SCJN publica resolución del Pleno

La Suprema Corte publicó la resolución del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 6/2013, en la que declaró la invalidez de las fracciones A, B, C, D, E y F, del artículo 321 numeral 1 de la Ley de hacienda del Estado de Sonora, por violar el principio de proporcionalidad tributaria, en el cobro de derechos de diversos servicios catastrales.

La SCJN declaró la invalidez del artículo 321, numeral 1 de la Ley de hacienda de Sonora

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez del artículo 321, numeral 1 de la Ley de hacienda del Estado de Sonora.

Disposición que fue ajustada, sin tener facultades, por el secretario de finanzas de ese estado, motivo por el cual se negó el sobreseimiento, al no considerarse un nuevo acto legislativo.

La disposición permitía un cobro diferenciado por la prestación de un mismo servicio en materia catastral y registral, lo que se consideró violaba los principios  de equidad y proporcionalidad tributaria.

Por ese motivo el proyecto del Ministro José Ramón Cossío Díaz declaró la inconstitucionalidad de la norma, lo que fue respaldado por todos los ministros.

“El pago de derechos está atendiendo al monto de las operaciones que se realizan, no al costo real del servicio que se está prestando y que por esta razones bueno se considera que hay una cantidad impresionante de jurisprudencias de este pleno y de las salas que en este sentido han dicho que cuando se trata del cobro de derechos en materia de servicio, deben de estar en relación con el servicio prestado no con las operaciones o con otro tipo de parámetros que sean ajenas al servicio prestado y que por tanto es violatoria del artículo 31 fracción IV por proporcionalidad y por equidad”, Margarita Luna, Ministra SCJN.

 “El tema concreto a discusión no es el específico de los montos, sino la forma diferenciada de cobrar servicios iguales, que presta en materia registral el Estado”, Alberto Pérez, Ministro SCJN.

El Pleno, consideró que solo era válida la porción de la norma que explica la razón por la cual, se debe cobrar el derecho y la tarifa de 250 pesos por el servicio.

Asimismo, se propuso una jurisprudencia que refleje el criterio, que el cobro debe fijarse en base al servicio que se presta y no en ningún otro tipo de parámetros.

Previamente el Ministro Pérez Dayán, solicitó dejar en lista la acción de inconstitucionalidad 2/2013, promovida por la Sexagésima Legislatura del Estado de Tlaxcala que pide invalidar el decreto que expide la Ley de pensiones civiles del Estado, por diversas violaciones.

La petición la realizó debido a que recibió una notificación, en la que se informa que se expidió una nueva ley en la materia.

En tal sentido me permito, señor presidente, señoras y señores ministros solicitar a ustedes la autorización para que se me permita dejar en lista este asunto, para poder revisar el contenido de los artículos transitorios, 1°. 2°, 5° y 6° y en función de su contenido presentar a ustedes la propuesta que corresponda conforme a derecho”.

Petición que fue concedida por el Pleno.

José Luis Guerra García

Hoy en el Pleno

El Pleno de la Suprema Corte resolvió que los artículos 118, 132, 155 y 160 de la Ley de hacienda del Estado de Nuevo León, no violan la Constitución.

Los  artículos 118 y 132, regulan la tenencia vehicular, misma que están obligados a pagar, quienes utilicen autos y tengan su domicilio en el Estado.

Además, establecen una tarifa diferenciada de dicho impuesto, a los propietarios de vehículos que presten el servicio de taxi.

Gravamen, que se consideró, no viola los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad tributaria.

“Desarrollar precisamente el argumento como se hizo en el precedente de la Segunda Sala, ya no solo enfocado al estricto principio de legalidad, sino aún incluso, el que apuntan el de seguridad jurídica, pues estoy convencido de que este es un elemento perfectamente determinable y constitucionalidad en cuanto a la condición de domicilio del propietario del vehículo”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

“Yo no me aparto de los fines extra fiscales, lo considero una motivación adicional, pero la fundamental, es la de, por ejemplo las categorías de sujetos del impuesto”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN.

“Lo que está diciendo la ley es, tú pagas el impuesto, por el solo hecho de que tu domicilio esté en el estado, resulta que mucha gente tiene su vehículo, pero este puede estar matriculado en otro estado, y puede haber otra serie de circunstancias, consecuentemente me parece que esto sí violenta a la Constitución en este punto”, Fernando Franco, Ministro SCJN.

Por mayoría de 8 a 3, el Pleno declaró la validez de los artículos de la Ley de hacienda del Estado de Nuevo León, que considera al Estado y los municipios, como sujetos obligados de pagar el impuesto sobre nómina.

“A mí juicio la razonabilidad de la inclusión de estos entes, como sujetos del referido impuesto, deriva del principio de presupuestación en materia de recursos, si se toma en consideración que cuentan con una partida presupuestal específica dirigida a las obligaciones directamente relacionadas con las remuneraciones de sus trabajadores”, Sergio Valls, Ministro SCJN.

“A mí me parece que la nota distintiva de este impuesto, no es si estamos ante un ente público o estamos ante un ente privado, a mí me parece que la nota distintiva de este impuesto es si estamos ante un patrón, desde mi punto de vista el estado es patrón, tiene capacidad contributiva y por lo tanto sujeto del impuesto sobre la nómina”, Alfredo Gutiérrez, Ministro SCJN.

“Cuando está realizando las funciones públicas de Estado, con independencia que sea patrón, me parece que una cosa es que sea patrón y otras cosa es que pueda ser sujeto de este impuesto”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.

“Decir que el estado no pague impuestos me parece que es introducir una disfuncionalidad enorme en el modelo económico, y el modelo financiero y en el modelo tributario”, José Ramón Cossío, Ministro SCJN.

“Existen ciertos límites que obligan a excluir de gravamen, algunas expresiones que bien pueden constituir reflejo de capacidad económica, como pudiera ser la capacidad presupuestaria de los órganos del estado para cubrir la nómina de sus empleados”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

El Pleno determinó no pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 122, 133, 129 y octavo transitorio de la misma ley, ya que fueron modificados en posteriores reformas.

José Luis Guerra García