Fases de la etapa de investigación en el Diplomado de Litigación en el Proceso Penal

Dentro del Diplomado de Litigación en el Proceso Penal, que se realiza en el Instituto de la Judicatura Federal, jueces y magistrados federales analizaron las fases de la etapa de investigación.

La exposición estuvo a cargo del catedrático de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, Mauricio Alfredo Retting, quien destacó la participación que tendrá la policía en el proceso de investigación.

 “Entrevistar a personas que pudieran aportar un dato o elementos a la investigación, evidentemente que es el imputado es el que más puede aportar, el punto es que en un sistema acusatorio la confesión no debería ser la reina de las pruebas”.

Explicó que en el nuevo sistema penal, la actuación de la policía investigadora deberá realizarse respetando siempre los derechos humanos de los imputados.

 “La policía tendrá que llevar a cabo actuaciones tendientes a demostrar que efectivamente esa diligencia se produjo con respeto a las garantías fundamentales, por eso me gusta mucho el proyecto en donde se dice mire esta diligencia podrá ser grabada por ejemplo”.

De ahí la importancia, dijo, de que las personas que deciden declarar ante la policía o el ministerio público tengan la asistencia de un abogado o persona de confianza.

Otra tarea importante que deberán realizar tanto la policía como el ministerio público, explicó, es impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, objetos, instrumentos o productos del delito.

Esto para garantizar la cadena de custodia, que permitirá que esos elementos encontrados sean los mismos que se presenten en el juicio oral.

Juan Carlos González

Diplomado sobre litigación en el proceso penal

El éxito del nuevo sistema de justicia penal, que deberá estar vigente a más tardar en el 2016, depende de una adecuada capacitación de los operadores del mismo.

Afirmó el juez de garantías de Santiago de Chile, Fernando Guzmán Fuenzalida, quien añadió que si el sistema funciona bien, los beneficios sociales serán relevantes.

En principio, permitirá utilizar de mejor manera los recursos públicos, pues la idea es, que solo los casos relevantes lleguen a juicio, y el resto se resuelvan a través de medios alternos.

“Pero que son medidas que son mucho más beneficioso socialmente, que la imposición de una cárcel, que el recurso cárcel, mejor dicho, cierto que es la prisión, de tal forma de que en este tipo de procesos tenemos salidas alternativas como la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios y también tenemos los procedimientos de auto incriminación, procedimiento simplificado o abreviado”.

Proceso que además, en todo momento protege el debido proceso y el respeto a los derechos tanto de la víctima como del inculpado.

“Es que vamos a tener un proceso penal que es mucho más respetuoso de los derechos fundamentales, es decir, un proceso penal solamente legítimo, cierto, en la medida en que no vulnera los derechos humanos y por lo tanto un proceso de esta naturaleza, garantiza de mejor forma todos los principios, cierto, a través de los cuales se protejan los derechos individuales”.

El juez Guzmán Fuenzalida, participó en el Diplomado sobre litigación en el proceso penal, que se imparte en el Instituto de la Judicatura Federal, en donde abordó el tema del papel que juegan los jueces de control y de la importancia de la prueba legítima en el proceso.

“Controlar la actuación del ministerio público, admitiendo o no, los medios de prueba que pueden ser recibidos en juicio”.

En este diplomado se encuentran inscritos 38 integrantes del Poder Judicial Federal, el cual culmina el próximo mes de enero.

José Luis Guerra García

Litigación en el proceso penal

Con el nuevo sistema de justicia penal los jueces tienen la responsabilidad de garantizar un equilibrio entre la persecución de las conductas ilícitas y  las garantías procesales de quienes enfrentan la imputación penal.

Así lo señaló el magistrado Mauricio Alfredo Retting, catedrático de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, al participar en el Diplomado: “Litigación en el proceso penal”.

 “En el proceso penal existe una tensión permanente por un lado lo que preocupa a la comunidad, el interés de la comunidad, por la persecución de aquellas conductas que sean constitutivas de delito y por el otro las garantías procesales de los ciudadanos que enfrentan la persecución penal, ahí hay una tensión permanente que en realidad se presenta a lo largo de todo el proceso penal y que por lo tanto nosotros como jueces debemos saber balancear en uno y otro caso”.

Al comenzar el segundo módulo del Diplomado, que se realiza en el Instituto de la Judicatura Federal, el jurista chileno explicó la importancia de la fase de investigación en el proceso penal.

 “Poder producir los antecedentes probatorios que por un lado nos permitan acreditar la existencia del hecho punible, el delito, la participación culpable del imputado y que nos ayuden o nos sirvan para poder fundamentar si es el caso la acusación fiscal”.

Entre las fases de la investigación, destacó la que se refiere a la obtención de los datos de prueba, que se debe realizar, dijo, sin infringir las garantías fundamentales de quienes enfrentan una imputación penal.

 “¿Y qué pasa si esos datos de prueba son obtenidos con la infracción de garantías fundamentales? En otra etapa del procedimiento el juez de control los debería excluir verdad, estaría en juego el gran tema de la exclusión de la prueba ilícita”.

En la etapa de investigación, el ministerio público tiene la obligación de conducirse con objetividad para evitar que personas inocentes sean condenadas, según lo expuesto por el magistrado.

Juan Carlos González

Diplomado “Litigación en el proceso penal”

El acceso a una defensa adecuada debe ser garantizado desde antes de la detención del imputado y no cuando ya está ante el ministerio público.

Así lo señaló Gonzalo García Palomino, catedrático de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, durante su participación en el diplomado “Litigación en el proceso penal”, que se realiza en el Instituto de la Judicatura Federal.

 “El artículo 23 le reconoce el  derecho a la defensa a toda persona desde el momento de la detención, como si los ciudadanos perseguidos por parte del Estado por la comisión de algún delito fuera perseguido desde que son detenidos y eso es erróneo”.

Sugirió modificar el proyecto de Código de Procedimientos Penales que se discute en el Congreso mexicano, para que la adecuada defensa sea garantizada desde que exista una imputación por parte del Estado.

Ante jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, el académico chileno explicó  las garantías generales del procedimiento penal, como es el derecho a la información.

 “Desde que una persona es detenida corresponde ser informada no solamente de sus derechos sino que además de las razones de su detención, de las razones de la imputación y de las razones de la acusación para poder ejercer efectivamente la defensa material”.

También se refirió al derecho a ser oído, a demostrar la versión propia y a no declarar contra sí mismo.

Garantías que, dijo, deben ser protegidas por el juez de control.

 “Al juez de control le corresponde principalmente la misión o la función de controlar que el Estado, es decir, los Ministerios Públicos y la policía durante la investigación no vulneren los derechos del imputado”.

El curso en litigación en el proceso penal continuará en el Instituto de la Judicatura Federal hasta enero de 2014.

Juan Carlos González