sentencias de amparo. (Incidentes de inejecución de sentencias 1858 y 1566/2013).

“No hubo una respuesta siquiera a esos requerimientos, mucho menos justificación alguna en su momento por parte de estas autoridades responsables, así es que haciendo el análisis de estas razones, nos permitimos proponer de nueva cuenta ante este tribunal Pleno, la imposición de la sanción prevista en el Artículo 107 constitucional en su fracción dieciséis solo por lo que respecta al tema de la consignación”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Los funcionarios consignados no cumplieron con la devolución del pago en exceso del Impuesto Predial a un particular por poco más de 7 mil pesos y de 769 pesos a otra persona, por el cobro indebido de servicios catastrales, sin que aportaran elementos sólidos que justificaran su conducta.

“Ni siquiera prueban o demuestran, que hubieran pedido una ampliación presupuestal, que hubieran solicitado más recursos al órgano correspondiente”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

 “Que es fundado el incidente de inejecución y que debe consignarse a las autoridades, con las que se dio cuenta en razón de que se considera que fue injustificado el cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Un incidente más en el que se involucra a los mismos ex funcionarios, y al ex presidente municipal, de Torreón, Coahuila, Eduardo Olmos Castro, se retiró de última hora, pues el proceso judicial no se encuentra concluido. (Incidente de inejecución de sentencia 1779/2013).

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Corte dejó en lista una contradicción de tesis, en la que tenía que definir la interpretación del segundo párrafo del Artículo 73 de la Ley de amparo. (Contradicción de tesis 134/2014).

El proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, precisaba que solo se deben publicar los proyectos de resolución que estudian la constitucionalidad o convencionalidad de una norma.

“Se concluye que el criterio que debe de prevalecer con carácter jurisprudencial, es en el sentido de que los proyectos de resolución, deben publicarse con la misma anticipación de la lista correspondiente, únicamente cuando se analiza la constitucionalidad o la convencionalidad de una norma general, lo que evidentemente no acontece cuando se omite dar respuesta a los conceptos de violación o a los agravios respectivos por existir una causa que jurídicamente impide emitir pronunciamiento alguno, sobre el particular”.

Precisaba que en los casos que se considerará que el proyecto debía publicarse, aunque no se diera el anterior supuesto, ello podría acontecer.

Sin embargo, se recordó que sobre este tema, se había determinado que la publicación de estos proyectos solo procedía en los casos de los amparo en revisión, pero no en el directo.

“Si en un momento dado hubiera un cambio de criterio del tribunal pleno, entonces, para esa eventualidad, yo sugeriría que entonces acotáramos esto, para que en el caso del amparo directo se publicara solamente aquella parte de la sentencia que tiene que ver estrictamente con la parte de constitucionalidad”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

 “Yo en esta medida, estimo que la contradicción de tesis debe centrarse a las hipótesis sobre las que resolvieron los colegiados que fueron en amparo directo”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

 “Yo creo que el Artículo 73 no está diferenciado proceso, creo que el Artículo 73 lo que define, lo que marca son puntos jurídicos, puntos de constitucionalidad, puntos de convencionalidad y la única vez que se quiere referir a un proceso lo hace de manera específica como amparo colectivo”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

 “Honestamente lo digo en este Pleno, yo en este momento no tengo la certeza ni de una, ni de otra cosa, entonces, yo respetuosísimamente plantearía que pudieron reflexionar este aspecto en particular, yo lo pediría así, para poderme pronunciar”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Ante ello, se determinó postergar la resolución de este asunto para la próxima sesión.

Los ministros acordaron dejar en lista un incidente de inejecución de sentencia, en el que se proponía separar y consignar ante un juez de distrito a las autoridades del Municipio de Sahuayo, Michoacán, por incumplir sin justificación, de manera extemporánea, con una sentencia.

José Luis Guerra García